Discursos
en firmas de convenios
Suscripción de
convenio con el Ministerio del Interior
Palabras del presidente de la CVR
Señor ministro del Interior; señoras y señores:
Entre los más importantes cometido de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación se encuentra el de sentar
las bases de una futura reconciliación nacional, un
reencuentro de la nación consigo misma que sólo
tendrá sentido y validez si se realiza con apego a los
ideales de democracia y justicia tantas veces postergados en
nuestro país.
La noción de democracia implica muchos elementos distintos.
Algunos de ellos serán accesorios y otros esenciales
a esa noción; entre estos últimos, no cabe duda
que el Estado de Derecho ocupa un lugar central. En efecto,
no se puede hablar con propiedad de democracia ahí donde
no existe, en primer lugar, un equilibrio entre los poderes
del Estado; en segundo lugar, un respeto general a las leyes,
y en tercer lugar, una igualdad básica de todos los
ciudadanos ante la ley. Y es en ese reconocimiento de la importancia
del Estado de Derecho donde se produce una venturosa confluencia
de propósitos entre la Comisión de la Verdad
y Reconciliación y el Ministerio del Interior, coincidencia
que hoy se formaliza en la suscripción de este convenio
de cooperación interinstitucional.
Permítaseme reflexionar brevemente sobre este punto.
El objeto declarado de todo Ministerio del Interior es la preservación
del orden público. A veces esa meta es distorsionada,
sobre todo cuando se instala un gobierno autoritario. El orden,
en esos casos, es malentendido como una estabilidad, cuando
no una parálisis social en interés del Estado
y en contra de los ciudadanos, en lugar de ser comprendido
en su único sentido válido, es decir, como la
expresión cotidiana del Estado de Derecho antes mencionado.
La función de un Ministerio del Interior en un gobierno
democrático es, pues, resguardar el respeto de las leyes
y normas de convivencia ciudadana y garantizar el derecho de
todos nosotros, los ciudadanos, a vivir en un estado de seguridad
y paz. Una quietud social alcanzada a costa de la vulneración
de los derechos ciudadanos no puede recibir, en ningún
caso, el nombre de orden público. En realidad, constituye
la negación de dicho orden.
Es, pues, esa identificación entre orden público
y Estado de Derecho lo que distingue la actuación de
un Ministerio del Interior propio de un régimen democrático.
Y ello es así asumido por las autoridades actuales.
La cooperación ofrecida por el Ministerio del Interior
a la Comisión de la Verdad para el cumplimiento de sus
tareas es una expresión concreta de ese compromiso democrático.
Nuestra labor, como sabemos, es delicada y compleja, pero indispensable.
En última instancia, la investigación de los
hechos de violencia ocurridos entre los años 1980 y
2000 y su exposición pública es una forma de
hacer verdad la igualdad ciudadana que he mencionado. Ante
crímenes ya cometidos, ante atropellos de los derechos
humanos ya consumados e irreversibles, cabe, al menos, procurar
el reconocimiento social de los daños ocasionados y,
por esa vía, la dignificación cívica y
humana de las víctimas. En ese esfuerzo, el personal
de la Comisión de la Verdad afronta ciertos riesgos,
pues siempre habrá quien se sienta amenazado por el
develamiento de la verdad. La seguridad que nos ofrece el Ministerio
del Interior por medio de este convenio es, pues, una colaboración
fundamental que apreciamos y agradecemos en alto grado.
Dicho
esto, debo resaltar que el convenio que hoy suscribimos abarca
otra área de colaboración de muy especial
significado para la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Me refiero al acceso al testimonio de los miembros de la Policía
Nacional del Perú que resultaron víctimas de
la violencia política o a sus familiares, contacto que
nos será facilitado por el Ministerio del Interior y
que nos permitirá cumplir una tarea que constituye la
esencia de nuestra misión tal como la entendemos mandato:
la atención a todas las víctimas sin hacer distingos
entre ellas.
Hemos explicado, en efecto, en diversos documentos
y foros cómo es que nuestra Comisión se distingue por
su atención preferente a las víctimas. El norte
de nuestros esfuerzos es brindar reconocimiento público
a todos quienes resultaron afectados por la violencia y poner
fin, de ese modo, a una prolongada indiferencia y un largo
silencio que sólo han hecho más duro, si cabe,
el daño sufrido por quienes vieron atropellados sus
derechos elementales. Entre esas víctimas cuya historia
queremos rescatar para que todo el país la conozca,
tienen una importancia insoslayable los miembros de la Policía
Nacional del Perú, hombres y mujeres que perdieron la
vida o sufrieron dolorosas mutilaciones y hondos perjuicios
emocionales en cumplimiento de su misión de defender
a la ciudadanía. Son víctimas también,
por supuesto, aquellas mujeres viudas y aquellos niños
y adolescentes huérfanos que perdieron a sus seres queridos
para que otros –nosotros- pudieran conservar a sus familiares
seguros. Esas víctimas son portadoras de duras historias
que no deben quedar en silencio, sino que deben ser relatadas
a todo el país para que aprendamos que, así como
la violencia puso en acto lo peor de nosotros, también
dio ocasión a actos de abnegación y desprendimiento
que no es exagerado calificar de heroicos.
Este convenio, pues,
ayudará que el Perú conozca
una historia todavía no contada, la de las víctimas
en general y la de los miembros de la Policía Nacional
del Perú en particular, y es por ello, señor
Ministro, que tiene para nosotros, los miembros de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación, una importancia crucial.
Al ofrecer testimonio sincero de lo sucedido, por duro que
aquello sea, estaremos sentando las bases de esa reencuentro
de los peruanos en una sociedad democrática y, por ello,
justa. Agradezco, pues, a las autoridades del Ministerio del
Interior este compromiso con una tarea que es, más que
obligación, un ideal compartido por todos nosotros. Lima, 9 de mayo de 2002
Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación
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