Discursos
en ceremonias y otros
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ANTE LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL EN EL PERÚ
Reunión en Lima
Señoras y señores:
Deseo comenzar estas palabras expresándoles nuestro
más sincero agradecimiento por el generoso apoyo que
han brindado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación
durante estos dos años de trabajo. El respaldo que
ustedes nos han dado en estos meses ha sido decisivo no solamente
en el estricto sentido material, financiero o técnico,
sino también, en igual medida, en un sentido moral:
nos ha servido de aliento y nos ha provisto de una inapreciable
confianza para encarar una tarea que desde el inicio previmos
que sería muy dura y exigente.
Queremos, hoy, a título de retribución, si bien
parcial y muy insuficiente, informarles sobre el trabajo que
hemos realizado, sobre los resultados que vamos a entregar
a la Nación peruana y a la comunidad mundial y sobre
nuestras esperanzas para el futuro. Lo hacemos no solamente
agradecidos, como he dicho ya, sino también, abusando
de la generosidad de ustedes, con la expectativa de que seguirán
acompañando al Perú en el cumplimiento de las
tareas que dejará señaladas el Informe Final
de la Comisión, que será, en rigor, no un punto
de llegada y de cierre, sino un punto de partida hacia un
futuro que, esperamos, ha de ser mejor para todos los peruanos.
Objetivos y actividades
Los objetivos asignados legalmente a la Comisión de
la Verdad y Reconciliación del Perú son muy
amplios: investigar los crímenes y violaciones de los
derechos humanos cometidos entre los años 1980 y 2000
en el contexto del conflicto armado interno, contribuir a
la acción de la justicia en relación con dichos
crímenes, señalar los factores que hicieron
posible la violencia, proponer al Estado peruano medidas de
reparación de daños a las víctimas, plantear
reformas institucionales para enfrentar las causas y las secuelas
de la violencia, e iniciar un proceso de reconciliación.
Organizamos nuestro trabajo alrededor de una convicción
y una actividad centrales: esta comisión ha estado
centrada en la atención a las víctimas y, por
tanto, su investigación ha descansado principalmente
sobre el recojo de testimonios. Hemos recabado cerca de 18
mil testimonios de crímenes y violaciones de derechos
humanos, que se encuentran en la fase final de procesamiento
informático.
Esa valiosa información es interpretada en una perspectiva
multidisciplinaria. La analizamos desde un punto de vista
jurídico, a la luz del derecho penal peruano y del
Derecho Internacional Humanitario, para establecer la ocurrencia
de patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos
atribuibles tanto a las organizaciones subversivas como a
las fuerzas de seguridad del Estado. El enfoque jurídico
nos sirve también para establecer responsabilidades
individuales que deben dar lugar a procesos penales en los
órganos correspondientes.
Por otro lado, la Comisión ha desarrollado investigaciones
de reconstrucción histórica y de interpretación
científico-social que nos permiten, siempre a la luz
de esos testimonios y otras fuentes directas, hacer comprensible
el proceso en el contexto social y político del Perú
contemporáneo.
Esas investigaciones se han complementado con un largo ciclo
de conversaciones con los actores directos del conflicto,
siempre con el objetivo de reconstruir los hechos recogiendo
la palabra directa de los involucrados para someterla a análisis
y corroboración. Así, la Comisión ha
sostenido conversaciones con los altos mandos de las fuerzas
armadas y de la policía nacional sobre su participación
en el proceso de violencia. Se ha conversado con los mandos
actuales y también con varios oficiales retirados que
fueron altos jefes militares en la época de la violencia.
De igual manera, hemos sostenido diálogos con los principales
líderes de las organizaciones subversivas, hoy recluidos
en centros penales de alta seguridad, así como con
otros líderes importantes, aunque de menor rango, igualmente
presos.
Lecciones históricas
La Comisión de la Verdad y Reconciliación expondrá
el resultado de todas estas investigaciones en un informe
final, que será presentado el 28 de agosto de este
año. Entendemos este informe como una contribución
sustancial a la restauración de la justicia en el Perú
al menos en tres grandes sentidos: en primer lugar, hacer
conocer la verdad es una forma de desagravio y de reparación
moral a las víctimas, que en su mayoría pertenecen
a los estratos sociales más postergados en la sociedad
peruana; en segundo lugar, esa verdad debe abrir paso a la
justicia penal y la consiguiente sanción a los culpables;
en tercer lugar, nuestra investigación debe dar lugar
a medidas de reparación de daños para quienes
fueron víctimas de la violencia. Esas reparaciones
serán de carácter material y simbólico
y de aplicación individual y colectiva. Creemos que
esa es la única forma de atender a la complejidad de
los daños dejados por la violencia.
Más allá de los hallazgos y propuestas específicos,
la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha
llegado a conclusiones de carácter general sobre las
características de la sociedad peruana que hicieron
factible el proceso que investigamos. Es en esta dimensión
– de evaluación y crítica de la organización
social y política del Perú – donde encontramos
que el trabajo de la Comisión y el cumplimiento de
sus recomendaciones tiene una importancia crucial para la
consolidación de una democracia verdadera y sobre todo
perdurable.
La Comisión señalará de qué manera
la violencia y el carácter que ésta tuvo obedeció
en una medida significativa a las insuficiencias del desarrollo
político peruano. El elemento originario de esas insuficiencias
se encuentra en el tema de la ciudadanía. En el Perú,
la condición de ciudadano, entendida como la posesión
de derechos civiles, políticos y sociales, y la capacidad
de ejercerlos efectivamente, no es una situación generalizada,
sino privilegio de un sector reducido de la población.
Entendemos que esa gran vacío se encuentra, también,
en el origen de las continuas frustraciones democráticas
del Perú. Con una población poco favorecida
por la existencia del Estado de Derecho, puesto que éste,
de existir, sólo favorece a una minoría, es
comprensible que la democracia en nuestro país sea
frágil y resulte vulnerable a proyectos autoritarios.
Sostendremos, por tanto, que es urgente llevar adelante vigorosas
políticas de desarrollo ciudadano. Esperamos, para
ello, contar con el compromiso del Estado y de los diversos
sectores de la sociedad civil. Al mismo tiempo, deseamos que
la comunidad internacional oriente en una medida importante
su cooperación con el Perú a proyectos que tengan
como fin directo o indirecto la promoción, la difusión
y el fortalecimiento de la ciudadanía.
Reformas institucionales
Esto supone, en un sentido más directo, un arduo
trabajo de desarrollo institucional, que debe empezar por
una reforma del Estado que lo haga más democrático,
más inclusivo de los sectores postergados y más
accesible a las demandas organizadas de la población.
En nuestro estudio de la violencia, encontramos que la ausencia
del Estado en muchas zonas del territorio nacional, o su presencia
exclusivamente bajo formas represivas, significó un
trágico vacío en el que la subversión
pudo ganar terreno. Al mismo tiempo, las respuestas de las
fuerzas del orden resultaron en graves violaciones de los
derechos básicos por la débil presencia y acción
de las autoridades civiles y judiciales. En conjunto, hablamos
de un Estado precario, que no pudo defender con eficacia y
legalidad el orden democrático.
El pasado régimen autoritario puso en práctica
las reformas económicas estructurales destinadas a
instaurar una economía de mercado en el Perú.
No realizó, sin embargo, las reformas institucionales
necesarias para tener un Estado democrático. Ellas
son una tarea pendiente en el Perú de hoy.
Hablamos, principalmente, de una verdadera reforma del Poder
Judicial que lo haga eficaz y rápido, pero al mismo
tiempo independiente y accesible a la población. Se
debe tener presente que los grandes abusos contra los derechos
humanos ocurridos entre 1980 y 2000 fueron posibles por la
falta de un sistema judicial que constituyera garantía
suficiente para los ciudadanos.
Asimismo, es urgente que se lleven a cabo reformas profundas
de las instituciones del Estado encargadas de sostener el
orden interno. Como se ha visto en otros países de
América Latina, también en el Perú la
policía y las fuerzas armadas precisan, todavía,
asumirse como órganos subordinados al poder civil y
al servicio de la ciudadanía, e incorporar de manera
activa una cultura de respeto a los derechos humanos y de
tratamiento igualitario a la población.
De igual manera, es preciso que se lleve adelante en el Perú
una reforma del sistema político. Actualmente, se está
realizando un nuevo debate constitucional. En ese debate se
discute, entre otros elementos, el diseño de los mecanismos
de representación, y por tanto, de constitución
del poder civil y democrático. Sostenemos que el diseño
constitucional del sistema político será beneficioso
para nuestra democracia únicamente si va a acompañado
de una profunda reforma del sistema de partidos políticos,
que, pese a su importancia central, constituye hoy uno de
los eslabones más débiles en la cadena de la
restauración democrática.
En el Perú no existe hoy en día un sistema de
partidos en sentido estricto. Después de la disolución
del anterior sistema, hace ya más de una década,
no se ha vuelto a constituir un esquema de representación
política con ofrecimientos ideológicos y programáticos
claros, liderazgos estables sustentados en un elecciones internas,
y equipos profesionales aptos para el manejo competente y
honesto de la cosa pública. Sostenemos que una organización
de la vida política de manera institucional, ordenada,
capaz de procesar las demandas de la población y con
mecanismos de rendición de cuentas, es indispensable
para evitar un nuevo quiebre del sistema de representación.
El sistema educativo
Deseo mencionar, por último, un tema de importancia
fundamental en nuestro análisis del proceso de violencia
y crucial para el futuro político, social y económico
del Perú: me refiero al sistema de educación.
La Comisión ha encontrado que el desarrollo de la subversión
fue en gran medida posible por los vacíos en el sistema
de instrucción pública, que las organizaciones
alzadas en armas aprovecharon para extender su prédica
y reclutar adherentes. Esto ocurrió tanto en la educación
escolar como en la educación universitaria. Aunque
no fue una situación generalizada, si sucedió
en una medida preocupante, que no cabe desconocer.
La educación pública en el Perú se encontraba
entonces, y se encuentra todavía, en una situación
de muy grave precariedad material y padece, también,
un significativo descenso de su calidad. De otro lado, es
impresionante la frecuencia con la cual las víctimas
entrevistadas por la Comisión, reclaman, a manera de
resarcimiento, mejores oportunidades de educación para
sus hijos. La educación es percibida en el Perú,
como en la mayoría de los países de la región,
como la principal vía de ascenso social por la mayoría
de la población pobre y marginada. La educación
es, asimismo, y con más razón en el mundo de
hoy, la principal herramienta para el desarrollo de nuestras
naciones.
Urge, pues, por razones de justicia, por razones de prevención
de la violencia, y en una perspectiva de desarrollo humano,
llevar a cabo una reforma de la educación a gran escala.
Para la Comisión, este es un tema central en sus recomendaciones
y, así lo creemos, resulta esencial para el futuro
de nuestra democracia.
Compromisos, alianzas, apoyos
La Comisión dejará, en su informe final, recomendaciones
precisas sobre los puntos que acabo de mencionar, y sobre
otros de parecida importancia. Ella, sin embargo, concluye
su trabajo en el mes de agosto, y es, por tanto, tarea y responsabilidad
del Estado y de la sociedad civil poner en práctica
tales propuestas, además de las otras recomendaciones
ya señaladas relativas a reparaciones y administración
de justicia penal.
Para que esto se realice, es preciso el compromiso de un amplio
número de instituciones y organizaciones estatales
y civiles, políticas y de otra naturaleza. Los funcionarios
del gobierno, los partidos políticos, las organizaciones
de los sectores involucrados tienen un papel que cumplir.
La Comisión ha venido sosteniendo reuniones con esos
actores políticos y sociales. Se busca, de parte de
ellos, sensibilidad frente los hechos que expondremos, y a
partir de ello, un serio compromiso con nuestras propuestas.
De la misma manera, necesitamos y esperamos el compromiso
de gobiernos e instituciones foráneas dedicados a la
promoción de la democracia, la paz y el desarrollo
en América Latina.
Solicitamos de ustedes, amigos, una viva atención al
informe final que presentaremos en un plazo muy breve y la
incorporación de los temas y propuestas que ahí
se expondrán en sus agendas de trabajo relativas al
Perú.
Precisamos, en primer lugar, que nos acompañen en el
difícil proceso de persuasión a las autoridades
peruanas y a los diferentes sectores políticos sobre
la necesidad absoluta de asumir nuestras propuestas y recomendaciones
de reparación, justicia penal y reformas institucionales.
En segundo lugar, necesitamos que, en los campos de trabajo
propios de sus instituciones y organizaciones, esas recomendaciones
se incorporen en un lugar central, de manera que en los próximos
años la cooperación financiera y técnica
con el Perú esté marcada por un gran horizonte:
la reforma de sus instituciones para consolidar una democracia
respetuosa de los derechos humanos y sustentada en condiciones
de equidad para todos los ciudadanos.
Muchas gracias.
Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación
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