Presentación del Informe Final de la CVR
ante el pueblo de Ayacucho y ante toda la Nación

Distinguidas autoridades de la ciudad de Huamanga;
compatriotas de Ayacucho;
compatriotas de toda la Nación:

Una vieja costumbre quechua, andina, peruana es la costumbre de la reciprocidad, ese hermoso hábito por el cual los hombres y mujeres de los andes entretejen sus vidas en un constante, incesante dar y recibir. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se ha adentrado en nuestra patria durante más de dos años, recibiendo de su gente más humilde lo más íntimo que tiene, el testimonio de su padecer y la expresión de sus esperanzas, quiere asumir hoy esta tradición y, para hacerlo así, ha venido a esta hermosa ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga, Ayacucho, a devolver el testimonio de su propio recorrido.
Ese recorrido se condensa en las conclusiones que hemos venido a comunicarles en este día. Hoy nos toca, en efecto, a los miembros de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, cuando llegamos al final de nuestro mandato, pedirle al pueblo de Ayacucho, y por su intermedio a todo el Perú, no que brinde su testimonio, sino que, más bien, nos dé audiencia y reciba nuestro propio testimonio. A través de él queremos rendir cuentas de nuestro trabajo; y debemos hacerlo por un imperativo moral aquí, en esta ciudad, que fue la primera que visitamos y en la que comenzamos a recoger la información veraz que encierra nuestro informe.
Es fundamental hacer esta rendición de cuentas en esta ciudad, que posee para la nación peruana un valor emblemático cuando se trata de hablar de la violencia que experimentó nuestra patria en las últimas dos décadas. Fue aquí donde se sufrió la mayor cantidad de pérdidas humanas durante el proceso de violencia que vivimos. Fue aquí, además, donde por desventura se incubó y se comenzó a desarrollar ese terrible fenómeno del terrorismo, ajeno por entero al espíritu de estas tierras y que obedecía a una ideología totalitaria que trató de convertir a toda nuestra patria en un inmenso campo de batalla. En efecto, hace veintitrés años surgió en Ayacucho el autodenominado Partido Comunista el Perú-Sendero Luminoso, organización terrorista que condenamos sin reservas, y así empezó una enfermedad – la violencia – que pronto se ramificó por todo el cuerpo de nuestra Nación, una enfermedad que, como ayer hemos informado al país, dejó 69 mil muertos y desaparecidos, y una sociedad moralmente destruida por la impunidad, el cinismo y la indiferencia. Sin embargo, también aquí, en Ayacucho, fue donde empezó la derrota de Sendero Luminoso cuando el propio pueblo le dio las espaldas y organizado en comités de autodefensa los enfrentó y expulsó. Hoy, Ayacucho debe ser por eso, también, el lugar donde empiece y desde el cual se extienda por todo el país esa salud espiritual que tiene un solo nombre; esa salud que llamamos paz.
Queremos, pues, rendir cuentas ante ustedes, y para hacerlos, nos toca decir, antes que nada, que no nos hemos erigido en jueces ni en fiscales. Solamente pretendemos ser eco de la sensibilidad moral de miles de peruanos asombrados e indignados por las grandes injusticias sufridas en nuestro país durante veinte años. Al mismo tiempo, admitimos, como lo hemos hecho ya antes, que no venimos libres de deudas, de culpas propias, individuales, de las que somos conscientes.
No ha sido fácil para los miembros de la Comisión cumplir con la tarea que nos asignaron; nos hemos topado con una verdad dura, amarga, tal vez inoportuna. Hemos tratado de alcanzarla, a partir del reconocimiento de nuestras propias limitaciones y defectos, y lo hemos hecho con el rigor y honestidad de que hemos sido capaces. Junto con todo el pueblo peruano, queremos afrontar los hechos.
La primera gran verdad y que sirve como horizonte en el que se ha desarrollado esta tragedia es la siguiente: hemos constatado en nuestros estudios que en gran medida los que sufrieron la violencia, y los que la padecieron con la mayor crueldad, fueron los in-significantes, es decir, aquellos miles de peruanos que antes y ahora carecen de sentido y de significado para el Estado y para buena parte de la sociedad. Son los pobres, los excluidos, los olvidados de siempre, quienes no tienen otra aspiración que ésta que expresó por un hombre valiente que dio su testimonio aquí, en Ayacucho: ojalá que algún día también nosotros seamos peruanos.

Conclusiones

Se nos encargó averiguar la verdad y exponerla a la luz pública. Y eso es lo que hemos venido a hacer al decirles las principales conclusiones de nuestro trabajo:

1. Son cerca de 70 mil los peruanos y peruanas muertos o desaparecidos en esos años. Buena parte de ellos han estado ausentes de la memoria nacional, han sido peruanos olvidados, hechos a un lado por el Estado y la sociedad oficial, personas a las que hoy también – incluso fallecidas - se quiere hacer de lado exigiéndoles como prueba de su paso por el mundo y de su muerte, una documentación oficial que probablemente nunca tuvieron. Será necesario, entonces, frente a ese escepticismo, iniciar prontamente el penoso trabajo por el cual se pueda extraer de más de dos mil doscientos sitios de entierros debidamente verificados los restos de esos compatriotas que esperan digna sepultura.

2. La Comisión ha encontrado en esa violencia un segundo motivo de escándalo y de indignación: la manera en que la desigualdad acompaña la existencia de los peruanos no solamente en la vida, sino también en la muerte. El 75 por ciento de las víctimas fatales tenían como idioma materno el quechua. La gran mayoría de ellos eran campesinos, habitantes de las comunidades de este departamento, así como de Apurímac y Huancavelica. Es sobre esa población que la violencia se abatió con la mayor intensidad, y eso nos llama también a preguntarnos, con dolor, con consternación, si no habrá sido esa la razón por la que los gobiernos permitieron que la violencia alcanzara cotas tan elevadas.

3. La Comisión ha encontrado, asimismo, que la violencia de las organizaciones subversivas, así como la de las fuerzas del Estado, se ejerció durante largos años sin hacer diferencias entre inocentes o culpables, ni siquiera entre evidentes inocentes y posibles culpables. Niños y ancianos, mujeres embarazadas o adolescentes, población desarmada, todos fueron blanco de la misma barbarie que, si bien de origen distinto – la agresión de Sendero Luminoso en un caso; la necesaria respuesta del Estado, en el otro – se unieron muchas veces precisamente en esa cualidad: la de ser actos bárbaros ejecutados contra seres humanos indefensos; la de ser crímenes de lesa humanidad que la Comisión, como todos los peruanos de buena fe, condena en los términos más enérgicos.

4. Esta violencia tiene responsables muy concretos, y así es señalado en el informe final que la Comisión entrega a la Nación:

5. El primero y principal culpable, desde todo punto de vista, es la organización terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. Lo es porque fue quien desencadenó la violencia, precisamente cuando los peruanos recuperábamos la democracia; lo fue porque quiso imponernos mediante la práctica del terrorismo un modelo de organización social supuestamente superior, cuando los peruanos veníamos transformando nuestra sociedad, haciéndola más humana, más plural, más equitativa, en un proceso lento, es cierto, pero fundamentalmente pacífico y participativo.

6. La Comisión ha encontrado en los militantes del autodenominado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, y de manera principal en sus jefes ideológicos y políticos, su Comité Central y sus principales órganos de conducción, responsabilidad por graves y numerosos crímenes de lesa humanidad, practicados con una crueldad inaudita en la historia de nuestro país. Sería ocioso, seguramente, pretender explicar a ustedes, compatriotas de Ayacucho, la magnitud y crueldad de esos crímenes que ustedes conocen mejor que el resto de peruanos: el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, las prácticas de torturas para castigar y aterrorizar a la población, los aniquilamientos selectivos y las masacres de comunidades campesinas, el abuso sexual contra las mujeres, esa suerte de deleite que parecían sentir en ocasionar sufrimiento a sus víctimas. La Comisión ha encontrado que la dirección política y militar del PCP-SL es responsable de violaciones de los derechos humanos practicadas de manera sistemática y generalizada como parte de su estrategia de poder.

7. ¿Cómo explicar la degradación de una agrupación de seres humanos hasta ese nivel de crueldad? Será imposible, de seguro, ofrecer una respuesta completa. Pero la Comisión considera que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo ayacuchano, contra los pueblos de los andes peruanos, contra el Perú en general, no hubieran sido posible sin la voluntad obstinada de un grupo de personas, aferrados a una ideología totalitaria que despreciaba el valor de la vida humana y que se expresaba en un culto delirante a su líder, Abimael Guzmán Reinoso, ese líder que pedía a sus militantes pagar una cuota de sangre por la revolución, que los inducía al sacrificio de sus vidas para provocar al Estado, que les exigía llevar la vida en la punta de los dedos. Ese líder, en suma, que nunca abandonó la tranquilidad de sus refugios urbanos y que apenas sintió en peligro su vida no vaciló en abandonar todas las consignas guerreras con las que había empujado a la muerte a sus jóvenes militantes y propuso un inverosímil acuerdo de paz.

8. Para la Comisión, por la magnitud de sus crímenes, y por su naturaleza criminal, por su práctica recurrente del terrorismo, el Partido Comunista del Perú no puede tener un lugar en la sociedad democrática que queremos construir.

9. En escala menor, pero no por ello menos grave, el llamado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) también incurrió en crímenes de lesa humanidad que condenamos enérgicamente, como asesinatos selectivos y secuestros, y sobre todo contribuyó a mantener un clima de zozobra que, a su vez, agravaba la situación de violencia en el país.

10. La Comisión considera, asimismo, que el Estado y la sociedad peruanos tenían no solamente el derecho sino también la obligación de responder en los términos más enérgicos a la agresión que sufrían de parte del autodenominado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Los Poderes del Estado, los partidos políticos que ocupaban el gobierno central y los gobiernos locales, los cuerpos de la policía, las fuerzas armadas del Perú, todos ellos tuvieron el deber de actuar contra la violencia armada de las organizaciones subversivas, y en esa acción muchos perdieron la vida o sufrieron graves lesiones.

11. Como lo hemos manifestado muchas veces a lo largo de nuestro trabajo, la Comisión expresa su solidaridad con las víctimas y con sus familiares sin distinción alguna. Se refiere así a todas aquellas personas que sufrieron actos prohibidos por nuestro ordenamiento jurídico, las normas de Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario. Miles de hombres y mujeres han perdido la vida o desaparecido, cubriendo de luto y de dolor miles de hogares, dejando familias deshechas, niños y niñas privados de sus padres. Son también miles quienes han quedado inválidos o disminuidos para siempre como resultado de ataques, atentados o torturas.

12. La Comisión también ha señalado en su Informe Final su reconocimiento a quienes enfrentaron la subversión en estricto cumplimiento de sus deberes y respetando lo prescrito por la Constitución Política del Estado y normas de Derechos Humanos. Estos funcionarios, miembros de la Policía Nacional del Perú y de las fuerzas armadas peruanas, o de los Comités de Autodefensa y rondas campesinas que defendieron el Estado de Derecho sin violar las normas que lo sustentan, merecen nuestra admiración, reconocimiento y homenaje sin reservas.

Crímenes de lesa humanidad

13. Y sin embargo de lo dicho, es muy cierto que no todos cumplieron sus deberes cabalmente o con rectitud, y es nuestra obligacion decir, también, la verdad sobre eso.
Hemos encontrado grandes y graves responsabilidades en los gobiernos civiles electos que gobernaron durante el periodo de la violencia. Aunque variadas y complejas, esas responsabilidades pueden resumirse en la deplorable abdicación que esos gobiernos hicieron de la autoridad y las facultades constitucionales que el pueblo les había dado, autoridad que no vacilaron en ceder a las fuerzas armadas para que ellas enfrenten la subversión sin el obligado control del poder civil. Mediante la declaración de estados de emergencia no reglamentados debidamente; mediante la constitución de comandos político-militares investidos de poderes cada vez más amplios sobre la población; mediante la tolerancia, la indiferencia y el encubrimiento de violaciones de derechos humanos ampliamente denunciadas, esos gobiernos – el del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el del doctor Alan García Pérez y, especialmente, el gobierno autoritario que merece singular repudio del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori – han incurrido en una gravísima responsabilidad política por los atropellos sufridos por la población ayacuchana, por la población andina y por la población peruana en general, y así lo explicamos en los capítulos correspondientes y en las conclusiones de nuestro informe final.
Todo esto no debe hacernos olvidar la existencia de líderes políticos locales y nacionales que se enfrentaron al terror y que cayeron como víctimas en cumplimiento de la responsabilidad que sus vecinos les habían otorgado. Mencionemos a los alcaldes Jáuregui, de Acción Popular; Fermín Azparrent, de Izquierda Unida, y Raúl Yangali, del Partido Aprista Peruano, y también al dirigente de este partido, Marcial Capelletti.

14. La Comisión ha encontrado, asimismo, responsabilidades muy grandes en los mandos de las fuerzas armadas que, en representación de sus instituciones, y siguiendo doctrinas y estrategias propias de éstas, cometieron, propiciaron o avalaron atropellos a los derechos fundamentales de la población.

15. Debemos decir, en primer lugar, que es insostenible, casi una afrenta para las víctimas, insistir en que solamente se cometieron excesos. Un exceso es una extralimitación en el cumplimiento de las funciones. Y la Comisión no ve cómo, de qué manera, pueden considerarse como tales las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometieron principalmente en las zonas bajo dominio de los comandos político-militares.

16. Debemos decir, en segundo lugar, que esos crímenes fueron variados y que en ciertos lugares y periodos tuvieron carácter generalizado o sistemático, hecho que tiene que ser aceptado y asumido por la sociedad y el Estado peruanos. La Comisión ha constatado que las violaciones de derechos humanos más graves cometidas por agentes de las fuerzas armadas fueron la ejecución arbitraria, la desaparición forzada de personas, las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre estos, quiero decirlo en voz alta, merece nuestra condena particular la violencia sexual contra la mujer en la modalidad de violación sexual, acto abominable que deshonra a quienes fueron sus culpables directos y a quienes, eventualmente, en su calidad de superiores jerárquicos, los instigaron, permitieron o encubrieron. La Comisión considera que es una necesidad de la Nación que actúe la justicia en estos casos, pues la impunidad es incompatible con la democracia y la legalidad que buscamos reconstruir en nuestro país.

17. La Comisión no puede dejar de mencionar una secuela terrible de la violencia que se expresa en los desplazamientos masivos por los que la gente tuvo que abandonar sus tierras para evitar el exterminio. La canción que se suele cantar por estas tierras lo expresa en su letra de modo elocuente: “Ayacuchano, huérfano pajarillo, ¿a qué has venido a tierras extrañas?”.

18. Hemos encontrado, también, que muchas organizaciones sociales cumplieron un papel invalorable en la defensa de las personas afectadas por la violencia. Rendimos especial tributo al movimiento de derechos humanos, a las organizaciones de familiares que tienen como emblema a ANFASEP y las organizaciones de mujeres como FEDECMA. Son organizaciones que desde muy temprano señalaron atropellos cometidos y culpables y que lucharon, incluso con riesgo de sus vidas, por los suyos, familiares, amigos, vecinos, compoblanos.
Al mismo tiempo, nos apena decir que en otros sectores de la sociedad haya habido ocasiones y episodios en que se distanciaron de la defensa de valores de justicia mínimos para un pueblo que sufría.

19. Es cierto: es necesaria la justicia frente a las responsabilidades halladas. La justicia penal habrá de obrar donde sea pertinente, y habrá de ser ejercida con rectitud, sin ánimo de venganza, pero con firmeza y rigor. Pero las responsabilidades no siempre son judiciales. A veces, más fuertes, más gravitantes que ellas, son las responsabilidades morales y las responsabilidades políticas en que han incurrido personas, agrupaciones u organizaciones.
No es la Comisión la que impone sanciones en este terreno, del mismo modo en que ella tampoco juzga ni condena en el terreno judicial. Es una tarea de la sociedad misma el evaluar, ponderar, apreciar nuestra reconstrucción histórica de los hechos y juzgar las responsabilidades que hemos encontrado, en ejercicio leal de nuestro mandato.

20. De ese modo, la verdad que se expone en nuestro informe, una verdad que, así lo hemos pretendido, dignifica a las víctimas al hacer conocer su historia por toda la Nación, se irá haciendo también parte de nuestra historia familiar, local, regional o nacional.

La verdad impone grandes tareas. Nos las impone a cada uno de nosotros, se las impone a la sociedad y se las impone al Estado. A éste, la verdad le da la obligación de hacer justicia. Y parte de esa justicia es – desde luego – brindar a los ciudadanos que fueron víctimas de la violencia la reparación de daños a la que todo ciudadano tiene derecho en una democracia.
Esta Comisión se planteó desde el primer día como una instancia que daba la prioridad de su atención a las víctimas. Nos hemos acercado a ellas, y ellas, muchos de ustedes, nos han abierto sus puertas para contarnos sus historias desgarradoras, sublevantes, conmovedoras.
La Comisión, cumpliendo las tareas que se le asignaron legalmente, pero, sobre todo, acatando su propia convicción moral, ha planteado al Gobierno un Programa Integral de Reparaciones que, confiamos en ello, el Presidente hará viable.
Ese programa contempla reparaciones de índole simbólica, porque creemos que es necesario, indispensable, restaurar la dignidad negada a las víctimas y porque es indispensable que todos los peruanos, andinos, costeños, amazónicos, aprendamos a recordar la tragedia que se vivió – que vivieron pueblos como el de Ayacucho – como una tragedia que afectó a todos los peruanos.
Hemos propuesto también como una prioridad reparaciones expresadas en mejor y mayor acceso a educación, así como un plan de salud mental.
Ese programa incluye también reparaciones materiales de índole colectiva, pues sabemos de la enorme destrucción que la violencia sembró en todo el Perú, y particularmente en los andes centrales. Creemos que las comunidades tienen derecho a que se restaure aquello que les fue arrebatado, destruido, desbaratado.
Y, por último, hemos planteado un plan de reparaciones económicas para los familiares de las víctimas, muertos y desaparecidos, y para aquellas personas que, como consecuencia de la violencia, sufrieron daños físicos que hubieren limitado sus capacidades.
Confiamos en que el gobierno, los representantes del Congreso, las diferentes organizaciones políticas y gremiales, la sociedad toda, entiendan la absoluta necesidad de compensar a quienes fueron víctimas de la violencia, y hagan realidad, en un tiempo razonable, este plan que es de justicia.
Solamente ella, la justicia en su más amplio sentido, nos conducirá a la reconciliación que proponemos a los peruanos en nuestro informe final. Ella no consiste, como se insiste en decir aún, en el perdón de crímenes imperdonables ni en un reencuentro entre perpetrador y víctima, entre agresor y agredido. La reconciliación que proponemos es un reencuentro del Estado con la sociedad y de la sociedad peruana consigo misma, mediante la superación de las dolorosas desigualdades que hasta ahora existen en nuestro país y que, como señalé al inicio de estas palabras, también han influido en la intensidad de la violencia. Reconciliarnos exige transformarnos, y por ello la Comisión ha propuesto al gobierno y sometido a consideración de toda la sociedad, recomendaciones y sugerencias de reforma institucional, es decir, de todo aquello que debe ser cambiado en el plazo más breve para que los peruanos no volvamos a vivir esa pesadilla que se inició aquí hace veintitrés años.
Entre esas reformas debe haber una atención intensa y pronta a la mejora de la educación, un problema muy sentido por la población peruana y especialmente por la de los andes, para la cual la educación es una permanente aspiración y, por desgracia, también una frustración constante.
Nuestra más firme esperanza es que en este tema se produzcan profundas reformas y que dentro de ellas la tricentenaria Universidad San Cristóbal de Huamanga vuelva a ser motor del cambio y de la fecunda vida cultural de esta región.

Amigas, amigos:
Nuestro trabajo concluye hoy, aquí, con esta ceremonia. Pero la tarea de hacer justicia y de reconciliarnos recién empieza. El día de ayer hicimos entrega a los presidentes de los Poderes del Estado este informe con toda la verdad que hemos rescatado y con un plan de reparaciones y de reformas institucionales que esperamos, por el bien de la patria, sean atendidos. Hemos cedido la posta. Regresamos ahora a la sociedad para, junto con todos ustedes, permanecer vigilantes.
En estos dos años de trabajo, hemos recibido muchas cosas del pueblo ayacuchano, pero la principal de ella es, de seguro, ese ejemplo de dignidad intacta, de valentía, de integridad humana que encontramos en cada testimonio brindado a nuestros investigadores, en cada historia personal contada en nuestras audiencias públicas. Concluimos este proceso agradecidos con ustedes y con todos los peruanos que tuvieron la generosidad de compartir con nosotros su historia para que, a la vez, nosotros podamos contarla a la Nación entera. Hemos sido sólo eso, voceros de la dignidad y de la esperanza de las personas humildes de nuestro país, y ese ha sido el mayor privilegio que los miembros de la Comisión de la Verdad – Sofía, Beatriz, Rolando, monseñor José, Lucho, Enrique, Gastón, Carlos Iván, Humberto, Alberto, Carlos, quien les habla – hubiéramos podido desear. Nos entregaron sus voces. Se las devolvemos en un informe que cuenta la historia de todos nosotros, la historia que no debemos olvidar, la historia que no debemos repetir, y la otra historia, la de la esperanza, que es la que hoy debe comenzar.

Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación
Lima, 29 de agosto de 2003