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Conferencia de prensa
Trabajo, hallazgos y mensajes de la CVR

21 de enero de 2003

Amigos:

Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación es sumamente grato contar con su presencia esta mañana en que deseamos brindar al país, a través de ustedes, importante información sobre el curso de nuestros trabajos en los dieciocho meses pasados. En este año y medio de labores efectivas, los medios de prensa han sabido acompañarnos y hacerse eco de nuestras inquietudes. Les agradecemos vivamente por ese esfuerzo, y les expresamos nuestro deseo de contar con su compañía hasta el final de este proceso que ingresa ya en su tramo final.
Como ustedes saben, la conformación de esta Comisión, creada por el gobierno del presidente Valentín Paniagua y ratificada y ampliada durante la actual gestión del presidente Alejandro Toledo, fue una respuesta a la demanda de amplios sectores sociales y políticos del país. Organizaciones y colectividades de muy diversa índole hicieron sentir, cuando se iniciaba el tránsito a la democracia tras la reciente experiencia autoritaria, que este nuevo intento no tendría grandes oportunidades de éxito si no coincidía con una búsqueda de respuestas profundas a los problemas del país, entre los cuales ocupa un lugar central la reciente historia de violencia y atropellos de los derechos humanos por las organizaciones subversivas y por agentes del Estado.
Así, el decreto supremo que dio origen a la Comisión de la Verdad y Reconciliación le encargó «esclarecer el procesos, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y la violación de derechos humanos» producidos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, y le ordenó, inmediatamente después, «proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos».
Al aceptar ese encargo, los miembros de esta Comisión asumimos el compromiso de abrir paso a la verdad por dolorosa que ella pudiera ser y exponerla públicamente – sin hacer caso de ninguna consideración subalterna - para que sea ella, la verdad, y únicamente la verdad, el punto de partida de una nueva manera de organizar nuestra vida en común, de edificar un país reconciliado consigo mismo y reconciliado con las víctimas dolientes que aún esperan que se haga justicia.
En este tiempo muchas veces se nos ha preguntado, algunas veces incluso con ánimo de reprobación, ¿para qué abrir paso a una verdad tan dura? Hay muchas respuestas a esa pregunta, y la primera de ellas tiene que ver con una estricta consideración de justicia. Quien ha sufrido un abuso, quien ha sido víctima de un atropello, quien ha sido injustamente privado de sus libertades, de su dignidad y hasta de su vida, tiene un primer derecho: que se sepa lo que le pasó, que el resto de sus conciudadanos reconozca que uno de entre ellos, que uno igual a ellos, ha sido privado de aquello a lo que todos tienen derecho.
Y además de esa consideración de justicia elemental, hay que decir que la verdad es también necesaria para que la historia no se repita, para que los episodios de muerte, luto, desesperanza y miedo que vivió nuestra sociedad y que experimentaron de manera especialmente intensa nuestros compatriotas de las zonas mas olvidadas, no vuelvan a producirse jamás.
Cuando asumimos el encargo y cuando iniciamos nuestras labores, sabíamos que la historia que nos tocaba exponer era trágica, dura y tan cruel que, incluso, podría resultar difícil de creer. Debo decir ahora, sin embargo, que nuestra imaginación, que nuestra capacidad de previsión, no nos preparó para lo que en efecto hallaríamos. En el trabajo realizado durante estos dieciocho meses, la Comisión se ha encontrado con actos de crueldad y con hechos de dolor que superan largamente nuestras previsiones. Y creemos, ahora más que nunca, que es indispensable que todo el país los conozca y que esa historia que expondremos en el momento de presentar nuestro Informe Final sea reconocida como la historia de todos nosotros.
Tendremos que aceptar, entonces, que el más cruento conflicto desde que nuestro país existe como República fue precisamente éste, un enfrentamiento entre peruanos que alcanzó las dimensiones de una verdadera tragedia nacional. Tal enfrentamiento – es imposible ignorarlo - ha marcado la vida contemporánea de nuestro país, ha impreso su sello en más de una generación, y por tanto no sería solamente injusto, sino además insensato, pasar la página sin atrevernos a mirarlo de frente y extraer de ese examen indispensables lecciones .
En 1980 Sendero Luminoso inició una guerra interna contra todo el Estado, y lo hizo desde el mundo distante y pobre del campo ayacuchano y la sierra sur central.
La democracia, amplia pero frágil, fue retada por esta guerra sorpresiva que había sido declarada, además, desde una realidad social que el país moderno aún desconoce, olvida o discrimina. Y en ese contexto, el debate se planteó como el dilema entre el respeto a la ley y la supuesta eficacia de una acción represiva rápida, pero proclive a quebrantar normas esenciales.
La autodenominada “guerra popular” de Sendero Luminoso, que desconocía las reglas elementales de la vida democrática, se prolongó por más de una década y fue a menudo respondida con la violación de derechos humanos por agentes del Estado. Fueron años en que se enseñoreó el miedo, en los que se apoderó del país ese temor generalizado que todavía late en los relatos de las víctimas y cuyo recuerdo aún sobresalta incluso a aquellos peruanos que, como las clases medias limeñas, tuvieron la fortuna de no vivir entre dos fuegos, como sí ocurrió a los más humildes campesinos de los andes.
Por otro lado, es cierto que así como hemos constatado el dolor, la crueldad y los costos inútiles que esta guerra generó, hemos conocido también miles de ejemplos de comportamientos cívicos responsables, de generosidad, solidaridad y desprendimiento personal, así como de resistencia activa a la violencia, movimientos de acción colectiva que, primero, limitaron la expansión de la subversión y, luego, evitaron que se desatara una violencia sin control. El pueblo de Puno y el de otros lugares del país nos ha dejado esa enseñanza de la que deseamos dejar constancia ante el Perú en nuestro Informe Final.
Es nuestro propósito exponer, pues, este proceso en su real complejidad. Y una parte importante de esa complejidad son las indudables responsabilidades de las diversas personas, organizaciones o colectividades que tuvieron algún papel en los asuntos públicos en aquellos años. La Comisión de la Verdad desea –y al decir esto estamos seguros de interpretar un reclamo de todo el país – que sus dirigentes, que sus hombres públicos se pongan a la altura de este reto nacional que es el reconocernos en nuestra verdadera historia, y que, al hacerlo, aporten también los elementos para reconstruir ese proceso con valentía y sinceridad.
Esta presentación pública de la Comisión es, de tal suerte, una manera de retribuir al país la confianza depositada en nosotros, y al mismo tiempo constituye una renovada invitación a las personas e instituciones concernidas a involucrarse en este proceso de manera franca y abierta.

Apreciados amigos y amigas:

Este recuento esquemático de lo que hicimos como Comisión confirma y reitera una idea que no nos hemos cansado de repetir: no es cierto que nos enfrentemos sólo a sucesos del pasado; en primer lugar, porque el dolor de las víctimas nos acompaña aún silenciosamente aguardando reparación y justicia, y adicionalmente porque muchos de los problemas de fondo que dieron origen a la violencia siguen presentes en la vida nacional, dividiendo a los peruanos y ensombreciendo su futuro.
Entre las víctimas que hemos escuchado destacan con nitidez aquellas que pertenecen a ese estrato empobrecido que suele ser la población campesina, una población que, además de la postergación secular, hubo de sufrir también la insensibilidad o la indiferencia del resto de la sociedad cuando sus pueblos eran arrasados, sus hijos reclutados a la fuerza y sus seres queridos muertos o desaparecidos por las organizaciones subversivas o por agentes del Estado.
Lo dicho nos obliga a una pregunta. ¿Qué hacer para producir un verdadero cambio en nuestra manera de ser y convivir como peruanos?
En la CVR pensamos que nuestro Informe Final, que se presentará el 13 de julio de este año, debe ser parte de un proceso que involucre a todos tras algunos objetivos básicos que nos comprometan colectivamente como ciudadanos y como país.
Nuestra primera tarea es abrir paso a la verdad sobre sucesos poco conocidos y sobre responsabilidades impunes todavía, para facilitar una recta aplicación de la justicia por parte de los organismos competentes. La CVR tiene ese primer compromiso y hará todo lo que esté a su alcance para impedir el olvido de actos criminales y omisiones dolosas que deben recibir sanción.
En segundo lugar, proseguiremos los diálogos ya entablados con los actores institucionales más importantes durante este período de guerra interna – partidos que gobernaron, poderes del Estado, instituciones militares, grandes medios de comunicación, etc. A esos actores queremos además invitarlos públicamente a acompañarnos en una reflexión abierta en la cual expongan ante la sociedad – ante esa sociedad que aspiran a conducir - sus puntos de vista y hagan un balance que permita entender mejor las razones de su actuación y eventualmente de sus errores.
En realidad, mucho de la utilidad para el futuro de esta revisión nacional de nuestra historia reciente depende de la participación y de la actitud de todos, en especial de quienes desempeñaron aquella vez un papel relevante. Es el momento de escucharnos a nosotros mismos, fuera de cualquier cálculo político y atendiendo sólo a la responsabilidad que tenemos todos frente a las víctimas de la violencia y frente a las futuras generaciones de peruanos.
Es el momento de reconocer el público compromiso de instituciones del Estado para ayudarnos en la tarea de llegar a la verdad e iniciar un auténtico proceso de reconciliación. Es esa la intención que descubrimos y valoramos en quienes, asumiendo con responsabilidad la autoridad que ejercen, señalaron la necesidad de diferenciar los enfrentamientos propios de la guerra del asesinato y la barbarie.
En este esfuerzo por reconciliar al país consigo mismo, la CVR también está hablando, y continuará haciéndolo, con los líderes y mandos de los grupos subversivos, hecho sobre el cual mantendremos informado al país.
En tercer lugar, promoveremos algunos compromisos básicos en torno a propuestas de reformas institucionales y legales como las ya mencionadas, pues ellas resultan indispensables para hacer viables y duraderas la paz y la democracia.
En particular, quiero referirme al Plan Nacional de Reparaciones. Creemos que el país tiene una deuda moral y social con las víctimas inocentes y que todos tenemos que contribuir a que ellas sean tratadas con justicia.

Amigos:

Ciertamente, todo esto sólo será posible si los ciudadanos, los líderes políticos y sociales, los partidos, las instituciones del Estado y la sociedad nos acompañan a través de un sólido compromiso ético en el esfuerzo de hacer que este momento de nuestra historia, aunque doloroso, saque lo mejor de nosotros mismos para pasar, esta vez sí de manera responsable y justa, una de las páginas más deplorables de nuestra vida nacional.
Hay que decir que estas tareas y este mandato encomendado a la Comisión que presido forman parte de un proceso a través del cual el Perú busca construir nuevas bases para la vida en común, afirmando un verdadero Estado de Derecho y desterrando no sólo la violencia, sino también la corrupción y el autoritarismo.
Y esta es una gran oportunidad histórica cuya realización depende sólo de nosotros, de todos nosotros.
Estamos convencidos de que un futuro de paz y de democracia es posible, y está en nuestras manos hacerlo realidad si es que identificamos todo aquello que jamás debe repetirse en nuestro país: Nunca más la violencia subversiva; nunca más una guerra entre peruanos; nunca más la violación de derechos humanos; nunca más la indiferencia o el silencio ante la desgracia de nuestros compatriotas.
Hay ocasiones en que negar es también una forma de afirmar. Decirle no a la injusticia es, sobre todo, una forma de abrir las puertas a la reconciliación, y ese es el mensaje que deseamos que nos ayuden a transmitir al país.

Muchas gracias.

Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación