Presentación
del Informe Final de la CVR
ante el pueblo de Ayacucho y ante toda la Nación
Distinguidas autoridades de la ciudad de Huamanga;
compatriotas de Ayacucho;
compatriotas de toda la Nación:
Una vieja costumbre quechua, andina, peruana es la costumbre
de la reciprocidad, ese hermoso hábito por el cual los
hombres y mujeres de los andes entretejen sus vidas en un constante,
incesante dar y recibir. La Comisión de la Verdad y
Reconciliación, que se ha adentrado en nuestra patria
durante más de dos años, recibiendo de su gente
más humilde lo más íntimo que tiene, el
testimonio de su padecer y la expresión de sus esperanzas,
quiere asumir hoy esta tradición y, para hacerlo así,
ha venido a esta hermosa ciudad de San Juan de la Frontera
de Huamanga, Ayacucho, a devolver el testimonio de su propio
recorrido.
Ese recorrido se condensa en las conclusiones que hemos venido a comunicarles
en este día. Hoy nos toca, en efecto, a los miembros de la Comisión
de la Verdad y de la Reconciliación, cuando llegamos al final de nuestro
mandato, pedirle al pueblo de Ayacucho, y por su intermedio a todo el Perú,
no que brinde su testimonio, sino que, más bien, nos dé audiencia
y reciba nuestro propio testimonio. A través de él queremos rendir
cuentas de nuestro trabajo; y debemos hacerlo por un imperativo moral aquí,
en esta ciudad, que fue la primera que visitamos y en la que comenzamos a recoger
la información veraz que encierra nuestro informe.
Es fundamental hacer esta rendición de cuentas en esta ciudad, que posee
para la nación peruana un valor emblemático cuando se trata de
hablar de la violencia que experimentó nuestra patria en las últimas
dos décadas. Fue aquí donde se sufrió la mayor cantidad
de pérdidas humanas durante el proceso de violencia que vivimos. Fue
aquí, además, donde por desventura se incubó y se comenzó a
desarrollar ese terrible fenómeno del terrorismo, ajeno por entero al
espíritu de estas tierras y que obedecía a una ideología
totalitaria que trató de convertir a toda nuestra patria en un inmenso
campo de batalla. En efecto, hace veintitrés años surgió en
Ayacucho el autodenominado Partido Comunista el Perú-Sendero Luminoso,
organización terrorista que condenamos sin reservas, y así empezó una
enfermedad – la violencia – que pronto se ramificó por todo
el cuerpo de nuestra Nación, una enfermedad que, como ayer hemos informado
al país, dejó 69 mil muertos y desaparecidos, y una sociedad
moralmente destruida por la impunidad, el cinismo y la indiferencia. Sin embargo,
también aquí, en Ayacucho, fue donde empezó la derrota
de Sendero Luminoso cuando el propio pueblo le dio las espaldas y organizado
en comités de autodefensa los enfrentó y expulsó. Hoy,
Ayacucho debe ser por eso, también, el lugar donde empiece y desde el
cual se extienda por todo el país esa salud espiritual que tiene un
solo nombre; esa salud que llamamos paz.
Queremos, pues, rendir cuentas ante ustedes, y para hacerlos, nos toca decir,
antes que nada, que no nos hemos erigido en jueces ni en fiscales. Solamente
pretendemos ser eco de la sensibilidad moral de miles de peruanos asombrados
e indignados por las grandes injusticias sufridas en nuestro país durante
veinte años. Al mismo tiempo, admitimos, como lo hemos hecho ya antes,
que no venimos libres de deudas, de culpas propias, individuales, de las que
somos conscientes.
No ha sido fácil para los miembros de la Comisión cumplir con
la tarea que nos asignaron; nos hemos topado con una verdad dura, amarga, tal
vez inoportuna. Hemos tratado de alcanzarla, a partir del reconocimiento de
nuestras propias limitaciones y defectos, y lo hemos hecho con el rigor y honestidad
de que hemos sido capaces. Junto con todo el pueblo peruano, queremos afrontar
los hechos.
La primera gran verdad y que sirve como horizonte en el que se ha desarrollado
esta tragedia es la siguiente: hemos constatado en nuestros estudios que en
gran medida los que sufrieron la violencia, y los que la padecieron con la
mayor crueldad, fueron los in-significantes, es decir, aquellos miles de peruanos
que antes y ahora carecen de sentido y de significado para el Estado y para
buena parte de la sociedad. Son los pobres, los excluidos, los olvidados de
siempre, quienes no tienen otra aspiración que ésta que expresó por
un hombre valiente que dio su testimonio aquí, en Ayacucho: ojalá que
algún día también nosotros seamos peruanos.
Conclusiones
Se nos encargó averiguar la verdad y exponerla a la
luz pública. Y eso es lo que hemos venido a hacer al
decirles las principales conclusiones de nuestro trabajo:
1. Son cerca de 70 mil los
peruanos y peruanas muertos o desaparecidos en esos años.
Buena parte de ellos han estado ausentes de la memoria nacional,
han sido peruanos olvidados, hechos a un lado por el Estado
y la sociedad oficial, personas a las que hoy también – incluso
fallecidas - se quiere hacer de lado exigiéndoles como
prueba de su paso por el mundo y de su muerte, una documentación
oficial que probablemente nunca tuvieron. Será necesario,
entonces, frente a ese escepticismo, iniciar prontamente el
penoso trabajo por el cual se pueda extraer de más de
dos mil doscientos sitios de entierros debidamente verificados
los restos de esos compatriotas que esperan digna sepultura.
2. La Comisión ha encontrado
en esa violencia un segundo motivo de escándalo y de
indignación: la manera en que la desigualdad acompaña
la existencia de los peruanos no solamente en la vida, sino
también en la muerte. El 75 por ciento de las víctimas
fatales tenían como idioma materno el quechua. La gran
mayoría de ellos eran campesinos, habitantes de las
comunidades de este departamento, así como de Apurímac
y Huancavelica. Es sobre esa población que la violencia
se abatió con la mayor intensidad, y eso nos llama también
a preguntarnos, con dolor, con consternación, si no
habrá sido esa la razón por la que los gobiernos
permitieron que la violencia alcanzara cotas tan elevadas.
3. La Comisión ha encontrado,
asimismo, que la violencia de las organizaciones subversivas,
así como la de las fuerzas del Estado, se ejerció durante
largos años sin hacer diferencias entre inocentes o
culpables, ni siquiera entre evidentes inocentes y posibles
culpables. Niños y ancianos, mujeres embarazadas o adolescentes,
población desarmada, todos fueron blanco de la misma
barbarie que, si bien de origen distinto – la agresión
de Sendero Luminoso en un caso; la necesaria respuesta del
Estado, en el otro – se unieron muchas veces precisamente
en esa cualidad: la de ser actos bárbaros ejecutados
contra seres humanos indefensos; la de ser crímenes
de lesa humanidad que la Comisión, como todos los peruanos
de buena fe, condena en los términos más enérgicos.
4. Esta violencia tiene responsables
muy concretos, y así es señalado en el informe
final que la Comisión entrega a la Nación:
5. El primero y principal
culpable, desde todo punto de vista, es la organización
terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú – Sendero
Luminoso. Lo es porque fue quien desencadenó la violencia,
precisamente cuando los peruanos recuperábamos la democracia;
lo fue porque quiso imponernos mediante la práctica
del terrorismo un modelo de organización social supuestamente
superior, cuando los peruanos veníamos transformando
nuestra sociedad, haciéndola más humana, más
plural, más equitativa, en un proceso lento, es cierto,
pero fundamentalmente pacífico y participativo.
6. La Comisión ha encontrado
en los militantes del autodenominado Partido Comunista del
Perú-Sendero Luminoso, y de manera principal en sus
jefes ideológicos y políticos, su Comité Central
y sus principales órganos de conducción, responsabilidad
por graves y numerosos crímenes de lesa humanidad, practicados
con una crueldad inaudita en la historia de nuestro país.
Sería ocioso, seguramente, pretender explicar a ustedes,
compatriotas de Ayacucho, la magnitud y crueldad de esos crímenes
que ustedes conocen mejor que el resto de peruanos: el reclutamiento
forzado de niños y adolescentes, las prácticas
de torturas para castigar y aterrorizar a la población,
los aniquilamientos selectivos y las masacres de comunidades
campesinas, el abuso sexual contra las mujeres, esa suerte
de deleite que parecían sentir en ocasionar sufrimiento
a sus víctimas. La Comisión ha encontrado que
la dirección política y militar del PCP-SL es
responsable de violaciones de los derechos humanos practicadas
de manera sistemática y generalizada como parte de su
estrategia de poder.
7. ¿Cómo explicar
la degradación de una agrupación de seres humanos
hasta ese nivel de crueldad? Será imposible, de seguro,
ofrecer una respuesta completa. Pero la Comisión considera
que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra
el pueblo ayacuchano, contra los pueblos de los andes peruanos,
contra el Perú en general, no hubieran sido posible
sin la voluntad obstinada de un grupo de personas, aferrados
a una ideología totalitaria que despreciaba el valor
de la vida humana y que se expresaba en un culto delirante
a su líder, Abimael Guzmán Reinoso, ese líder
que pedía a sus militantes pagar una cuota de sangre
por la revolución, que los inducía al sacrificio
de sus vidas para provocar al Estado, que les exigía
llevar la vida en la punta de los dedos. Ese líder,
en suma, que nunca abandonó la tranquilidad de sus refugios
urbanos y que apenas sintió en peligro su vida no vaciló en
abandonar todas las consignas guerreras con las que había
empujado a la muerte a sus jóvenes militantes y propuso
un inverosímil acuerdo de paz.
8. Para la Comisión,
por la magnitud de sus crímenes, y por su naturaleza
criminal, por su práctica recurrente del terrorismo,
el Partido Comunista del Perú no puede tener un lugar
en la sociedad democrática que queremos construir.
9. En escala menor, pero no
por ello menos grave, el llamado Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru (MRTA) también incurrió en
crímenes de lesa humanidad que condenamos enérgicamente,
como asesinatos selectivos y secuestros, y sobre todo contribuyó a
mantener un clima de zozobra que, a su vez, agravaba la situación
de violencia en el país.
10. La Comisión considera,
asimismo, que el Estado y la sociedad peruanos tenían
no solamente el derecho sino también la obligación
de responder en los términos más enérgicos
a la agresión que sufrían de parte del autodenominado
Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Los Poderes
del Estado, los partidos políticos que ocupaban el gobierno
central y los gobiernos locales, los cuerpos de la policía,
las fuerzas armadas del Perú, todos ellos tuvieron el
deber de actuar contra la violencia armada de las organizaciones
subversivas, y en esa acción muchos perdieron la vida
o sufrieron graves lesiones.
11. Como lo hemos manifestado
muchas veces a lo largo de nuestro trabajo, la Comisión
expresa su solidaridad con las víctimas y con sus familiares
sin distinción alguna. Se refiere así a todas
aquellas personas que sufrieron actos prohibidos por nuestro
ordenamiento jurídico, las normas de Derechos Humanos
o del Derecho Internacional Humanitario. Miles de hombres y
mujeres han perdido la vida o desaparecido, cubriendo de luto
y de dolor miles de hogares, dejando familias deshechas, niños
y niñas privados de sus padres. Son también miles
quienes han quedado inválidos o disminuidos para siempre
como resultado de ataques, atentados o torturas.
12. La Comisión también
ha señalado en su Informe Final su reconocimiento a
quienes enfrentaron la subversión en estricto cumplimiento
de sus deberes y respetando lo prescrito por la Constitución
Política del Estado y normas de Derechos Humanos. Estos
funcionarios, miembros de la Policía Nacional del Perú y
de las fuerzas armadas peruanas, o de los Comités de
Autodefensa y rondas campesinas que defendieron el Estado de
Derecho sin violar las normas que lo sustentan, merecen nuestra
admiración, reconocimiento y homenaje sin reservas.
Crímenes de lesa humanidad
13. Y sin embargo de lo dicho,
es muy cierto que no todos cumplieron sus deberes cabalmente
o con rectitud, y es nuestra obligacion decir, también,
la verdad sobre eso.
Hemos encontrado grandes y graves responsabilidades en los gobiernos civiles
electos que gobernaron durante el periodo de la violencia. Aunque variadas
y complejas, esas responsabilidades pueden resumirse en la deplorable abdicación
que esos gobiernos hicieron de la autoridad y las facultades constitucionales
que el pueblo les había dado, autoridad que no vacilaron en ceder a
las fuerzas armadas para que ellas enfrenten la subversión sin el obligado
control del poder civil. Mediante la declaración de estados de emergencia
no reglamentados debidamente; mediante la constitución de comandos político-militares
investidos de poderes cada vez más amplios sobre la población;
mediante la tolerancia, la indiferencia y el encubrimiento de violaciones de
derechos humanos ampliamente denunciadas, esos gobiernos – el del arquitecto
Fernando Belaúnde Terry, el del doctor Alan García Pérez
y, especialmente, el gobierno autoritario que merece singular repudio del ingeniero
Alberto Fujimori Fujimori – han incurrido en una gravísima responsabilidad
política por los atropellos sufridos por la población ayacuchana,
por la población andina y por la población peruana en general,
y así lo explicamos en los capítulos correspondientes y en las
conclusiones de nuestro informe final.
Todo esto no debe hacernos olvidar la existencia de líderes políticos
locales y nacionales que se enfrentaron al terror y que cayeron como víctimas
en cumplimiento de la responsabilidad que sus vecinos les habían otorgado.
Mencionemos a los alcaldes Jáuregui, de Acción Popular; Fermín
Azparrent, de Izquierda Unida, y Raúl Yangali, del Partido Aprista Peruano,
y también al dirigente de este partido, Marcial Capelletti.
14. La Comisión ha
encontrado, asimismo, responsabilidades muy grandes en los
mandos de las fuerzas armadas que, en representación
de sus instituciones, y siguiendo doctrinas y estrategias propias
de éstas, cometieron, propiciaron o avalaron atropellos
a los derechos fundamentales de la población.
15. Debemos decir, en primer
lugar, que es insostenible, casi una afrenta para las víctimas,
insistir en que solamente se cometieron excesos. Un exceso
es una extralimitación en el cumplimiento de las funciones.
Y la Comisión no ve cómo, de qué manera,
pueden considerarse como tales las numerosas violaciones de
derechos humanos que se cometieron principalmente en las zonas
bajo dominio de los comandos político-militares.
16. Debemos decir, en segundo
lugar, que esos crímenes fueron variados y que en ciertos
lugares y periodos tuvieron carácter generalizado o
sistemático, hecho que tiene que ser aceptado y asumido
por la sociedad y el Estado peruanos. La Comisión ha
constatado que las violaciones de derechos humanos más
graves cometidas por agentes de las fuerzas armadas fueron
la ejecución arbitraria, la desaparición forzada
de personas, las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Entre estos, quiero decirlo en voz alta, merece nuestra condena
particular la violencia sexual contra la mujer en la modalidad
de violación sexual, acto abominable que deshonra a
quienes fueron sus culpables directos y a quienes, eventualmente,
en su calidad de superiores jerárquicos, los instigaron,
permitieron o encubrieron. La Comisión considera que
es una necesidad de la Nación que actúe la justicia
en estos casos, pues la impunidad es incompatible con la democracia
y la legalidad que buscamos reconstruir en nuestro país.
17. La Comisión no
puede dejar de mencionar una secuela terrible de la violencia
que se expresa en los desplazamientos masivos por los que la
gente tuvo que abandonar sus tierras para evitar el exterminio.
La canción que se suele cantar por estas tierras lo
expresa en su letra de modo elocuente: “Ayacuchano, huérfano
pajarillo, ¿a qué has venido a tierras extrañas?”.
18. Hemos encontrado, también,
que muchas organizaciones sociales cumplieron un papel invalorable
en la defensa de las personas afectadas por la violencia. Rendimos
especial tributo al movimiento de derechos humanos, a las organizaciones
de familiares que tienen como emblema a ANFASEP y las organizaciones
de mujeres como FEDECMA. Son organizaciones que desde muy temprano
señalaron atropellos cometidos y culpables y que lucharon,
incluso con riesgo de sus vidas, por los suyos, familiares,
amigos, vecinos, compoblanos.
Al mismo tiempo, nos apena decir que en otros sectores de la sociedad haya
habido ocasiones y episodios en que se distanciaron de la defensa de valores
de justicia mínimos para un pueblo que sufría.
19. Es cierto: es necesaria
la justicia frente a las responsabilidades halladas. La justicia
penal habrá de obrar donde sea pertinente, y habrá de
ser ejercida con rectitud, sin ánimo de venganza, pero
con firmeza y rigor. Pero las responsabilidades no siempre
son judiciales. A veces, más fuertes, más gravitantes
que ellas, son las responsabilidades morales y las responsabilidades
políticas en que han incurrido personas, agrupaciones
u organizaciones.
No es la Comisión la que impone sanciones en este terreno, del mismo
modo en que ella tampoco juzga ni condena en el terreno judicial. Es una tarea
de la sociedad misma el evaluar, ponderar, apreciar nuestra reconstrucción
histórica de los hechos y juzgar las responsabilidades que hemos encontrado,
en ejercicio leal de nuestro mandato.
20. De ese modo, la verdad
que se expone en nuestro informe, una verdad que, así lo
hemos pretendido, dignifica a las víctimas al hacer
conocer su historia por toda la Nación, se irá haciendo
también parte de nuestra historia familiar, local, regional
o nacional.
La verdad impone grandes tareas. Nos las impone a cada uno
de nosotros, se las impone a la sociedad y se las impone al
Estado. A éste, la verdad le da la obligación
de hacer justicia. Y parte de esa justicia es – desde
luego – brindar a los ciudadanos que fueron víctimas
de la violencia la reparación de daños a la que
todo ciudadano tiene derecho en una democracia.
Esta Comisión se planteó desde el primer día como una
instancia que daba la prioridad de su atención a las víctimas.
Nos hemos acercado a ellas, y ellas, muchos de ustedes, nos han abierto sus
puertas para contarnos sus historias desgarradoras, sublevantes, conmovedoras.
La Comisión, cumpliendo las tareas que se le asignaron legalmente, pero,
sobre todo, acatando su propia convicción moral, ha planteado al Gobierno
un Programa Integral de Reparaciones que, confiamos en ello, el Presidente
hará viable.
Ese programa contempla reparaciones de índole simbólica, porque
creemos que es necesario, indispensable, restaurar la dignidad negada a las
víctimas y porque es indispensable que todos los peruanos, andinos,
costeños, amazónicos, aprendamos a recordar la tragedia que se
vivió – que vivieron pueblos como el de Ayacucho – como
una tragedia que afectó a todos los peruanos.
Hemos propuesto también como una prioridad reparaciones expresadas en
mejor y mayor acceso a educación, así como un plan de salud mental.
Ese programa incluye también reparaciones materiales de índole
colectiva, pues sabemos de la enorme destrucción que la violencia sembró en
todo el Perú, y particularmente en los andes centrales. Creemos que
las comunidades tienen derecho a que se restaure aquello que les fue arrebatado,
destruido, desbaratado.
Y, por último, hemos planteado un plan de reparaciones económicas
para los familiares de las víctimas, muertos y desaparecidos, y para
aquellas personas que, como consecuencia de la violencia, sufrieron daños
físicos que hubieren limitado sus capacidades.
Confiamos en que el gobierno, los representantes del Congreso, las diferentes
organizaciones políticas y gremiales, la sociedad toda, entiendan la
absoluta necesidad de compensar a quienes fueron víctimas de la violencia,
y hagan realidad, en un tiempo razonable, este plan que es de justicia.
Solamente ella, la justicia en su más amplio sentido, nos conducirá a
la reconciliación que proponemos a los peruanos en nuestro informe final.
Ella no consiste, como se insiste en decir aún, en el perdón
de crímenes imperdonables ni en un reencuentro entre perpetrador y víctima,
entre agresor y agredido. La reconciliación que proponemos es un reencuentro
del Estado con la sociedad y de la sociedad peruana consigo misma, mediante
la superación de las dolorosas desigualdades que hasta ahora existen
en nuestro país y que, como señalé al inicio de estas
palabras, también han influido en la intensidad de la violencia. Reconciliarnos
exige transformarnos, y por ello la Comisión ha propuesto al gobierno
y sometido a consideración de toda la sociedad, recomendaciones y sugerencias
de reforma institucional, es decir, de todo aquello que debe ser cambiado en
el plazo más breve para que los peruanos no volvamos a vivir esa pesadilla
que se inició aquí hace veintitrés años.
Entre esas reformas debe haber una atención intensa y pronta a la mejora
de la educación, un problema muy sentido por la población peruana
y especialmente por la de los andes, para la cual la educación es una
permanente aspiración y, por desgracia, también una frustración
constante.
Nuestra más firme esperanza es que en este tema se produzcan profundas
reformas y que dentro de ellas la tricentenaria Universidad San Cristóbal
de Huamanga vuelva a ser motor del cambio y de la fecunda vida cultural de
esta región.
Amigas, amigos:
Nuestro trabajo concluye hoy, aquí, con esta ceremonia. Pero la tarea
de hacer justicia y de reconciliarnos recién empieza. El día
de ayer hicimos entrega a los presidentes de los Poderes del Estado este informe
con toda la verdad que hemos rescatado y con un plan de reparaciones y de reformas
institucionales que esperamos, por el bien de la patria, sean atendidos. Hemos
cedido la posta. Regresamos ahora a la sociedad para, junto con todos ustedes,
permanecer vigilantes.
En estos dos años de trabajo, hemos recibido muchas cosas del pueblo
ayacuchano, pero la principal de ella es, de seguro, ese ejemplo de dignidad
intacta, de valentía, de integridad humana que encontramos en cada testimonio
brindado a nuestros investigadores, en cada historia personal contada en nuestras
audiencias públicas. Concluimos este proceso agradecidos con ustedes
y con todos los peruanos que tuvieron la generosidad de compartir con nosotros
su historia para que, a la vez, nosotros podamos contarla a la Nación
entera. Hemos sido sólo eso, voceros de la dignidad y de la esperanza
de las personas humildes de nuestro país, y ese ha sido el mayor privilegio
que los miembros de la Comisión de la Verdad – Sofía, Beatriz,
Rolando, monseñor José, Lucho, Enrique, Gastón, Carlos
Iván, Humberto, Alberto, Carlos, quien les habla – hubiéramos
podido desear. Nos entregaron sus voces. Se las devolvemos en un informe que
cuenta la historia de todos nosotros, la historia que no debemos olvidar, la
historia que no debemos repetir, y la otra historia, la de la esperanza, que
es la que hoy debe comenzar.
Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación
Lima, 29 de agosto de 2003
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