SESIONES
PÚBLICAS DE BALANCE Y PERSPECTIVAS
líderes de izquierda
Sesión 10 de junio de 2003
Iris Jave (conductora):
Buenas tardes y bienvenidos.
Vamos a dar inicio a la primera de las Sesiones Institucionales
de Balance y Perspectiva que ha organizado la Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR). En primer
lugar, vamos a observar un video que recoge algunos de
los testimonios que la CVR pudo transmitir en las Audiencias
Públicas que organizó durante estos últimos
meses. Después los vamos a dejar con el doctor
Salomón Lerner Febres, Presidente de la CVR, que
conducirá el transcurso de esta sesión.
Salomón Lerner Febres:
Señoras y señores invitados,
señores periodistas, amigos, amigas. Al dar inicio a estas
Sesiones Institucionales de Balance y Perspectiva, deseo expresar
en nombre de la CVR, de una parte, nuestra profunda solidaridad con
las personas que el día de ayer han sido víctimas del
alevoso atentado que todos conocemos. Debido a nuestro acercamiento,
a lo largo de todos estos años, al terrible fenómeno
de la violencia, nos hallamos especialmente sensibilizados frente
a estas acciones que, contra todo derecho y toda moral, significan
un atropello incalificable a la integridad y dignidad de la vida
humana. Por ello, junto con nuestro pensamiento y apoyo a las víctimas,
expresamos también nuestra condena más enérgica
e inapelable frente a los delincuentes autores del secuestro.
Iniciamos
las Sesiones Públicas de Balance y
Reflexión y contamos, esta tarde, para ello, en
primer lugar, con la presencia del señor Mario
Huamán Rivera, Presidente de la Confederación
de Trabajadores del Perú (CGTP), la central sindical
más importante del país con una mayoritaria
conducción de la izquierda. En segundo lugar contamos
con la presencia del señor Javier Diez Canseco
Cisneros, Congresista de la República, actual
líder del Partido Democrático Descentraliza
(PDD), y Secretario General del Partido Unificado Mariateguista
(PUM) entre los años 1984 y 1988. En tercer lugar,
se presentará el señor Alberto Moreno Rojas,
Presidente del Partido Comunista del Perú Patria
Roja (PCP-PR). Finalmente, tendremos la presencia del
Congresista de la República, Henry Pease García,
miembro de la bancada de Perú Posible (PP), miembro
del Consejo Directivo de la Izquierda Unida (IU) a partir
de 1985 y candidato a la Presidencia de la República
en 1990 a la cabeza de la lista de la alianza electoral
IU.
La izquierda peruana durante la mayor parte del conflicto
armado interno estaba organizada en diversos partidos
y sectores independientes que conformaban el frente IU;
sin embrago, la mayor parte de esas organizaciones y
del propio frente se disolvieron durante los años
noventa.
La CVR ha invitado a los tres últimos tomando
en cuenta que tuvieron importantes responsabilidades
orgánicas en la dirección del mencionado
frente y que mantienen actividad política significativa.
Por otro lado, el señor Huamán Rivera,
militante de izquierda, ha sido invitado en su calidad
de dirigente sindical.
Al iniciarse esta sesión, me permito recordarles
el contenido del reglamento aplicable y que obra en su
poder. El mandato conferido a la CVR incluye un cuidadoso
escrutinio de los hechos acaecidos durante los veinte
años de violencia. En el desarrollo de este mandato,
la CVR escucha las voces de aquellos que han sido víctimas
de graves crímenes y violaciones a los derechos
humanos, voces como las escuchadas en el video que ustedes
han podido observar; pero también, las voces de
instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado
en el proceso que le ha correspondido estudiar.
En este
caso, la CVR ha convocado a partidos políticos
y a instituciones públicas a fin de que realicen,
de cara al país, un balance histórico del
papel que jugaron, así como una reflexión
sobre su visión de las perspectivas que tienen
del Perú hacia el futuro y con relación
a la creación de una cultura de respeto a los
derechos humanos. Éste es el sentido profundo
de estas sesiones que no buscan ser eventos de juicio
público, ni de polémica, sino permitir
al país escuchar la versión de cada uno
de los actuales invitados.
La CVR pide a los dirigentes
presentes hoy, ofrecer un balance institucional de su
comportamiento; la sesión
no se refiere a hechos de conducta individual. Los vamos
a escuchar con atención y las conclusiones y recomendaciones
de esta CVR serán presentadas en el informe final
en el próximo mes de agosto.
A modo de síntesis de introducción,
la CVR quisiera dejar sentadas algunas premisas:
Ante todo, ratificar que el conflicto armado fue provocado
por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso
(PCP-SL), pese a que había entonces condiciones
democráticas abiertas. En el contexto del conflicto
armado interno que se desarrolló mediante un uso
creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático
tenía la obligación de defenderse y de
recurrir a las fuerzas del orden. Esto debía hacerlo,
sin embargo, dentro del estricto respeto a los derechos
humanos. Los hechos que le ha tocado analizar a la CVR
muestran que ello no ocurrió así. Son precisamente
esos graves hechos producidos en estos veinte años,
los que han dado sentido a la creación de la CVR;
y son estos hechos, finalmente, los que brindarán
sentido a sus conclusiones y recomendaciones.
Asimismo, la CVR reitera que su perspectiva de análisis será fundamentalmente ética,
con particular atención a aquellos que fueron víctimas
de este conflicto y sin discriminación alguna. Es, a partir
de estas premisas y dentro de este marco general, que se ubica la
sesión que tendrá lugar el día de hoy y aquéllas
que se sucederán en los días siguientes.
En la segunda
mitad del siglo XX, grandes planes modernizadores fueron diseñados para lograr un Perú moderno.
Las ricas pero mal irrigadas tierras de la costa debían
ser polos agroindustriales de alto desarrollo e intensificación
de la producción agrícola y, para ello,
se planificaron grandes irrigaciones a lo largo del eje
costero cuya construcción en los últimos
cuarenta años ha transformado el paisaje social,
económico y demográfico de esa región.
Las riquezas de la selva debían integrarse a la
economía nacional y, por ello, se planificó la
Carretera Marginal, proyecto que empezó a ejecutarse
en los años sesenta y ha seguido hasta hoy. En
la sierra, la promesa de modernización no tuvo
inversión y las pocas propuestas del Estado en
ese espacio nos remiten a la Reforma Agraria; la ampliación
de la cobertura educativa básica y superior; y
a cierta inversión urbana en algunas de las capitales
departamentales. En suma, es posible afirmar que el Perú que
se modernizaba desde los años cincuenta no tuvo
un gran proyecto ni una gran visión para la sierra
de nuestro país. En el campo serrano, la masiva
migración rural, principalmente hacia la ciudad
de Lima; y las movilizaciones campesinas contra el régimen
latifundista, transformaron la demografía y las
estructuras de poder.
En los estudios realizados por
la CVR, se observa que los conflictos entre sectores
de la población
o entre pobladores y el Estado, en los cuales se sustentaron
los grupos subversivos, se asocian en forma particular
a los procesos parciales e inacabados de modernización.
Las transformaciones diferencialmente vividas tuvieron
también efectos en el surgimiento y deterioro
de una sociedad civil organizada, lo que incidió a
su turno en las formas y los niveles de la violencia.
Sin ningún recurso atractivo para el capital extranjero
o nacional, ni polo económico dinámico,
y mal integrado por una escasa y pésima infraestructura
vial; el departamento de Ayacucho mostraba signos visibles
de depresión económica, con uno de los
Producto Bruto Interno (PBI) más bajos del país
y altas tasas de migración de sus diferentes provincias
hacia las zonas dinámicas de la costa o de la
selva. En el entorno regional de pobreza y depresión,
los movimientos campesinos y procesos de compras de hacienda
por sus feudatarios; y finalmente, la implementación
de la Reforma [Agraria] sobre los restos del sistema
tradicional de hacienda, habían restado poder,
influencia y peso determinantes en la ciudad y la región
a los grupos de poder tradicionales.
La reapertura en
Ayacucho, de la Universidad San Cristóbal
de Huamanga en 1959, fue un proyecto educativo que renovó la
ciudad y la conectó con el movimiento de modernización
y progreso del país. Ésta se convirtió en
el foco de dinamización cultural, política
y económica de la región. Difusora de ideas
progresistas y distancias de sectores tradicionales,
la Universidad de Huamanga acogió, como el resto
de universidades del país, las ideas radicales
de los años sesenta y setenta. Desde su alta legitimidad
regional, la Universidad irradió estas ideas hacia
la ciudad y la región, ejerció casi un
monopolio sobre la opinión pública modelando
el sentido común local. Éste fue el espacio
de surgimiento del PCP-SL cuya fuerte presencia en la
Facultad de Educación le permitió ejercer
una influencia importante en los maestros, y estuvo asociada
al paulatino crecimiento de la cobertura educativa en
las aéreas rurales crecientemente copadas por
sus militantes que desarrollaron así su presencia
en el campo.
El sector de la sociedad rural donde se
inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde a
los márgenes
sociales del país, irrelevantes para la economía
nacional y los planes de desarrollo, donde el Estado
no estuvo presente garantizando el acceso a infraestructura
y servicios públicos básicos, ni cumplió su
rol de garante de la tranquilidad, la seguridad y la
propiedad de las personas. En términos generales,
se trata de contextos rurales muy pobres donde la mayoría
de población era quechua hablante y analfabeta – como
lo vamos a ver en los gráficos posteriores- el
espacio que se llamó despectivamente la “mancha
india”, en el cual se incluye la sierra sur central,
los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
En estos espacios de pobreza rural, las únicas
expectativas de progreso fueron individuales y no fueron
otras que la emigración y el acceso a la educación.
Hasta aquí tenemos un resumen de los antecedentes
que explican el inicio del ciclo de la violencia.
Ahora
resumiremos algunos datos estadísticos
que nos dan un grueso perfil del itinerario y los resultados
del conflicto, que podrán servir a sus organizaciones,
señores invitados, para realizar el balance que
nosotros les solicitamos.
En el primer gráfico, observamos cuando ocurrieron
los hechos que condujeron a la muerte y desaparición
de personas entre 1980 y el 2000; en él resaltan
dos picos; el primero, entre 1983 y 1985; y el segundo,
entre 1989 y 1991.
El segundo gráfico se refiere al lugar donde
ocurrieron las muertes y desapariciones. En él
se evidencia que el departamento de Ayacucho fue el principal
escenario de muertes y desapariciones.
El tercer gráfico muestra una mayor incidencia
de la violencia en el ámbito rural, si bien los
espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre
los años 1989 y 1993. El 55% de las víctimas
eran campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias.
El
cuarto gráfico expone con claridad un rasgo
fundamental sobre el tema de quiénes fueron la
mayoría de las víctimas. De acuerdo a las
investigaciones realizadas por la CVR, el 75% de las
víctimas era quechua hablante. Por otra parte,
hasta el momento, la CVR ha contabilizado 1 224 autoridades
locales muertas o desaparecidas como consecuencia del
conflicto armado interno. SL sería responsable
de más del 70% de estos casos.
El quinto gráfico expone: ¿quiénes
serían los grupos responsables de los muertos
y desaparecidos? Las cifras de la CVR muestran que aproximadamente
la mitad de las víctimas fueron causadas por SL
y un tercio por agentes del Estado.
El sexto gráfico muestra el número de
víctimas ocasionado por los principales actores
durante el ciclo de violencia. En él, resalta
la disminución de muertos causadas por agentes
del Estado durante los años 1989 y 1999.
Finalmente,
el sétimo gráfico reúne
las cifras de la muerte de civiles, miembros de las fuerzas
del orden y de presuntos subversivos.
Presentados los
antecedentes y los datos estadísticos
más importantes, escucharemos en esta sesión
la opinión de la izquierda peruana y de la central
sindical más importante de la década de
los ochenta. Debemos recordar que las organizaciones
de izquierda, vigentes en los años setenta, se
contaban entre unas de las más grandes y radicales
de América Latina. En las elecciones a la Asamblea
Constituyente de 1978, las organizaciones de izquierda
alcanzaron alrededor del 30% de los votos y a lo largo
de la década del ochenta, especialmente a través
del Frente IU, obtuvieron victorias electorales en elecciones
municipales y regionales, que incluyeron altas responsabilidades
como aquélla de la Alcaldía de Lima.
Invitamos
a los representantes presentes a exponer su reflexión
teniendo en cuenta las preguntas que la CVR desea formularles:
¿Cuál era la posición de las organizaciones
que ustedes representaban frente a la lucha armada como
vía de acceso al poder? En otras palabras, ¿Cuál
fue el comportamiento de sus organizaciones con relación
a la democracia como un fin en sí mismo en la
década de los ochenta? ¿Cuáles fueron
las posiciones de sus organizaciones frente a las actividades
y acciones del PCP-SL y el MRTA
durante el periodo de 1980-2000? ¿Cuáles
fueron las posiciones asumidas por sus organizaciones
frente a las violaciones de los
derechos humanos que se dieron durante el periodo mencionado?
Teniendo en cuenta el conjunto de datos que hemos presentado ¿Cuál
es el balance global del ciclo de violencia interna?
Y dentro de él, ¿Cuál es la revisión
final y franca que hacen del conflicto armado interno?
Las
respuestas a estas cuatro preguntas constituyen la primera
parte de esta sesión, aquélla
orientada a lo que hemos dado en denominar la etapa de
reflexión. En primer lugar, voy a invitar al señor
Mario Huamán Rivera, Presidente de la CGTP, a
fin de que nos ofrezca sus puntos de vista sobre los
temas planteados.
Mario Huamán Rivera:
Muy buenas tardes. Estoy
muy agradecido, en representación de la CGTP,
por esta invitación.
Se nos ha solicitado un análisis y una reflexión
de los trabajadores en torno a la situación de
los derechos humanos en el Perú, en el marco de
la crisis nacional que tomó fuerza en la década
de los ochenta del siglo pasado y que costó la
vida a miles de peruanos.
Nos corresponde en este contexto
hablar en nombre y en representación de los trabajadores. No somos
una organización partidaria ni una estructura
política, somos una central sindical que tiene
objetivos definidos y procedimientos claros. Nuestra
lucha es eminentemente reivindicativa, luchamos por alcanzar
mejoras saláriales y obtener adecuadas condiciones
de trabajo. Nuestro mensaje de fondo es ciertamente un
mensaje político, pero no en el sentido de la
política de partido, sino de la política
de clase que reivindicamos en nuestro esquema de lucha.
Por eso, en el periodo que nos ocupa, no planteamos el
tema de la toma de poder como podríamos haberlo
hecho y lo hizo más de una organización
política; tampoco formulamos un llamamiento en
torno a formas armadas de lucha como hicieron algunos
de los actores del proceso nacional. Para nosotros la
lucha fue social, se circunscribió a la acción
de masas y se resolvió en el plano del actuar
cotidiano en procura de atención a las demandas
de los trabajadores. Ello no excluye, sin embargo, la
posibilidad de que en nuestras movilizaciones sociales
hayan actuado grupos promotores de la violencia, empeñados
en generar niveles distintos de confrontación.
Tenemos la convicción que eso ocurrió sobre
todo entre 1985 y 1990, y sin el respaldo de las estructuras
sindicales operantes. Por el contrario, fuimos víctimas
de ataques diversos y sufrimos en todo el periodo agresiones
que costaron la vida a numerosos dirigentes sindicales.
La expresión más clara de ello fue el crimen
perpetrado contra nuestro Secretario General, Pedro Huillca
Tecse, en diciembre de 1992; pero antes y después,
sufrimos la muerte de muchos otros trabajadores y dirigentes
sindicales entre los que podemos mencionar a Ceferino
Requis, Enrique Castilla, Saúl Cantoral y Pedro
Orellana.
De todos modos, invitados a abordar el tema
nos parece un deber hablar del asunto, en este caso,
del balance.
El balance de los años de violencia en el país
no puede ser soslayado y los datos estadísticos
establecidos por la CVR aportan muchísimos elementos
que deben valorarse en toda su dimensión. En primer
lugar, nos confirman que el 75% de las víctimas
de la violencia ocurrida en el país estuvo compuesto
por pobladores quechua hablantes, es decir, población
nativa de la que un 80% eran hombres con una edad promedio
de 33 años. Se trató de una virtual guerra
de exterminio, de una verdadera limpieza étnica
orientada a eliminar a la población indígena
que habitaba en numerosos poblados del interior del país,
una manera brutal de acabar con una población
campesina y rural; una matanza de indios se hubiera podido
decir en otro contexto y en otras condiciones.
Seguramente
antropólogos e historiadores recordarán
que ese procedimiento tiene una cierta base teórica;
ha habido en el país y también en otros
países quienes han hablado de la necesidad de
eliminar a las que han juzgado razas inferiores por considerarlas
desechos sociales. Eso ha ocurrido también en
Chile, bajo el régimen de Augusto Pinochet, y
sucede hoy en Colombia cuando se busca eliminar a las
llamadas poblaciones marginales que no son otras que
las de campesinos pobres, habitantes de aldeas rurales
y ciudadanos que carecen de representación en
las esferas del poder, a los que se considera de alguna
manera un estorbo para el progreso y el desarrollo.
El
segundo elemento que debemos considerar deriva de lo
que podría denominarse agentes del terror,
agentes beligerantes que actuaron al calor de una confrontación
que trajo secuela y muerte a las poblaciones del interior
del país. En una formulación genérica
resulta fácil admitir que los agentes del terror
fueron dos: la organización terrorista Sendero
Luminoso y el Estado. Y es verdad, pero difícilmente
puede establecerse quién fue realmente el que
mató en cada recodo del camino. Muchos de los
crímenes, usualmente, atribuidos a SL o estructuras
terroristas similares, en verdad, pudieron haber sido
cometidos por agentes del Estado que, disfrazados de
campesinos o vestidos como población civil, consumaron
crímenes que se sumaron a la cuenta de SL, muchas
veces con la complacencia de la organización de
SL.
El tercer elemento de la reflexión tiene que ver con la naturaleza
de los delitos. En este aciago periodo de la vida nacional se consumaron
crímenes de diverso tipo: ejecuciones extra judiciales, desapariciones
forzadas de personas, privaciones ilegales de la libertad, habilitación
de centros clandestinos de reclusión, tortura institucionalizada.
La comisión del conjunto de estos delitos no puede ser obra
de un grupo irregular armado. Ninguno tendría los elementos
indispensables para desarrollar acciones de ese tipo que requieren
de copiosos recursos materiales, inmensas sumas de dinero, numerosas
viviendas, unidades móviles, personal preparado anímica
y militarmente, armamento sofisticado, entre otros, que nunca estuvieron,
en esa dimensión, en manos de la población civil; sino
sólo al alcance de los aparatos del Estado que tienen partidas
especiales, presupuestos secretos e infraestructura de la que pueden
disponer más fácilmente. Y es que no se trata de elementos
que puedan presentarse de manera aislada en un determinado periodo
del proceso social, resulta más bien la suma de diversos factores
que se aglutinan y se completan. Para ello se requiere de un elemento
adicional: la impunidad. Solamente cuando un grupo de personas tiene
la absoluta seguridad de contar con el respaldo del poder y de que
como consecuencia de ello no sufrirá represalia alguna por
sus actos, entonces se considerará en libertad para actuar
y de hecho lo hará: secuestrará a una persona, la ingresará a
un centro clandestino de reclusión, la someterá a tortura
y, finalmente, la matará; absolutamente convencido que jamás
tendrá que dar cuenta de sus actos. Esta lógica siniestra
suele justificarse arguyendo que responde al criterio de la obediencia
debida, dicho de otro modo, los impulsores de esta ofensiva contra
el pueblo se ocultaron bajo el mando de las ordenes superiores dictadas
por alguien que estaba por encima de la estructura operante. ¿Quién
podría estar encima y brindar no sólo las condiciones
materiales, sino además la impunidad requerida? Ciertamente,
sólo el poder. Ninguna organización que actúe
por cuenta propia podría disponer de recursos operativos de
esta magnitud. La impunidad, entonces, se convierte para nosotros
en el cuarto elemento del debate.
Una reflexión final en torno al balance, entonces,
debe llevarnos a una constatación: la violencia
en el país no fue un hecho casual, ni fortuito;
no fue tampoco, una catástrofe natural, ni una
maldición divina; fue el resultado de un agudo
y perverso proceso de confrontación inducido por
fuerzas que operaron conscientemente y que actuaron con
la idea de usar la violencia para fines no necesariamente
revelados. Aquí hay que considerar el factor externo,
la presencia de estructuras de terror y crimen que operaron
antes en el país y que actúan hoy en el
mundo con el deliberado propósito de imponer un
modelo de dominación incompatible con los intereses
de los pueblos.
No hay que olvidar, por cierto, que los
aparatos represivos del Estado fueron preparados en la
llamada Escuela Contrainsurgente
existente en Panamá cuyas concepciones fundamentales
se inspiraron en la denominada “doctrina de seguridad
nacional” y que sus operaciones claves fueron consultadas
con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados
Unidos (CIA), y otras entidades similares. Un experto
en el tema, el argentino Norberto Rey, nos recuerda que
el discurso de esta política, en todos los casos,
era sofocar todo intento de resistencia al retroceso
de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores
populares; y a la absorción por parte de los monopolios
de fracciones importantes de las burguesías locales,
otrora socios menores de los capitales transnacionales.
En este contexto el Estado se convertía en el
principal instrumento del terror.
Salomón Lerner Febres:
Muchas gracias señor
Huamán. Como bien se sabe, la CVR expresará sus
conclusiones sobre este tema y sobre muchos otros en
su informe final. Apreciamos la intervención del
señor Huamán y estamos seguros de que el
país lo ha escuchado con atención. Invitamos
ahora al congresista Javier Diez Canseco a que suba para
que contestar y expresar sus puntos de vista en torno
a los cuatro temas planteados por la CVR.
Javier Diez Canseco:
Doctor Lerner, señores y señoras
miembros de la CVR, amigos y amigas presentes en esta sesión.
Es sin duda difícil responder a las preguntas de la CVR porque
se trata de hablar sobre un hecho en el que no se trata de escribir
una historia oficial, ni de reescribir lo ocurrido para acomodarlo
a las circunstancias vigentes, sino de hacer una reflexión
crítica e introspectiva de las organizaciones que hemos participado
en el quehacer político que permitió el desarrollo
de estas circunstancias; y este pensamiento es difícil de
poner en práctica. Por ello, quiero también señalar
que resulta difícil diferenciar la actuación institucional
de la persona, el sufrimiento colectivo del individual, y el precio
que la familia de cada uno de nosotros los peruanos y los actores
políticos pagó en este proceso.
Es, sin duda, fundamental
señalar que las fuerzas
de izquierda, en el proceso y en el periodo materia de
análisis, estuvimos actuando en un contexto internacional
muy preciso que no solamente tuvo como eje central el
desarrollo de la Revolución Cubana, a fines de
la década del cincuenta; sino que tuvo también
la marca y el sello a fuego de la experiencia de la transformación
pacífica que se propusieron el Presidente Allende
y el socialismo en Chile, y la forma como ésta
fue ahogada a sangre y fuego. Y vivimos también
marcados por la experiencia de los pueblos centroamericanos,
de las brutales dictaduras que enfrentaron en Nicaragua
y El Salvador, y de los infructuosos procesos de buscar
transiciones institucionales en el transcurso de esas
historias. A veces, hicimos calco y copia de lo que formuló aquel
que inspiró el pensamiento socialista en el Perú:
José Carlos Mariátegui; y adoptamos la
impronta de experiencias que creímos respondían
a los retos de transformación que dramáticamente
demandaba el país. Pero no puedo dejar de decir
que creo que la izquierda peruana, que se agrupó alrededor
de la IU, fue, sustancialmente, una fuerza democratizadora
en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX. Es
indiscutible que esa izquierda procesó una transformación
en la concepción, desde nuestro punto de vista,
de una determinada lectura del marxismo y del socialismo
que representaron los manuales de Stalin sobre Lenin;
y que transformó la concepción de asaltar
el poder por la concepción de construir poder
social y fuerzas sociales, instituciones, movimientos
y un sentido común capaz de llevar adelante la
transformación que buscábamos para el país.
Creo que este es un elemento de distinción fundamental
entre esta izquierda y SL y su lectura del marxismo.
No me lleva esto, sin embargo, a desconocer que en nuestra
propia lectura ideológica hay un conjunto de elementos
que -debemos ser conscientes- alentaron, y en algunos
casos, aún alientan, el sectarismo y la intolerancia.
Y una de estas concepciones es la creencia de que poseemos
en exclusividad una ciencia y que esa ciencia nos da
la posesión de la verdad, y que esa verdad excluye
de la misma a aquellos que no poseen esa ciencia. Esta
intolerancia y esta visión pueden alimentar conductas
sectarias; a veces, en sus lecturas extremas atroces,
como las pueden alimentar determinadas creencias y fe
religiosas absolutas y totalmente intolerantes. Por eso,
creo que es inaceptable pretender colocar en un mismo
saco pensamientos que pueden tener raíces originarias
comunes pero que tienen lecturas concretas y prácticas
distintas que la experiencia así evidencia. La
izquierda que se agrupó en IU buscó construir
gobierno y poder, y sostuvo que la construcción
de una democracia sólida en el país era
la construcción de una democracia integral que
se planteaba en el campo no sólo político
sino en los campos económico y social. Y creo
que con todos sus defectos fue y sigue siendo una fuerza
que se juega por la inclusión, por una sociedad
dispuesta a incluir y no a excluir. Pero es indudable
que en este proceso, en nuestra mente y en nuestra práctica,
jugó lo viejo y lo nuevo; y se contradijeron y
se enfrentaron ideas renovadoras con ideas sectarias
y antiguas, porque así somos los seres humanos
de contradictorios en nuestras prácticas y en
nuestra reflexión.
Pero no puedo obviar, de acuerdo
a los cuadros que ustedes han presentado, que los lugares
que constituyeron el
accionar de la izquierda a mediados del siglo XX, no
fueron las bases centrales del desarrollo de Sendero
Luminoso. No fue en La Convención, donde se levantó Hugo
Blanco con el movimiento de arrendires por la Reforma
Agraria, donde se desarrolló el senderismo. No
fue en las minas del centro donde el movimiento laboral
se organizó, luchó y conformó la
Federación Nacional Minera en vigorosas marchas,
donde se organizó el senderismo. No fue en el
movimiento de trabajadores azucareros organizados en
la lucha por la Reforma Agraria donde se organizó el
senderismo. No fue Lima, base principal de las fuerzas
políticas de IU y del triunfo de Alfonso Barrantes
a la Alcaldía de la Municipalidad de Lima, base
sustantiva del senderismo. No fue en el vigoroso pueblo
de Arequipa, de larga tradición de izquierda,
donde se organizó el senderismo, ni tampoco el
Cusco fue base fundamental de este movimiento. Puno fue,
por su parte, una base central de resistencia a la expansión
de Sendero Luminoso.
De forma tal que, creo que en nuestra
historia los zanjamientos con SL fueron teóricos y prácticos y, también,
tuvieron un sello de sangre. Yo no puedo obviar ahora
que testimoniamos a Teófilo Rímac Capcha
y a Ceferino Requis, asesinados en Pasco; a Víctor
Cajachahua, dirigente sindical asesinado en su propio
sindicato en Morococha; a Saúl Cantoral y Consuelo
García, de la Federación Nacional Minera;
a Jesús Oropesa dirigente minero de las provincias
del Sur de Ayacucho; a Pedro Huillca; o al dirigente
de la Federación Textil de La Unión, Enrique
Castilla; asesinados por Sendero Luminoso unos, y otros,
por el accionar del terror del Estado. No puedo olvidar
al compañero Huarsalla de Puno; a Eusebio Pomallaqta
de Imperial; a los dos dirigentes de las comunidades
de Antilla que desarrollaban el esfuerzo de la resistencia
de las comunidades frente a la agresión de la
que eran objeto; ni a Porfirio Suni, Diputado Regional
de Puno; ni a Eriberto Arroyo Mío, Diputado Nacional
de Piura; ni al Juez de Paz César Vera, asesinado
en Ayaviri; ni las amenazas y muertes contra alcaldes
y regidores de izquierda como de otros partidos políticos.
No puedo olvidar esta realidad, pero tampoco puedo olvidar
que esta izquierda en medio de este complejo proceso
hizo un esfuerzo por tratar de hacerle comprender al
país que el terror no provenía exclusivamente
de SL y que una estrategia subversiva que tuvo un marcado
ceño en el terror fue respondida con una estrategia
antisubversiva que tuvo un sistemático manejo
del terror. Y que el Estado sistemáticamente,
y no como hechos aislados, aplicó una política
de exterminio sobre determinados sectores. El terror
se respondió con terror y la cultura del miedo
se impuso en este terreno.
Quiero reivindicar ante la
CVR el esfuerzo que hicimos diversas mujeres y hombres
de la izquierda peruana por
abrir terreno a los que eran temas de elites en ese periodo:
el tema de los derechos humanos en el Perú y el
tema de que la legalidad del accionar del Estado que
deriva de una actuación conforme a normas y reglas
en las que no todo vale y en las que la razón
de Estado no es argumento para encubrir la ejecución
extrajudicial, el fusilamiento indebido de personas sin
proceso, la tortura o la desaparición forzosa
de personas.
No puedo olvidar, señores miembros de la CVR,
la dolorosísima experiencia de haber ido con un
dirigente y Diputado de Acción Popular a visitar
a un Ministro del Interior llevando con nosotros a Georgina
Gamboa, embarazada de una violación múltiple
en Vilcashuamán, y recibir como respuesta a nuestro
reclamo de atención y justicia la pregunta de “¿qué nombre
le pondrás a tu hijo, Sinchi si es hombre o Sincha
si es mujer?”. Y habernos levantado un izquierdista
y un acción populista de la mesa quienes, frente
a una reacción de este estilo, nos retiramos.
No pretendo, con ello, involucrar en esta conducta al
conjunto del aparato del Estado y de los elementos que
asumían este proceso, pero si quiero señalar
lo doloroso y profundo que fue este proceso para muchos
de nosotros en aquel entonces. En este campo quiero decir
entonces que, en el caso del Perú, nuestra posición
tuvo frente al tema de la violencia una aproximación
que tenía determinados elementos tradicionales
en la lectura marxista: en primer lugar, la violencia
es un hecho fáctico; y en segundo lugar, es un
fenómeno presente en nuestra realidad concreta.
Muchos de nosotros, en los esfuerzos de organización
de movimiento sindical, veníamos de la experiencia
de la matanza de Cobriza de los mineros del centro del
país; veníamos del despido masivo de los
trabajadores que se paralizaron el 19 de julio de 1977
para reclamar transformaciones democráticas y
justicia social.
Pero no puedo, tampoco, señalar que hemos representado
una lectura exclusiva del manual clásico. Creo
que esta izquierda es más hija de la lectura de
César Vallejo, de Ciro Alegría, de José María
Arguedas, de Manuel Scorza, de aquellos que testimoniaron
una sociedad con grandes mayorías excluidas; y
es también, una izquierda, por lo menos aquélla
con la que nos identificamos, que es mucho más
hija de la lectura de Gramschi y de la idea de una construcción
de la concepción de la hegemonía política
antes que la del asalto al poder. Y éste fue el
elemento de diferenciación central con Sendero
Luminoso, un elemento de diferenciación además,
del Marxismo y de la Dialéctica, y un elemento
de diferenciación con el Pensamiento Gonzalo que
convertía toda contradicción en contradicción
antagónica, donde había de eliminar al
oponente, lectura simplista pero brutal del marxismo
que produjo un fenómeno que, sin duda, nos distanció ideológicamente.
En términos prácticos creo que hemos podido
graficar también los problemas de este distanciamiento.
Finalmente, quisiera señalar que creemos que,
como ha descrito la CVR al iniciar esta sesión,
este es un país marcado por grandes brechas de
injusticia social y económica, y enormes brechas
políticas entre sectores de la población;
donde la palabra del mudo sigue, todavía, esperando
ser escuchada. Quisiera señalar también,
que el terreno de la violencia en el Perú seguirá siendo
un terreno fértil mientras la concepción
de paz no vaya acompañada por el cimiento de la
justicia social. Y éste es un elemento fundamental
que va junto a otro: construir institucionalidad. Es
indiscutible que la violencia florece y se desarrolla
ante la ausencia de canales institucionales confiables,
creíbles y viables en el país.
Por ello,
hemos señalado nuestra política
de condena a la violación de los derechos humanos
y somos autocríticos frente a cualquier vacilación
que hayamos tenido frente a aquellos que utilizando el
terror pretendieron justificarlo con cualquier mecanismo
que en la justicia pretendiera encontrar la razón
de un accionar de este estilo, extraordinariamente brutal
y condenable. Y queremos rescatar la peculiaridad que
tiene este proceso en las circunstancias en las que se
está desarrollando el trabajo de una CVR en un
país que no ha acabado de zanjar con el ciclo
de la violencia, en un país en el que si bien
gran parte de estos contingentes y de este accionar ha
perdido presencia hay elementos supérstites que
continúan operando y que hacen más difícil
el doloroso proceso de reconocer la verdad y de transformar
conductas que hay por delante. Y es éste un esfuerzo
en el que sin duda queremos contribuir. Fuimos actores
activos del esfuerzo de investigar las violaciones de
los derechos humanos, quizás, concentrándonos,
enfatizando centralmente en la fiscalización sobre
el aparato del Estado que tenía el monopolio legal
sobre la violencia, y desarrollando poco, la investigación
de la violencia terrorista sobre la población
civil que fue la víctima central de este conflicto
en sus sectores más empobrecidos.
Más allá de nuestros aciertos y errores,
creemos que tenemos que asumir nuestro compromiso con
un país que requiere institucionalizarse y sentar
bases para la paz sobre la base de la justicia social
y del compromiso de los diversos actores económicos
y sociales en la búsqueda de un país con
menos inequidades, con más justicia y con más
condiciones para el desarrollo del ser humano, así como
con construir una democracia en que las autoridades respondan
ante los ciudadanos que las eligen y ante quienes deben
rendir cuentas. Ésta es, señores y señoras
miembros de la CVR, nuestra reflexión y nuestro
testimonio institucional en este proceso, en el que llevamos
grabado en el corazón y en la memoria el nombre
de aquellos y aquellas que quedaron en el camino, y donde
todas las partes pagaron un alto esfuerzo por hechos
que esperamos que no se repitan nunca más. Gracias.
Salomón
Lerner Febres:
Muchas Gracias, señor Congresista.
Hemos escuchado con atención y el país también
lo ha hecho. Es necesario, es un leit motiv de toda esta reunión
y es fundamental decirlo: la CVR expresará su juicio en torno
a todos los temas materia de su estudio en su informe final. Invitamos
ahora al señor Alberto Moreno, Presidente del Partido Comunista
del Perú Patria Roja (PCP-PR) a que sea tan gentil y suba
al escenario para brindar su testimonio. Los señores expositores
tienen en esta primera parte hasta veinte minutos para hacer su presentación.
Alberto Moreno:
Señor Presidente de la CVR, señores
Comisionados, señoras y señores. Me siento
honrado de dirigirme a ustedes para exponer las reflexiones
del PCP-PR en torno de los sucesos penosos vividos durante
las pasadas décadas de violencia, acaso aún
no superados. Como partido político fuimos también
víctimas de esos hechos, y muchos militantes nuestros
como Ledgar Muñoz, Diputado Regional; Juan Corilloclla,
dirigente magisterial; Marcelino Pachari, Alcalde de
Azángaro; Norman Bedoya, profesor universitario
de Puno; entre otros, fueron asesinados cobardemente
por el terrorismo y también por la acción
violenta de las Fuerzas Armadas y Policiales.
Es pertinente
recoger un antiguo proverbio africano: “si
no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde
vienes”. Parte sustantiva de la cultura nacional,
que está en la base de sus muchas frustraciones,
desencuentros y fracasos, es la tendencia a mirar el
presente como si careciera de raíces que lo nutrieron
o a perder de vista el futuro sin el cual no hay rumbo
seguro ni confianza en las posibilidades disponibles.
La violencia, señor Presidente, es, en nuestro
caso, estructural y adquiere muchos tonos a largo de
la historia; el más trágico, pero no el único,
fue la guerra interna que alcanzó niveles terriblemente
irracionales en las décadas de los ochenta y noventa,
pero no debemos cometer el error de olvidar los aciagos
sucesos de los años treinta y otros posteriores.
La
izquierda, en este caso particular el partido que represento,
no estuvo ajena en esos tiempos a la idea
del papel de la violencia como un factor del cambio social,
idea que correspondió a una corriente de pensamiento
mundial y latinoamericano en ese momento. Pero entre
los conceptos, los criterios y los debates que se produjeron,
y la acción práctica, hay un abismo de
diferencia.
El Perú nació escindido a la República,
excluyendo a la inmensa mayoría indígena,
campesina y negra, a quienes se les negó su condición
de seres humanos y sus derechos fundamentales en beneficio
de las pocas familias que heredaron los privilegios de
la Colonia. Esta exclusión fue posible por el
poder concentrado de la economía, del poder militar
y la cultura y por el predominio de una ideología
racista y autoritaria en colusión con fuerzas
extranjeras. El sueño de libertad, igualdad, justicia,
democracia, independencia y de integración se
esfumó y las secuelas de esto continúan
hasta el presente. A ciento ochenta y dos años
de fundada la República, los grandes temas que
debieron resolver sus elites dirigentes continúan
irresueltos. Seguimos siendo una sociedad fragmentada,
desintegrada entre sus regiones, con abismales diferencias
que excluyen a muchos y benefician a pocos, con desarrollos
desiguales, con un enorme atraso cultural de acuerdo
con los estándares mundiales, con poblaciones étnicas
que recién empiezan a ser reconocidas. Todo esto
en el contexto de una fase histórica de cambios
titánicos como la globalización de las
comunicaciones y de la economía en el que permanecemos
con desconexiones regionales y con polarizaciones inaceptables.
En un mundo donde la educación y la cultura; y
la ciencia y la tecnología deberían ser
ejes fundamentales del desarrollo nos encontramos dentro
de los países más atrasados de la región.
Las fuerzas de cohesión de toda sociedad son los
grandes valores morales que la nutren, le dan sentido,
fuerza, pasión, mito; en suma, voluntad de realización.
Por desgracia no la tenemos. Marchamos como un barco
a la deriva sin un puerto de llegada seguro. Domina el “presentismo”,
la aspiración coyuntural, el ventajismo fácil
desde el Estado o fuera de él; en lugar de una
cultura del trabajo, de la honestidad, de la solidaridad.
Ni siquiera hemos logrado afirmar, en la diversidad de
que nos componemos, nuestra identidad plena como país.
Seguimos careciendo de mito, de proyecto nacional, de
sentido de realización que nos lleve por una ruta
firme y consensuada. ¿ Sabe alguien con certeza adónde vamos? ¿Imaginamos el
Perú del 2050? Es verdad que acumulamos enormes urgencias y necesitamos
respuestas prontas, hay que asumirlas; pero debemos convencernos también
de que nadie está en capacidad de resolverlas en cinco años. Lo
que al Perú le falta es voluntad política, previsión y confianza
en la fuerza del pueblo para hacer realidad los sueños que tiene desde
hace tantos siglos. Javier Mariátegui señaló con lucidez: “El
Perú ha tenido clase dominante pero no clase dirigente”. Requerimos
una fuerza dirigente nuclear capaz de aprovechar las potencialidades disponibles,
de señalar un rumbo que comprometa a todos y no sólo beneficie
a pocos como ha ocurrido hasta el presente. El siglo en el que hemos ingresado
representa un reto gigantesco pero también una oportunidad excepcional
que, desafortunadamente, se está perdiendo, situación que estamos
aún a tiempo de revertir. El arte de la política consiste precisamente
en saber anticiparse y aprovechar las oportunidades. En este escenario debemos
entender el fenómeno de SL y también la respuesta del Estado y
de los militares a lo largo del conflicto vivido en las décadas pasadas.
No como hechos aislados producto de la voluntad mesiánica de Abimael Guzmán
o como respuesta espontánea de las Fuerzas Armadas; sino como la culminación,
en su forma más trágica y brutal, de lo que venía madurando
a lo largo de los siglos. No pretendemos excluir sus responsabilidades, que son
enormes y sancionables, pretendemos solamente señalar el escenario que
pudo parir un fenómeno semejante.
Desde los orígenes de la Independencia, las Fuerzas
Armadas asumieron el rol de poder armado, más
de la mitad de la vida republicana vivimos bajo regímenes
militares y dictaduras sin más ley que su voluntad
y más horizonte que sus ambiciones personales.
La democracia fue casi siempre [informal] y sigue siendo
todavía precaria. Los sectores populares, trabajadores,
intelectuales, campesinos, étnicos, femeninos,
jóvenes, de madres de familia, culturales, en
general no encontraron ni encuentran vehículos
de solución apropiados que no sean muchas veces
a través de la fuerza, y no pocas veces fueron
aplacados a sangre y fuego. El Perú requiere recursos
de fondo en lugar de paliativos que sólo logran
prolongar el drama. Las tensiones sociales se acumulan
en medio de una crisis estructural y endémica
de las políticas y de la cultura. Los periodos
de decadencia no son precisamente de estabilidad y de
orden sino de tensiones y convulsiones.
SL expresó la confluencia de condiciones objetivas
reales, sobretodo en las regiones más pobres y
atrasadas; con la voluntad subjetiva, mesiánica
y aventurera que creyó que la ley estaba seca.
Falló en sus cálculos y al final terminó devorado
por la lógica de violencia que había iniciado.
El terrorismo fue la expresión extrema para justificar
lo que ya tenía perdido en el ámbito de
la política y la moral, es decir, el respaldo
de la población. Quisiera aprovechar esta oportunidad
para desmentir el supuesto maoísmo de SL. El pensamiento
de Mao y su experiencia práctica en la Revolución
China disienten radicalmente con el pensamiento y la
acción de SL; no hay punto de conexión
ni como concepción, ni como estrategia, ni como
método, ni como relación con el pueblo.
Por lo demás, toda experiencia histórica
es irrepetible excepto como farsa.
Las Fuerzas Armadas
tampoco escaparon a su sino histórico.
Expresaron, más allá del manejo de sus
mandos y de la estrategia que siguieron, ese mismo sino
de resolver la crisis y las tensiones sociales con el
concurso de la violencia sin límite, del miedo,
del terror; y, para ello, la violación a los derechos
fundamentales de los ciudadanos fue funcional a la defensa
de su estrategia.
Existen responsabilidades, entre ellas,
del Estado por este hecho acumulativo a lo largo de la
República;
pero, igualmente, de las elites que manejaron el destino
del Perú en función de privilegios subalternos,
y no de un país que tuvo y tiene enormes condiciones
para ser distinto y mejor. También en la fragilidad
y, las más de las veces, en la intermitencia de
la democracia peruana; casi siempre avasallada por el
militarismo, el autoritarismo, el sentido aristocrático
y burocrático del gobierno, por la corrupción
y la prebenda; en la ausencia de instituciones fuertes
que ordenen la sociedad en lugar de su precariedad sujeta,
casi siempre, a los dictados del poder real; en la débil
práctica democrática y el atraso cultural
de la población que impide afirmar ciudadanos
libres, conscientes, capaces de hacer respetar los derechos
que le conciernen y de hacer valer su dignidad y autoestima;
en el abismo social y la polarización política
y económica donde la justicia social está ausente,
una sociedad justa, equilibrada, libre de pobreza y fundada
en el trabajo no dará cabida a la violencia política
y social; en la cultura del miedo, de la aceptación
ciega, del temor a la prepotencia del más poderoso,
en la corrupción institucionalizada que quiebra
dignidades y doblega voluntades.
También, asume su cuota el centralismo que debió empezar
a resolverse desde los orígenes de la Independencia
para permitir al país un desarrollo armónico
y que, sin embargo, se acentuó hasta convertirse
en un verdadero cáncer que asfixió la integración
nacional, el desarrollo de los pueblos y la creación
de un verdadero mercado nacional.
Sacando lecciones de
este hecho luctuoso, sangrante: ¿Podría
afirmarse que el Perú ha comenzado a cambiar?
Todo parece indicar que el olvido una vez más
cubre de cenizas el campo. ¿Continuarán
las causas acumuladas a lo largo de la historia y se
convertirán en el pretexto de situaciones parecidas
que no deseamos? Lo dirá el tiempo. ¿Sabremos
aprovechar las oportunidades que se nos presentan para
iniciar otro camino que termine con las lacras del pasado
y señale nuevos derroteros con verdadero sentido
de nación, de justicia social, estabilidad duradera,
integración y desarrollo de cara al siglo XXI? ¿Persistirá la
intolerancia de la cual, hoy mismo, el PCP-PR es víctima
y hace que se cierna sobre él la amenaza persecutoria
represiva sin una prueba que lo demuestre? Es penoso
constatar que el Perú se desangra en debates de
menor monta mientras los grandes problemas, los que deciden
su destino, poco importan. Deseamos que la tragedia vivida
no vuelva a repetirse, pero para que ello ocurra hay
que cerrar las válvulas que la hicieron posible
y canalizar sabiamente las grandes energías que
laten en millones de peruanos que quieren trabajo y aspiran
a entregar sus conocimientos y capacidades, en lugar
de a migrar al extranjero.
Por eso, nuestra persistente
propuesta de refundar la República, de construir un proyecto nacional que
le proporcione dirección duradera, de dotarla
de una base constitucional sólida, moderna y proyectiva.
En esta tarea cabe la inmensa mayoría de peruanos.
Los hombres y mujeres de la izquierda que continuamos
en la terca puesta de Mariátegui por el socialismo
no nos eximimos de responsabilidades. Fruto de tales
errores fue el derrumbe de la IU. La incompetencia para
continuar el camino trazado por el Amauta nos llevó al
estrechamiento oposicionista y reivindicativo, en lugar
de construir una gran fuerza política, intelectual
y moral capaz darle al Perú un proyecto, una fuerza
organizada, una solvencia moral que galvanizaran la pasión
y la confianza de millones de hombres y mujeres que hace
mucho buscan el cambio. También nos llevó a
esto, porqué no decirlo, la falta de madurez para
ser flexibles en la táctica sin perder por ello
el rumbo que nos trazamos.
Nada de estos errores puede
ocultar el hecho cierto de que nos hemos mantenido en
la lucha y persistido en
la defensa de nuestros ideales; así como asumido
con firmeza la defensa, en los momentos más difíciles,
de la democracia, de la dignidad nacional, de los derechos
humanos, de los intereses de los excluidos, de los trabajadores,
de los jóvenes, de la mujer, de las poblaciones étnicas,
de los marginados de la patria. Constrúyase una
sociedad justa, una democracia sólida y participativa,
un pueblo libre y soberano, una patria independiente
que decida por sí su destino, un país con
prosperidad creciente, una humanidad culta, fraterna
y solidaria que se enraicé en esta tierra y en
esta historia, que se abra al mundo desde su identidad,
sin complejos de inferioridad; entonces la violencia
será un asunto del pasado, un recuerdo doloroso,
pero un recuerdo. Gracias.
Salomón Lerner Febres:
Reiterando que la CVR
expresará su juicio sobre todos los asuntos de
su mandato en el informe final. Agradecemos al señor
Alberto Moreno su presentación que ha sido escuchada
con atención por ustedes y por el país
e invitamos al Congresista Henry Pease a que por favor
suba para hacernos su presentación.
Henry Pease García:
Señor Presidente y señores
Comisionados, amigas y amigos. Yo no puedo hablar a nombre
de una organización. No fui parte de ningún
partido, tampoco me definí marxista o marxista
leninista. Fui parte sí de una izquierda que quería
un socialismo democrático y encontré en
la alianza electoral IU un camino en esa dirección.
Yo voy a tratar de responder las tres preguntas que me
pusieron por escrito comenzando por una anécdota.
Me invitaron a última hora, el día de la
inscripción, a ser candidato a Teniente Alcalde
en 1983 con Alfonso Barrantes. No tuve tiempo de discutir
con él mucho, había que inscribir la lista.
Había tenido muy poca relación directa
con él, conocía a la mayor parte de gente
de izquierda, habíamos tenido muchas actividades
académicas en las ciencias sociales de entonces
y de ahora, muchos de los temas del marxismo más
allá de los aspectos estrictamente ideológicos
o programáticos estaban presentes, eran estudiados,
eran debatidos. Y yo quise tener una conversación
a solas, aunque fuera después. En mi escritorio
yo tenía la colección de la revista Oiga,
y en esa revista había una entrevista que le habían
hecho años atrás en la cual él se
proclamaba estalinista. En la conversación que
luego sostuvimos, yo le mostré la revista, le
hice un comentario y le dije: “éste para
mí es un punto límite”. Pero le dije: “hay
uno mayor y es que mi apreciación” -hablo
de fines 83 o principios del 84- “es que hay vacilación
frente al problema de Sendero Luminoso”. Yo no
tengo la menor duda de que IU y los partidos que la integraron
son absolutamente diferentes de SL porque dieron un paso
que era una apuesta por el régimen democrático.
Sin embargo, sí creo que hubo vacilaciones de
distinto nivel, desde la justificación de hechos
hasta la debilidad en la crítica. Vacilaciones
que evidentemente las usó muy bien el gobierno
o los gobiernos o los sectores más duros y por
eso le hice esa pregunta. Barrantes me contestó rotundamente
que él estaba contra toda vacilación y
que avanzaríamos por ese camino. Yo creo que se
avanzó en ese camino y que el congreso de Huampaní fue,
incluso en algunas partes de sus documentos, un avance.
Pero, ciertamente, hay una suerte de constataciones que
hoy podemos decir pero no ha cambiado lo que fue la realidad.
Indudablemente, la violencia es fruto de la exclusión. No
hay exclusión que de alguna manera no llegue a la violencia,
salvo que disperse absolutamente al excluido. El Estado Oligárquico
podía facilitar la exclusión por las mediaciones semiserviles
y hasta por el liderazgo, por llamarlo así, que ejercían
paternalmente los gamonales, pero era una sociedad incomunicada.
Esa violencia, hija de la exclusión, se trasladaba también
a las relaciones al interior de IU. La violencia comienza con la
palabra, por ejemplo, yo recuerdo muchas veces: “Hay que zanjar”. ¿Qué cosa
es zanjar? Abrir una zanja meter al otro adentro y taparla. ¿Ésa
era la lógica de una discusión? Nuestra madurez, entre
otras cosas, provenía de que acá no habíamos
tenido ninguna experiencia democrática. Yo escuche al ex-Premier
Trelles decir, por ejemplo, que la mejor experiencia democrática
había sido la República Aristocrática, los años
entre 1895 y 1919, que Jorge Basadre llama así. Ella no solamente
no representaba al país sino que era el feudo de los aristócratas
manejado con reglas, sí había sido un periodo de reglas.
En ese sentido: sí, cuando en los sesenta hablamos de democracia
formal lo decíamos con claridad, pero también de ahí nos
fuimos al extremo de decir: “democracia formal no, mejor democracia
directa”. El tema de las instituciones es un tema acerca del
que no se había reflexionado en esa época, y eso es
fundamental. Eso creo que “recomplementa” la afirmación
que hago de que los partidos que conformaron IU no solamente confrontaron
con SL y tuvieron muertos, sino que eran otra puesta en la que podían
haber vacilaciones; había un énfasis en la lógica
y en la prioridad de la lucha armada para muchos de sus dirigentes
y militantes que, sin embargo, estaban en la vía electoral,
estaban gobernando municipios, estaban ejerciendo en el Parlamento,
y al mismo tiempo estaban bajo un régimen no institucionalizado
de democracia donde el poder al final se imponía siempre a
las patadas.
Para cerrar este primer punto quiero recordar la más
grande movilización política que haya habido
en Lima: la Marcha por la Paz que convoqué como
candidato de IU el día en que SL anunció un
paro armado. Esa marcha por la paz que contó con
la adhesión de todas las fuerzas políticas
y de todo tipo de instituciones, ha sido la más
grande manifestación pública hecha en el
Perú; más grande que la que había
sido la anterior más grande que había sido
la Marcha por las Malvinas. Y eso no es una casualidad,
y es que hay un proceso en el cual se va acentuando la
diferenciación, pero también la crítica,
el cuestionamiento. La pregunta central era: ¿cuál
era el lema central de esa marcha? “No matarás
ni con hambre ni con balas”. Eso es importante
decirlo porque yo recuerdo en los primeros años
de SL y del gobierno de Fernando Belaúnde Terry
haber escuchado decir: “hay que usar a SL para
acabar con la izquierda”, “hay que usar a
SL para acabar con eso que botó al gobierno militar”.
Y eso era parte del pensamiento de derecha en el Perú en
ese momento, y eso era algo frente a lo cual nosotros
reaccionamos. Pero el “no matarás ni con
hambre ni con balas” era una opción clara
que nos diferenciaba de SL. Y yo sostengo que allí comenzó su
derrota política fuera de las que al interior
de las discusiones de los partidos de la izquierda hubiera
tenido antes.
En la segunda pregunta, se me pide un balance
de las organizaciones de izquierda y la lucha armada
como vía
legitima de acceso al poder en la década del ochenta.
En mi opinión no soy la persona indicada para
hacer el balance de las organizaciones de izquierda,
sí puedo decir que yo no me inscribí en
ningún partido de izquierda en la década
del setenta ni en los ochenta porque ése es un
punto que yo no suscribía. Ése es un punto
que estaba muy presente, sin embargo, no me hacia olvidar
que el resto que yo veía en la escena política
estaba del otro lado de la mesa; y es que el problema
central es el del problema de la exclusión, que
hoy día se da de otras maneras. Friedrich Von
Hayek, uno de los padres del neoliberalismo, declaró aquí en
Lima que uno de los últimos legados que quería
dejar a la humanidad era convencer que es demagogia hablar
de justicia social, porque hasta eso es un problema del
mercado. Revisemos la década del noventa, revisemos
incluso los fundamentalismos de hoy, y veamos ese casino
mundial en que se ha convertido la economía, donde
parece que es muy bueno y muy servicial para el bien
común que simplemente el dinero cree dinero y
que la especulación esté creando una serie
de males a millones de personas en la crisis asiática
y otras más. Esto lo sostenía hace poco
el director de la Le Monde Diplomatique en un programa
de televisión donde no se le entendía lo
que quería decir. Y es que el fondo del problema
del Perú, es el problema de cómo salir
de una sociedad excluyente, en todas sus dimensiones
de cómo salir de la pobreza.
Se ha dicho muy bien
lo que significa Ayacucho y la sierra en general con
relación al desarrollo de
otras partes del Perú. Creo que eso me libera
de mayores comentarios. Lo que sí puedo señalar
es que nos falta mucho para poder hablar de democracia.
Yo sostengo que la IU y los partidos que la integraron
fueron un gran avance en democracia. Pero en esa época
e incluso ahora, todavía se entiende la política
como confrontación, no como concertación.
No conozco democracia existente en el mundo donde la
lógica sea la lógica del enemigo y no la
lógica del competidor. Y eso es parte de los problemas
políticos actuales y es parte de los problemas
políticos que vivimos entonces. Porque yo recuerdo
reacciones cuando, por ejemplo, con Barrantes íbamos
a saludar a los familiares de militares asesinados. Y
es que claro que hemos denunciado el terror de Estado
pero eso no significaba dejar de lado la denuncia enérgica
de lo que originó ese terror de Estado; aunque
detrás de ambos esté una realidad social
que explica y no justifica lo actuado.
Me falta un punto,
el papel de la izquierda en los derechos humanos. Creo
que lo que he dicho señala un derrotero.
El derrotero es que se defendió fundamentalmente
a la gente afectada por el terror de Estado; y me acuerdo
del razonamiento: el Estado tiene sus mecanismos para
defenderse de quienes violan la ley y como tales son
perseguidos. Otro factor es que se negaba la existencia
del terror de Estado y había una cadena sistemática
de impunidad. La impunidad no nació en el gobierno
de Alberto Fujimori, ni en la Ley de Amnistía
de Fujimori que combatimos hasta las tres de la mañana
y que, me acuerdo, amnistió a todos los que hubieran
sido condenados, por ejemplo, en la matanza de los penales
y de 1980 para acá. Por tanto, cumplió lo
que corresponde a la lógica de impunidad.
Pensando
en el futuro lo único que puedo decir
es que las condiciones estructurales no han cambiado.
Que la reparación tiene que producirse desde un
Estado pobre, famélico; pero que tiene que hacerlo
en gestos, en especies y en dinero donde sea posible.
No creo que los casos emblemáticos que han dado
cheques bastante grandes sean generalizables. Pero creo
que es un punto que no se puede dejar de lado y es parte
esencial del proceso de reconciliación. Creo también
que todo lo que hemos vivido puede repetirse, y puede
repetirse no sólo por lo que ha pasado ayer, sino
porque aquí sigue habiendo exclusión, miseria,
racismo y enorme falta de solidaridad. Y esos componentes
no son componentes de una democracia porque generalmente
las democracias han estado compuestas por las clases
medias. A los europeos, la experiencia de Adolfo Hitler
y Benito Mussolini les enseñó que tenían
que compartir si querían democracia y por eso
nació el Estado de Bienestar. Muchas gracias.
Salomón Lerner Febres:
Muchas gracias Congresista
Pease. La CVR lo ha escuchado, el país también.
Nosotros en tanto CVR reservamos nuestra palabra para
el informe final. Hemos terminado la primera parte de
esta sesión. Vamos a dar inicio a una segunda
parte, bastante más breve, en donde la CVR invitará a
las personalidades que han hablado ya a que presenten
lo que hemos dado en denominar Perspectivas. Es decir,
a partir del balance se plantean los siguientes temas:
Las responsabilidades que deben asumir el Estado y la
sociedad frente a la atención y reparación
de las secuelas y las víctimas del conflicto.
La apreciación de las posibilidades de la repetición
del conflicto, teniendo en cuenta que vivimos en una época
distinta y, ¿cuáles serian las alternativas
de prevención de un eventual conflicto?
Finalmente,
les pedimos hacer una referencia a los problemas sociales
pendientes y al espacio más adecuado
para el proceso que nos atañe a todos los peruanos
que es el de la reconciliación. Queremos saber
si la reconciliación es para nuestros invitados
un objetivo relevante y cuál creen que es la relación
que tiene esta reconciliación con la democracia
constitucional.
En buena medida, algunos de estos temas
han sido tocados ya por los expositores en su primera
presentación.
Tienen por lo tanto, un máximo de diez minutos
para exponer sus puntos de vista. Invito al señor
Mario Huamán a que suba al estrado.
Mario Huamán:
El segundo aspecto que debemos abordar tiene
que ver con la perspectiva nacional, se trata en efecto no sólo
de analizar la violencia, sino también de mirar hacia delante
con la idea de asegurar que los hechos aciagos que se produjeron
en el país no se repitan más. Para que ello ocurra,
hay que asegurar un conjunto de políticas que respondan a
los requerimientos de la coyuntura, además, por cierto, acciones
de mayor trascendencia que ayuden a aliviar las tensiones sociales.
Desniveles sociales extremos, inmensos como los que ocurren en el
país con el desempleo y la pobreza extrema; enfrentamientos
agudos y represiones injustificadas ejercidas contra el pueblo, son
siempre caldo de cultivo de la violencia en todas sus formas. Lo
modo ocurre con la miseria creciente, el desgobierno social y la
ausencia de cultura democrática entre la población.
Hay que diferenciar, entonces, dos planos del debate: El primero,
tendrá que ver con la situación
concreta de los problemas que se presentaron antes y
con la necesidad de enfrentar sus posibilidades de resurgimiento.
El segundo, con la urgencia de superar los desniveles
sociales y hacer frente a la crisis social que nos oprime.
Ambos planos deberán enfrentarse con el desarrollo
de una firme conciencia democrática, con políticas
que lleven a la justicia social una educación
responsable, que hable a la gente a partir de sus derechos
y de sus deberes sociales y que planteé los requerimientos
del país como un reto colectivo que debemos enfrentar
todos los peruanos. Se habla con frecuencia de la necesidad
de reconstruir los hechos para construir la verdad de
lo ocurrido. Y es cierto, sólo la verdad nos permitirá mirar
con confianza el porvenir, sólo la verdad nos
ayudará a conocer los entretelones de una crisis
que hay que superar. Pero la verdad no es suficiente.
Así lo han entendido los gobernantes que han insistido
en la necesidad de llamar también a la Reconciliación
Nacional para salir adelante. ¿Cómo hacerlo
entonces? ¿Cómo reconciliar al opresor
y al oprimido? ¿Al asesino y a su víctima?
No resultará esto nunca una tarea fácil.
Hay, sin embargo, tres pasos que deben ser tomados en
cuenta:
- Saber la verdad, descubrir los hechos. Ocultar
lo ocurrido, echar un manto de olvido sobre la sangre
derramada
no ayudará a nadie; por el contrario, incrementará el
resentimiento social y finalmente se convertirá en
una nueva herramienta de confrontación. Por
eso como CGTP valoramos, apoyamos y respaldamos el
trabajo
que vienen realizando los miembros de la CVR.
- Reparar los daños causados a las víctimas.
Esto pasa en primer lugar por encontrar a los desaparecidos,
vivos o muertos, pero encontrarlos. No caer en el
fácil
expediente de pedirle a los familiares de los que
una vez fueron capturados para nunca volver, que se
olviden,
que no recuerden, que ya no será posible nada.
No. Si los desaparecidos murieron, hay que encontrar
sus cuerpos, conocer las circunstancias de su muerte,
saber cómo cayeron y tener una idea clara
de quiénes
los mataron. En segundo lugar, pasa también
por la necesidad de entregar reparaciones materiales
a los
familiares de los fallecidos que muchas veces fueron
los hombres de la casa, los padres de familia, los
que mantenían el hogar. De ellos dependía
el pan de sus hijos y de pronto se perdieron, desaparecieron
del escenario y dejaron una estela de angustia que
jamás
se borrará del rostro de los suyos.
- Sancionar a los culpables de los crímenes
constituye un paso indispensable. Esto implica eliminar
de una vez para siempre el precario concepto de la
impunidad.
Algunos dirán que demandarlo es una manera de
atizar rencores, que es mejor simplemente echar tierra
sobre los sucesos como si se tratara de echar tierra
sobre la tumba de un difunto. En esa idea se basan las
leyes de amnistía que se dieron en nuestro país
y en otros en el pasado, o las llamadas leyes de punto
final que pretendieron esconder los hechos y detener
las investigaciones de los mismos. Una persona absolutamente
insospechada de extremismo podría ser citada en
esta coyuntura, me refiero al General argentino Martín
Balza, quien recientemente visitó nuestro país
y dijo en una entrevista publicada hace muy poco, refiriéndose
a los altos mandos militares de su país: “Es
ridículo que los niveles superiores puedan invocar
obediencia debida, pues en estos niveles nacían
las órdenes, quienes ocuparon cargos de relevancia,
que son pocos, es un número que no llega a tres
dígitos, deben responder a la justicia”.
Y es así, en efecto, y el propio General Balza
lo reitera: “el paso más importante hacia
la reconciliación debe ser la anulación
de la Ley de Amnistía para los generales que tenían
dominio del hecho y poder de decisión”.
Y es que el pasado no se puede olvidar y quien quiera
olvidarlo tendrá como castigo ver como éste
se repite a futuro. Muchas gracias.
Salomón Lerner Febres:
Gracias a usted Señor
Huamán. Invitamos al Congresista Javier Diez Canseco
a hacer su presentación.
Javier Diez Canseco:
Tres son los asuntos que han sido
planteados respecto a perspectivas.
En primer lugar, las responsabilidades de todos frente
a la reparación actual de las secuelas y las víctimas
del conflicto. Creo que la responsabilidad de todos en
este terreno, señor Presidente, señores
y señoras miembros de la Comisión, es hacerle
paso a la verdad y hacerle paso a la verdad es la responsabilidad
a la que esta Comisión está contribuyendo.
Se trata de una responsabilidad que no debe ni desmoralizar
a los institutos armados y policiales ni pretender que
es causal de debilidad de las instituciones estatales
fundamentales; porque la verdad es un elemento fundamental
para corregir el error y para evitar la repetición
de conductas que han tenido un costo enorme para el país.
No desmoraliza, en este sentido, sino que dignifica a
las instituciones y sus componentes el asumir la verdad.
Ello debe incluir, en nuestra opinión, también
la verdad de los llamados grupos paramilitares que, en
realidad, no han sido sino, en la mayoría de los
casos, estructuras de las propias instituciones que desarrollaron
accionar ilegal, no estructuras paralelas a las militares
o policiales, sino integrantes de éstas. Hacer
verdad sobre ello contribuirá a eliminar la posibilidad
de que esto se repita.
En segundo lugar, implica, como
ha sido planteado aquí,
la posibilidad de abrir paso a la justicia; porque entre
la verdad y la reconciliación, media la justicia.
Y es la justicia la que hace posible luego la reconciliación
e inclusive los elementos de perdón que una sociedad
considere necesarios llevar adelante para posibilitar
esa reconciliación. Si no hay justicia el perdón
es imposible en cualquiera de sus dimensiones y la herida
continuará abierta.
En tercer lugar está el tema de un proceso de
reconciliación, y este proceso de reconciliación
implica una reparación de víctimas y de
secuelas. Esa reparación, en nuestra opinión,
debe ser, en primer lugar, moral. El país debe
dar un reconocimiento a las víctimas fundamentales
que son en su gran mayoría los sin nombre, los
que aparecen registrados en las noticias periodísticas
de la época como un número y no como personas.
Y ese reconocimiento implica un proceso de reparación
que incluye modificar las condiciones de exclusión
a las que se ha hecho reiterada mención en este
proceso. Esa reparación implica también
un cambio cultural y de sentido común frente al
desarrollo de la violencia; implica cultivar una cultura
de tolerancia y de diálogo sin con ello eximir
las diferencias y la existencia de contradicciones que
deben ser adecuadamente procesadas. Es evidente también,
que la corrección o la reparación de las
secuelas implica un conjunto de políticas del
Estado y de la sociedad para poder reincorporar o readaptar
a la vida social a sectores, a personas, a familias que
han sido muy dura y brutalmente golpeadas; y esto incluye
en las políticas del Estado desde el tratamiento
psicológico hasta la inclusión institucional
que abrigue determinados derechos fundamentales de las
personas.
Es indiscutible para nosotros, desde la segunda
interrogante que se plantea, la apreciación de posibilidades
de que se repita un conflicto interno armado y de cómo
enfrentarlo. Hay que señalar, como han hecho otros,
que las condiciones de injusticia y exclusión
tienden a alentar condiciones de violencia que podrán
tener expresión organizada armada o podrán
tener expresión en explosiones sociales disgregadas
pero igualmente violentas y han de constituir un factor
central de inestabilidad. Creo que la mayor responsabilidad
para resolver este tema corresponde a quienes han sido
calificados desde tiempo atrás como capas dominantes
más que capas dirigentes, y que deben reflexionar
si continuarán teniendo como proyecto de país,
vivir en casas rodeadas por cercos alambrados electrificados;
con “guachimanes” en las puertas; y niñas
y niños que van al colegio con guardaespaldas,
o tienen disposición a construir una sociedad
diferente compartiendo con los demás y tolerando
las diferencias. Creo que este proceso es fundamental
y que el evitar la repetición de un conflicto
en este sentido, pasa también por producir modificaciones
en el sentido común y organizar las visiones o
propuestas de país como proyectos políticos
orgánicos.
Creo que una condición fundamental, para prevenir
nuevos procesos de violencia, es la institucionalización
de las opciones políticas en el país, el
enfrentar desde los políticos la lucha contra
la disgregación de fuerzas. En este terreno es
central, en lo que compete o a los sectores de izquierda
y centro izquierda; a los que creen en la equidad e igualdad
de oportunidades; en la justicia social; en la democracia
participativa; en la descentralización efectiva;
en el desarrollo del país equilibrado y articulado,
el poder manifestar ésa como una expresión
válida, organizada con rostro y estructura, con
movimiento y con acción; porque ante la ausencia
de canales el desborde es muy probable. Creo que este
es un reto fundamental desde el ángulo de quienes
hoy presentamos testimonio y visión sobre este
problema ante el país, y una tarea que no podemos
obviar. Finalmente, creo que constituye un elemento central
para la consolidación de la democracia política,
el desarrollar un encaramiento de problemas sociales
pendientes que tienen una agenda de corto, mediano y
largo plazo.
A corto plazo, creemos que es inevitable,
si es que se pretende obviar las condiciones para nuevas
secuelas
de violencia en el país, el encarar los retos
de una distribución más equitativa de la
riqueza que tiene entre sus herramientas fundamentales
el tema de una profunda reforma tributaria para enfrentar
inequidades y distribuir de mejor manera lo que socialmente
se produce. En segundo lugar, se debe encarar una responsabilidad
global, mundial, frente a las condiciones de desigualdad
en determinados países y posibilitar las condiciones
de su desarrollo. Dicho de otra manera, se debe encarar
el tema latente y reiteradamente presentado de la deuda
externa y las condiciones de nuestros países para
tener opciones de desarrollo económico y de un
Estado que tenga política y moral frente a la
población. Ello pasa por un Estado que actúe
con transparencia, que enfrente la corrupción
y que tenga equidad en el desarrollo y condiciones laborales
de sus propios servidores, para así terminar con
la desigualdad de condiciones de los diferentes sectores
que hacen inviable el desarrollo de un aparato funcional
estatal efectivo.
En el mediano plazo, esto pasa por
el desarrollo de un proyecto de país donde sea posible dialogar
entre opciones diferentes para poder encontrar puntos
de entendimiento como nación con los enfoques
y particularidades que cada cual tenga desde sus opciones
ideológicas y políticas. El Perú,
como nación, requiere de una articulación
que reconozca las diferencias y pueda procesarlas. En
ello, sin duda, están también en el corto
plazo, todos los elementos que tienen que ver con la
reparación económica; el reconocimiento
de los derechos legales; las posibilidades de reinstalación
de las víctimas; y lo que es también fundamental,
una reorganización de nuestros institutos armados
y policiales a efecto de que estén en condiciones
de encarar estos nuevos retos. Pero ello no podrá hacerse
si desde la civilidad no se enfrentan paralelamente las
responsabilidades que le competen en este terreno para
poder llevar este proceso adelante. Éste es nuestro
criterio sobre estos temas. Muchas gracias.
Salomón Lerner Febres:
En tercer lugar, invitamos
a hablarnos de las perspectivas, al señor Alberto
Moreno del PCP-PR.
Alberto Moreno:
En la historia de los pueblos hay momentos cruciales,
momentos de grandes crisis que son precisamente las oportunidades
para los grandes cambios. O se aprovechan para modificar no solamente
las estructuras establecidas sino la mentalidad de la gente, o se
pierden esas oportunidades. Por eso en la primera intervención
me refería a ese problema. El ingreso al siglo XXI era una
oportunidad excepcional para ubicarnos bien en este siglo, sino lo
hacíamos podíamos avanzar a convertirnos penosamente
en un país inviable. Desafortunadamente, la política
peruana no está pensada de esa manera, por eso nos consumen
asuntos pequeños; importantes, sin duda, pero que, considerada
la dimensión de los problemas que tenemos que enfrentar, no
le corresponden.
En lo que se refiere al problema del primer punto
tiene que darse un reconocimiento explícito de todos
los sectores comprometidos de lo que ha ocurrido, comenzando
por las Fuerzas Armadas. No se puede rehuir una actitud
autocrítica, severa y seria que quede como testimonio
de que las cosas ahora en adelante van a cambiar. Y esto
también nos incluye, a los partidos políticos,
que, de todos modos, debemos asumir y reconocer públicamente
que, en muchas cosas, también fallamos y no estuvimos,
por distintas razones, a la altura de las responsabilidades
que nos correspondían. La gente ya no quiere demagogia,
no quiere discurso fácil, ni promesa fácil.
Hay que recuperar la credibilidad de la población
sin la cual no es posible la gobernabilidad de un país.
La gente tiene que creer en algo, tiene que tener fe,
tiene que tener confianza y esto es lo que se ha perdido.
En segundo lugar, se debe dar reconocimiento a toda esa
gente que sufrió, que padeció tremendamente;
gran parte de ella, injustamente y a la que el Perú le
debe mucho, y justamente porque el Perú le debe
mucho, tenemos que reflexionar para que no vuelva a ocurrir
una situación parecida.
En lo que se refiere a
las posibilidades, el Perú tiene
muchas. Nosotros estamos trabajando sobre tres ideas
que quizá no las tomen en cuenta. Decimos que
la República, que se funda en 1821 y está colapsada,
pudo y debió resolver grandes temas que le correspondían
pero no lo hizo. Ni siquiera fue capaz de crear mercado
nacional; no pudo integrar el Perú; no pudo descentralizar
como una condición esencial para el desarrollo;
no pudo construir un estado estable, democrático
y moderno; no pudo crear una nación que se convirtiera
en el factor de cohesión de un pueblo como el
nuestro. Ahora que se habla de la globalización
pareciera que la nación no tiene sentido, pero
todo pueblo que ha querido construirse con fuerza lo
primero que ha buscado es su cohesión nacional,
construir su mercado nacional. Eso lo hicieron todos
los países capitalistas y esto no se ha construido
en el Perú.
Entonces hay que refundar la República, hay que
tener el coraje de decir: “pudimos hacer, no lo
hicimos, empecemos a hacerlo”. Pero eso requiere
que se discuta un proyecto lo más amplio posible.
No proponemos un proyecto socialista, sino que se cumplan
las tareas históricamente no resueltas y que se
avance más a tono con los cambios y las exigencias
del mundo moderno. Es imposible, es inviable resolver
los problemas del país sino entramos, por ejemplo,
como ejes, en la educación, la ciencia y la tecnología.
No es imposible y así como esto hay muchos campos
sobre los cuales debiéramos discutir los políticos
y decir en qué nos ponemos de acuerdo. Independientemente
de las diferencias ideológicas que van a haber,
diferencias de programas que van a subsistir, pueden
haber puntos fundamentales de conexión para salir
adelante. Requerimos construir una nueva cultura política,
la nuestra, incluida la de la izquierda, incluida mucho
de los que practicamos en mi partido, tienen viejas reminiscencias
coloniales y el caudillismo es un ejemplo de eso. Hay
que renovar la política a fondo; no se trata de
cambios de líderes, de cambio de personas sino
de una manera distinta de ver la democracia, de entender
la política y también el Estado.
Desafortunadamente,
estos temas están ausentes
y mientras no encaremos estos asuntos y empecemos a resolverlos
incorporando a la población en este proceso histórico,
podrá haber eclosiones sociales y probablemente,
ojalá no, situaciones de violencia. Ya no podemos
contentarnos con una democracia que se reduce a votar
cada cinco años. Requerimos una democracia donde
la gente opine, donde la gente decida, donde la gente
diga “yo manejo, yo oriento, yo soy dueño
de este país”. Por eso, como aquí se
ha repetido varias veces, el tema central es la exclusión
que tiene distintas manifestaciones y un país
de excluidos no es un país con la gran unidad
que se necesita.
Pensamos también que debemos romper, como se
ha dicho aquí, viejas tradiciones sectarias que
surgen precisamente de esa visión excluyente,
que nos afecta a todos. Yo quisiera decir al auditorio
que quién no sea sectario arroje la primera piedra.
Y vamos a sentir que en el fondo tenemos algo de eso.
Entonces, esto es una tarea de renovación intelectual
y cultural que nos abarca a todos. Por eso, decidimos
avanzar a construir una nueva cultura política
que permita que este país aproveche las enormes
potencialidades que hoy tiene, y que, si pierde, seguramente
en los próximos treinta años nuestra situación
será aún más penosa.
Las perspectivas
que se abren a nuestro juicio son dos: o aprovechamos
esta coyuntura histórica para dar
el salto que se requiere o continuamos en la rutina en
que nos encontramos, y la situación será muy
oscura. En mi primera participación decía: “parecemos
un barco que no tiene puerto seguro”. Y un país
tiene que saber a dónde va y cómo va llegar
a ese objetivo. Sobre estas cosas quisiéramos
que se discutiera como una condición para encontrar
un ámbito de estabilidad, un ámbito de
orden, un ámbito de solución consensuada
de todos los grandes problemas que tenemos en el país.
Gracias.
Salomón Lerner Febres:
Muchas gracias señor
Alberto Moreno, Presidente del PCP-PR. Invitamos al congresista
Henry Pease a que nos dé su presentación.
Henry Pease:
Yo debería hablar menos porque me
había adelantado un poco. Quiero comenzar felicitando
de todo corazón a cada uno de los Comisionados
y por supuesto a su Presidente por el valor de afrontar
esta tarea que es vista de dos maneras: con esperanza
por muchos y con miedo por otros. He vivido hoy en el
Congreso en la sesión matutina dos o tres intervenciones
que expresan ese miedo y yo no creo que las responsabilidades
de algunas de esas personas o las de sus partidos no
sean las mismas quizás en grados distintos, quizás
en momentos distintos, que la de todos los actores de
la política peruana de ese periodo. Somos además,
herederos de un conjunto de problemas estructurales que
no hemos podido manejar De alguna manera yo diría
que no nos han dejado manejar porque la civilidad en
los gobiernos del siglo XX ha sido minoritaria y porque
durante los mismos, se han repetido procedimientos y
actitudes propias de momentos de dictadura. Cuando yo
fui por primera vez al Congreso, que fue el Congreso
Constituyente Democrático (CCD), fui como quien
va a un ring de box, eso era un ring de box; no tenia
la menor intención de pactar, era esa la situación
en la que estaba. No es ése el comportamiento
que debe de haber en un Congreso como el hoy o como los
que se den en un régimen más abierto.
Creo
que hay que construir una cultura de paz que presupone
justicia social e institucionalidad democrática,
que tienen que ir juntas. Yo no siento que la acción
más grave en materia de predecirnos una posibilidad
de repetición de lo vivido se haya dado en el
hecho de ayer, yo veo una continuidad de hechos en la
cual la cultura de la violencia está absolutamente
presente. Comenzando por el día anterior a la
vigencia del Estado de Emergencia en Puno, cuando veo
a un estudiante o a un conjunto de estudiantes lanzando
piedras a otros o a quienes fuera. Quien lanza una piedra
de ese tamaño puede matar a una persona. Y si ése
es el medio para imponer sus ideas no sé qué estamos
enseñando, no sé qué estamos haciendo
en la universidad. Si no comprendemos eso, entonces el
punto de partida va ser el mismo. Es cierto también
que estamos en una situación particular, en una época
en la que somos un país inviable, en la que si
no se une toda Sudamérica no tenemos nada que
decir en el mundo, tenemos muy poco que renegociar en
deuda externa.
Y si hay una coyuntura especial que podría hacer
que en estos años se avance, tanto en el tema
de deuda como en otros temas de negociación internacional
para abrirnos un poco la caja, porque lo que se me ocurre
es que sólo tenemos pobreza para redistribuir.
Todo el esfuerzo que se está intentado de desestructuración
presupuestal para ahorrar y poder hacer más justicia,
no llega ni va llegar a los setecientos millones de soles.
Porque cada vez que vamos al Congreso con un presupuesto
lo que viene es el margen de decisión que tiene,
que es el de 18 % por lo menos, la cuarta parte es pago
de deuda, y luego son sueldos, y luego son pensiones;
de cada sol que paga la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), sesenta y seis centavos son parte
del presupuesto de la República. Se comió el
fondo a lo largo de varios gobiernos. Cultura de paz
y tolerancia tienen que tener una base material y hay
un elemento que para mí es fundamental y lo voy
a explicar con la frase del congresista Herrera, once
años y medio Alcalde de Ilo, nueve años
Teniente Alcalde de Ilo. Cuando discutíamos el
tema constitucional de cómo construir una democracia
participativa, él decía: “en una
familia si todos saben lo que ingresa y todos contribuyen
a decir: “bueno, esto es para comida, esto es para
pasajes, ya para esto no queda pero vamos a ver si juntamos
para que el próximo mes quede”. Después
hay paz, se sabe que la situación está así.
Es decir, que hay un trabajo que supone distribuir mejor
nuestra pobreza. Y eso que Javier señalaba como
reforma tributaria y como reducción, la condena
a dos tercios de la humanidad a una vida de pobre; pero
la desigualdad es el factor de la exclusión más
importante y más notoria. Por tanto, jugar en
estos dos carriles puede ser una manera de avanzar. Por
esa perspectiva de lo participativo es que creo que se
ha dado el avance más importante en estos tiempos:
el proceso de descentralización. Cuando en un
año hayamos casi triplicado el porcentaje de lo
que cada municipio recibe como fondos para su presupuesto
y se haya reducido el equivalente del Gobierno nacional;
estoy seguro de que ellos sentirán que, incluso
en las acciones asistenciales, es posible la concertación
como lo ha demostrado la Mesa de Concertación
de Lucha contra la Pobreza. Muchas gracias.
Salomón Lerner Febres:
Muchas gracias congresista
Pease García. Señores invitados, señores
periodistas, damas, caballeros. La CVR agradece la participación
de los señores Mario Huamán, Alberto Moreno,
Javier Diez Canseco, Henry Pease quienes en representación
de la CGTP, el PUM, el PCP-PR, e IU, respectivamente,
han tenido la oportunidad que la CVR les brindó para
presentar al país su balance de lo ocurrido, así como
una reflexión sobre las perspectivas de futuro
para el país.
Como he señalado en reiteradas oportunidades
y con el riesgo de ser impertinente debo expresar que
la CVR presentará sus conclusiones y recomendaciones
en su informe final. No obstante, quiere destacar la
importancia de esta sesión, y su confianza en
que el proceso de verdad, justicia, reparación
y reconciliación encuentre entre todos los actores
públicos y privados, en el Estado y en la sociedad
apoyo y participación activa. Con lo dicho declaro
levantada la Primera Sesión de Balance y Reflexión,
y les invito a la segunda que tendrá lugar el
día de mañana a las diez de la mañana
en punto con la participación de Acción
Popular en este mismo local. Muchas gracias, buenas tardes.
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