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Conferencia de prensa
Trabajo, hallazgos y mensajes de la
CVR
21 de enero de 2003
Amigos:
Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación
es sumamente grato contar con su presencia esta mañana
en que deseamos brindar al país, a través de
ustedes, importante información sobre el curso de nuestros
trabajos en los dieciocho meses pasados. En este año
y medio de labores efectivas, los medios de prensa han sabido
acompañarnos y hacerse eco de nuestras inquietudes.
Les agradecemos vivamente por ese esfuerzo, y les expresamos
nuestro deseo de contar con su compañía hasta
el final de este proceso que ingresa ya en su tramo final.
Como
ustedes saben, la conformación de esta Comisión,
creada por el gobierno del presidente Valentín Paniagua
y ratificada y ampliada durante la actual gestión del
presidente Alejandro Toledo, fue una respuesta a la demanda
de amplios sectores sociales y políticos del país.
Organizaciones y colectividades de muy diversa índole
hicieron sentir, cuando se iniciaba el tránsito a la
democracia tras la reciente experiencia autoritaria, que este
nuevo intento no tendría grandes oportunidades de éxito
si no coincidía con una búsqueda de respuestas
profundas a los problemas del país, entre los cuales
ocupa un lugar central la reciente historia de violencia y
atropellos de los derechos humanos por las organizaciones subversivas
y por agentes del Estado.
Así, el decreto supremo que dio origen a la Comisión
de la Verdad y Reconciliación le encargó «esclarecer
el procesos, los hechos y responsabilidades de la violencia
terrorista y la violación de derechos humanos» producidos
entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, y le ordenó,
inmediatamente después, «proponer iniciativas
destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos».
Al aceptar ese encargo, los miembros de esta Comisión
asumimos el compromiso de abrir paso a la verdad por dolorosa
que ella pudiera ser y exponerla públicamente – sin
hacer caso de ninguna consideración subalterna - para
que sea ella, la verdad, y únicamente la verdad, el
punto de partida de una nueva manera de organizar nuestra vida
en común, de edificar un país reconciliado consigo
mismo y reconciliado con las víctimas dolientes que
aún esperan que se haga justicia.
En este tiempo muchas
veces se nos ha preguntado, algunas veces incluso con ánimo de reprobación, ¿para
qué abrir paso a una verdad tan dura? Hay muchas respuestas
a esa pregunta, y la primera de ellas tiene que ver con una
estricta consideración de justicia. Quien ha sufrido
un abuso, quien ha sido víctima de un atropello, quien
ha sido injustamente privado de sus libertades, de su dignidad
y hasta de su vida, tiene un primer derecho: que se sepa lo
que le pasó, que el resto de sus conciudadanos reconozca
que uno de entre ellos, que uno igual a ellos, ha sido privado
de aquello a lo que todos tienen derecho.
Y además de esa consideración de justicia elemental,
hay que decir que la verdad es también necesaria para
que la historia no se repita, para que los episodios de muerte,
luto, desesperanza y miedo que vivió nuestra sociedad
y que experimentaron de manera especialmente intensa nuestros
compatriotas de las zonas mas olvidadas, no vuelvan a producirse
jamás.
Cuando asumimos el encargo y cuando iniciamos
nuestras labores, sabíamos que la historia que nos tocaba exponer era
trágica, dura y tan cruel que, incluso, podría
resultar difícil de creer. Debo decir ahora, sin embargo,
que nuestra imaginación, que nuestra capacidad de previsión,
no nos preparó para lo que en efecto hallaríamos.
En el trabajo realizado durante estos dieciocho meses, la Comisión
se ha encontrado con actos de crueldad y con hechos de dolor
que superan largamente nuestras previsiones. Y creemos, ahora
más que nunca, que es indispensable que todo el país
los conozca y que esa historia que expondremos en el momento
de presentar nuestro Informe Final sea reconocida como la historia
de todos nosotros.
Tendremos que aceptar, entonces, que el
más cruento
conflicto desde que nuestro país existe como República
fue precisamente éste, un enfrentamiento entre peruanos
que alcanzó las dimensiones de una verdadera tragedia
nacional. Tal enfrentamiento – es imposible ignorarlo
- ha marcado la vida contemporánea de nuestro país,
ha impreso su sello en más de una generación,
y por tanto no sería solamente injusto, sino además
insensato, pasar la página sin atrevernos a mirarlo
de frente y extraer de ese examen indispensables lecciones
.
En 1980 Sendero Luminoso inició una guerra interna
contra todo el Estado, y lo hizo desde el mundo distante y
pobre del campo ayacuchano y la sierra sur central.
La democracia,
amplia pero frágil, fue retada por esta
guerra sorpresiva que había sido declarada, además,
desde una realidad social que el país moderno aún
desconoce, olvida o discrimina. Y en ese contexto, el debate
se planteó como el dilema entre el respeto a la ley
y la supuesta eficacia de una acción represiva rápida,
pero proclive a quebrantar normas esenciales.
La autodenominada “guerra popular” de Sendero
Luminoso, que desconocía las reglas elementales de la
vida democrática, se prolongó por más
de una década y fue a menudo respondida con la violación
de derechos humanos por agentes del Estado. Fueron años
en que se enseñoreó el miedo, en los que se apoderó del
país ese temor generalizado que todavía late
en los relatos de las víctimas y cuyo recuerdo aún
sobresalta incluso a aquellos peruanos que, como las clases
medias limeñas, tuvieron la fortuna de no vivir entre
dos fuegos, como sí ocurrió a los más
humildes campesinos de los andes.
Por otro lado, es cierto
que así como hemos constatado
el dolor, la crueldad y los costos inútiles que esta
guerra generó, hemos conocido también miles de
ejemplos de comportamientos cívicos responsables, de
generosidad, solidaridad y desprendimiento personal, así como
de resistencia activa a la violencia, movimientos de acción
colectiva que, primero, limitaron la expansión de la
subversión y, luego, evitaron que se desatara una violencia
sin control. El pueblo de Puno y el de otros lugares del país
nos ha dejado esa enseñanza de la que deseamos dejar
constancia ante el Perú en nuestro Informe Final.
Es
nuestro propósito exponer, pues, este proceso en
su real complejidad. Y una parte importante de esa complejidad
son las indudables responsabilidades de las diversas personas,
organizaciones o colectividades que tuvieron algún papel
en los asuntos públicos en aquellos años. La
Comisión de la Verdad desea –y al decir esto estamos
seguros de interpretar un reclamo de todo el país – que
sus dirigentes, que sus hombres públicos se pongan a
la altura de este reto nacional que es el reconocernos en nuestra
verdadera historia, y que, al hacerlo, aporten también
los elementos para reconstruir ese proceso con valentía
y sinceridad.
Esta presentación pública de la Comisión
es, de tal suerte, una manera de retribuir al país la
confianza depositada en nosotros, y al mismo tiempo constituye
una renovada invitación a las personas e instituciones
concernidas a involucrarse en este proceso de manera franca
y abierta.
Apreciados amigos y amigas:
Este recuento esquemático de lo que hicimos como Comisión
confirma y reitera una idea que no nos hemos cansado de repetir:
no es cierto que nos enfrentemos sólo a sucesos del
pasado; en primer lugar, porque el dolor de las víctimas
nos acompaña aún silenciosamente aguardando reparación
y justicia, y adicionalmente porque muchos de los problemas
de fondo que dieron origen a la violencia siguen presentes
en la vida nacional, dividiendo a los peruanos y ensombreciendo
su futuro.
Entre las víctimas que hemos escuchado destacan con
nitidez aquellas que pertenecen a ese estrato empobrecido que
suele ser la población campesina, una población
que, además de la postergación secular, hubo
de sufrir también la insensibilidad o la indiferencia
del resto de la sociedad cuando sus pueblos eran arrasados,
sus hijos reclutados a la fuerza y sus seres queridos muertos
o desaparecidos por las organizaciones subversivas o por agentes
del Estado.
Lo dicho nos obliga a una pregunta. ¿Qué hacer
para producir un verdadero cambio en nuestra manera de ser
y convivir como peruanos?
En la CVR pensamos que nuestro Informe
Final, que se presentará el
13 de julio de este año, debe ser parte de un proceso
que involucre a todos tras algunos objetivos básicos
que nos comprometan colectivamente como ciudadanos y como país.
Nuestra primera tarea es abrir paso a la verdad sobre sucesos
poco conocidos y sobre responsabilidades impunes todavía,
para facilitar una recta aplicación de la justicia por
parte de los organismos competentes. La CVR tiene ese primer
compromiso y hará todo lo que esté a su alcance
para impedir el olvido de actos criminales y omisiones dolosas
que deben recibir sanción.
En segundo lugar, proseguiremos
los diálogos ya entablados
con los actores institucionales más importantes durante
este período de guerra interna – partidos que
gobernaron, poderes del Estado, instituciones militares, grandes
medios de comunicación, etc. A esos actores queremos
además invitarlos públicamente a acompañarnos
en una reflexión abierta en la cual expongan ante la
sociedad – ante esa sociedad que aspiran a conducir -
sus puntos de vista y hagan un balance que permita entender
mejor las razones de su actuación y eventualmente de
sus errores.
En realidad, mucho de la utilidad para el futuro
de esta revisión
nacional de nuestra historia reciente depende de la participación
y de la actitud de todos, en especial de quienes desempeñaron
aquella vez un papel relevante. Es el momento de escucharnos
a nosotros mismos, fuera de cualquier cálculo político
y atendiendo sólo a la responsabilidad que tenemos todos
frente a las víctimas de la violencia y frente a las
futuras generaciones de peruanos.
Es el momento de reconocer
el público compromiso de
instituciones del Estado para ayudarnos en la tarea de llegar
a la verdad e iniciar un auténtico proceso de reconciliación.
Es esa la intención que descubrimos y valoramos en quienes,
asumiendo con responsabilidad la autoridad que ejercen, señalaron
la necesidad de diferenciar los enfrentamientos propios de
la guerra del asesinato y la barbarie.
En este esfuerzo por
reconciliar al país consigo mismo,
la CVR también está hablando, y continuará haciéndolo,
con los líderes y mandos de los grupos subversivos,
hecho sobre el cual mantendremos informado al país.
En tercer lugar, promoveremos algunos compromisos básicos
en torno a propuestas de reformas institucionales y legales
como las ya mencionadas, pues ellas resultan indispensables
para hacer viables y duraderas la paz y la democracia.
En particular,
quiero referirme al Plan Nacional de Reparaciones. Creemos
que el país tiene una deuda moral y social con
las víctimas inocentes y que todos tenemos que contribuir
a que ellas sean tratadas con justicia.
Amigos:
Ciertamente, todo esto sólo será posible si
los ciudadanos, los líderes políticos y sociales,
los partidos, las instituciones del Estado y la sociedad nos
acompañan a través de un sólido compromiso ético
en el esfuerzo de hacer que este momento de nuestra historia,
aunque doloroso, saque lo mejor de nosotros mismos para pasar,
esta vez sí de manera responsable y justa, una de las
páginas más deplorables de nuestra vida nacional.
Hay que decir que estas tareas y este mandato encomendado a
la Comisión que presido forman parte de un proceso
a través del cual el Perú busca construir nuevas
bases para la vida en común, afirmando un verdadero
Estado de Derecho y desterrando no sólo la violencia,
sino también la corrupción y el autoritarismo.
Y esta es una gran oportunidad histórica cuya realización
depende sólo de nosotros, de todos nosotros.
Estamos
convencidos de que un futuro de paz y de democracia es posible,
y está en nuestras manos hacerlo realidad
si es que identificamos todo aquello que jamás debe
repetirse en nuestro país: Nunca más la violencia
subversiva; nunca más una guerra entre peruanos; nunca
más la violación de derechos humanos; nunca más
la indiferencia o el silencio ante la desgracia de nuestros
compatriotas.
Hay ocasiones en que negar es también una forma de
afirmar. Decirle no a la injusticia es, sobre todo, una forma
de abrir las puertas a la reconciliación, y ese es el
mensaje que deseamos que nos ayuden a transmitir al país.
Muchas gracias.
Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación
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