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Suscripción de convenio con el Ministerio de Educación

Palabras del presidente de la CVR

Señor ministro de Educación; señoras y señores:

Desde el momento en que se constituyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sus integrantes estuvimos conscientes de el profundo carácter moral de nuestro mandato. Este nos exige, por cierto, averiguar los hechos sucedidos y de ese modo ayudar a la Nación a hacer memoria de la violencia sufrida en los últimos veinte años; pero nos reclama también sugerir caminos para superar ese legado de autodestrucción y sentar las bases para una verdadera reconciliación nacional.
Esta segunda dimensión de nuestro mandato, según entendemos, sólo será atendida satisfactoriamente si somos capaces de iniciar un proceso de recuperación de valores largamente menospreciados entre nosotros y, al mismo tiempo, si acertamos a sembrar, además, otros valores que resulten compatibles con la sociedad democrática, pacífica y justa que deseamos edificar. En esa procura de recuperación ética de la Nación buscamos la colaboración de diversas instituciones del Estado y de la sociedad, y entre ellas corresponde un lugar primordial el Ministerio de Educación.
Por la naturaleza misma de su trabajo, la institución responsable de conducir la política educativa del país resulta —no es necesario explicarlo— nuestra aliada natural en ese esfuerzo y a ella acudimos para encontrar desde el primer día una espontánea comprensión e identificación con nuestra tarea y una convergencia natural con nuestros objetivos. Esa confluencia de ánimos y propósitos ha hecho muy fluido el camino que nos trae al momento presente en que firmamos este convenio interinstitucional.
Entre la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Ministerio de Educación existe, en efecto, una notable comunidad de propósitos. Es nuestra meta común sembrar en la sociedad peruana esas actitudes y valores que nos permitan convertirnos en una comunidad de seres libres y orgullosos de su libertad, pero al mismo tiempo conscientes del valor de nuestros semejantes, respetuosos de las leyes que regulan nuestras relaciones con los demás y tolerantes de nuestras diferencias.
Se ha reflexionado mucho sobre las razones por las que la democracia peruana adolece de una crónica precariedad y habrá que meditar mucho, también, sobre las razones —o más bien sinrazones— que nos precipitaron en la ola de violencia que hoy deploramos. Respecto de uno y otro problema, será inevitable encontrarse con los asuntos que deseamos afrontar mediante este convenio: la ausencia o debilitamiento de una cultura cívica orientada a la valoración del otro y de las reglas de juego —respeto, tolerancia, veracidad— que permiten que la convivencia humana sea espacio de realización y no de opresión.
Es, pues, indispensable llevar a cabo una tarea conjunta como la que iniciaremos a partir de este acuerdo. Y esa labor de recuperación ética de nuestra Nación —que queremos llevar a cabo trabajando con los niños y adolescentes en edad escolar— deberá tener en cuenta un paso indispensable, aunque no siempre grato: hacer que la población tome conciencia de los terribles hechos que ha vivido el país, que comience a sentir el dolor largamente silenciado de nuestros hermanos más humildes y, a partir de ahí, que realice una sincera reflexión sobre nuestras fallas y nuestras faltas.
Será con esa conciencia de nuestros males pasados que resultará más efectiva toda la vasta tarea de formación en valores y actitudes que se requiere para que esos estudiantes niños y jóvenes sean en el futuro los ciudadanos activos que requiere una democracia sólida y saludable. Es difícil solucionar algo que no ha sido percibido en primer lugar como un problema. Necesitamos, pues, que nuestros estudiantes sientan realmente que el abuso del más fuerte, la burla de las reglas de convivencia cívica, la trasgresión de las leyes, el aprovechamiento indebido de los cargos públicos, todo ello, lejos de ser una forma de vida aceptable, es un verdadero escándalo que nos afecta a todos.
Crear una cultura cívica y promover una moralidad humanitaria y democrática requiere, ciertamente, trabajar sobre los contenidos que se entregan a los estudiantes. Nuestro convenio contempla por ello interesantes propuestas de innovación curricular a manera de experiencias piloto. No obstante, como bien lo ha mostrado la ciencia pedagógica en las últimas décadas, tan importante como lo que se dice en clase es lo que se hace en el aula. La democracia, se ha dicho, sólo se aprende en la práctica y ello tiene un alto grado de verdad. Así, necesitamos también una promoción de actitudes de tolerancia entre los propios estudiantes que comparten aulas y patios. Ello será parte de la educación para la paz que queremos empezar a promover juntos.
Finalmente, un proyecto de educación —cualquiera fuera su norte— sólo sería una quimera si no brindara atención especial al agente esencial de formación que es el maestro. Los maestros peruanos han dado y dan permanentemente testimonio de su vocación. Hay que apoyar esa vocación poniendo en sus manos los instrumentos para realizarla. Nuestro convenio contempla por ello un relevante capítulo de capacitación docente que incluye apoyo metodológico y pautas para elaborar un curso de educación ciudadana.
Como he dicho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación encontró desde el primer día una cálida acogida en el Ministerio de Educación, una apertura fundada en la comunidad de nuestras aspiraciones. Esa convergencia, ese compromiso compartido que agradezco profundamente, señor Ministro, es la mejor garantía de que las actividades que iniciamos con la firma de este convenio llegarán a buen término y resultarán una contribución real a la edificación de esa anhelada sociedad democrática y pacífica.


Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación