Discursos
en ceremonias y otros
Foro sobre “Los periodistas, La Comisión
de la Verdad y Reconciliación
-La reconciliación nacional: Verdad, Justicia, Perdón-
Al reclamar la creación de una Comisión de la
Verdad sobre los crímenes terroristas y las violaciones
de derechos humanos en los últimos veinte años,
y al brindar a ésta su respaldo, la sociedad peruana
ha hecho manifiesta su decisión de labrarse un futuro
democrático con seriedad, realizando previamente un
severo autoexamen colectivo. Recibido el mandato, no toca
a los miembros de la Comisión conducir este autoexamen,
para lo cual debemos acometer la tarea enorme de aclarar la
verdad sobre los hechos de violencia sufridos en el país
entre los años 1980 y 2000. Es, ciertamente, un encargo
honroso, pero al mismo tiempo abrumador, que no podríamos
asumir ni cumplir sin estar seguros de la cooperación
de las diferentes fuerzas de la sociedad civil, entre las
cuales toca un papel preponderante a los medios de comunicación.
¿Por qué a los medios de prensa? Por una razón
evidente: porque al igual que la Comisión, los profesionales
de la comunicación tienen entre sus deberes principales
la averiguación y la exposición pública
de la verdad sobre los hechos que ocurren en la sociedad.
Dicho esto, resulta imprescindible señalar que la verdad
que buscamos no consiste solamente en una suma de datos precisos
relativos a aun hecho o suceso. El encargo de la Comisión,
para el cumplimiento del cual confía en el aporte de
los medios de comunicación, es buscar una verdad de
significación moral. Esto es, una verdad que conduzca
al establecimiento de la justicia en nuestro país y
que, en última instancia, haga posible una reconciliación
nacional. Así, nuestro cometido implica exigencias
muy diversas, las que tendrían que ser observadas para
que la labor informativa sea, además de exacta, constructiva
para el país en este singular trance de introspección
colectiva.
En primer lugar, es imperativo tener en consideración
la naturaleza de los hechos que deseamos averiguar y exponer.
Se trata de hechos sumamente dolorosos como son el asesinato
selectivo de personas, el arrasamiento de comunidades enteras,
la tortura y desaparición de seres indefensos, el rebajamiento
de la dignidad humana a objeto de escarmiento. Es imposible
ignorar que tales hechos involucran sentimiento y evocan sufrimiento
muy hondos en quienes los padecieron. Ellos o sus deudos tienen
derecho a que el resto del país sepa la verdad de lo
que sufrieron; pero al mismo tiempo merecen que los sucesos
que los afectaron sean tratados con el respeto y la seriedad
debidos. La información sobre ellos tendrá que
situarse, pues, en un punto de equilibrio entre la objetividad
y la sensibilidad humanitaria, no indiferente al padecimiento
ajeno.
Es segundo lugar, para que este proceso que ahora iniciamos
tenga éxito, es necesario contar con la participación
más amplia de la ciudadanía. De un lado, es
preciso asegurar que las víctimas o los familiares
y allegados de las víctimas sepan que ahora tienen
a quien acudir y estén dispuestos a hacerlo. Asimismo,
es imprescindible que tengan un conocimiento claro de lo que
la Comisión de la Verdad y Reconciliación está
en capacidad de ofrecerles: una actitud de escucha respetuosa
y concernida, un compromiso sin reservar con la aclaración
de los hechos que los afectaron, una exposición honesta
ante el país de la verdad sobre tales sucesos, una
explicación general de las circunstancias que hicieron
posible tal proceso de violencia y recomendaciones de reparación,
que no necesariamente tendrán carácter pecuniario,
sino moral y colectivo.
Los medios de comunicación desempeñarán
un papel crucial en relación con este punto. Ellos
no solamente difundirán información sobre los
hechos mismos, sino que mantendrán informados a la
sociedad y en particular a las personas directamente involucradas
sobre los alcances de esta tarea y sus objetivos. Mediante
tal información precisa y oportuna, esperamos que la
población vaya adquiriendo familiaridad con nuestros
trabajos y propósitos y se anime a acudir a nosotros
en procura de lo que podemos ofrecerles por mandato legal
y moral. Y la convocatoria de la más amplia participación
ciudadana resulta, por cierto, una condición necesaria
para la conquista de esa verdad moral, y por tanto justiciera
y conciliadora, que anhelamos.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que este proceso
no involucra solamente a las víctimas y a los victimarios.
El destinatario de estos esfuerzos es el país entero,
y solamente en la medida en que todos los ciudadanos sean
receptivos al mensaje y a la fuerza educadora de la verdad,
podremos hablar de una genuina reconciliación.
Por ello valoramos en gran medida el papel sensibilizador
que habitualmente cumplen los medios de comunicación
responsables en relación con los más relevantes
problemas y causas sociales. Tenemos la expectativa de que
esa vocación por despertar la sensibilidad ciudadana
se dirija ahora a este singular proceso de autocrítica
que estamos iniciando. El terrible ciclo de violencia y degradación
de nuestra vida pública que aspiramos a superar fue
un fenómeno que no involucró a todos. No son
hechos de violencia que ocurrieron a ellos, personas alejadas
de nuestro horizonte inmediato y por tanto desvinculadas de
nuestras vidas. El atropello que sufrió cada peruano
nos afecta y degrada a todos como miembros de una misma Nación
y, sobre todo, como prójimos –es decir, cercanos-
en nuestra común humanidad
He afirmado que esa sensibilidad es indispensable para que
nuestros esfuerzos concluyan satisfactoriamente en el objetivo
general de esta tarea: abrir paso a la una verdadera reconciliación.
Es posible entender este término de diversas maneras
y con variadas acepciones; pero todas ellas deben estar referidas
a un punto central: no hay reconciliación sin entendimiento
y no existe entendimiento sin un lenguaje claro y sin un empleo
honesto de ese lenguaje. Llamar a las cosas por su nombre,
sin retacear y a la vez sin añadir nada a la realidad,
es el punto inicial de ese entendimiento. Y, naturalmente,
en ese cometido los medios de comunicación devienen
protagonistas más que colaboradores, pues estamos hablando
de la materia prima de su trabajo cotidiano, que es la expresión
verbal de los episodios de nuestra vida en común.
Buscamos un entendimiento entre los peruanos basado en la
verdad de nuestra historia reciente. Y al mismo tiempo procuramos
un entendimiento que nazca del mutuo reconocimiento de nuestra
dignidad como seres humanos. Cuando los peruanos hayamos asumido
esa comunidad, cuando hayamos sentido como propios los sufrimientos
de nuestros compatriotas más humildes y olvidados,
habremos empezado el camino hacia la anhelada reconciliación.
Permítanme señalar en cuarto y último
lugar una característica peculiar de la búsqueda
que estamos iniciando, en la cual los medios de prensa tendrán
también un papel relevante. Hemos hablado de hechos
de violencia, y al hacerlos tenemos en mente todo aquello
que conforma la esencia de una nota periodística: sucesos,
nombres, fechas, lugares, cantidades, escenarios. Pero la
verdad en su sentido más pleno, como sabemos, no surge
de una simple compilación de hechos sino que procede
de una lectura ética de esos hechos. La verdad es un
bien moral y así debe ser buscada y construida.
La comisión que presido aspira a entregar al país,
por tanto, no un catálogo de los horrores que hemos
padecido, sino un relato, una interpretación que nos
haga comprensible porqué se pudo rebajar tanto nuestra
vida ciudadana. En ese empeño, creemos que los medios
de prensa pueden hacer una contribución fundamental.
Al estar ellos en contacto diario con la población,
es muy factible que vayan moldeando entre nuestros conciudadanos
una forma de entender este proceso, un cierto espíritu
con el cual van asimilando el develamiento paulatino de nuestra
historia reciente. El periodismo puede cumplir ese deber con
una perspectiva histórica –esto es, con la convicción
de que está moldeando en gran parte el futuro de nuestra
convivencia nacional. Las líneas editoriales que se
escoja, los enfoques con que se decida exponer los hechos,
el comentario ponderado y sobre todo reflexivo del proceso
ayudará, sin duda, a crear ese relato moral que esperamos
ofrecer al país al cabo de nuestro trabajo.
Una verdad así concebida y así buscada trasciende,
por fuerza, la dimensión teorética; es algo
más que la adecuación entre un enunciado verbal
y la realidad fáctica a la que él se refiere.
Es, más bien, una verdad práctica, no porque
tenga un carácter utilitario, sino porque nos conduce
a un quehacer. En el dominio moral, saber implica la obligación
de obrar. Para el sujeto ético, tener conocimiento
de una injusticia instaura de inmediato el deber de trabajar
por restablecer la justicia.
Esa justicia, en relación con los graves asuntos que
tratamos, tiene dos dimensiones. Por un lado, hacer justicia
frente a los numerosos y terribles hechos de violencia padecidos
por el país exige la aplicación recta, pertinente
y no vindicativa de la sanción a quienes resulten culpables
de violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, si
los culpables deben recibir el castigo que corresponde, de
acuerdo con las normas del Estado de Derechos, las víctimas
tienen derecho a recibir resarcimiento de los padecimientos
que se les infligió contra toda ley civil y humana.
Solamente en cuanto se haya hecho justicia en ese rico sentido
podremos hablar de perdón y por consiguiente de reconciliación.
El perdón no puede ser un gesto de un solo lado: exige
el ofrecimiento sincero y arrepentido de disculpas de parte
de quienes los sufrieron, pues nadie puede perdonar en nombre
de las víctimas, sino ellas mismas.
He querido ofrecerles sólo algunas ideas sobre los
puntos de convergencia entre la tarea de la Comisión
de la Verdad y la práctica de la información.
Dentro de la amplia e irrestricta libertad de que debe gozar
el ejercicio de las comunicaciones, hay algunos cauces por
los que su labor será más productiva y constructiva
para el país. Por la trayectoria de muchos medios de
prensa y de profesionales como ustedes, estamos seguros de
que esa convergencia de propósitos y de vocación
dará buenos frutos para el país.
Conferencia Episcopal, 27 de setiembre del 2001.
Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación
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