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Foro sobre “Los periodistas, La Comisión de la Verdad y Reconciliación
-La reconciliación nacional: Verdad, Justicia, Perdón-


Al reclamar la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes terroristas y las violaciones de derechos humanos en los últimos veinte años, y al brindar a ésta su respaldo, la sociedad peruana ha hecho manifiesta su decisión de labrarse un futuro democrático con seriedad, realizando previamente un severo autoexamen colectivo. Recibido el mandato, no toca a los miembros de la Comisión conducir este autoexamen, para lo cual debemos acometer la tarea enorme de aclarar la verdad sobre los hechos de violencia sufridos en el país entre los años 1980 y 2000. Es, ciertamente, un encargo honroso, pero al mismo tiempo abrumador, que no podríamos asumir ni cumplir sin estar seguros de la cooperación de las diferentes fuerzas de la sociedad civil, entre las cuales toca un papel preponderante a los medios de comunicación.
¿Por qué a los medios de prensa? Por una razón evidente: porque al igual que la Comisión, los profesionales de la comunicación tienen entre sus deberes principales la averiguación y la exposición pública de la verdad sobre los hechos que ocurren en la sociedad.
Dicho esto, resulta imprescindible señalar que la verdad que buscamos no consiste solamente en una suma de datos precisos relativos a aun hecho o suceso. El encargo de la Comisión, para el cumplimiento del cual confía en el aporte de los medios de comunicación, es buscar una verdad de significación moral. Esto es, una verdad que conduzca al establecimiento de la justicia en nuestro país y que, en última instancia, haga posible una reconciliación nacional. Así, nuestro cometido implica exigencias muy diversas, las que tendrían que ser observadas para que la labor informativa sea, además de exacta, constructiva para el país en este singular trance de introspección colectiva.
En primer lugar, es imperativo tener en consideración la naturaleza de los hechos que deseamos averiguar y exponer. Se trata de hechos sumamente dolorosos como son el asesinato selectivo de personas, el arrasamiento de comunidades enteras, la tortura y desaparición de seres indefensos, el rebajamiento de la dignidad humana a objeto de escarmiento. Es imposible ignorar que tales hechos involucran sentimiento y evocan sufrimiento muy hondos en quienes los padecieron. Ellos o sus deudos tienen derecho a que el resto del país sepa la verdad de lo que sufrieron; pero al mismo tiempo merecen que los sucesos que los afectaron sean tratados con el respeto y la seriedad debidos. La información sobre ellos tendrá que situarse, pues, en un punto de equilibrio entre la objetividad y la sensibilidad humanitaria, no indiferente al padecimiento ajeno.
Es segundo lugar, para que este proceso que ahora iniciamos tenga éxito, es necesario contar con la participación más amplia de la ciudadanía. De un lado, es preciso asegurar que las víctimas o los familiares y allegados de las víctimas sepan que ahora tienen a quien acudir y estén dispuestos a hacerlo. Asimismo, es imprescindible que tengan un conocimiento claro de lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación está en capacidad de ofrecerles: una actitud de escucha respetuosa y concernida, un compromiso sin reservar con la aclaración de los hechos que los afectaron, una exposición honesta ante el país de la verdad sobre tales sucesos, una explicación general de las circunstancias que hicieron posible tal proceso de violencia y recomendaciones de reparación, que no necesariamente tendrán carácter pecuniario, sino moral y colectivo.
Los medios de comunicación desempeñarán un papel crucial en relación con este punto. Ellos no solamente difundirán información sobre los hechos mismos, sino que mantendrán informados a la sociedad y en particular a las personas directamente involucradas sobre los alcances de esta tarea y sus objetivos. Mediante tal información precisa y oportuna, esperamos que la población vaya adquiriendo familiaridad con nuestros trabajos y propósitos y se anime a acudir a nosotros en procura de lo que podemos ofrecerles por mandato legal y moral. Y la convocatoria de la más amplia participación ciudadana resulta, por cierto, una condición necesaria para la conquista de esa verdad moral, y por tanto justiciera y conciliadora, que anhelamos.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que este proceso no involucra solamente a las víctimas y a los victimarios. El destinatario de estos esfuerzos es el país entero, y solamente en la medida en que todos los ciudadanos sean receptivos al mensaje y a la fuerza educadora de la verdad, podremos hablar de una genuina reconciliación.
Por ello valoramos en gran medida el papel sensibilizador que habitualmente cumplen los medios de comunicación responsables en relación con los más relevantes problemas y causas sociales. Tenemos la expectativa de que esa vocación por despertar la sensibilidad ciudadana se dirija ahora a este singular proceso de autocrítica que estamos iniciando. El terrible ciclo de violencia y degradación de nuestra vida pública que aspiramos a superar fue un fenómeno que no involucró a todos. No son hechos de violencia que ocurrieron a ellos, personas alejadas de nuestro horizonte inmediato y por tanto desvinculadas de nuestras vidas. El atropello que sufrió cada peruano nos afecta y degrada a todos como miembros de una misma Nación y, sobre todo, como prójimos –es decir, cercanos- en nuestra común humanidad
He afirmado que esa sensibilidad es indispensable para que nuestros esfuerzos concluyan satisfactoriamente en el objetivo general de esta tarea: abrir paso a la una verdadera reconciliación. Es posible entender este término de diversas maneras y con variadas acepciones; pero todas ellas deben estar referidas a un punto central: no hay reconciliación sin entendimiento y no existe entendimiento sin un lenguaje claro y sin un empleo honesto de ese lenguaje. Llamar a las cosas por su nombre, sin retacear y a la vez sin añadir nada a la realidad, es el punto inicial de ese entendimiento. Y, naturalmente, en ese cometido los medios de comunicación devienen protagonistas más que colaboradores, pues estamos hablando de la materia prima de su trabajo cotidiano, que es la expresión verbal de los episodios de nuestra vida en común.
Buscamos un entendimiento entre los peruanos basado en la verdad de nuestra historia reciente. Y al mismo tiempo procuramos un entendimiento que nazca del mutuo reconocimiento de nuestra dignidad como seres humanos. Cuando los peruanos hayamos asumido esa comunidad, cuando hayamos sentido como propios los sufrimientos de nuestros compatriotas más humildes y olvidados, habremos empezado el camino hacia la anhelada reconciliación.
Permítanme señalar en cuarto y último lugar una característica peculiar de la búsqueda que estamos iniciando, en la cual los medios de prensa tendrán también un papel relevante. Hemos hablado de hechos de violencia, y al hacerlos tenemos en mente todo aquello que conforma la esencia de una nota periodística: sucesos, nombres, fechas, lugares, cantidades, escenarios. Pero la verdad en su sentido más pleno, como sabemos, no surge de una simple compilación de hechos sino que procede de una lectura ética de esos hechos. La verdad es un bien moral y así debe ser buscada y construida.
La comisión que presido aspira a entregar al país, por tanto, no un catálogo de los horrores que hemos padecido, sino un relato, una interpretación que nos haga comprensible porqué se pudo rebajar tanto nuestra vida ciudadana. En ese empeño, creemos que los medios de prensa pueden hacer una contribución fundamental. Al estar ellos en contacto diario con la población, es muy factible que vayan moldeando entre nuestros conciudadanos una forma de entender este proceso, un cierto espíritu con el cual van asimilando el develamiento paulatino de nuestra historia reciente. El periodismo puede cumplir ese deber con una perspectiva histórica –esto es, con la convicción de que está moldeando en gran parte el futuro de nuestra convivencia nacional. Las líneas editoriales que se escoja, los enfoques con que se decida exponer los hechos, el comentario ponderado y sobre todo reflexivo del proceso ayudará, sin duda, a crear ese relato moral que esperamos ofrecer al país al cabo de nuestro trabajo.
Una verdad así concebida y así buscada trasciende, por fuerza, la dimensión teorética; es algo más que la adecuación entre un enunciado verbal y la realidad fáctica a la que él se refiere. Es, más bien, una verdad práctica, no porque tenga un carácter utilitario, sino porque nos conduce a un quehacer. En el dominio moral, saber implica la obligación de obrar. Para el sujeto ético, tener conocimiento de una injusticia instaura de inmediato el deber de trabajar por restablecer la justicia.
Esa justicia, en relación con los graves asuntos que tratamos, tiene dos dimensiones. Por un lado, hacer justicia frente a los numerosos y terribles hechos de violencia padecidos por el país exige la aplicación recta, pertinente y no vindicativa de la sanción a quienes resulten culpables de violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, si los culpables deben recibir el castigo que corresponde, de acuerdo con las normas del Estado de Derechos, las víctimas tienen derecho a recibir resarcimiento de los padecimientos que se les infligió contra toda ley civil y humana.
Solamente en cuanto se haya hecho justicia en ese rico sentido podremos hablar de perdón y por consiguiente de reconciliación. El perdón no puede ser un gesto de un solo lado: exige el ofrecimiento sincero y arrepentido de disculpas de parte de quienes los sufrieron, pues nadie puede perdonar en nombre de las víctimas, sino ellas mismas.
He querido ofrecerles sólo algunas ideas sobre los puntos de convergencia entre la tarea de la Comisión de la Verdad y la práctica de la información. Dentro de la amplia e irrestricta libertad de que debe gozar el ejercicio de las comunicaciones, hay algunos cauces por los que su labor será más productiva y constructiva para el país. Por la trayectoria de muchos medios de prensa y de profesionales como ustedes, estamos seguros de que esa convergencia de propósitos y de vocación dará buenos frutos para el país.

Conferencia Episcopal, 27 de setiembre del 2001.



Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación