Informe Final
Nuestra Labor
Sedes Regionales
Convenios y Normas
Información Financiera
Balance CVR
Enlaces
Sesiones Institucionales
Seminario Internacional
Audiencias Públicas
Desaparecidos
Exhumaciones
Proyecto Fotográfico
Galería Audiovisual
Notas de Prensa
Discursos
Boletines
 
 
 
  Sesiones Institucionales
Regresar
 

SESIONES PÚBLICAS DE BALANCE Y PERSPECTIVAS
partido acción popular

Sesión 11 de junio de 2003

Iris Jave (conductora):
Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la Segunda Sesión Institucional de Balance y Perspectivas que organiza la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), para lo cual damos la bienvenida a los dirigentes del Partido Acción Popular (AP), encabezados por el doctor Valentín Paniagua, ex-Presidente de la República. Les pedimos, por favor, como en el transcurso de todas las sesiones, guardar silencio y no mostrar muestras ni a favor ni en contra de los expositores. Es una sesión donde se les pide respeto, como se indica en el reglamento que han obtenido. Va a tomar el uso de la palabra, el Presidente de la CVR, doctor Salomón Lerner Febres.

Salomón Lerner Febres:
Muy buenos días señoras y señores invitados, señores periodistas, amigas, amigos. Doy formalmente inicio a esta Sesión Pública de Balance y Perspectivas que cuenta con la presencia del doctor Valentín Paniagua Corazao, ex-Presidente de la República durante el Gobierno de Transición y actual Presidente de AP; del doctor Luis Percovich Roca, ex-Ministro del Interior durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, entre los años 1983 y 1984 y, posteriormente, Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores durante el mismo gobierno; del señor Edmundo del Águila, ex-Diputado y ex-Secretario General del Partido. Nuestro saludo, también Luis Enrique Gálvez, Secretario General Nacional de AP. Me permito recordarles que durante la sesión, deberemos observar el contenido del reglamento aplicable a estas reuniones, y que les ha sido distribuido a la entrada a este local.
Al iniciarse esta sesión, me permito recordarles el contenido del reglamento aplicable y que obra en su poder. El mandato conferido a la CVR incluye un cuidadoso escrutinio de los hechos acaecidos durante los veinte años de violencia. En el desarrollo de este mandato, la CVR escucha las voces de aquellos que han sido víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, voces como las escuchadas en el video que ustedes han podido observar; pero también, las voces de instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado en el proceso que le ha correspondido estudiar.
En este caso, la CVR ha convocado a partidos políticos y a instituciones públicas a fin de que realicen, de cara al país, un balance histórico del papel que jugaron, así como una reflexión sobre su visión de las perspectivas que tienen del Perú hacia el futuro y con relación a la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos. Éste es el sentido profundo de estas sesiones que no buscan ser eventos de juicio público, ni de polémica, sino permitir al país escuchar la versión de cada uno de los actuales invitados.
La CVR pide a los dirigentes presentes hoy, ofrecer un balance institucional de su comportamiento; la sesión no se refiere a hechos de conducta individual. Los vamos a escuchar con atención y las conclusiones y recomendaciones de esta CVR serán presentadas en el informe final en el próximo mes de agosto.
A modo de síntesis de introducción, la CVR quisiera dejar sentadas algunas premisas:

Ante todo, ratificar que el conflicto armado fue provocado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL), pese a que había entonces condiciones democráticas abiertas. En el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden. Esto debía hacerlo, sin embargo, dentro del estricto respeto a los derechos humanos. Los hechos que le ha tocado analizar a la CVR muestran que ello no ocurrió así. Son precisamente esos graves hechos producidos en estos veinte años, los que han dado sentido a la creación de la CVR; y son estos hechos, finalmente, los que brindarán sentido a sus conclusiones y recomendaciones.
Asimismo, la CVR reitera que su perspectiva de análisis será fundamentalmente ética, con particular atención a aquellos que fueron víctimas de este conflicto y sin discriminación alguna. Es, a partir de estas premisas y dentro de este marco general, que se ubica la sesión que tendrá lugar el día de hoy y aquéllas que se sucederán en los días siguientes.
En la segunda mitad del siglo XX, grandes planes modernizadores fueron diseñados para lograr un Perú moderno. Las ricas pero mal irrigadas tierras de la costa debían ser polos agroindustriales de alto desarrollo e intensificación de la producción agrícola y, para ello, se planificaron grandes irrigaciones a lo largo del eje costero cuya construcción en los últimos cuarenta años ha transformado el paisaje social, económico y demográfico de esa región. Las riquezas de la selva debían integrarse a la economía nacional y, por ello, se planificó la Carretera Marginal, proyecto que empezó a ejecutarse en los años sesenta y ha seguido hasta hoy. En la sierra, la promesa de modernización no tuvo inversión y las pocas propuestas del Estado en ese espacio nos remiten a la Reforma Agraria; la ampliación de la cobertura educativa básica y superior; y a cierta inversión urbana en algunas de las capitales departamentales. En suma, es posible afirmar que el Perú que se modernizaba desde los años cincuenta no tuvo un gran proyecto ni una gran visión para la sierra de nuestro país. En el campo serrano, la masiva migración rural, principalmente hacia la ciudad de Lima; y las movilizaciones campesinas contra el régimen latifundista, transformaron la demografía y las estructuras de poder.
En los estudios realizados por la CVR, se observa que los conflictos entre sectores de la población o entre pobladores y el Estado, en los cuales se sustentaron los grupos subversivos, se asocian en forma particular a los procesos parciales e inacabados de modernización. Las transformaciones diferencialmente vividas tuvieron también efectos en el surgimiento y deterioro de una sociedad civil organizada, lo que incidió a su turno en las formas y los niveles de la violencia. Sin ningún recurso atractivo para el capital extranjero o nacional, ni polo económico dinámico, y mal integrado por una escasa y pésima infraestructura vial; el departamento de Ayacucho mostraba signos visibles de depresión económica, con uno de los Producto Bruto Interno (PBI) más bajos del país y altas tasas de migración de sus diferentes provincias hacia las zonas dinámicas de la costa o de la selva. En el entorno regional de pobreza y depresión, los movimientos campesinos y procesos de compras de hacienda por sus feudatarios; y finalmente, la implementación de la Reforma [Agraria] sobre los restos del sistema tradicional de hacienda, habían restado poder, influencia y peso determinantes en la ciudad y la región a los grupos de poder tradicionales.
La reapertura en Ayacucho, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en 1959, fue un proyecto educativo que renovó la ciudad y la conectó con el movimiento de modernización y progreso del país. Ésta se convirtió en el foco de dinamización cultural, política y económica de la región. Difusora de ideas progresistas y distancias de sectores tradicionales, la Universidad de Huamanga acogió, como el resto de universidades del país, las ideas radicales de los años sesenta y setenta. Desde su alta legitimidad regional, la Universidad irradió estas ideas hacia la ciudad y la región, ejerció casi un monopolio sobre la opinión pública modelando el sentido común local. Éste fue el espacio de surgimiento del PCP-SL cuya fuerte presencia en la Facultad de Educación le permitió ejercer una influencia importante en los maestros, y estuvo asociada al paulatino crecimiento de la cobertura educativa en las aéreas rurales crecientemente copadas por sus militantes que desarrollaron así su presencia en el campo.
El sector de la sociedad rural donde se inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde a los márgenes sociales del país, irrelevantes para la economía nacional y los planes de desarrollo, donde el Estado no estuvo presente garantizando el acceso a infraestructura y servicios públicos básicos, ni cumplió su rol de garante de la tranquilidad, la seguridad y la propiedad de las personas. En términos generales, se trata de contextos rurales muy pobres donde la mayoría de población era quechua hablante y analfabeta – como lo vamos a ver en los gráficos posteriores- el espacio que se llamó despectivamente la “mancha india”, en el cual se incluye la sierra sur central, los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. En estos espacios de pobreza rural, las únicas expectativas de progreso fueron individuales y no fueron otras que la emigración y el acceso a la educación. Hasta aquí tenemos un resumen de los antecedentes que explican el inicio del ciclo de la violencia.
Ahora resumiremos algunos datos estadísticos que nos dan un grueso perfil del itinerario y los resultados del conflicto, que podrán servir a sus organizaciones, señores invitados, para realizar el balance que nosotros les solicitamos.
En el primer gráfico, observamos cuando ocurrieron los hechos que condujeron a la muerte y desaparición de personas entre 1980 y el 2000; en él resaltan dos picos; el primero, entre 1983 y 1985; y el segundo, entre 1989 y 1991.
El segundo gráfico se refiere al lugar donde ocurrieron las muertes y desapariciones. En él se evidencia que el departamento de Ayacucho fue el principal escenario de muertes y desapariciones.
El tercer gráfico muestra una mayor incidencia de la violencia en el ámbito rural, si bien los espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre los años 1989 y 1993. El 55% de las víctimas eran campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias.
El cuarto gráfico expone con claridad un rasgo fundamental sobre el tema de quiénes fueron la mayoría de las víctimas. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la CVR, el 75% de las víctimas era quechua hablante. Por otra parte, hasta el momento, la CVR ha contabilizado 1 224 autoridades locales muertas o desaparecidas como consecuencia del conflicto armado interno. SL sería responsable de más del 70% de estos casos.
El quinto gráfico expone: ¿quiénes serían los grupos responsables de los muertos y desaparecidos? Las cifras de la CVR muestran que aproximadamente la mitad de las víctimas fueron causadas por SL y un tercio por agentes del Estado.
El sexto gráfico muestra el número de víctimas ocasionado por los principales actores durante el ciclo de violencia. En él, resalta la disminución de muertos causadas por agentes del Estado durante los años 1989 y 1999.
Finalmente, el sétimo gráfico reúne las cifras de la muerte de civiles, miembros de las fuerzas del orden y de presuntos subversivos.
Presentados los antecedentes y estos datos estadísticos más importantes, escucharemos la opinión de los distinguidos representantes del Partido Acción Popular (AP).
Me permito aprovechar este momento para saludar, de manera muy especial, al doctor Valentín Paniagua Coraçao quien en su condición de Presidente del Gobierno de Transición, dio inicio a la existencia de esta CVR. Puedo decirle, señor Presidente, que sus miembros estamos trabajando con esfuerzo y honestidad para cumplir tan difícil como honroso encargo.
AP aparece en la política peruana en 1956 bajo el liderazgo del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Ganó las elecciones de 1963 y gobernó hasta octubre de 1968, cuando su gobierno fue interrumpido por un golpe militar institucional comandado por el General Juan Velasco Alvarado. Después de doce años de gobierno militar y de haberse mantenido al margen para las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, en 1980 Belaúnde Terry se presentó a las elecciones presidenciales y obtuvo la victoria con AP. El país había cambiado profundamente: el Estado era mucho mayor y más complejo; y pocos meses antes de recibir el poder, bajo el gobierno del General Morales Bermúdez, había comenzado el proceso subversivo con la acción del PCP-SL. Reconocemos que no era fácil para ningún gobierno el manejo exitoso de una situación tan compleja como imprevista.
En tal contexto, creemos que es nuestro deber, expresar un reconocimiento respetuoso a la memoria de los muchos militantes que el Partido AP perdió a manos de la rebelión subversiva; así como saludar a aquellos que sobrevivieron a crueles atentados; entre éstos últimos, quizás el símbolo que resuma este saludo sea el nombre de aquel que fue Alcalde de Huamanga, dirigente regional de AP, Jorge Jáuregui, primer alcalde provincial atacado por Sendero Luminoso. El señor Jáuregui, según recordamos todos, incluso enfermo, estuvo presente en la Audiencia Pública que la CVR realizó en Huamanga y en la cual sus hijos nos proporcionaron emocionado testimonio. Al concluir su último informe, la CVR confía en poder entregar una lista de las decenas de autoridades locales y militantes de AP que murieron durante este conflicto.
Invitamos ahora a los representantes presentes de AP a exponer su reflexión, teniendo en cuenta con libertad, en la forma de tratarlas, las siguientes preguntas:

  1. ¿Cuál es la percepción que el gobierno de AP tuvo de SL, que condujo a adoptar medidas en el primer período de conflicto entre los años 1980 y 1982?
  2. ¿Cómo se gestó la decisión de disponer el ingreso de las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de enfrentar a la subversión?
  3. ¿Cómo se diseñó la estrategia de intervención de las Fuerzas Armadas y cuáles fueron las formas de coordinación establecidas con el Gobierno y con las autoridades civiles?
  4. ¿Cuáles fueron los mecanismos de supervisión de la constitucionalidad de los comandos político-militares y su pertinencia en aquellas circunstancias, reconociendo la obligación del Estado de defender los derechos fundamentales de las personas?
  5. Teniendo en cuenta el conjunto de datos anteriormente presentados, ¿cuál es el balance global del ciclo de violencia interna y, dentro de él, cuál es la revisión franca que hace su organización de ese conflicto armado interno?

Vamos a dar treinta minutos a nuestros invitados para que puedan contestar a estos temas, y con ello concluiría la primera parte de esta sesión orientada al balance sobre lo vivido en el país. Luego pasaríamos a una segunda parte, donde trataremos el tema de las perspectivas. Gracias.

Luis Enrique Gálvez:
Señor Presidente, señores Comisionados. En mi calidad de Secretario General Nacional de AP, me veo en la necesidad de señalar que nuestra presentación en esta sesión pública no responde a que aceptemos los términos en que hemos sido invitados. Con todo respeto no aceptamos estos términos, pues no es verdad que hayamos sido actores institucionales que tuviéramos que ver directamente con un conflicto armado como se indica en el documento que nos cursaran con tal propósito. Nuestra presencia responde al deseo de honrar la memoria de nuestro Jefe y fundador, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry; y de ser fieles al principio de veracidad que inspira nuestra ideología. Es fácil dejar constancia de que no participamos en ningún conflicto armado por el sólo hecho de que, a diferencia de otras organizaciones, nosotros los de AP jamás nos armamos para combatir a nuestros adversarios políticos, siempre primó en nosotros la razón antes de la fuerza. Tanto es así, como habrán podido ustedes constatar señores Comisionados, que las dos veces que el terrorismo atacó nuestro local central de Paseo Colón, nuestros militantes cayeron sin poder ofrecer resistencia alguna, precisamente, porque se encontraban inermes.
Por eso, tampoco aceptamos lo que sería una conclusión adelantada por la CVR al haber emitido un pronunciamiento público en el que, refiriéndose a la organización a la que pertenecen estos terroristas, dice que para conocer a profundidad el proceso de violencia que vivió el país y prevenir su reaparición es necesario reconocer que SL es un partido político. ¿Qué tiene que ver lo político con el crimen? Si ustedes, señores Comisionados, se cuidan tanto de usar el término violencia política por considerarlo un contrasentido, más deberían hacerlo de usar el término partido político para referirse a quienes se organizan para destruir el sistema democrático y asesinan para tomar el poder. Permítasenos discrepar sustancialmente de la conceptualización que viene realizando vuestra Comisión de los hechos cuyo esclarecimiento se les ha encomendado. Una cosa es exponer los hechos constatados y otra muy distinta es pretender interpretar tales hechos dentro de un marco ideológico, que democráticamente respetamos pero que no compartimos ni se nos puede obligar a hacerlo.
Señor Presidente, como dijimos en la primera reunión privada que sostuvimos, los de AP hemos sido victimas y no victimarios en esa ola de violencia que produjeron quienes importaron al Perú la tesis apocalíptica de la violencia como partera de la historia. Venimos pues a sostener la verdad, que no es otra cosa que la coincidencia entre lo que decimos y lo que sabemos o pensamos.
“ El poder nace del fusil”. Esa frase se encontraba en las aulas cuando ingresé a la universidad a inicios de 1976 en plena dictadura militar cuando tenía aún dieciséis años de edad. Era común por aquella época, ver los enfrentamientos de quienes se acusaban mutuamente de revisionistas o infantilistas. Argumentando cada uno a su modo, si estaban o no dadas las condiciones para iniciar la lucha armada, para lo cual había que acentuar las contradicciones del sistema democrático burgués. Paradójicamente, era un gobierno militar el que parecía no saber qué hacer frente a quienes manifiestamente se preparaban para iniciar su guerra popular. Se hacía gala de la fuerza pero todo seguía igual. Algunos sostenían en muchas esferas que debido a la pobreza era justificable hacer uso de la violencia para instaurar un nuevo orden, pero estas ideas a veces primaban en los pareceres incluso académicos de los claustros universitarios: “Salvo el poder todo es ilusión”. Era grande la tentación de llevar esas teorías a la practica, se admiraba a quienes durante el anterior régimen democrático de los años sesenta, habían tomado las armas y muerto en combate. Eran mártires que debían ser emulados. Para ellos, en las serranías, el campesino empobrecido estaba dispuesto a inmolarse por su causa y sólo faltaba la decisión de una vanguardia que le señale el camino.
No perdimos por suerte la ilusión de que las cosas podían ser distintas, y recorriendo las serranías encontramos un pueblo pobre pero generoso. Ahí conocimos a Belaúnde en su campaña presidencial, escuchamos el mensaje de fe en nuestra patria; su historia, su gente, su geografía, sus tradiciones milenarias así lo demostraban. Recusaba Belaúnde con firmeza a quienes habían importado ideologías en un país rico en ideas, a quienes querían enfrentar a unos contra otros cuando el pueblo peruano era el ejemplo de trabajo por el bien común; negaba toda posibilidad de recurrir a la violencia cuando lo que se requería era trabajo, sudor, mas no sangre.
Abrazamos pues con fervor esa tesis que hoy, tras una larga militancia, me lleva a presentarme aquí en representación de AP para decir la verdad. Jamás hemos practicado la violencia ni alentado el uso de ella para agredir a nadie. Si algo ha practicado AP es la ley de hermandad, aquella tradición milenaria que recogió Belaúnde al ver la importancia del trabajo comunitario en las serranías, en Chincheros cuando iba camino a Ayacucho. Por eso, en su gobierno se preocupó tanto por aquellos pueblos que habían sido olvidados, y en las innumerables obras que se hicieron por cooperación popular se consigno siempre la frase: “El pueblo lo hizo”. Sería largo enumerar las obras de desarrollo que durante los dos gobiernos de AP se hicieron en las zonas donde iniciaron sus acciones los terroristas. Y sin dudarlo hubiéramos querido hacer muchas más, baste con mencionar la Vía de los Libertadores y las innumerables carreteras que se hicieron para mejorar la infraestructura vial y acercar a los productores agrícolas a los mercados. A pesar de la destrucción subversiva, el Perú siguió construyendo. “Trabajar y dejar trabajar” fue el mensaje en nuestra campaña; sin embargo, en 1980 la sociedad peruana en su conjunto fue agredida por el terrorismo que se había venido incubando desde años atrás. Le cupo entonces a nuestro gobierno defenderla constitucionalmente con el uso de la fuerza pública.
Lamentamos profundamente las secuelas de ese enfrentamiento que tanto dolor ha causado y que ha enlutado a tantas familias y, por supuesto, a muchos de nuestros militantes. Es deber de todos reflexionar sobre los hechos, no pretendamos imponernos unos a otros nuestra propia visión sobre sus causas, nuestros diferentes modos de pensar pueden llevarnos a tener apreciaciones distintas en su aspecto sociológico. Lo concreto, lo que reclama el país es que aquí y ahora, nos hagamos la firme promesa de impedir que eso se repita, renunciando para siempre a la violencia. AP asume ese compromiso.

Salomón Lerner Febres:
Agradecemos su intervención al señor Luis Enrique Gálvez y sedemos la palabra al señor Edmundo del Águila.

Edmundo del Águila:
Señor Presidente, señores miembros de la CVR. Se ha relacionado la pobreza de la sierra con el primer escenario en el cual actuó SL. Permítasenos hacer algunas reflexiones al respecto. Históricamente, la región de la sierra ha concentrado las zonas más pobres y menos atendidas por los gobiernos que sólo concibieron el desarrollo en función a la costa.
En este sentido, la visión y el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry fueron diferentes. A manera de denuncia, habló de los pueblos olvidados para referirse de forma especial a las provincias, distritos, caseríos y villorrios de la sierra peruana que no recibían atención del Estado; pueblos que no tenían integración vial, comercial, económica, ni social, que estaban aislados de la capital de la República. El estado de abandono en que se encontraban los mostraba como peruanos de menor categoría: el índice de analfabetismo era el más alto del país; los servicios de salud y educación estatal estaban ausentes; los niveles de desnutrición eran los más altos; la tecnología agrícola moderna no existía; y, con el crecimiento de la población, se producía el deterioro progresivo entre el hombre y la tierra que sólo contribuía a aumentar la pobreza. A pesar de todas las limitaciones y ausencias, Belaúnde encontró en ellos la expresión más sublime del humanismo sustentado en la solidaridad. La solidaridad y el bien común eran las respuestas a tan dramática situación y les permitían construir sus escuelas, sus canales de riego, sus caminos, y levantar sus templos. La solidaridad y el bien común les permitieron alejarse de todo resentimiento y odio y vencer a la subversión y al terrorismo. Antes de ser Presidente, Fernando Belaúnde en su primer gobierno dijo: “el mensaje del antiguo Perú se basa en un concepto de solidaridad y no de lucha de clases, que tantas controversias ha causado; en una ética del abastecimiento y en una exaltación del trabajo, que consagra como suprema virtud el esfuerzo por el bien común como base fundamental de la economía y el bienestar”.
Por ello, los de AP discrepamos de las afirmaciones que pretenden encontrar en la pobreza existente en los pueblos olvidados, la justificación del terrorismo. Aceptar ello es una muestra de desconocimiento del humanismo tradicional de los pueblos andinos, es confundir causa con pretexto y es justificar subliminalmente los actos de terrorismo que se iniciaron en esas zonas pobres y abandonadas del país y que terminaron mostrándose de la manera más cruel en los centros más exclusivos de la capital. SL fue vencido por la gente más pobre de los pueblos olvidados y fue expulsado por ellos, no gracias a un conflicto armado que nunca existió, porque en todo caso hubiera sido desigual; sino mediante el rechazo a la ideología del odio y de la sangre que les era ajeno y que se les quería imponer. La ley de hermandad que AP recogió se opuso a la lucha de clases, y sirvió de filtro a la posición ideológica foránea en las comunidades campesinas
Belaúnde interpretó en su real dimensión el problema andino y al juramentar en su primer gobierno dijo, refiriéndose a los pueblos más olvidados del Perú: “los últimos serán los primeros”; y en ese acto de reivindicación, convocó a elecciones electorales, a cabildos abiertos. Y él personalmente, en un gesto histórico, se dirigió a Pacaritambo para estar presente en la primera elección de un alcalde de un pueblo olvidado. Sentía pues que las comunidades andinas actuales, en contraposición con las prehispánicas, tenían linderos rígidos y que el crecimiento de la población sobrepoblaba la tierra y pauperizaba y destruía al campesino. Belaúnde sostenía que para que el espíritu de asociación que está en la sangre del aborigen produzca resultados satisfactorios, hay que encontrar un camino hacia la expansión de las áreas agrícolas. Por ello, en su primer y segundo gobierno, hizo obras a favor de la sierra, las pequeñas y medianas irrigaciones y la colonización vial de la selva, cuya expresión máxima es la Carretera Marginal de la Selva. La Marginal de la Selva fue construida para habilitar nuevas tierras a hombres sin tierras de la zona andina, fue construida para producir alimentos que deberían permitir superar la situación de desnutrición. Belaúnde postuló la necesidad de llevar la educación al encuentro del educando, postuló y construyó miles de aulas en las comunidades más alejadas; desde su primer gobierno puso en marcha un vasto plan de alfabetización, con los resultados que todos conocemos, que permitió bajar el nivel de analfabetismo de 48%, cifra que encontró al asumir su primer gobierno, al 7% de hoy. Belaúnde sostenía con convicción que la mejor manera de distribuir la riqueza es distribuyendo el saber y para ello trabajo con acciones y obras concretas en los pueblos olvidados en sus dos gobiernos.
En 1960 el 20 % de las capitales serranas no tenía comunicación con la capital de su departamento y menos con la capital de la República; al finalizar el primer gobierno de Belaúnde todas, excepto dos, estaban integradas a la red vial nacional. Con la cooperación popular llevó a los pueblos más abandonados y alejados de nuestra serranía la participación del Estado que apoyó y desarrolló obras comunales como aulas, postas médicas, canales de riego, caminos y muchos más. En las que, como se ha dicho acá, como justo homenaje de testimonio recordatorio sólo reza la frase “El pueblo lo hizo”. La creación de los parques industriales en las ciudades permitieron dar origen a lo que hoy son las pequeñas y medianas microempresas. Muchas cosas quedaron por hacerse, no tenemos duda de que las obras hechas en la sierra durante nuestros dos gobiernos resultan insuficientes frente a la dimensión de las necesidades existentes acumuladas durante siglos. Hemos querido reseñar en una síntesis apretada nuestra visión y los objetivo que guiaron nuestra tarea de gobierno en un escenario inicial de la acción terrorista de SL.

Salomón Lerner Febres:
Gracias señor Edmundo Del Águila por su intervención. La siguiente exposición corresponde al doctor Luis Percovich.

Luis Percovich Roca:
Señor Presidente de la CVR, señoras y señores integrantes de la misma, señores y señoras. AP se presenta a esta convocatoria de Audiencia Pública de la CVR para rendir un testimonio veraz de los luctuosos sucesos generados por la demencial acción de grupos terroristas. Consideramos que al hacer un examen de esta situación no debemos referirnos única y exclusivamente a las acciones subversivas y contra subversivas, sino que debemos iniciar nuestro examen analizando qué significa el terrorismo y qué peligros entraña; para que estemos prevenidos frente a una repetición de hechos como los que tuvimos que soportar durante los años pasados.
Por eso, dentro de este análisis debo decir que, si bien es cierto que a AP le correspondió combatir el terrorismo, debemos recordar, vehemente y permanentemente, que el terrorismo generó muerte, destrucción, lágrimas y dolor en el pueblo peruano. El terrorismo es considerado como la más peligrosa y devastadora amenaza contra la humanidad. La pobreza y los desequilibrios sociales no son patrimonio exclusivo de las comunidades andinas, ni de los centros rurales y urbanos donde se inició y desarrolló el terrorismo en el Perú. En Latinoamérica y en otros continentes existen similares condiciones de miseria y marginación social y no son escenario de acciones terroristas. El estudio del fenómeno terrorista en Latinoamérica y particularmente en el Perú, nos lleva a la siguiente conclusión: además de a condiciones económico sociales, el terrorismo obedece a ideologías y políticas, sin que por ello signifique que el terrorismo como tal obedezca a una ideología. El terrorismo es una estrategia insurreccional. Mortimer Zuckerman, analista político internacional, en su artículo titulado “Libertad versus terrorismo” sostiene que “es una confusión inaceptable sostener que un terrorista es un luchador por la libertad. Los que luchan por la libertad no secuestran, no destruyen, no asesinan. El terrorismo es el "gangsterismo" de la política, el terrorismo al servicio de cualquier causa es enemigo de la libertad” Los grupos terroristas que han actuado y actúan en nuestro continente casi invariablemente han afirmado, y afirman, que su objetivo es erradicar la miseria y superar las desigualdades sociales. La realidad es que tal afirmación no es veraz. El propósito que los motiva es el de profundizar las contradicciones sociales acrecentando la miseria y el caos para romper el orden democrático y abrir el camino que propicie la ascensión al poder de regímenes políticos de extrema izquierda. Las apreciaciones que he formulado se identifican con el análisis que resume la siguiente frase: “El terrorismo tomado como un símbolo, herramienta, método o proceso de fuerza, origina intimidación sistemática, coerción, represión, destrucción, muerte y pobreza con el propósito de alcanzar metas imaginarias”.
A continuación quisiera referirme al tema de cuándo nace el terrorismo en el Perú. Para ello, voy a tomar breves minutos porque el análisis de este punto es dilatado. AP está preparando un documento que se llama “Génesis y desarrollo del terrorismo en el Perú” que próximamente lo pondrá en circulación con toda la información que la ciudadanía debe conocer. Por lo pronto, me limitaré a señalar cuándo nace Sendero Luminoso. A raíz de la cuarta conferencia anual del Partido Comunista (PC) de 1964, se produce la escisión de este partido que da nacimiento a Bandera Roja (BR). El año siguiente BR se fracciona y surgen Patria Roja (PR) y SL. Este último tuvo la particularidad de fijar su sede central en Ayacucho, que más adelante se convertirá en el centro de operaciones con Abimael Guzmán, profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, a la cabeza. Desde dicho centro superior se inicia la infiltración de las universidades, los centros educativos y las comunidades campesinas. La infiltración de SL en esta etapa no sólo comprendió a los centros educativos de Ayacucho; sino también a las bases universitarias de la FER de Cusco, Ica, Arequipa, Cajamarca, parte de las universidades de Lima, la Escuela Superior Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta); y similar acción desplegó en las federaciones campesinas de Ayacucho, Andahuaylas y Huancavelica.
En 1978, SL pasó a la clandestinidad y como resultado de esta decisión, sus cuadros más importantes desaparecieron de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y se integraron a la base campesina de Ayacucho en la que se convirtieron líderes. Más adelante, organizaciones de izquierda como el Partido Comunista Pukallaqta, Huacaicholo, Túpac Amaru, Vanguardia Revolucionaria Político Militar y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Perú) brindaron apoyo abierto o encubierto a SL.
Cuando AP llega al poder en 1980, se encuentra con un proceso subversivo no inicial sino ya desarrollado como se ha señalado hace unos minutos, un proceso que se había gestado en los años previos. Esto a tal extremo que el Gobierno Militar de ese entonces recibió de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el testimonio de que en la sierra central del país se estaba gestando un movimiento subversivo sumamente peligroso y que había de actuar de inmediato. Lamentablemente las autoridades de ese entonces no tomaron la decisión de hacerlo; ocultaron estos hechos y, lo que es más grave, desaparecieron toda la información de inteligencia que obraba en las oficinas de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIMIN). Frente a esta situación, AP tuvo que iniciar la recopilación de la información y sistematizarla. Cuando llegué al Ministerio del Interior en abril de 1983, esta información todavía no se había completado, pero finalmente logramos culminar el trabajo que nos permitió no solamente identificar a los mandos políticos, militares, a la organización, a los líderes; sino los sistemas de acción, propaganda y logística de esta organización diabólica. Ello a través, fundamentalmente, de la División Contra el Terrorismo (DIRCOTE) que creamos en julio de 1983, responsable de la captura de más del 95% de los líderes de SL, comenzando por Abimael Guzmán; y del MRTA, como de Víctor Polay Campos. De manera que éste es un mérito innegable de la policía de investigaciones y de la DIRCOTE; el haber permitido desplegar esta acción para lograr la captura de los elementos que dirigían esta organización siniestra.
Pero esta fue la única acción que desplegó AP para lograr vencer los designios de SL, ya en 1981 había dado el Decreto Legislativo 046 para sancionar las acciones terroristas. Poco tiempo después de habernos dado cuenta de la magnitud del problema, nos encontrábamos implementando los dispositivos legales que nos permitirían actuar dentro de un ordenamiento legal y con respeto a los derechos humanos. A continuación no solamente nos quedamos con estas medidas pues sabíamos que la policía que habíamos recibido no estaba preparada para realizar acciones contra subversivas. Era una policía preparada para la defensa de la ciudadanía, para tomar acciones preventivas mas no acciones contra grupos que no solamente actuaban armados, sino que actuaban ocultos, agazapados y dando sorpresas en los lugares más inesperados. Esto nos llevó a crear las Escuelas Regionales de las Fuerzas Oficiales para preparar adecuadamente a la policía para asumir esta nueva responsabilidad, que sabíamos iba ser dilatada por la dimensión que había tomado la subversión en el Perú. Ahí no quedaron los esfuerzos por que percibimos que SL no actuaba solo sino que actuaba en conexión con el narcotráfico. Era necesario destruir este vínculo, destruyendo los más de cien aeropuertos clandestinos habían construido en la sierra y en la zona del Huallaga fundamentalmente. Ahora se reconoce la importancia de la Policía Aérea por los beneficios y las acciones que despliega en diferentes acciones en servicio de la comunidad.
La lucha contra subversiva tiene dos etapas: la etapa policial que va de 1980 a diciembre de 1982, y la etapa en la que ingresan las Fuerzas Armadas. Algunos han criticado la participación de la Fuerzas Armadas. AP y, fundamentalmente, el Presidente Fernando Belaúnde no eran partidarios de dar participación a las Fuerzas Armadas en la lucha contra subversiva; pero, la virulencia de los ataques y el temor de la ciudadanía de que estos hechos fueran creciendo; las demandas que produjeron en el Congreso de la República las instituciones empresariales y gremiales y la ciudadanía en su conjunto, hicieron que su demanda fuera atendida por el Gobierno a pesar de las reticencias que había para dar participación a las Fuerzas Armadas. Así, el 1 de enero de 1983 ingresaron las Fuerzas Armadas para combatir conjuntamente con la Fuerzas Policiales las acciones de SL.
Se ha mencionado, y también mi correligionario Edmundo del Águila ha dado respuesta a esta afirmación, que los partidos políticos han permanecido de espaladas a la realidad de los pueblos del interior del país, de espaladas a la masa campesina. Nosotros no podemos defender la acción de otros gobiernos, pero sí defendemos vehementemente la acción de nuestro partido, porque si algo nos identifica es que nos hemos preocupado desde el primer gobierno de Belaúnde en resolver o tratar de resolver los problemas de los pueblos del interior. Yo he acompañado a Belaúnde, como muchos populistas, a caballo desde 1963, desde antes, desde 1956, a recorre la serranía de mi departamento. He estado con él en los caminos; desde Chacas a Pomabamba, de Pomabamba a Luzuriaga, de Luzuriaga a Sihuas, de Corongo a Pallasca, en infinidad de lugares, no buscando las grandes masas ni las grandes concentraciones populares, sino buscando conocer la situación de cada uno de estos pueblos pequeños, de los villorrios, de las pequeñas comunidades para saber personalmente de sus necesidades. Por eso es que AP en sus dos gobiernos volcó lo más importante de su acción a los pueblos de la sierra.
Ya se ha relatado en gran medida qué es lo que comprendió esta acción de gobierno, pero quisiera hacer algunas adiciones. La fundamental y que se ha mencionado también: las elecciones municipales que permitieron la participación política e inmediata de los que nunca habían tenido la posibilidad de elegir a sus autoridades en los distritos del país; las obras de irrigación en la sierra; la interconexión de todas las capitales de provincia y de la mayor parte de los distritos del país en la sierra; las gigantescas obras de irrigaciones y de electrificación. Así podría seguir mencionando muchas como la inversión más alta en el sector educación, las inversiones de postas médicas y postas sanitarias en los pueblos más olvidados; pero creo que se podría interpretar como un aprovechamiento de esta audiencia para hacer propaganda política a mi partido y esa no es la intención. La intención, es decir nuestra verdad, esclarecer los hechos; y demostrar, sobre todo a los jóvenes, que no pertenecemos al círculo de los partidos que les dieron la espalda a los pueblos del Perú.
Cuando llegamos al poder en 1980, encontramos una economía devastada. Se había producido la migración del campo a la ciudad por una reforma agraria implantada con rencor y sin sustento económico y sin base técnica; encontramos un sector financiero en ruinas por haberse decuplicado en doce años el monto de la deuda externa; los gastos del Estado en un nivel altísimo porque se habían decuplicado también el número de empresas publicas; y así, una serie de problemas que generaron el empobrecimiento de amplios sectores de la población. Adicionalmente, como si no fuera suficiente, tuvimos la desgracia de soportar en 1983, el Fenómeno del Niño, considerado como el fenómeno climatológico más grave del siglo XX. Además, tuvimos que soportar las acciones de SL. Pero toda esta tragedia no nos impidió seguir realizando obra constructiva en favor de las comunidades.
En cuanto a la acción contra subversiva debo señalar y recordar la preocupación permanente del Presidente de AP, Fernando Belaúnde; su recomendación fundamental era siempre proceder dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos humanos. No recuerdo yo en los treinta meses que ejercí la cartera del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros que en una sola sesión del Consejo de Ministros o en una sola sesión del Consejo Nacional se hubiera presentado una denuncia de violación de los derechos humanos. Si los responsables de presentar estas denuncias y estos informes los ocultaron, deberán ser investigados y sancionados si cabe la sanción por hechos que cometieron al margen de la política de estado, respetuosa de la ley y de los derechos humanos, que se había implementado. En los casos en los que llegó a nuestras manos información de algún hecho de violación de los derechos humanos, y me refiero concretamente a los casos del Hospital de Ayacucho donde elementos de la Guardia Republicana penetraron y cometieron asesinatos en este hospital; o al caso de Socos donde los campesinos fueron victimados cobardemente por elementos de la Policía; ó el caso de Jesús Oropesa Chonta que fue asesinado; no titubeamos en denunciarlos ante el fuero judicial correspondiente para que recibieran la sanción por esos crímenes. Igualmente, puedo señalar el caso Uchuraccay cuando llegó a nuestro conocimiento este hecho que despertó una polémica fuerte y extensa en el país, el Presidente convocó a respetables personalidades para que investigaran estos hechos. Esto demuestra que AP creó comisión de la verdad para el esclarecimiento de todo lo que ocurrió en estos años de barbarie; segura de que su trayectoria es limpia, de que no tiene nada que ocultar al país.
Finalmente, quisiera que tuvieran la bondad de pasar unos gráficos que he preparado con el propósito de que, sobre todos los jóvenes o los que no conocen de cerca la realidad de la subversión, vean la magnitud de cifras de muertos que en todos los niveles produjo SL.
La primera gráfica muestra el número de senderistas o presuntos senderistas que fallecieron en las acciones contra subversivas: de 1980 a 1985 fueron 4 990; de 1985 a 1990, 3 989; y de 1990 a 1995, 3 393. El siguiente gráfico muestra los fallecidos civiles: de 1980 a 1985 fueron 2 896; de 1985 a 1990, 4 474; de 1990 a 1995, 3 506. El siguiente grafico muestra las muertes de miembros de las fuerzas del orden: de 1980 a 1985, 270; de 1985 a 1990, 1 078; y de 1990 a 1995, 1 007.
É ste es un cuadro general sobre el costo de la subversión en el ámbito nacional. Lo que está marcado con azul es lo que correspondió al periodo de AP, y llega incluso hasta diciembre de 1985 que no nos correspondió. Lo que está marcado en rojo corresponde a los gobiernos que nos sucedieron en la conducción del país.
El siguiente cuadro es similar al anterior pero con la diferencia de que hemos separado lo que nos correspondió a nosotros hasta julio de 1985 donde se ve la cifra de 791 víctimas y en el año anterior de 3 471. ¿Qué significa este cuadro? Que entre 1983 y 1984 se desplegó lo que se llama el periodo del enfrentamiento con SL. Este enfrentamiento produjo ese número de víctimas, pero el resultado del accionar determinó que las cifras bajaran sustancialmente para julio del año siguiente a 791; menos de la tercera parte de lo que significó el semestre equivalente del año anterior. Este decrecimiento siguió a 580. Luego comenzó a subir hasta llegar a 3 384 víctimas en los años siguientes. Esto demuestra que si bien es cierto que la acción contra subversiva fue dura, intensa y dolorosa; rindió sus frutos porque logramos doblegar al terrorismo. Abimael Guzmán una vez capturado declaró que en 1984 estuvo a punto de ser derrotado. Este gráfico demuestra la veracidad de sus afirmaciones.
El siguiente cuadro muestra el conjunto de civiles, de miembros de las fuerzas del orden y de senderistas que fallecieron en los tres periodos de gobierno que van de 1980 a 1995. En el de AP, 6 489; en el del APRA, 9 554; y en el de Fujimori, sólo hasta 1995, 7 391.
El siguiente cuadro relata muy brevemente lo que sosteníamos hace unos momentos: que AP a pesar de la estreches de los recursos económicos desarrolló siempre su labor constructiva. Y en el departamento de Ayacucho, en sólo tres años, invirtió más que lo invertido en los doce años de la dictadura militar y realizó 148 obras; a pesar de la acción demencial de SL, que mataba a nuestros funcionarios de Cooperación Popular, de Cooperaciones Departamentales de Desarrollo, y a los que estaban en este trabajo constructivo.
Hablando de un tema de estadística de desaparecidos, quiero mostrarles este cuadro que se refiere a la denuncia de Amnistía Internacional (AI). En julio de 1985, AI presentó una denuncia de la supuesta desaparición de 1 005 personas. Este cuadro demuestra que los supuestos desaparecidos fueron sólo 27 si consideramos textualmente las cifras mostradas en el mismo: ciudadanos no inscritos en el Registro Electoral, 579; fechas verificadas en el Registro Electoral de ciudadanos inscritos en el nuevo registro después de su supuesta desaparición, 348; nombres repetidos en la denuncia, 9; nombres que figuran con dos o más libretas electorales, 35; personas que se presentaron después de conocer la denuncia de su presunta desaparición, 7. Dan un total de 978 de los 1 005, quedaba por esclarecer la situación de los 27. Pero no soy ingenuo para pensar que los 579 existieron, pudieron haber existido, pudieron no haber estado en los registros electorales, pudieron haber sido victimados. Pero por lo menos las cifras que pudieron ser verificadas fehacientemente demuestran que la denuncia de AI fue falsa y, cuando se les encaró, dijeron que ellos no estaban en la obligación de corroborar las denuncias que recogían, sólo las presentaban. Hemos querido sustentar este cuadro para que se tenga muy presente que las denuncias deben ser verificadas escrupulosamente para tomarlas como ciertas. Estoy seguro que un organismo de la seriedad de la CVR cumplirá con este requisito.
Finalmente, quiero expresar mi publico reconocimiento y mi pesar a los familiares de mis correligionarios que murieron en esta contienda fraticida, de los dirigentes de AP que fueron asesinados en nuestro local, de nuestras autoridades políticas y municipales, nombradas y designadas en las comunidades. Quiero rendir también mi testimonio a los miembros de la Guardia Civil que en esta estadística conjuntamente con los miembros de las Fuerzas Armadas murieron enfrentando a SL. Se pueden tener objeciones a la conducta de algunos policías, o de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, pero lo que no se puede desconocer es que hubo, a la par de ellos, cientos y miles de policías y militares que ofrendaron sus vidas en defensa de la patria para combatir el terrorismo. Y finalmente, a las personas de Guillermo Percovich Cisneros, Mayor PNP que murió en el pueblo joven Villa El Salvador; mi testimonio a la Policía Nacional, en la persona de Marco Miyashiro; a Benedicto Jiménez por el trabajo esforzado que realizó la DIRCOTE para desarmar y desarticular a SL. Gracias

Salomón Lerner Febres:
Gracias ingeniero Percovich. Con su intervención finalizamos la primera parte referida al balance. Como habrán podido apreciar nos hemos ido más allá del tiempo que originalmente se había pactado pero no hemos querido de ninguna manera limitar a los expositores en aquello que nos tenían que transmitir. Quisiera decir que hemos prestado atención a todo lo expresado, creo que toda la nación también lo ha hecho.
Quisiera decir, sin embargo, como también lo dije ayer cuando se presentaron los representantes de izquierda, y como sucederá en las otras sesiones, que la CVR expresará su punto de vista definitivo sobre estos temas y, en general, sobre los años de violencia en su informe final. Nosotros hemos tomado debida nota de las cosas que se han dicho. Tenemos nuestra propia investigación, nuestras cifras trabajadas con esmero buscando la verdad con honestidad, sin prejuicios y sin sesgos y a la luz de esa intención honesta y de ese trabajo esforzado daremos nuestra última palabra cuando entreguemos el informe final.
Pasamos a la última y más breve parte de esta sesión, la referida a las Perspectivas. Aquí, igual que en la primera parte, vamos a plantear algunas preguntas y vamos a pedir a nuestros invitados que, si lo tienen a bien, las absuelvan. Estas preguntas tienen relación con la visión y las perspectivas que nuestros invitados encuentran en nuestro país en el marco del balance efectuado y teniendo presentes los siguientes puntos:

  1. Las responsabilidades que deben asumir el Estado y la sociedad frente a la atención y reparación de las secuelas y las víctimas del terrorismo del conflicto.
  2. El considerar las posibilidades eventuales de que se repita un conflicto parecido, teniendo en cuenta la época en que nosotros estamos viviendo. Y refiriéndose especialmente a las alternativas de prevención.
  3. Finalmente, les pedimos hacer una reflexión sobre los problemas sociales pendientes de solución en nuestro país y cuál seria el espacio más adecuado para que comience un proceso de reconciliación nacional. Además, quisiéramos preguntarles si este proceso de reconciliación les parece relevante y cómo se vincula él con la democracia constitucional e institucional a la cual nuestro país aspira. Vamos a tener menos tiempo para esa parte. Yo dejo en el uso de la palabra al doctor Valentín Paniagua Coraçao.

Valentín Paniagua:
Señores Comisionados, señoras, señores. El domingo 18 de mayo de 1980, en el momento mismo en que el terrorismo senderista declaraba la guerra a muerte al Perú, a su democracia y a sus valores éticos fundamentales, el pueblo peruano, en gesto justiciero, reparaba en las ánforas el agravio que la autocracia militar infirió al Presidente Fernando Belaúnde diez años antes. Pocas horas más tarde, cuando ya se había consumado el primer crimen senderista contra el derecho de sufragio, AP, por voz del Presidente Belaúnde, vencedor inobjetable de los comicios de aquel día; convocó a todas las fuerzas políticas del país, sin excepción alguna, a un gobierno de concertación nacional para enfrentar la tarea de la reconstrucción democrática sobre la base de la reconciliación entre todos los peruanos. Con la autoridad moral que confiere el ejemplo, Belaúnde, que había olvidado los agravios de sus perseguidores de la década precedente, demandó al país un esfuerzo nacional de búsqueda de reconciliación y unión nacional.
Ese día quedaron definidos los rasgos de dos estrategias que respondían a dos diferentes concepciones ideológicas y a dos formas históricas de actuar frente al país. Una estaba fundada en el odio y en el crimen, vieja prédica de violencia como supuesta dinámica social que sembró la muerte, destruyó e impidió los esfuerzos del desarrollo nacional, particularmente en las áreas más deprimidas del país, y llenó de luto y dolor al Perú. La otra, que buscaba trabajar y dejar trabajar, inspirada en la libertad, en el respeto a la vida y a los derechos de todos; pretendía resolver los problemas de nuestra patria por el camino del diálogo y del debate democrático; ensanchando las oportunidades de educación del pueblo del Perú; articulando el territorio nacional con vías de comunicación absolutamente indispensables; y fomentando de modo especial el desarrollo de las comunidades andinas y selváticas más deprimidas por el camino de la cooperación popular, la solidaridad y la afirmación de los valores ancestrales de la identidad nacional. Todo ello en un clima irrestricto a la Constitución y a la Ley.
Así nació esta etapa sombría, culminación de una vieja prédica confrontacional y violentista que envenenó el alma de la juventud, extravió sus mejores ideales y fomentó el odio, el culto a la muerte y a la violencia. Ese nefasto sembrío que fructificó en la muerte y en la desolación que ahora nos aflige y conmueve; era la respuesta irracional frente a la insensibilidad, irracional también, de quienes, desde un Estado centralista y excluyente, nunca quisieron entender la necesidad de cambio, de una genuina revolución en libertad, de una transformación pacífica y democrática para construir el bienestar y la paz, sin los que jamás habrá ni justicia, ni libertad, ni dignidad en el Perú. Una y otra se nutren del mismo menosprecio autocrático de la libertad y, por eso, ambas reniegan y riñen con las concepciones democráticas que animaron e inspiraron la obra fecunda de AP.
Hay, el día de hoy, preocupaciones que, por cierto, no pueden hacernos perder de vista la perspectiva de la historia. Por eso, comparecemos en este acto ante al país, expresando en primer término, tal como lo ha hecho el doctor Percovich Roca, nuestra solidaridad, nuestro pesar y aflicción por las víctimas del terror senderista y por las víctimas de los excesos cometidos por los agentes del Estado. Expresamos nuestra solidaridad, particularmente, con los esforzados servidores de la patria que empeñaron sus desvelos por defender al pueblo del Perú y por brindarle seguridad. Sin embargo, queremos dejar clara constancia de que nunca conocimos los excesos que quisieron guardar en reserva o en secreto quienes tenían la responsabilidad directa de la lucha frente al senderismo, excesos que lamentamos profundamente y con enorme sinceridad. Luis Percovich ha señalado con toda claridad como, en todos los casos en que llegó a conocimiento del gobierno cualquier acto que hubiere lastimado los derechos humanos, se adoptaron las providencias indispensables para castigar con severidad los excesos cometidos. Con la sinceridad con que pueden y deben hacerlo, precisamente, las víctimas, expresamos nuestra solidaridad a los que sufrieron tanto en esta etapa.
Y, nosotros, y me refiero a AP, como a la democracia y al pueblo del Perú, fuimos víctimas. Más de un centenar de humildes militantes del Partido fueron asesinados, decenas de modestos alcaldes distritales, gobernadores y tenientes gobernadores pagaron con su vida el pecado de militar bajo las banderas de AP; lo mismo que prefectos, subprefectos y alcaldes provinciales que sufrieron igualmente la persecución inmisericorde de la violencia. Aquí están algunas de las víctimas que sobrevivieron al ataque criminal que el senderismo, con audacia inaudita, perpetró hasta en nuestro propio local central del Paseo Colón. Junto a ellas debería estar Jorge Jáuregui, nuestro ex-Alcalde Provincial de Ayacucho, que vive sufriendo -desde hace casi un cuarto de siglo- terribles incapacidades y aflicciones, fruto del ataque perverso de la delincuencia terrorista.
El país entero sabe que este partido, y que Fernando Belaúnde Terry, nacieron y vivieron luchando siempre por la libertad y la democracia. Eso hicimos en nuestras dos administraciones, con un devoto respeto por la Constitución y la Ley. Seguramente cometimos errores y ciertamente hubo y hay, como en todas las administraciones, deficiencias, pero jamás traicionamos nuestro ideal libertario; no caímos ni en la tentación totalitaria y violentista de las autocracias, no permitimos que nuestro talante pacífico fuera ganado por la indignación que la violencia suscita en los hombres de bien; ni dejamos que el miedo menoscabara nuestro ideal democrático de libertad. Eso seguiremos haciendo con pasión, sabiendo que la pasión por la libertad jamás pierde de vista ni el imperio de la ley ni el respeto por la dignidad humana. Siguiendo precisamente esa inspiración, el Gobierno Transitorio, que me honré en presidir, designó la CVR. Designamos esta Comisión para esclarecer, según dice el decreto respectivo, el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado; así como para proponer iniciativas para afirmar la paz y la concordia entre los peruanos. Esperamos que la CVR ofrezca al país esa información y, en su momento, debatiremos sus conclusiones y sus iniciativas, y respaldaremos todas las propuestas destinadas a reparar los daños ocasionados a las víctimas o a sus deudos.
Ahora nos hemos limitado a dejar parte de nuestro testimonio histórico. Hay, sin embargo, algunos hechos preocupantes que nublan las perspectivas del porvenir y que no podemos silenciar. Unos tienen relación con el contexto histórico y político en que se produjeron los hechos; y otros, con los conceptos que se manejan para calificar los sucesos del pasado. Es preciso esclarecerlos para beneficio de las nuevas generaciones que no presenciaron el drama que aún nos aflige y que, ojalá, no siga enfrentándonos.
Se ha dicho que los excesos y delitos cometidos por los agentes del orden del Perú tienen la singularidad de haberse producido bajo regímenes democráticos y de partidos caracterizados por sentimientos anti-militares. Debe señalarse con toda claridad que el Perú presenta, en efecto, un caso singular en la década de 1980, distinto al de otros países latinoamericanos, en que movimientos políticos o de otra índole se enfrentaron a autocracias militares que utilizaron el terror para coactar la libertad de sus pueblos. En el Perú, en contraste, las democracias no enfrentaron a combatientes en franco proceso bélico sino a delincuentes que, asociados incluso al narcotráfico, usaron del terror para imponer autocráticamente y por el crimen, ideologías fundadas en el odio y en la confrontación. Aquí no hubo ninguna guerra interna ni un conflicto armado. Tampoco es verdad que los excesos que pudieran haberse producido respondieran a políticas explícitas y patrones de conducta destinados a desconocer sistemáticamente los derechos humanos y, menos aún, a negar los espacios democráticos para asegurar el imperio de una autocracia que, bajo AP, jamás existió. Fueron tal vez los excesos inevitables de una democracia desconcertada y asediada, no sólo por una pesada demanda social y política sino por la soledad de una lucha en la que muchos callaron por miedo, por cálculo o por interés, cuando no intentaron, aún entonces, capitalizar o acumular fuerzas. AP no ha sido, ni es, un partido anti-militarista; ha buscado, y es postulado en sus bases programáticas, lograr la cooperación de la acción cívico-militar para el desarrollo nacional y hemos demostrado en los hechos su eficacia. Devotos del Perú y de su historia, hemos hecho de los héroes de nuestras Fuerzas Armadas, signo y símbolo de la unión nacional, lo que no nos ha impedido combatir todas las autocracias militares y las corruptelas que se generaron a su sombra.
En una hora en que es importante pensar en el futuro del país, es igualmente trascendente hacer algunos deslindes conceptuales para impedir que, en el futuro, la falta de claridad y precisión [ininteligible] el crimen. Hay que evitar, de una vez y para siempre, toda vacilación, silencio complaciente, concesión de circunstancia o eufemismo que termine legitimando fuerzas, movimientos y conductas franca y claramente violatorios de la democracia y de los derechos humanos. Por eso, hemos dejado aquí constancia clara de nuestras discrepancias en relación con algunos temas.
SL no fue, no es, ni podría ser jamás, un partido político, cualquiera que sea la noción de partido que se maneje. No podría serlo ni bajo imperio de la Constitución de 1979 ni con arreglo a las previsiones de la Carta actualmente vigente que impone formalidades que jamás cumplió y que, además, jamás, se habría propuesto cumplir. No puede, pues, considerársele dentro del más elemental concepto de partido político en el mundo occidental, que supone una estructura democrática y el respeto a normas de diálogo civilizado. Decimos con franqueza, y con claridad, que equiparar, jurídica y políticamente, a una organización criminal como SL con los partidos políticos, revela absoluto menosprecio por las únicas instituciones que se enfrentaron, ahora y en el pasado reciente, a esa organización y a todas las que atentaron contra la libertad; y que, por cierto, lucharon y seguirán luchando resuelta y decididamente por el imperio de la democracia en este país. Dejamos constancia de que no es a esta Comisión a quien compete extender un reconocimiento, que es función de otros organismos del Estado; y que, consiguientemente, ese concepto debe ser revisado, recogiendo una preocupación que se ha suscitado en todos los sectores del país. Errar es humano y es indispensable rectificarse cuando se incurre en error.
Es plausible, en cambio, que en los últimos tiempos, quienes pretendían que la violación de los derechos humanos sólo podía provenir de los agentes del orden del Estado hayan admitido por fin que las fuerzas antidemocráticas, políticas sociales o económicas, son factores reales o potenciales de violación de los derechos humanos.
Para nosotros, la defensa de los derechos humanos implica la defensa de la libertad y de la democracia; y presupone el imperio de la justicia, no solamente en las relaciones políticas y sociales sino, sobretodo, en el plano económico y cultural y, desde luego, en la conducta de un Estado y de una sociedad capaces de crear ciudadanías reales que permitan a todos acceder a los beneficios de la economía de bienestar, de la paz y la seguridad.
Han transcurrido más de veinte años y, aún hoy, la sombra siniestra del terror turba la paz del Perú; pese a ello, es preciso construir la paz y buscar la reconciliación. Estamos en ese camino, plenamente conscientes de que una cosa es recuperar la democracia y otra, muy distinta, ganar la paz. Bajo esa convicción, muchos, sino todos los actores y víctimas de aquellos sucesos, hace ya más de una década que emprendimos el largo y esforzado camino de la recuperación y reconstrucción de nuestra democracia, y también, de la búsqueda de la reconciliación, por cierto, sobre la base de la justicia y de la verdad. Para ello, es necesario restablecer el imperio de la constitucionalidad y el libre juego de las instituciones democráticas; lograr un verdadero saneamiento ético que castigue la corrupción y la injusticia social y económica, promoviendo un desarrollo socialmente incluyente que elimine las causas de la pobreza y enfrente el porvenir a partir de la definición de un proyecto sugestivo de vida en común, fruto, naturalmente, de la concertación y el consenso.
Hay que reconocer que el esfuerzo que se ha materializado en el Acuerdo Nacional es un primer paso que, aunque insuficiente, marcha en la dirección de la historia y sigue la huella del viejo y no alcanzado sueño de lograr un proyecto de quehacer histórico nacional en el que todos los peruanos podamos encontrarnos y concordar, más allá de nuestras legítimas diferencias y distancias.
Recuperada la libertad, hay que emprender ahora, el áspero y largo camino de la transición o construcción de la democracia. Esta es la tarea del futuro y ella implica, como mínimo y en primer término, la reinstitucionalización constitucional del Perú para asegurar el imperio de la constitucionalidad y el funcionamiento fluido y eficaz de las instituciones previstas en el cuadro de la Carta Fundamental-
En segundo lugar, [hay que emprender] la transformación, modernización y relegitimación del Estado mediante procesos de descentralización; racionalización; tecnificación y elevación de la eficiencia de los servicios públicos en general y; de manera especial, de la administración de la legislación y, sobretodo, de la administración de la justicia.
En tercer lugar, es absolutamente fundamental afirmar un sólido sentimiento constitucional que dé estabilidad, firmeza y consistencias sociales y éticas a las instituciones constitucionales y contribuya a crear una cultura de la libertad, sin la cual no es posible asentar sólida ni duraderamente la Constitución y sus instituciones. Es preciso acometer seguramente en este aspecto, en alguna proporción, la reforma constitucional para ajustar las previsiones de la Carta ahora vigente a los requerimientos del mundo nuevo nacido con este milenio, y del mundo que debe construir, o deben construir, las generaciones futuras que nos sucedan; un mundo distinto y distante de aquel que hemos tenido que vivir, soportar y sufrir.
Es preciso, en segundo término, redemocratizar a la sociedad peruana. Hay que crear una democracia gobernante abierta, no sólo a la participación política; una democracia que garantice a la sociedad civil y a sus instituciones una participación permanente en el quehacer público y económico; en la planificación; gestión y control de las actividades estatales; y en la construcción, por cierto, del bienestar del país. Es preciso crear una cultura democrática que, fundada en la tolerancia y el respeto a la diversidad, garantice la convivencia y la solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y la búsqueda permanente de la concertación entre todos los actores políticos y sociales, en el afán de asegurar la paz. Es preciso también, crear, como fruto del empeño transformador de una sociedad deseosa de justicia y anhelante de paz, ciudadanías reales que se traduzcan en elevados niveles de vida y de satisfacción de las necesidades fundamentales del pueblo, bajo la convicción de que la libertad no es un prerrequisito del bienestar, sino a la inversa; esto es, que no hay libertad posible sin un mínimo de bienestar y de justicia que reconozca la dignidad de la persona humana. Es preciso, por cierto, garantizar, y crear si fuera indispensable, un sistema de partidos que permita una relación fluida, dinámica, civilizada y elevada entre los actores políticos y entre los responsables del quehacer estatal y que haga que las relaciones entre gobernantes y gobernados enriquezcan permanentemente la vida de nuestra sociedad.
Tan importante como estos procesos es, por cierto, la modernización, la transformación tecnológica y elevación de la competitividad de nuestros sistemas productivos en función de la globalización. No podremos lograr la paz mientras en el Perú campeen la miseria, el atraso y el subdesarrollo. El desarrollo es requisito y condición básica para asegurar la justicia y la reconciliación entre los peruanos; y es que el logro de un genuino desarrollo humano que elimine la pobreza y brinde a todos los peruanos igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios de la modernidad y cree ciudadanías reales, resulta una exigencia impostergable que debe comprometer los esfuerzos generosos de todos los sectores del país.
Finalmente, dentro de este cuadro, es preciso esforzarnos por reivindicar los ricos legados de la cultura ancestral del Perú y la afirmación de la identidad nacional. Para nosotros, los miembros de AP, es fundamental recordarle a la Nación que la solidaridad que presidió el desenvolvimiento de nuestra historia milenaria debe seguir encausando e inspirando la vida de la sociedad actual y futura de nuestra patria. Piénsese lo que se quiera de este planteamiento; lo cierto del caso es que la historia ha probado que sólo la solidaridad es fecunda y que el odio sólo destruye y siembra la muerte.
No es, por cierto, este el momento ni el escenario para establecer o diseñar integralmente el programa específico del futuro del Perú o de las reformas del Estado, tal como las concebimos en el Estado o en Acción Popular. Ese es un tema que debe ventilarse ante el país en el curso de los próximos años, con miras a la creación de una democracia consensuada que busque articular a todas las fuerzas sociales y productivas de la sociedad peruana sin exclusión de nadie; pero, en todo caso, con arreglo a unas normas mínimas que es preciso recordar:
Primero, [la necesidad de] el retorno de políticas de estado que, como las del Acuerdo Nacional, disciplinen el quehacer estatal y político en lapsos de larga duración.
Segundo, [la necesidad de] el retorno de políticas de estado que permitan el mínimo de estabilidad y de tranquilidad que los gobernantes requieren para llevar a cabo la gestión pública en medio de un clima, en lo posible, armonioso; resultado de un serio pacto y compromiso de las fuerzas económicas y sociales en torno de ciertos objetivos nacionales de corto, mediano y largo plazo.
Tercero, todo ello presupone un empeño nacional, inserto dentro de un gran propósito o quehacer histórico que tenga por objeto transformar radical y profundamente la realidad del Perú y que busque como objetivo final un genuino desarrollo humano y que, por ende, destierre la pobreza, robustezca los lazos de solidaridad; y cree, como hemos dicho, ciudadanías reales expresadas en términos de educación, empleo, acceso a la información, modernización, inserción competitiva en el mundo globalizado y que se asiente en una sociedad que goce de seguridad y de paz y en la que se respeten los derechos humanos. Esa posibilidad, que parece un sueño inalcanzable, existe. Depende de quienes, como nosotros, y también como los miembros de la CVR, tenemos la responsabilidad de aquietar las pasiones que agitaron nuestros espíritus en el pasado; de sellar un pacto de concordia nacional en nombre de la libertad y en defensa de la dignidad de la persona humana. Depende de todos cuantos seguimos creyendo en que el Perú sobrevivirá, no por obra de su destino providencial sino como consecuencia de la voluntad irreductible de un pueblo que ha sufrido en exceso y que tiene derecho a vivir en paz y con solidaridad. Ojalá, como queremos los miembros de AP, cumpliendo con la ley de la hermandad.

Salomón Lerner Febres:
Muchas gracias. La CVR, continuando con su tarea de buscar la verdad sin prejuicios, de modo libre y honesto, en un clima de equidad, ha ofrecido a los representantes de AP la oportunidad de expresar sus puntos de vista y explicarse ante el país. Hemos planteado para ello temas muy concretos, ocho para ser exactos, para su reflexión y comentario. Hemos prestado atenta escucha, el país también lo ha hecho, a las respuestas que han sido dadas y nos pronunciaremos sobre ellas en el Informe Final.
Señores invitados, señores periodistas, damas y caballeros, la CVR agradece la participación del doctor Valentín Paniagua, así como la de los señores Luis Percovich, Edmundo del Águila, Luis Enrique Gálvez y Alberto Velarde, representación de AP; ya que con ellos hemos podido ofrecer al país un balance de lo ocurrido, desde su perspectiva, así como una reflexión sobre las perspectivas de futuro que se ofrecen al Perú. En su Informe Final, como ya he dicho, la CVR presentará sus conclusiones y recomendaciones. No obstante, quiere destacar la importancia de esta sesión y de todas las sesiones que estamos realizando, y su confianza en que el proceso de verdad, justicia, reparación y reconciliación va a encontrar en todos los actores, tanto en los públicos como en los privados, en el Estado y en la sociedad, apoyo y participación activa. Con lo dicho, declaro levantada esta Sesión Pública de Balance y Reflexión. Muchas gracias.