SESIONES
PÚBLICAS DE BALANCE Y PERSPECTIVAS
partido aprista peruano
Sesión 12 de junio de 2003
Iris Jave (conductora):
Muy buenos días con todos, señoras y señores,
señores Congresistas, señores invitados,
periodistas, señores Comisionados. Continuamos
el día de hoy con la Cuarta Sesión Institucional
de Balance y Perspectivas, para la cual damos la bienvenida
a los dirigentes del Partido Aprista Peruano (PAP ó
APRA), encabezados por el ex-Presidente de la República,
el doctor Alan García Pérez. Va a tomar
el uso de la palabra, en primer lugar, el doctor Salomón
Lerner Febres, Presidente de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación (CVR). Me voy a detener
un momento, para recordarles el reglamento que les ha
sido repartido al inicio de la entrada a este local.
El público deberá permanecer en silencio
durante toda la sesión; no se permitirán
expresiones, sean verbales o escritas, a favor ni en
contra del invitado o de la propia CVR. Tampoco se permite
la distribución de material impreso, o de otro
carácter, a los participantes. En caso de que
se perturbe el orden de las sesiones, el Presidente
de la CVR exhortará a la audiencia a mantener
estricto silencio; y en caso de persistencia, el Presidente
solicitará el retiro de la sala de aquellas personas
que no cumplan este procedimiento. Tampoco se permite
aplausos ni ningún otro gesto de respaldo o rechazo
ante las exposiciones. Muchas gracias. Dejo en la palabra
al doctor Lerner.
Salomón Lerner Febres:
Muy buenos días
señoras y señores invitados. Doy formalmente
inicio a esta Sesión Pública de Balance
y Perspectivas que cuenta hoy con la presencia del doctor
Alan García Pérez, Presidente Constitucional
de la República durante los años 1985 y
1990, y actual Presidente del PAP. Me permito, como ya
lo ha señalado la señorita Jave, recordarles
que durante la reunión deberemos observar el contenido
del reglamento aplicable a estas sesiones.
Al iniciarse
esta sesión, me permito recordarles
el contenido del reglamento aplicable y que obra en su
poder. El mandato conferido a la CVR incluye un cuidadoso
escrutinio de los hechos acaecidos durante los veinte
años de violencia. En el desarrollo de este mandato,
la CVR escucha las voces de aquellos que han sido víctimas
de graves crímenes y violaciones a los derechos
humanos, voces como las escuchadas en el video que ustedes
han podido observar; pero también, las voces de
instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado
en el proceso que le ha correspondido estudiar.
En este
caso, la CVR ha convocado a partidos políticos
y a instituciones públicas a fin de que realicen,
de cara al país, un balance histórico del
papel que jugaron, así como una reflexión
sobre su visión de las perspectivas que tienen
del Perú hacia el futuro y con relación
a la creación de una cultura de respeto a los
derechos humanos. Éste es el sentido profundo
de estas sesiones que no buscan ser eventos de juicio
público, ni de polémica, sino permitir
al país escuchar la versión de cada uno
de los actuales invitados.
La CVR pide a los dirigentes
presentes hoy, ofrecer un balance institucional de su
comportamiento; la sesión
no se refiere a hechos de conducta individual. Los vamos
a escuchar con atención y las conclusiones y recomendaciones
de esta CVR serán presentadas en el informe final
en el próximo mes de agosto.
A modo de síntesis de introducción, la
CVR quisiera dejar sentadas algunas premisas:
Ante todo, ratificar que el conflicto armado fue provocado
por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso
(PCP-SL), pese a que había entonces condiciones
democráticas abiertas. En el contexto del conflicto
armado interno que se desarrolló mediante un uso
creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático
tenía la obligación de defenderse y de
recurrir a las fuerzas del orden. Esto debía hacerlo,
sin embargo, dentro del estricto respeto a los derechos
humanos. Los hechos que le ha tocado analizar a la CVR
muestran que ello no ocurrió así. Son precisamente
esos graves hechos producidos en estos veinte años,
los que han dado sentido a la creación de la CVR;
y son estos hechos, finalmente, los que brindarán
sentido a sus conclusiones y recomendaciones.
Asimismo, la CVR reitera que su perspectiva de análisis
será fundamentalmente ética, con particular
atención a aquellos que fueron víctimas
de este conflicto y sin discriminación alguna.
Es, a partir de estas premisas y dentro de este marco
general, que se ubica la sesión que tendrá lugar
el día de hoy y aquéllas que se sucederán
en los días siguientes.
En la segunda mitad del
siglo XX, grandes planes modernizadores fueron diseñados para lograr un Perú moderno.
Las ricas pero mal irrigadas tierras de la costa debían
ser polos agroindustriales de alto desarrollo e intensificación
de la producción agrícola y, para ello,
se planificaron grandes irrigaciones a lo largo del eje
costero cuya construcción en los últimos
cuarenta años ha transformado el paisaje social,
económico y demográfico de esa región.
Las riquezas de la selva debían integrarse a la
economía nacional y, por ello, se planificó la
Carretera Marginal, proyecto que empezó a ejecutarse
en los años sesenta y ha seguido hasta hoy. En
la sierra, la promesa de modernización no tuvo
inversión y las pocas propuestas del Estado en
ese espacio nos remiten a la Reforma Agraria; la ampliación
de la cobertura educativa básica y superior; y
a cierta inversión urbana en algunas de las capitales
departamentales. En suma, es posible afirmar que el Perú que
se modernizaba desde los años cincuenta no tuvo
un gran proyecto ni una gran visión para la sierra
de nuestro país. En el campo serrano, la masiva
migración rural, principalmente hacia la ciudad
de Lima; y las movilizaciones campesinas contra el régimen
latifundista, transformaron la demografía y las
estructuras de poder.
En los estudios realizados por
la CVR, se observa que los conflictos entre sectores
de la población
o entre pobladores y el Estado, en los cuales se sustentaron
los grupos subversivos, se asocian en forma particular
a los procesos parciales e inacabados de modernización.
Las transformaciones diferencialmente vividas tuvieron
también efectos en el surgimiento y deterioro
de una sociedad civil organizada, lo que incidió a
su turno en las formas y los niveles de la violencia.
Sin ningún recurso atractivo para el capital extranjero
o nacional, ni polo económico dinámico,
y mal integrado por una escasa y pésima infraestructura
vial; el departamento de Ayacucho mostraba signos visibles
de depresión económica, con uno de los
Producto Bruto Interno (PBI) más bajos del país
y altas tasas de migración de sus diferentes provincias
hacia las zonas dinámicas de la costa o de la
selva. En el entorno regional de pobreza y depresión,
los movimientos campesinos y procesos de compras de hacienda
por sus feudatarios; y finalmente, la implementación
de la Reforma [Agraria] sobre los restos del sistema
tradicional de hacienda, habían restado poder,
influencia y peso determinantes en la ciudad y la región
a los grupos de poder tradicionales.
La reapertura en
Ayacucho, de la Universidad San Cristóbal
de Huamanga en 1959, fue un proyecto educativo que renovó la
ciudad y la conectó con el movimiento de modernización
y progreso del país. Ésta se convirtió en
el foco de dinamización cultural, política
y económica de la región. Difusora de ideas
progresistas y distancias de sectores tradicionales,
la Universidad de Huamanga acogió, como el resto
de universidades del país, las ideas radicales
de los años sesenta y setenta. Desde su alta legitimidad
regional, la Universidad irradió estas ideas hacia
la ciudad y la región, ejerció casi un
monopolio sobre la opinión pública modelando
el sentido común local. Éste fue el espacio
de surgimiento del PCP-SL cuya fuerte presencia en la
Facultad de Educación le permitió ejercer
una influencia importante en los maestros, y estuvo asociada
al paulatino crecimiento de la cobertura educativa en
las aéreas rurales crecientemente copadas por
sus militantes que desarrollaron así su presencia
en el campo.
El sector de la sociedad rural donde se
inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde a
los márgenes
sociales del país, irrelevantes para la economía
nacional y los planes de desarrollo, donde el Estado
no estuvo presente garantizando el acceso a infraestructura
y servicios públicos básicos, ni cumplió su
rol de garante de la tranquilidad, la seguridad y la
propiedad de las personas. En términos generales,
se trata de contextos rurales muy pobres donde la mayoría
de población era quechua hablante y analfabeta – como
lo vamos a ver en los gráficos posteriores- el
espacio que se llamó despectivamente la “mancha
india”, en el cual se incluye la sierra sur central,
los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
En estos espacios de pobreza rural, las únicas
expectativas de progreso fueron individuales y no fueron
otras que la emigración y el acceso a la educación.
Hasta aquí tenemos un resumen de los antecedentes
que explican el inicio del ciclo de la violencia.
Ahora
resumiremos algunos datos estadísticos
que nos dan un grueso perfil del itinerario y los resultados
del conflicto, que podrán servir a sus organizaciones,
señores invitados, para realizar el balance que
nosotros les solicitamos.
En el primer gráfico, observamos cuando ocurrieron
los hechos que condujeron a la muerte y desaparición
de personas entre 1980 y el 2000; en él resaltan
dos picos; el primero, entre 1983 y 1985; y el segundo,
entre 1989 y 1991.
El segundo gráfico se refiere al lugar donde
ocurrieron las muertes y desapariciones. En él
se evidencia que el departamento de Ayacucho fue el principal
escenario de muertes y desapariciones.
El tercer gráfico muestra una mayor incidencia
de la violencia en el ámbito rural, si bien los
espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre
los años 1989 y 1993. El 55% de las víctimas
eran campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias.
El
cuarto gráfico expone con claridad un rasgo
fundamental sobre el tema de quiénes fueron la
mayoría de las víctimas. De acuerdo a las
investigaciones realizadas por la CVR, el 75% de las
víctimas era quechua hablante. Por otra parte,
hasta el momento, la CVR ha contabilizado 1 224 autoridades
locales muertas o desaparecidas como consecuencia del
conflicto armado interno. SL sería responsable
de más del 70% de estos casos.
El quinto gráfico expone: ¿quiénes
serían los grupos responsables de los muertos
y desaparecidos? Las cifras de la CVR muestran que aproximadamente
la mitad de las víctimas fueron causadas por SL
y un tercio por agentes del Estado.
El sexto gráfico muestra el número de
víctimas ocasionado por los principales actores
durante el ciclo de violencia. En él, resalta
la disminución de muertos causadas por agentes
del Estado durante los años 1989 y 1999.
Finalmente,
el sétimo gráfico reúne
las cifras de la muerte de civiles, miembros de las fuerzas
del orden y de presuntos subversivos.
Presentados los
antecedentes y los datos estadísticos
más importantes, escucharemos en esta sesión
la opinión de los representantes del APRA. El
APRA es el partido político vigente más
antiguo del Perú y vivió en sus orígenes,
y por largos años, entre los años 1930
y 1950, una experiencia de exclusión de la vida
política legal. Por lo tanto, no se puede explicar
ni entender la historia de la lenta ampliación
de la democracia en el país a lo largo del siglo
veinte, sin tener en cuenta su itinerario y su representación
social. Cuando en 1985, el APRA ganó las elecciones
Presidenciales, habían ya transcurrido cinco años
de violencia, con un alto saldo de muertos; y se había
ya designado a las Fuerzas Armadas como responsables
de los comandos político-militares encargados
de la lucha contrasubversiva. La CVR ha distinguido etapas
distintas en la política antisubversiva durante
ese periodo.
Queremos agradecer nuevamente la presencia
del doctor García Pérez, ex-Presidente Constitucional
de la República quien, se nos ha informado, será el único
vocero del Partido en esta sesión institucional
de la CVR. Agradecemos del mismo modo la presencia del
doctor Jorge del Castillo, Secretario General del PAP;
de las señoras y señores Congresistas;
y de los distinguidos dirigentes de ese partido, en el ámbito
nacional y regional, que nos acompañan esta mañana
en la sala.
Finalmente, antes de ceder la palabra al doctor
García,
queremos rendir nuestro homenaje a la memoria de los
centenares de víctimas, militantes apristas, que
murieron durante el conflicto armado por cumplir sus
responsabilidades democráticas para con el país
y para con su partido. Esperamos que nuestro informe
final incluya una lista, lo más amplia posible,
de los nombres de esas peruanas y esos peruanos. En las
Audiencias Públicas de la CVR hemos tenido presentes
varias veces, a familiares de ellos que nos han dado
su testimonio. Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento
por esos aportes al trabajo de la CVR.
Quisiéramos ahora invitar a los representantes
presentes del PAP, y en concreto al doctor Alan García,
a exponer su balance del conflicto que la CVR ha analizado,
teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es la evaluación de
la subversión y de las estrategias contrasubversivas
en curso, realizada por el PAP al asumir el gobierno
en 1985?
2 ¿Cuál es el balance que hace
su organización
de la estrategia alternativa que buscó concretar
durante el primer año de su gobierno?
3. En los últimos
años del gobierno aprista
el conflicto armado se había ampliado mucho
y, con él, los comandos político-militares
y la aparición de grupos paramilitares. ¿Qué balance
se tiene de la coordinación existente entre
autoridades civiles y militares en esa fase de
la lucha antisubversiva? ¿Cómo
se juzga la supervisión por el gobierno
civil de la constitucionalidad y el respeto a los
derechos
humanos en las zonas declaradas de emergencia?
4. Teniendo en cuenta el conjunto de datos presentados, ¿Cuál
es el balance global del ciclo de violencia interna y,
dentro de él, cuál es la revisión
franca que hace su organización de ese conflicto?
Alan García Pérez:
Señor Presidente,
señores Comisionados, señoras y señores
asistentes, conciudadanos del Perú. Primero quiero
agradecer la posibilidad de dirigirme a la CVR, y a través
de ella a todo el Perú, para traer el punto de
vista del PAP y para explicar cuál es la verdad
tal cual nosotros la entendemos, de manera desnuda, transparente
y, como se nos ha pedido, autocrítica.
Esta reunión de balance, no podría comenzar
sin decir que los cinco años de gobierno del PAP,
en confrontación con los sectores violentistas
del terrorismo, supuso, para la organización que
presido, la pérdida de 1 300 militantes y funcionarios;
algunos de cuyos hijos me acompañan hoy día
como testigos de esa tragedia. Aprovecho este momento
para rendir homenaje a quienes, sirviendo al Estado en
condiciones muy difíciles, lo hicieron sabiendo
que pagarían con su vida ese servicio y el actuar
de acuerdo a los ideales del movimiento de Haya de la
Torre; porque, señores Comisionados, creo que
el PAP pagó el mayor precio en la vida de sus
militantes y funcionarios que otro partido haya pagado.
Desde presidentes regionales como Luis Paredes Maceda,
de Piura; presidentes de corporaciones como Félix
Ortega Arce, cuyo hijo está aquí; o Marcial
Capelletti, de Ayacucho, cuyo hijo también me
acompaña; o el Presidente de la Corporación
de Piura, Ricardo Ramos Plata; y, también, prefectos
como Manuel Santana Chiri de Ica; o como Gilbert Urbiola,
de Apurímac, cuyo hijo también está mi
lado; o alcaldes de todas las partes del Perú,
elegidos democráticamente, como Luis Dueñas,
Alcalde Provincial de Puno; como el Alcalde de Huanta,
Víctor Raúl Yangali, que sabía que
iba a morir y, sin embargo, aceptó el mandato
del pueblo; como Virgilio Purizaga viejo profesor, autodidacta,
libertario y anarquista, de Chepén; como el alcalde
de Tingo María, Tito Jaime; o quien lo sucedió,
el compañero Camasca, cuyo hijo también
me acompaña; y ministros como Orestes Rodríguez,
víctima de la furia homicida; o el gran militar
y caballero Enrique López Albújar; el presidente
del Instituto Peruano de Seguridad Social, Felipe Santiago
Salaverry, descendiente directo del caudillo de la Patria,
que fue víctima también de la furia homicida;
y un Diputado del PAP, el diputado Li; y también,
mucho más modestos dirigentes magisteriales como
Fernando Cabrel; y hasta militantes de los más
pobres y los más humildes, de los que sólo
menciono a María Huapaya, víctima del senderismo
en El Agustino. Le agradezco se me permita rendir homenaje
a todos ellos porque son mis hermanos y porque no los
hemos olvidado. Y, en nombre de ellos, formulo acusación
histórica contra SL y contra las facciones terroristas
que, incapaces de convencer al pueblo peruano y de hablar
con ideas, incapaces de articular un discurso coherente
y de vivir democráticamente, escogieron el lenguaje
de las armas para silenciar a los que pensaban y actuaban.
Tenemos hoy, como balance, que recordar a esos muertos,
pero acusar a la violencia terrorista, sin ambages, y
decir que no olvidamos; decir que cada uno de estos jóvenes
puede perdonar cristianamente, puede no guardar rencor
ni odio, puede comprender, pero que el Perú jamás
olvidará y jamás perdonará, aquello
que sufrió y aquello que vivió. Dentro
de ese espíritu, aprovecho este primer párrafo
para decir, señor Presidente, que, frente a lo
que hemos vivido, hay un lenguaje fundamental que es
el de la autoridad, el de la firmeza, el de la necesidad
de impedir que vuelva a producirse en nuestra patria
aquello que hemos vivido. Y en ese sentido, saludo a
esta CVR porque significa un esfuerzo de reflexión
que, estoy seguro, conducirá a saber la inmensa
gravedad de lo que hemos vivido.
Creo que el primer punto
esencial, es hablar del contexto, como usted ha mencionado,
pero quizás desde otro
aspecto, doctor Lerner. ¿Cuál era el contexto
de la ofensiva terrorista en el mundo, y en el Perú,
al comenzar la década de 1980? Lo primero que
tenemos que recordar es que, entre 1975 y 1979, se produjo
en el mundo lo que se ha llamado el “Segundo genocidio
de este siglo”. Cuando las fuerzas extremistas
del Khmer Rouge, a las órdenes del Pol Pot, capturaron
el poder en Camboya y, durante los años siguientes,
sometieron a la atrocidad y al exterminio al pueblo camboyano,
y ocasionaron dos millones quinientas mil víctimas.
Eso es, señores Comisionados, lo que esperaba
al Perú si esta banda terrorista hubiera capturado
el poder o, como algunas corporaciones de inteligencia
transnacional advirtieron, hubiera dividido el Perú.
El Perú hubiera sido sometido a la misma furia
de exterminio y hubiera sufrido millones de muertes.
El contexto es saber que, si bien es cierto que hoy día lloramos y sufrimos por miles de víctimas,
algunas de ellos en el fragor de la lucha y del exceso,
hay que señalar; que esas miles de víctimas
y esa obra impidieron que, quizás, millones de
peruanos o cientos de miles de peruanos sucumbieran como
sucumbieron los camboyanos a la furia de sectas fanáticas. Ése
es el verdadero contexto para saber hacia donde iba el
propósito de este grupo, y hacia donde iba su
tendencia homicida. Primero, se debe saber que si el
Estado democrático, y asumo aquí también
la defensa del Presidente Fernando Belaúnde, no
hubiera hecho todo su esfuerzo, con los errores y carencias
que se le señalen, el camino del Perú hubiera
marchado al exterminio, a la disolución y, tal
vez, a la muerte de millones de peruanos. Ésa
es una firme convicción que tengo, y es la firme
convicción que los Servicios de Inteligencia y
los analistas internacionales tenían al comenzar
la década de 1980. Es dentro de ese contexto que
hay que entender lo que entonces comenzó como
defensa del Estado, frente a este enemigo anónimo,
inesperado para combatir, ante el cual, de hecho, el
Estado no estaba preparado; contexto en el cual debemos
comprender y entender a donde se dirigía el Perú y
ubicar cada uno de los puntos para juzgarlos, para analizarlos,
para reflexionar sobre ellos. Éste es, pues, el
primer punto del contexto: ¿Adónde nos
conducía esta insurgencia terrorista?
En segundo
lugar, rechazamos que esta insurgencia fuera una explosión espontánea nacida de la pobreza,
endémica y secular, de las zonas más excluidas
de nuestra patria. No es verdad; fueron grupos universitarios,
de clase media, ideológicos, con viajes al exterior,
los que instrumentalizaron y organizaron y, muchas veces,
forzaron, a los presidentes de comunidades campesinas,
a los comuneros a actuar como vimos después que
se actuaba. De manera que no voy a discutir ni rechazar,
como se ha hecho ayer, que- yo diría en una licencia
expresiva- un miembro de la CVR haya dicho que SL es
un partido político y no una banda de delincuentes.
Lo que ha querido decir, y lo entiendo así, es
que era un grupo organizado con propósitos; que
eran el exterminio, y la lucha contra la democracia y
contra el Estado. Yo no me pierdo en un combate de palabras,
comprendo lo que se ha querido decir, pero creo que hay
que tener en cuenta que justamente eso muestra que era
un grupo con propósitos; y no una insurgencia
de los campesinos más pobres, de los más
excluidos que, por su propia fuerza y espontaneidad,
se armaron con piedras, palos, a degollarse entre sí y
a atacar a las fuerzas del orden. No, fue algo premeditado,
estudiado, preparado, como Pol Pot había preparado
largo tiempo el exterminio de dos millones quinientos
mil camboyanos; por consiguiente, debemos comprender
que no es de la pobreza de donde nació Sendero
sino del uso que dio un grupo ideologizado a la pobreza
para instrumentalizarla y convertirla en carne de cañón.
Incapaces de convencernos a los peruanos, incapaces de
reclutar prosélitos y miembros de un movimiento
democrático en las universidades y en los sectores
de clase media, fueron, a buscar, criminalmente, cómo
instrumentalizar a los campesinos. Yo, señor,
como ustedes, he tenido ocasión de hablar con
muchísimos presidentes de comunidades, con muchos
supervivientes de las acciones de SL o de las acciones
de represión a SL y ésa es la conclusión
que tengo. Muchísimos campesinos fueron forzados,
utilizados en esta guerra como armas de este grupo, que
pueden llamar “movimiento político con ideología
homicida”, que instrumentalizó como armas
a los campesinos más pobres del Perú.
¿ Por qué? Porque ya esto es lo segundo
que hay que plantearle a todos como contexto, a todos
los peruanos, especialmente a los más jóvenes,
que no han vivido esta circunstancia porque esto ocurrió hace
más de veinte años ya. La pobreza, señor,
aumentó brutalmente por la insurrección
terrorista. Yo he podido saber, solamente desde el punto
de vista de quien gobernaba el Perú cinco años,
cuánto le costó al Estado mantener el estado
de emergencia cada uno de los cinco años. Y yo
le digo, señor, que allí se invirtieron
miles de millones de dólares entre 1980 y 1990,
porque cada día de emergencia cuesta el doble
de rancho y tres veces más gasolina y transportes
de todo tipo y avituallamientos; pero, además,
la desertificación de las tierras y el abandono
de los campos supuso una pérdida en producción,
un lucro cesante agrícola para nuestra patria.
Y la fuga de los inversionistas del Perú, no sólo
del gran inversionista que viene a hacer una mina sino
del pequeño inversionista que quiere poner otra
tienda en el mismo distrito y vive espantado ante la
situación de violencia que impera; o también
la fuga del capital humano, de los profesionales, de
los industriales del Perú, que comenzaron desde
entonces a radicar en Miami y en otros lugares, aterrorizados
ante la posibilidad de la muerte o del rapto; o los cortes
eléctricos. ¿Qué inversionista podía
venir al Perú, si debido a las largas líneas
de transmisión que tenemos desde el centro, la
energía eléctrica era cortada día
a día? Todo eso supuso, en valores de hoy, y no
es una exageración, un precio cercano a los 20
mil millones de dólares, en dólares de
hoy; y eso supuso la pérdida de, por lo menos,
un millón doscientos mil empleos a lo largo de
los diez años transcurridos entre 1980 y 1990.
Que el Perú sepa, y formulo acusación contra
SL, que cuando los peruanos deben partir a trabajar fuera
del Perú, parten a buscar un puesto que, en mucho,
les quitó el terrorismo. Acuso al terrorismo de
genocidio, acuso al terrorismo de haber destruido la
economía nacional. Yo creo que éste es
el verdadero contexto, señor Presidente, en el
cual tenemos que ponernos para saber cómo se actuó porque
sino estaremos juzgando veinte años después,
y en la tranquilidad de una oficina, aquello que fue
terrible en esas circunstancias. El terrorismo no sólo
aumentó la pobreza, impidió que se hiciera
algo por los campesinos.
Yo, señor, con toda la ilusión de mis
treinta y cinco años de entonces, quise cumplir
con Ayacucho aquello que el propio Simón Bolívar
se había comprometido a hacer: la irrigación
(sic) del río Cachis para regar miles de hectáreas
y dar agua potable a la ciudad de Ayacucho; y comenzamos
ese trabajo gracias a la cooperación italiana,
pero sepa usted que, en dos ocasiones, SL destruyó los
campamentos; en una mató a seis ingenieros y,
en la otra, mató a todos los ingenieros de planta
nuevamente. Éste es el contexto en el cual hay
que comprender aquello que el Perú vivió en
ese momento.
Por consiguiente, no son 30 mil o 20 mil
víctimas,
son 20 millones de víctimas las que Sendero ha
generado en el Perú: los que han perdido el trabajo,
los que han perdido parientes, los que han perdido la
serenidad y la tranquilidad. Cuánto hubiera ganado
el Perú si a la salida de la dictadura militar
de entonces, hubiéramos tenido por lo menos algo
de tranquilidad para enfrentar el tema de la deuda que
nos dejó el gobierno militar; para enfrentar el
tema de la injusticia que vivíamos en el Perú,
si hubiéramos podido construir, seguramente no
un paraíso, pero algo mejor para los más
excluidos de la patria. Todo eso fue impedido por SL.
Les digo, en nombre de los apristas del Perú,
nosotros, señor, no tenemos ni en nuestros programas
ni fuimos educados para actuar militarmente, o de comisarios,
en el Perú. Llegamos para hablar del antiimperialismo,
llegamos para hablar de la Reforma Agraria o la reestructuración
de la tierra en el Perú y lo que conseguimos fue
un escenario en el cual ya se había generado,
desde seis o siete años antes, una situación
[ininteligible] y de enfrentamiento enceguecido y homicida.
Quiero, y les ruego, que en sus análisis tengan
pendiente y presente este punto de vista. Y lo digo,
tras mencionar este contexto de 20 millones de víctimas
del terrorismo, sobre el cual pasarán cien años
y la población peruana no olvidará de lo
que ha sido víctima; y es importante que esto
se diga, y por eso es importante la CVR, para que las
nuevas generaciones sepan el inmenso peligro que eso
supuso y sepan las consecuencias terribles que eso creo.
Es
importante decir en segundo lugar, Presidente, para entrar
en materia, que el Estado peruano en 1980 no estaba
preparado para hacer frente a este tipo de insurgencia
absolutamente diversa; tal vez, el Estado peruano estaba
preparado para responder a otro tipo de subversión,
formal, militarizada, del viejo estilo cubano guevarista;
pero, ante esta forma de terrorismo ciego, metastático
y anónimo no podía el Estado responder
de inmediato y fue necesario un proceso de largos años
de aprendizaje. Usted no puede transformar las estructuras
del Estado; usted no puede cambiar las formas de acción
policial o militar de la noche a la mañana; usted
tiene que, paulatinamente, comenzar a identificar, a
reflexionar y a cambiar las formas de acción de
los mecanismos de defensa del Estado. Por eso, el Estado
fue sorprendido, y quedará siempre, como una duda
o como una acusación para quienes terminaron su
régimen dictatorial en 1980, el que destruyeran
las informaciones de Inteligencia que seguramente se
tenían, o si no se tenían también
era responsabilidad, respecto a lo que ya se estaba preparando
en Ayacucho. Y era responsabilidad de quienes lo sabían,
aunque no estuvieran en el Estado, si fueron profesores
o cercanos a quienes estaban preparando todo esto, decirlo
públicamente, porque lo otro era complicidad y
ocultamiento. En 1980, el Estado democrático se
enfrentó a una situación absolutamente
inesperada, frente a la cual no tenía respuesta
ni posibilidad de abortar inmediatamente aquello que
comenzaba y, sin embargo, el Estado debió defenderse
a la manera en que pudo y con los instrumentos que pudo
porque ya estábamos noticiados, los peruanos,
de a dónde podía llevar esta insurgencia.
E, inclusive, hombres de izquierda, hombres de izquierda
comunista o marxista, comprendían, como mi gran
amigo el doctor Alfonso Barrantes, el inmenso peligro
que suponía que esto continuara o se permitiera
crecer. El Estado se defendió, y después
hablaremos de si cometió errores y excesos; pero
el Estado tenía como primera obligación
salvar al Perú de esto, salvarlo de la destrucción
genocida y de la destrucción económica
que ocurrió durante los siguientes diez años.
Y en esta lucha que comenzó el Estado, por momentos
a ciegas, y lo he dicho en las conversaciones privadas
que he tenido con la CVR, que han sido cuatro, y sin
tener instrumentos reales, el Estado tuvo que hacer uso
de sus Fuerzas Armadas y sus Fuerzas Policiales. Y a
mí me toca, porque yo no me lavo las manos de
eso, me toca rendir un homenaje al heroísmo de
las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. No suscribo
ningún error, ningún exceso, eso toca a
la CVR y a la historia determinarlo y, si necesario,
sancionarlo, pero el conjunto de las instituciones respondieron
con lealtad a su país. Las Fuerzas Armadas y las
Fuerzas Policiales han entregado miles de víctimas
y decenas de miles de hogares aterrorizados ante la posibilidad
de que sus hijos o esposos murieran. Yo he podido conversar
también con muchos oficiales, con policías,
con soldados, con marinos que tenían que caminar
en los cientos de patrullas que mensualmente se daban
a lo largo de las zonas asoladas por el terrorismo. Y
ellos sabían que se enfrentaban a algo desconocido,
anónimo, cobardemente oculto detrás de
los campesinos, pero tenían que cumplir su obligación.
Y, si ustedes cuentan las miles de veces que salieron
patrullas a lo largo de todos esos años, verán
que los excesos y errores que se cometieron son pocos
frente a la inmensa cantidad de despliegue que tuvo que
hacer la Fuerza Armada. Yo invito a la CVR a hacer ese
balance también. ¿Cuántos miles
de patrullas surcaron el territorio del país entre
1983 y 1990 ó 1992 y cuántos excesos o
errores se cometieron? Porque también hay la lógica
de decir “si realmente se hubiera querido actuar
de manera genocida, represiva ¿qué hubieran
podido hacer estos miles de patrullas?”. En eso
también pido reflexión, consideración
y comprensión para la acción heroica que
cumplió la Fuerza Armada y que cumplieron las
Fuerzas Policiales.
Errores hubo, evidentemente, errores,
excesos; en principio por falta de preparación, por falta de conocimiento. ¿Cuántas
veces hemos reunido decenas de estudiosos de otros sectores,
políticos de izquierda, de derecha? Yo personalmente,
seguramente lo hizo a su vez el Presidente Belaúnde. ¿Cuáles
son las alternativas? ¿Cómo actuamos mejor?
Y les digo la verdad: la ignorancia o la falta de preparación
ante este enemigo sorpresivo, desconocido no era solamente
de los gobiernos o de las Fuerzas Armadas; era de toda
la sociedad, señores. Nadie sabía cómo
solucionar este problema. Claro, veinte años después,
cuando se comprende que capturando la piedra básica,
al líder de la banda homicida, todo se desarticula
o se detiene, es fácil decir “debió capturarse
desde 1983”, pero ése era un largo trabajo
de Inteligencia, en que el Estado, paulatinamente, tenía
que irse educando. Y eso es lo que hicimos.
Yo vengo
a decir que la democracia, a pesar de los errores o excesos
que pudo cometer, y de sus carencias, salvó al
Perú de la mayor amenaza que ha sufrido durante
el siglo veinte. La democracia pagó el costo enorme
de esta lucha, señor. Entre 1984 y 1985, según
todos los estudios y cálculos, había miles
de personas armadas y otros miles de apoyo para los grupos
subversivos. Y tengo la declaración de personas,
las más importantes del Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN) después de 1990, según las
cuales, ese número se había reducido fundamentalmente.
Quiere decir que la democracia de todas maneras actuó,
por momentos a ciegas, por momentos sin preparación,
pero actuó con energía y salvó al
Perú; lo salvó del exterminio polpotista
como en Camboya, lo salvó de la continuidad en
la destrucción total de sus fuentes de riqueza.
Quisiera
decir, en tercer lugar, Presidente, para entrar directamente
en aquello que se me propone: ¿Cómo
respondió el APRA, desde el gobierno, a esta situación?
Quisiera decir que fue un combate, una lucha continua
en los dos gobiernos democráticos. Cuando el Presidente
Belaúnde, en enero de 1983, decretó el
ingreso de emergencia de la Fuerza Armada en los Andes
del Sur, actuó con energía y obligó a
que, en los años posteriores, SL comenzara antes
de lo que había previsto una urbanización,
un proceso de centralismo hacia Lima y algunas ciudades
de la costa. Es en esta circunstancia en que nosotros
encontramos el gobierno. Y como le repito, señor,
los ministros que aquí me acompañan, los
jóvenes apristas de entonces, los ideólogos,
los amigos asesores, en verdad no estaban preparados
para este tema; no estaba en ninguno de los libros de
los propósitos de justicia social o de antiimperialismo
o de asistencia al campesinado y a los pobres; no había
ningún manual, ni lo había dejado escrito
el gobierno anterior y, mucho menos, el anterior a él,
cuál era el manual y cuál era la piedra
filosofal con la cual solucionar este problema, como
entonces muchas voces decían.
Nosotros, señor Presidente, tomamos dos tipos
de medidas. La primera tiene que ver con el sentido social
del gobierno; ayer se ha explicado el carácter
democrático del régimen anterior. Yo tengo
hoy día que decir que nuestra primera preocupación
fue darle un acento social a esa democracia. Claro que
comprendíamos que este grupo organizado y con
propósitos homicidas estaba utilizando una situación
de exclusión, de marginación, de pobreza,
de miseria absoluta; y, entonces, había que acercar
el Estado a ese sector olvidado, había que reconciliar
los Andes con la capital centralista y con la economía
moderna del Perú. Y ése fue el propósito
social que quisimos dar al gobierno, pero no se nos dio,
en ningún momento, tregua. Sólo un movimiento,
de los dos que entonces actuaban, dijo ofertarnos una
tregua de un tiempo, el otro continuó su labor
sistemática de hostilización y asesinato.
¿Cuáles eran las medidas sociales de acercamiento
del Estado a la población, a los más pobres?
La primera fue identificar en qué áreas
estaba actuando la subversión de manera orgánica.
Nosotros diferenciábamos su dominio de muchas
provincias, distritos de comunidades campesinas, de los
grupos petardistas o de exterminio que venían
a Lima. Era esa zona la que le daba su base social, su
base de reclutamiento y de dominación; habían
impuesto allí una dictadura absoluta respecto
a las comunidades campesinas. Y nosotros dijimos “hay
que acercar el Estado a toda esta zona”. Por eso
planteamos inmediatamente lo que llamamos el “Plan
del Trapecio Andino”, expresión que entonces
se puso en boga. Se trataba de identificar cuáles
eran los distritos y las provincias en las zonas más
altas que comenzaban desde Apurímac y Huancavelica,
continuando por las provincias altas del Cusco y se extendían
a Ayacucho y, hacia el sur, hacia Puno. Y nosotros dijimos,
haciendo un esfuerzo de reorientación presupuestal, “vamos
a asignar, de inmediato, cuarenta millones de dólares
a este Trapecio Andino para hacer obras concretas e inmediatas
en todos los distritos”. Ésa fue la primera
ofensiva que hicimos para enfrentar social y económicamente
la base de reclutamiento, la base orgánica que
en ese momento tenía SL.
La segunda acción fue crear el Fondo de Apoyo
a las Comunidades Campesinas. Y por los cinco años
siguientes, decrecientemente, por las estrecheces fiscales
que entonces sufrimos desde 1988, a cada una de las comunidades
campesinas de Puno, de Ayacucho, de Huancavelica y otros
departamentos del Trapecio Andino, le entregamos una
cantidad directa y los hicimos parte del presupuesto
nacional, ejecutores del presupuesto directamente; en
medio de la duda, del descrédito de algunos diarios
y de algunos economistas neoliberales que decían
que eso era populismo. ¿Cómo va a ser populismo
intentar interponerse entre SL y una base de reclutamiento
abandonada antes por el Estado? Era imprescindible y
audaz hacer esos actos, y el Fondo de Comunidades Campesinas,
y las reuniones que durante tres años sostuve
con miles de presidentes de comunidades campesinas en
todo el país, tenían por objeto eso, que
sintieran que el Estado se acercaba a ellos.
Pero, creo
que más importante fue una tercera
medida, siempre criticada. Cuando planificábamos
cómo dar crédito agrario, cuando entonces
existía un Banco Agrario auténtico, los
técnicos nos propusieron que para los cultivos
modernos y costeños hubiera una tasa de interés,
y para los cultivos andinos -la papa, el maíz,
la cebada, el trigo- hubiera una tasa de interés
menor. Y el Gobierno tomó la decisión de
que esos cultivos y en esas zonas del Trapecio Andino
no hubiera interés y creamos el “Crédito
cero”. Y el Crédito cero significó una
transferencia anual de casi 40 millones de dólares,
46 en algunos años, a los campesinos más
pobres del Perú: a los paperos, a los maízeros,
a los cultivadores del trigo.
Ésas fueron,
señor Presidente, medidas
fundamentales. Dimos, además, la Ley de Titulación
y Deslinde de las Comunidades Campesinas porque uno de
los temas que aprovechaba SL para enemistar unas comunidades
con otras, era el conflicto de límites, la falta
de titulación. Y en el curso de esos años,
trabajosamente, titulamos comunidades campesinas. Sin
embargo, en la estrategia de lo que entonces pensamos,
con acierto o no, dentro del Trapecio Andino, en mi concepto,
había una zona que era de enorme importancia para
SL y había que evitar que la tocara. En nuestro
concepto el departamento de Puno, con su altiplanicie,
representaba un pasto fácil para imponer allí también
una dictadura de tipo homicida. Por eso, hicimos un plan
específico para el departamento de Puno; y por
eso dimos la Ley de Reestructuración de la Tierra
en Puno y entregamos un millón 200 mil hectáreas
a más de 400 comunidades campesinas.
De manera
que todas estas medidas sociales que no eran solamente
las obras que otros sectores del Gobierno hacían,
sino las obras específicas para este tema, para
interponerse entre el homicidio y el reclutamiento en
sectores desprotegidos. Creo que todo eso, de alguna
manera, supuso un golpe efectivo ante la estrategia de
SL; no lo digo yo, lo dijeron muchos analistas, y algunos
que estuvieron muy cerca a mí en esos años.
Porque se redujo el número de acciones y, además,
la velocidad de reclutamiento o renovación de
quienes entraban a servir, forzados en la mayor parte
de los casos, a las acciones armadas o de protesta de
SL.
Esos fueron lo que consideramos los caminos sociales
en un gobierno que quiso ser social, que quiso ser popular,
a pesar de estos enormes embates. Póngase usted
en mi papel, usted quiere hacer una revolución
en el Perú, a los pobres; pero encuentra que hay
una banda homicida que mata, especialmente pobres, con
un código de selección de víctimas
que hacía víctimas a los “pata en
el suelo”, como usted ha visto, a los que no hablaban
español, que no tenían nada más
que su propio cuerpo. Y encontramos, también,
que había una banda que impedía que el
Estado asumiera las dificultades de la deuda externa
que nosotros no creamos, que nos fue entregada por el
gobierno anterior que, a su vez, la recibió inflada
diez veces del gobierno militar. Y los graves problemas
endémicos e históricos del Perú.
Creo que es importante contextualizar todos estos temas
para comprender las dificultades que, entonces, no sólo
mi gobierno, también el anterior gobierno democrático,
habían confrontado.
Pero, esto es lo que toca
a la filosofía social
del aprismo; también en el aspecto operativo fuimos
recogiendo experiencias anteriores. Lo primero que hicimos
fue llamar al diálogo a los alzados en armas o
a los terroristas, haciendo una invocación a que
abandonaran esa furia homicida, ese degollamiento de
comunidades campesinas o de asesinato de autoridades
del pueblo; y creamos la Comisión de Paz. Yo no
olvidaré nunca la devoción de las personas
que fueron convocadas a la Comisión de Paz y que
vinieron, voluntariamente, a intentar un puente de diálogo,
de comprensión, de análisis y de convencimiento
a los que actuaban así. El padre Felipe MacGregor,
viejo Rector de la Universidad Católica; el doctor
Fernando Cabieses; el doctor Diego García Sayán,
hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH); el doctor Rodríguez Rabanal, hoy asesor
del Presidente de la República. Ellos, y otros,
durante un año, infructuosamente, fueron a las
cárceles, buscaron contactos. Personalmente participé con
el gran Cardenal Juan Landázuri en intentar tender
puentes, a través de la Iglesia, con personas
que se decían de importancia y rango en SL. Durante
todo un año, y en reuniones semanales y quincenales,
pude escuchar lo infructuoso del trabajo y el desánimo,
a veces, de la Comisión. Les quiero rendir un
homenaje porque ellos intentaron hacer aquello que de
otra manera no hubiera podido hacerse: buscar el diálogo,
entender de qué se trataba.
Y ésa fue la primera medida operativa antes de
seguir utilizando las armas. Porque lo segundo fue, yo
les he contado a los señores Comisionados; cuando
recién llegado a la Presidencia, recibía
yo unos informes cada mañana y al leerlos veía
que una patrulla había encontrado dos “terroristas
comunistas” huyendo y que habían sido abatidos.
Mi primera preocupación fue qué arma se
capturó, qué circunstancia concreta de
que hubieran sido “terroristas comunistas”,
como se usaba entonces decir. Entonces, convoqué al
Consejo de Defensa Nacional y en él, discutimos
con todos los altos mandos y me explicaron que había
60 patrullas diarias. Yo dije: “Cuidado, vamos
a suspender por treinta días estas patrullas,
porque un cambio de gobierno supone también un
cambio de estrategia y, antes de saber exactamente qué estamos
haciendo, suspenda, por favor, estas patrullas”.
Y durante treinta días fueron suspendidas, como
ustedes lo habrán constatado, de las Actas del
Consejo de Defensa. Y cuando se reanudaron las patrullas
y se cometió el asesinato de los campesinos de
Acomarca, yo sentí que eso era también
una infamia en contra del régimen, del régimen
democrático del Perú que debía cambiar.
Procedimos, y no porque esos señores oficiales
fueran responsables de nada, y su honor está a
salvo, a destituir al Presidente del Comando Conjunto,
al General Jefe de la Segunda Región Militar,
al Jefe Político-Militar de Ayacucho, al Jefe
del Cuartel de Los Cabitos y toda la línea de
oficialidad hasta llegar a la culpabilidad de Acomarca.
Para demostrar al mundo que el Gobierno actuaba en defensa
de los derechos humanos y que tenían que cambiar
las formas.
De manera que, en el plano operativo, la
Comisión
de Paz y la búsqueda del diálogo, infructuosa
pero tenazmente, por estos intelectuales y hombres de
buena fe que formaron la Comisión; y el buscar
minimizar, a pesar de las operaciones necesarias, cualquier
error o exceso caracterizaron la voluntad del Gobierno
desde 1985. En esa línea comprendimos también,
también para información de los más
jóvenes del Perú, que era importante involucrar
al pueblo en su lugar de residencia; y, durante mi gobierno,
fue dada la Ley de las Rondas Campesinas para facultar
y reconocer el derecho de autodefensa de los pueblos.
Supimos
que en su división estanca, las Fuerzas
Policiales que entonces existían, y que eran tres,
no podían actuar con eficacia ni intercambiar
su inteligencia, cosa que no hacían. La inteligencia,
entonces, era para vigilarse unos a otros, para ver su
cercanía o no al poder. Y dijimos: “Esto
tiene que terminar, unifiquemos las Fuerzas Policiales”,
proceso que terminó en la creación de la
Policía Nacional que hasta ahora subsiste y que
es, evidentemente, un mérito de ese régimen.
También logramos la unificación de las
tres fuerzas en un solo ministerio, el Ministerio de
Defensa; y, como consecuencia de esas dos unificaciones,
se unificó todos los Servicios de Inteligencia
para que brindaran información al Servicio Nacional
de Inteligencia de entonces. Si eso se cumplió con
eficacia o no, toca a los historiadores saberlo, pero
todos estos procedimientos operativos son los que nosotros
intentamos poner en marcha para darle más inteligencia
al Estado en la lucha frente a este enemigo desconocido.
No debemos olvidar que en 1986 invitamos al célebre
juez Impossimato, que había establecido los famosos “Tribunales
sin rostro” para terminar con la amenaza de las
Brigadas Rojas en Italia, con un resultado eficaz. Y
lo invitamos y propusimos una ley que fue aprobada y
creó la posibilidad de que hubiera tribunales
civiles sin rostro para juzgar a los terroristas sin
la amenaza que entonces sufrían los jueces. Esa
ley fue aprobada, pero lamentablemente, y dentro de la
democracia, el Poder Judicial no la usó porque,
entonces, consideró públicamente que tribunales
sin rostro vulneraban la majestad del Poder Judicial.
Cuánto hubiéramos avanzado si se hubiera
aplicado esa ley que era inteligente.
Finalmente, y entre
otros temas, se creó el Grupo
Especial de Inteligencia, por mi gobierno, porque era
una labor de inteligencia. Y ese Grupo Especial de Inteligencia,
con las mismas personas que lo compusieron originalmente,
terminó capturando, dos años después,
a Abimael Guzmán. Se me ha preguntado qué hizo
el gobierno del PAP. Intento hacer lo más posible
por los pobres del Perú e intentó hacer
más inteligente el combate frente a la delincuencia
subversiva.
Hay dos percepciones siempre. La percepción de
lo que yo diría, sin ambages, la derecha, que
reprochaba entonces y después al gobierno aprista
que no actuó con energía. Nosotros no somos
ni Alberto Fujimori ni Vladimiro Montesinos; nosotros
no actuamos violentando la democracia ni los derechos
humanos. Qué fácil hubiera sido hacer lo
mismo que en La Cantuta o violentar todas las universidades
y cerrarlas, o hacer mitimaes por las provincias donde
hubiera más penetración senderista. Se
nos reprochó como debilidad mantenernos dentro
de la democracia; se nos reprochó como debilidad
que en cada ocasión en la que hubiera un exceso,
fuéramos nosotros los que saliéramos a
decirlo. ¿Por qué lo tiene que decir el
adversario si uno tiene la obligación de decirlo?
Actuamos en Acomarca; y cuando ocurrió la tragedia
del asesinato masivo, en 1986, en Lurigancho, me tocó a
mí, después ir a verificar in situ de qué manera
habían ejecutado a prisioneros rendidos; decirlo
ante el mundo, no sólo ante el país. Se
nos reprochó debilidad por parte de quienes estaban
ya alimentando la idea de que solamente mediante el aplastamiento
total de la democracia se podía combatir a SL.
Y eso no era cierto, y no era cierto porque en su mejor
momento, para usar un término, los terroristas
tenían quizás diez mil personas vinculadas
a su acción. Y en 1990, por declaración
de los propios Jefes del SIN, apenas eran 800 o 900.
La democracia sí puede, pero con trabajo, con
paciencia, con lentitud porque tiene que combatir, pero
al mismo tiempo, respetar lo más posible todas
las leyes. Qué fácil hubiera sido cerrar
el diario de Marka. Usted se imagina, señor, en
medio de los asesinatos. Yo he estado sentado en Palacio
de Gobierno un día y de pronto una explosión
me devuelve a la realidad; y cuando voy a ver, hay nueve
miembros de la escolta presidencial despedazados en las
calles de Lima. Eso era SL. ¿Y quién sacaba
al día siguiente un titular diciendo que habían
sido sancionados en una acción del Partido? El
diario de Marka. Pero, entonces, ni el Parlamento, ni
los jueces, ni los fiscales se atrevían a actuar
frente a ese delito de incitación y de apología
porque decían que la libertad era así.
Debilidades de la democracia que deben ser, y eso es
parte de las conclusiones para más adelante, corregidas
por si en algún momento insurgiera de nuevo algo
como lo que entonces vivimos.
Y la otra percepción, si la derecha nos decía
débiles, fue “represivos”. Desde el
punto de vista de una Izquierda, yo diría, utopista
o facilista que decía: “Se reprime con exageración
al pueblo”. Reprimir con exageración al
pueblo es hacer lo que hizo SL con las comunidades campesinas,
lo que hizo Pol Pot en Camboya; reprimir con exageración
hubiera multiplicado cada una de las 60 patrullas diarias,
hubiera dado al país un saldo de cientos de miles
de muertos. El Estado actuó de manera sistemática
y aprendiendo cada vez más. Fue un largo aprendizaje
de diez años lo que permitió que el mismo
grupo creado en la democracia, el Grupo Especial de Inteligencia,
capturara a Abimael Guzmán. Y todos saben que
por la acción del Estado, paulatina pero constante,
SL había sido casi diezmado; y no lo digo yo,
señor, sino un miembro de la CVR, que es un importante
e inteligente estudioso de la historia de SL quien ha
dicho en alguna entrevista que en 1989 SL estaba ya derrotado
socialmente. Esto es lo importante, en democracia sí se
puede derrotar. Lo que ocurre es que quienes habían
preparado el conculcamiento de todas las libertades y
la imposición de una dictadura sobre el país,
estoy seguro de que, pudiendo detener a Abimael Guzmán
meses antes, guardaron esa posibilidad y ese secreto
para hacerlo como justificación de su golpe de
Estado en 1992. Si en marzo de 1990, Abimael Guzmán
fue casi capturado por el Grupo Especial de Inteligencia;
y a partir de las dos casas que se golpearon, como se
dice policialmente, se siguió el hilo hasta llegar
a Abimael Guzmán, tiempo después; yo estoy
convencido, y lo afirmo, que desde meses antes de la
captura ya se conocía exactamente dónde
estaba. Lo que pasa es que se dejó ese secreto
y esa acción para manipular psicosocialmente al
pueblo y justificar, a posteriori, el golpe de Estado;
diciendo que la democracia es débil, que la democracia
no es capaz de actuar.
Pero yo vengo a decir aquí que los dos gobiernos
democráticos actuaron con el heroísmo de
sus funcionarios, de sus prefectos, de sus alcaldes,
de sus presidentes de corporaciones, de sus diputados
que también fueron víctimas; que la Fuerza
Armada y las Fuerzas Policiales se entregaron a esta
lucha a cambio de salarios bajísimos y que de
esta lucha e inteligencia, construida poco a poco, SL
y el MRTA, habían sido sustancialmente derrotados
al terminar el segundo gobierno democrático y
sólo quedaba, como he dicho, cosechar los frutos
de ese largo trabajo capturando a Abimael Guzmán.
Esto es, señores Comisionados, señor Presidente,
lo que podría decir en nombre del APRA. Mil disculpas
porque hable por vehemencia y con vehemencia, pero creo
que, realmente, lo que ha vivido el Perú es una
inmensa amenaza. Creo que ha habido errores, ha habido
excesos, evidentemente señores, pero al origen
de esos excesos estuvo el desencadenamiento de una guerra
y de un fragor para el cual, como he dicho, el Estado
se había ido preparando poco a poco y, entre tanto,
cometió errores y excesos. Cuando ustedes juzguen
estos excesos, yo les pido que sean magnánimos
en el análisis, magnánimos en el saber
que un Teniente, que un Capitán que recorre durante
meses una serranía, puede caer a veces en precipitación.
Pero lo hace exponiendo su vida, lo hace trabajando;
no desde un bufete abogadil, no desde una curul; lo hace
allí y trabajando por un salario mísero.
Al defender otra vez a los gobiernos democráticos
y su acción eficaz, el heroísmo de los
funcionarios de la Fuerza Armada y de las Fuerzas Policiales,
le reitero, señor, que ese trabajo salvó a
nuestra patria de algo espantoso y que nos hubiera puesto,
como han dicho muchas corporaciones de inteligencia transnacionales,
como el “tercer genocidio que se hubiera producido
en el siglo veinte”. Le agradezco mucho la ocasión
de decir la verdad y de permitir que me acompañen
los hijos, huérfanos entonces y hoy jóvenes,
que estoy seguro, por la memoria de sus padres, saben
que frente al terrorismo sólo hay una (sic) palabra:
autoridad, firmeza. Sólo hay democracia con las
leyes, y la fuerza es para impedir que se repita lo que
entonces vivimos. Muchas gracias.
Salomón Lerner Febres:
Gracias a usted, doctor
García. La CVR aprecia altamente sus puntos de
vista luego de haber escuchado con atención; el
país también lo ha hecho. Sin embargo,
queda claro, como lo hemos expresado en un inicio, que
las conclusiones y recomendaciones y, en general, los
puntos de vista de la CVR, serán expresados en
el Informe Final.
Como ya ha sido indicado y se ha conversado,
pasamos a la segunda y última parte de esta sesión.
Y allí, invitamos, al doctor García a presentar
su visión de las perspectivas que existen para
el país a partir del balance que ha efectuado
Para ello le señalamos, como líneas de
reflexión, tres temas.
5.El relativo a las secuelas
del conflicto, a las víctimas,
a las responsabilidades de reparar, por parte
del Estado y la sociedad, a quienes sufrieron de esta
violencia.
6.¿Cuáles son las posibilidades de que,
en la hora presente, pueda repetirse un conflicto como
el que nosotros padecimos? Y, en todo caso, ¿cuál
sería el modo de prevenirlo?
7.Quisiéramos contar con su pronunciamiento sobre
la pertinencia de la reconciliación nacional y
cómo alcanzarla a partir de la verdad y de
la justicia. Alan
García Pérez:
Comprendo
haber excedido con largueza el tiempo que me concedió para mi
primera intervención; seré breve en esta
segunda, en homenaje a sus trabajos. Reitero y sintetizo
que el Perú se salvó de un genocidio y
un exterminio polpotista gracias a la acción decidida
de los gobiernos democráticos de entre 1980 y
1990; y que la lección fundamental es que el Estado
debe estar preparado con inteligencia para todas las
hipótesis de curso histórico que puedan
presentarse, para no perder el tiempo en prepararse
ante eso.
Creo que la CVR nació, y yo lo entendí así,
señor; como una amenaza directa al PAP, con toda
honestidad y sinceridad lo digo; pero le digo también,
con la misma transparencia, que he ido cambiando mi punto
de vista. De las conversaciones que hemos tenido, he
ido comprendiendo que nuestros puntos de vista pueden
disentir, pero hasta donde yo entiendo, y quisiera, no
he visto mala fe, no he visto obsesión persecutoria
en los miembros de la CVR. Creo que la CVR tiene una
enorme responsabilidad, y por eso he venido. Y es enorme
su responsabilidad porque de su trabajo debe nacer, lo
que usted ha llamado, una suerte de reconciliación;
en el sentido, primero, de reivindicar a las víctimas
del terrorismo que murieron cumpliendo su deber de funcionarios,
su deber de hombres y mujeres de la Fuerza Armada y las
Fuerzas Policiales. Creo que la CVR tiene un dificilísimo
papel, Presidente, porque tiene que escarbar la verdad
de los hechos, tiene que dársela a las muchas
víctimas que en el fragor de esa lucha y sin ser
actores de esa lucha pudieron sufrir sus consecuencias:
morir, ser heridos, quedar huérfanos. Tiene que
hacerlo porque, finalmente, por criminal que se sea,
uno es un ser humano y tiene derechos. Del rescate de
cada uno de esos derechos, de la necesaria indemnización
que tiene que hacerse a cada uno de los que perdió algo
en este dramatismo, hay una línea dificilísima
de la que pueden aprovecharse, si quedan, los enemigos
de la democracia, del pueblo y del Estado; para proclamarse
víctimas también y presentar al Estado
democrático como un Estado genocida, represivo,
victimario, y así concluir, entonces, a posteriori
y forzadamente: “Quienes tuvieron razón
fuimos nosotros”. Creo que eso, Presidente, es
un dificilísimo trabajo para la CVR, y no envidio
la circunstancia en que la CVR está, porque cualquier
expresión puede ser utilizada por unos o por otros;
como aquélla que he preferido no comentar, pero
que reconoce que era un grupo ideologizado y ajeno a
los campesinos de los Andes de Ayacucho, con objetivos
concretos y planes y programas, el que motivó y
organizó todo esto. Entiendo que es a eso que
se ha referido la Comisionada. Y veo, por eso, difícil
el trabajo; porque cualquier conclusión puede
terminar victimizando a SL si es que, con la habilidad
y la inteligencia que tienen los Comisionados, no saben,
directamente, ubicar los temas.
Se me pregunta si podría resurgir en el Perú este
tipo de violencia. Nunca hay que decir nunca, señores
Comisionados. La aparición en Ayacucho y el asalto
al campamento del Techint me parece demasiado coincidente
con estas audiencias. Yo sí creo que ha sido premeditado,
como todo lo que hizo SL a lo largo de su existencia;
ha sido premeditado para echar lodo sobre la CVR; ha
sido premeditado para coincidir con la no-aparición
de uno de los protagonistas y actores del crimen, ni
siquiera a través de un video. Podría uno
decir que después de la caída del Muro
de Berlín, de la globalización es muy difícil
pensar en estas ideologías mesiánico-fanáticas-utopistas-homicidas,
que no se puede repetir el caso de Pol Pot, ahora, en
el Perú, como pudo repetirse en los años
comprendidos entre 1985 y 1990, pero creo que sería
realmente aventurado decir que eso no puede ocurrir.
Bajo la cercana tutela de Europa, los tutsis y hutus
se mataron por millones en el África, en países
que no han dejado de ser tutelados cercanamente por fuerzas
francesas, italianas; y todo eso ocurrió allí,
de manera que sería aventurado decir que no.
Lo
que yo puedo decir es qué hacer para no ocurra
otra vez. Lo primero es, y en eso tiene enorme importancia
lo que concluya esta Comisión y las reflexiones
a las que impulse a la población nacional, aprovechar
las lecciones del trabajo estatal y democrático
del pasado para que no perdamos otra vez tiempo, para
que no califiquemos lo que es, evidentemente, fanatismo
y homicidio de otra manera y para que actuemos con energía
y de inmediato. Porque, finalmente, es más lo
que va a sufrir el pueblo si el Estado no se moviliza
activamente. Y creo que en eso, y es importante decirlo,
sí tenemos que estar unidos todos los peruanos.
Ha sido tal la dimensión y tal la amenaza de polpotismo
en el Perú y la destrucción de 20 mil millones
de dólares y 1 millón 200 mil empleos,
que no queda nada que hacer si es que insurgiera nuevamente
esta amenaza. Estoy en muchas cosas en desacuerdo con
Alejandro Toledo y su Gobierno, pero cualquier cosa,
personalmente, que se nos pida para combatir el resurgimiento
del terrorismo tendrá el apoyo absoluto, sin regateos,
sin trastiendas, del PAP y de quien habla. Es imprescindible
que todos, sin buscar explicaciones que puedan retardar
las acciones, estemos detrás del Gobierno, que
finalmente es el titular de la acción, para impedir
cualquier resquicio, cualquier posibilidad de que vuelva
esta pesadilla de odios y de crímenes que genera,
como ustedes han visto también, excesos dramáticos.
Yo creo que la reconciliación no pasa por reconciliarse
con este pequeño grupo o los supérstites
y los que quedan de ese grupo homicida. Los jóvenes,
que fueron huérfanos cuando niños, como
miles de peruanos, de apristas, de policías, de
soldados, de marinos, de aviadores, de funcionarios de
otros gobiernos, pueden perdonar y sacar de su alma cualquier
rencor, cualquier odio. Deben hacerlo, pero el país,
como continuidad histórica, no podrá perdonar.
Y, sin embargo, el país tiene que reconciliarse,
pero, ¿con quién, señor? No es reconciliarse
sacando de sus celdas a personajes que deben ser sancionados
y cumplir sus sentencias, sino reconciliarse con aquellos
que ellos quisieron utilizar como instrumento y arma
contra el Perú y contra sí mismos, es decir,
con el Perú marginal, con el Perú excluido.
La reconciliación de la que hablo es la reconciliación
entre el Perú moderno, financiero, minero del
oro, el del alto funcionariado, el Perú limeño
conectado al mercado mundial y al inglés; con
el Perú profundo, excluido, marginal, campesino,
el Perú comunero que, a pesar de la globalización,
y a pesar de, lo que se dice, el crecimiento económico
sigue en las mismas condiciones en los Andes, despoblándose
paulatinamente. La reconciliación verdadera es
la reconciliación entre estos dos sectores de
nuestra propia patria; y esa reconciliación exige.
Yo creo que en eso la CVR también tiene el derecho
de formular cuestiones y sugerencias, no sólo
sobre lo que pasó, sino sobre qué hacer
concretamente en los planos económico y político.
Y yo digo que esto que está, por ejemplo, en
estos momentos, en el tablero político, en discusión: ¿Cómo
democratizar el interior del Estado, para comenzar por
el Estado mismo, entre los 10 mil funcionarios, que pueden
ganar más de 10 mil y hasta 40 mil o más
soles con [frente a] la enorme masa, diré proletaria,
del funcionariado público, la infantería,
a la cual se deja en 600 y 700 soles? ¿Cómo
dar un salto moral y transformar el Estado en sí mismo
en una forma de reconciliar la sociedad? ¿Cómo
hacer comprender a los grandes sectores que han puesto
como condición para invertir dinero no pagar impuestos? ¿Cómo
hacerlos comprender que del pago de sus impuestos y de
su buen uso moral, depende la reconciliación nacional?
Porque transformándose internamente el Estado,
no será suficiente si no tiene más recursos,
nacidos de la informalidad que evade, nacidos y originados
en un mayor aporte de quienes, a pesar de la crisis nacional,
han tenido importantes ganancias en los últimos
años. Yo, cuando veo, señores Comisionados,
los balances de algunas empresas que han tenido, en los últimos
años, crecimientos exorbitantes en sus utilidades,
en sus reinversiones producidas por la propia ganancia;
cuando veo sectores de servicios y financieros que tienen
utilidades, mientras el conjunto del país sigue
expectante y viendo que no gotea hacia ellos esa utilidad
o esa inversión, digo que el país no se
reconciliará si es que no convencemos cristianamente
a los primeros de entregar más para reconciliar
el país.
No veo como inmediato y sí peligrosísimo
que surgiera algo como lo que se comenzó a vivir
desde 1980, 1983, 1985; pero, nunca hay que cerrar la
posibilidad de ello vuelva a ocurrir. Lo primero es no
traer la cura de las medidas sociales con tardanza, como
quisimos hacerlo nosotros cuando ya estaba degenerado
y emprendido este camino dramático, sino hacerlo
desde ahora. Transformar el Estado internamente, transformar
la relación del Estado con el capital para que
el capital comprenda que necesita un Estado fuerte y
social que le permita el largo plazo de su inversión.
Fortalecer las regiones, que es la mejor manera de reconciliarse
con el país excluido al cual utilizaron las fuerzas
homicidas. Y eso supone, de hecho, y aquí está el
Presidente de la Región de Ayacucho, hacer un
esfuerzo audaz de recursos, de atribuciones a las regiones
y creo que ese es el papel revolucionario que debiera
cumplir el Gobierno.
Finalmente, y esta es mi convicción personal,
para reconciliar el país tenemos que ir a una
política agraria definida, agresiva y enérgica. ¿Cómo
podemos reconciliar nuestra patria con los comuneros,
los provincianos, la gente de los distritos agrarios
más pobres, sino tenemos recursos de crédito
ni de asistencia técnica para ellos? El conjunto
de estas medidas es la profunda reconciliación
social, de justicia que debe tener nuestra patria. Si
llegamos a ser una patria más homogénea,
más respetuosa, menos racista, entonces sí tendremos
una reconciliación, o por lo menos habremos puesto
un muro ante cualquiera que intente volver a empujar
a las masas desposeídas a armarse o a resistir
al Estado. Creo que ésa es la profunda reconciliación
que el Perú está esperando y es la que
nosotros tenemos que hacer entender a quienes, no por
su culpa, por la circunstancia, tienen mayores posibilidades,
pero deben comprender que tienen que dar más para
que todo el Perú pueda vivir sin amenaza. Muchas
gracias, señor Presidente.
Salomón Lerner
Febres:
Muchas gracias, doctor
García. Señores invitados, periodistas,
damas y caballeros. La CVR agradece la participación
del doctor Alan García Pérez quien, en
representación del PAP, nos ha ofrecido su balance
de lo ocurrido, además de una reflexión
sobre las perspectivas de futuro para nuestra patria.
En su Informe Final, la CVR va a presentar sus conclusiones
y recomendaciones. No obstante, quiere destacar la importancia
de esta sesión y su confianza en que el proceso
de verdad, justicia, reparación y reconciliación;
finalmente encuentre, en todos los sectores, públicos
y privados, en el Estado y en la sociedad, apoyo y participación
activa. Antes de dar por clausurada esta sesión
quisiera ceder el uso de la palabra al Comisionado Rolando
Ames, quien tiene información que brindarles.
Rolando Ames:
Gracias, Presidente. Queremos informar
a los asistentes, a la prensa, al país sobre la
siguientes Sesiones Institucionales que estaban previstas.
Hemos tenido a cuatro sectores políticos. Estaba
previsto tener esta tarde a representantes de los partidos
Cambio 90 y Nueva Mayoría; incluso se cursó una
carta al ingeniero Fujimori para que él señalara
su representante, el medio más adecuado porque,
justamente, sentimos que es nuestra tarea escuchar todas
las voces. Sin embargo, los representantes en Lima nos
han contestado por escrito de manera negativa y no estarán
presentes esta tarde.
El día de mañana, la invitación
correspondía a las Fuerzas Armadas en la mañana
y a la Policía Nacional en la tarde. Tenemos en
nuestro poder una carta del Ministro Aurelio Loret de
Mola dirigida al Presidente de la CVR, respondiendo a
nuestra invitación, en la que se señala,
y voy a leer literalmente algunas líneas: “...
es que por la situación de emergencia, tanto el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como cada institución
en particular, vienen desplazando a sus Altos Oficiales
por todo el país para cumplir las funciones inherentes
a su cargo y asegurar el estricto cumplimiento de la
Constitución Política del Estado y las
normas aplicables para tal situación. El encargo
de esta tarea implica la conjunción de todos los
esfuerzos del sector a fin de restablecer el orden interno.
Ello, entre otros factores, lamentablemente, no permite
que participemos en un espacio público como el
sugerido…”. Y añade: “... Tanto
el Ministerio de Defensa como el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas hemos (sic) venido colaborando activamente
con la Comisión que usted preside, a través
de sucesivas reuniones y de facilidades explícitas
en lo que respecta a la documentación solicitada.
Coincidimos, por ello, en que este trabajo conjunto permite
una reflexión, también conjunta, sobre
el conocimiento de la verdad y, fundamentalmente, acerca
de las perspectivas de futuro en un escenario de reconciliación
y de unidad nacional...”.
Queríamos que el país conozca los términos
de esta carta que significa entonces que la Audiencia
o la Sesión Institucional con la Fuerza Armada
y, evidentemente, entendemos que esto es también
válido para la Policía Nacional, quedan
por programarse en una nueva fecha. Nosotros avisaremos
de eso oportunamente.
Finalmente, quisiera agradecer,
a nombre de la CVR, la disposición del ingeniero Máximo San
Román, Vicepresidente Constitucional de la República
durante primer el período del gobierno del ingeniero
Fujimori, antes del autogolpe del 5 de abril de 1992;
y del doctor Alfonso de los Heros, Presidente del Consejo
de Ministros, para hacerse ellos presentes en una sesión
especial. En ese momento que esperamos concretar más
adelante, podremos estar con ellos para que nos ofrezcan
su testimonio. Eso es todo señor Presidente, gracias.
Salomón Lerner Febres:
Gracias, señor
Comisionado. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes.
Se declara levantada la sesión del día
de hoy
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