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SESIONES PÚBLICAS DE BALANCE Y PERSPECTIVAS
partido popular cristiano

Sesión 11 de junio de 2003

Salomón Lerner Febres:
Muy buenas tardes señoras, señores invitados, periodistas, amigas, amigos. Damos inicio formal a esta Sesión Pública de Balance y Perspectivas que cuenta con la presencia del doctor Ántero Flores Aráoz, Congresista de la República y presidente del Partido Popular Cristiano (PPC); y también con la de los doctores Antonino Espinoza Lañas y Carlos Chipoco, miembros de la Comisión Política del PPC. Me permito recordarles a todos que durante la sesión deberemos observar el contenido del reglamento aplicable a esta reunión, que les ha sido distribuido a la entrada a este local. Antes de ir directamente al tema que nos convoca en esta reunión, permítanme dar pública lectura y expresión a un comunicado que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha redactado y va a difundir entre los distintos medios.

La CVR se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Lamenta que sus declaraciones en relación de la naturaleza política del autodenominado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) se hayan interpretado distorsionadamente como un reconocimiento de igualdad o similitud de este grupo subversivo con organizaciones y partidos políticos que existen bajo las reglas del juego democrático.
  2. Entiende, como lo ha expresado siempre, que no existe argumento ideológico o político que pueda eximir a Sendero Luminoso de gravísimas responsabilidades por los crímenes cometidos a través del uso del terrorismo. La práctica de estos crímenes y esa estrategia descalifica al grupo que los comete como parte del sistema democrático.
  3. Señala que, según su mandato y sus más íntimas convicciones, su compromiso es fundamentalmente ético y se halla vinculado con la búsqueda honesta y desprejuiciada de la verdad. Los miembros de la CVR somos plenamente conscientes de que uno de nuestros objetivos mayores es fortalecer el régimen democrático.
  4. Reiteramos, al mismo tiempo, que una desacertada calificación de los grupos subversivos, considerándolos sólo como bandas o gavillas de delincuentes, conduce al trágico error de enfrentarnos únicamente en el campo policial y militar, dejando de lado la indispensable respuesta política e ideológica de parte de quienes están llamados a combatirlos. Fue precisamente esa clase de simplificación, la que llevó a la expansión de la violencia indiscriminada que la Comisión investiga.

Lima, 11 de Junio del 2003, Comisión de la Verdad y Reconciliación

 

Salomón Lerner Febres:
Iniciando la Sesión Pública de Balance y Perspectivas de esta tarde, yo quisiera recordar algunas ideas de carácter general que presiden nuestra actuación como Comisionados en estos dos años y, más específicamente, en estos momentos.
Al iniciarse esta sesión, me permito recordarles el contenido del reglamento aplicable y que obra en su poder. El mandato conferido a la CVR incluye un cuidadoso escrutinio de los hechos acaecidos durante los veinte años de violencia. En el desarrollo de este mandato, la CVR escucha las voces de aquellos que han sido víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, voces como las escuchadas en el video que ustedes han podido observar; pero también, las voces de instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado en el proceso que le ha correspondido estudiar.
En este caso, la CVR ha convocado a partidos políticos y a instituciones públicas a fin de que realicen, de cara al país, un balance histórico del papel que jugaron, así como una reflexión sobre su visión de las perspectivas que tienen del Perú hacia el futuro y con relación a la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos. Éste es el sentido profundo de estas sesiones que no buscan ser eventos de juicio público, ni de polémica, sino permitir al país escuchar la versión de cada uno de los actuales invitados.
La CVR pide a los dirigentes presentes hoy, ofrecer un balance institucional de su comportamiento; la sesión no se refiere a hechos de conducta individual. Los vamos a escuchar con atención y las conclusiones y recomendaciones de esta CVR serán presentadas en el informe final en el próximo mes de agosto.
A modo de síntesis de introducción, la CVR quisiera dejar sentadas algunas premisas:

Ante todo, ratificar que el conflicto armado fue provocado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL), pese a que había entonces condiciones democráticas abiertas. En el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden. Esto debía hacerlo, sin embargo, dentro del estricto respeto a los derechos humanos. Los hechos que le ha tocado analizar a la CVR muestran que ello no ocurrió así. Son precisamente esos graves hechos producidos en estos veinte años, los que han dado sentido a la creación de la CVR; y son estos hechos, finalmente, los que brindarán sentido a sus conclusiones y recomendaciones.
Asimismo, la CVR reitera que su perspectiva de análisis será fundamentalmente ética, con particular atención a aquellos que fueron víctimas de este conflicto y sin discriminación alguna. Es, a partir de estas premisas y dentro de este marco general, que se ubica la sesión que tendrá lugar el día de hoy y aquéllas que se sucederán en los días siguientes.
En la segunda mitad del siglo XX, grandes planes modernizadores fueron diseñados para lograr un Perú moderno. Las ricas pero mal irrigadas tierras de la costa debían ser polos agroindustriales de alto desarrollo e intensificación de la producción agrícola y, para ello, se planificaron grandes irrigaciones a lo largo del eje costero cuya construcción en los últimos cuarenta años ha transformado el paisaje social, económico y demográfico de esa región. Las riquezas de la selva debían integrarse a la economía nacional y, por ello, se planificó la Carretera Marginal, proyecto que empezó a ejecutarse en los años sesenta y ha seguido hasta hoy. En la sierra, la promesa de modernización no tuvo inversión y las pocas propuestas del Estado en ese espacio nos remiten a la Reforma Agraria; la ampliación de la cobertura educativa básica y superior; y a cierta inversión urbana en algunas de las capitales departamentales. En suma, es posible afirmar que el Perú que se modernizaba desde los años cincuenta no tuvo un gran proyecto ni una gran visión para la sierra de nuestro país. En el campo serrano, la masiva migración rural, principalmente hacia la ciudad de Lima; y las movilizaciones campesinas contra el régimen latifundista, transformaron la demografía y las estructuras de poder.
En los estudios realizados por la CVR, se observa que los conflictos entre sectores de la población o entre pobladores y el Estado, en los cuales se sustentaron los grupos subversivos, se asocian en forma particular a los procesos parciales e inacabados de modernización. Las transformaciones diferencialmente vividas tuvieron también efectos en el surgimiento y deterioro de una sociedad civil organizada, lo que incidió a su turno en las formas y los niveles de la violencia. Sin ningún recurso atractivo para el capital extranjero o nacional, ni polo económico dinámico, y mal integrado por una escasa y pésima infraestructura vial; el departamento de Ayacucho mostraba signos visibles de depresión económica, con uno de los Producto Bruto Interno (PBI) más bajos del país y altas tasas de migración de sus diferentes provincias hacia las zonas dinámicas de la costa o de la selva. En el entorno regional de pobreza y depresión, los movimientos campesinos y procesos de compras de hacienda por sus feudatarios; y finalmente, la implementación de la Reforma [Agraria] sobre los restos del sistema tradicional de hacienda, habían restado poder, influencia y peso determinantes en la ciudad y la región a los grupos de poder tradicionales.
La reapertura en Ayacucho, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en 1959, fue un proyecto educativo que renovó la ciudad y la conectó con el movimiento de modernización y progreso del país. Ésta se convirtió en el foco de dinamización cultural, política y económica de la región. Difusora de ideas progresistas y distancias de sectores tradicionales, la Universidad de Huamanga acogió, como el resto de universidades del país, las ideas radicales de los años sesenta y setenta. Desde su alta legitimidad regional, la Universidad irradió estas ideas hacia la ciudad y la región, ejerció casi un monopolio sobre la opinión pública modelando el sentido común local. Éste fue el espacio de surgimiento del PCP-SL cuya fuerte presencia en la Facultad de Educación le permitió ejercer una influencia importante en los maestros, y estuvo asociada al paulatino crecimiento de la cobertura educativa en las aéreas rurales crecientemente copadas por sus militantes que desarrollaron así su presencia en el campo.
El sector de la sociedad rural donde se inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde a los márgenes sociales del país, irrelevantes para la economía nacional y los planes de desarrollo, donde el Estado no estuvo presente garantizando el acceso a infraestructura y servicios públicos básicos, ni cumplió su rol de garante de la tranquilidad, la seguridad y la propiedad de las personas. En términos generales, se trata de contextos rurales muy pobres donde la mayoría de población era quechua hablante y analfabeta – como lo vamos a ver en los gráficos posteriores- el espacio que se llamó despectivamente la “mancha india”, en el cual se incluye la sierra sur central, los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. En estos espacios de pobreza rural, las únicas expectativas de progreso fueron individuales y no fueron otras que la emigración y el acceso a la educación. Hasta aquí tenemos un resumen de los antecedentes que explican el inicio del ciclo de la violencia.
Ahora resumiremos algunos datos estadísticos que nos dan un grueso perfil del itinerario y los resultados del conflicto, que podrán servir a sus organizaciones, señores invitados, para realizar el balance que nosotros les solicitamos.
En el primer gráfico, observamos cuando ocurrieron los hechos que condujeron a la muerte y desaparición de personas entre 1980 y el 2000; en él resaltan dos picos; el primero, entre 1983 y 1985; y el segundo, entre 1989 y 1991.
El segundo gráfico se refiere al lugar donde ocurrieron las muertes y desapariciones. En él se evidencia que el departamento de Ayacucho fue el principal escenario de muertes y desapariciones.
El tercer gráfico muestra una mayor incidencia de la violencia en el ámbito rural, si bien los espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre los años 1989 y 1993. El 55% de las víctimas eran campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias.
El cuarto gráfico expone con claridad un rasgo fundamental sobre el tema de quiénes fueron la mayoría de las víctimas. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la CVR, el 75% de las víctimas era quechua hablante. Por otra parte, hasta el momento, la CVR ha contabilizado 1 224 autoridades locales muertas o desaparecidas como consecuencia del conflicto armado interno. SL sería responsable de más del 70% de estos casos.
El quinto gráfico expone: ¿quiénes serían los grupos responsables de los muertos y desaparecidos? Las cifras de la CVR muestran que aproximadamente la mitad de las víctimas fueron causadas por SL y un tercio por agentes del Estado.
El sexto gráfico muestra el número de víctimas ocasionado por los principales actores durante el ciclo de violencia. En él, resalta la disminución de muertos causadas por agentes del Estado durante los años 1989 y 1999.
Finalmente, el sétimo gráfico reúne las cifras de la muerte de civiles, miembros de las fuerzas del orden y de presuntos subversivos.
Presentados estos antecedentes, y los datos estadísticos más importantes, escucharemos en esta ocasión, la opinión de los representantes del Partido Popular Cristiano (PPC). El PPC surgió en 1967 y, luego de los años del gobierno militar, tuvo una importante participación en la Asamblea Constituyente de 1978. Posteriormente, fue aliado de AP, compartiendo dos carteras dentro del gobierno, entre los años 1980 y 1985. Mantuvo también presencia parlamentaria, incluida la presidencia de ambas cámaras, hasta que en 1992 se da el autogolpe que, enérgicamente rechazado por ellos, cierra el Parlamento, autogolpe. Su gravitación ideológica y programática hizo relevante su actuación sobre los modos de presentar el conflicto armado interno. Vamos a invitar a los representantes presentes del PPC a exponer su reflexión en esta primera parte de nuestra sesión, que es una sesión de balance, teniendo en cuenta los siguientes temas o preguntas que me voy a permitir plantear:

¿Cuál fue la percepción que el PPC tenía de la subversión armada, en general, y de Sendero, en especial, al inicio de la década de los ochenta?
¿ Qué balance han realizado de la opción por el ingreso de las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de enfrentar la subversión al finalizar 1982? ¿Cómo se plantearon los términos de la relación entre gobierno civil, poder militar y la población de las zonas afectadas?
¿ Qué iniciativas se implementaron en relación con el enfrentamiento del conflicto armado? ¿Qué balance tuvieron, y tienen hoy, de cómo se supervisó la constitucionalidad de los comandos político-militares y el respeto a los derechos humanos en las zonas de emergencia?
¿ Qué balance han realizado de la forma en la que, durante los noventa, se combinó la política antisubversiva con el afianzamiento del autoritarismo del régimen de entonces y de su actuación institucional frente a este fenómeno?
Teniendo en cuenta el conjunto de datos que anteriormente presentados, ¿Cuál es el balance global del ciclo de violencia interna y, dentro de él, cuál es la revisión franca que hace su organización de ese conflicto?

Disponemos de 30 minutos y cedo gustoso la palabra al doctor Ántero Flores Aráoz.

Ántero Flores Aráoz:
Gracias, Salomón. Primeramente, quisiera expresar nuestro agradecimiento a la CVR, no solamente por habernos invitado a participar en esta sesión y dar nuestra opinión, balance y propia visión; sino por haber asumido una responsabilidad difícil y que, lógicamente, tiene sus bemoles y que requiere mucho coraje, sobretodo para buscar la verdad en un momento en que aún no ha terminado la violencia. Quiero expresar también la solidaridad del PPC con todas las personas que han sufrido la violencia durante lustros, que han sufrido postración e inequidad y que, sin lugar a dudas, no han tenido la posibilidad de tener un acceso al trabajo, a fuentes de sostenimiento, a igualdad en la sociedad y que esto ha determinado también frustraciones, rencores, que hay que tratar de superar.
Nosotros, para cuando hemos sido citados a esta reunión, habíamos ya conversado con Betsy Alva, con Salomón, con Rolando Ames; incluso antes, privadamente, con Rolando. Nuestra Comisión Política se había reunido y había hecho un análisis en el que se preguntaba: ¿ha terminado la violencia? Y esta semana nos han dado con grandes titulares, la respuesta que ya conocíamos desde hace tiempo: se redujo, se ha hecho muchísimo contra ella, pero la violencia subversiva aún persiste. En consecuencia, nos tenemos que hacer otra pregunta, no solamente por lo sucedido esta semana; antes hemos tenido lo de El Polo, algunos rebrotes más reducidos en la zona del Huallaga, etcétera. Y nos preguntamos: ¿es el momento de afrontar la verdad? ¿Queremos la verdad? No nos cabe la menor duda, no solamente la queremos sino que la propiciamos. Somos un partido que se basa en la doctrina social de la Iglesia, no somos confesionales, pero somos un partido con hondo contenido cristiano y ya Su Santidad Juan Pablo II, cuando en su Encíclica del Esplendor de la Verdad trataba el tema, nos llamaba a no desviarnos de la verdad sobre el bien del hombre sino a alcanzar con seguridad, especialmente en las cuestiones más difíciles, la verdad y a mantenerse en ella. Creo que difícilmente hay otro tema más problemático que el de la verdad respecto a la violencia en el Perú. Nosotros apostamos por la verdad, pero apostamos por una verdad que nos lleve a la reconciliación; no a ampliar más heridas, no de modo alguno a reanimar rencores y antagonismos, sino a una reconciliación entre todos los actores sociales.
Cuando nuestra comisión vio el tema, encargó el estudio del tema a una subcomisión, que presidió Javier Bedoya e integraron Antonino Espinoza, Juan Fisher y Carlos Chipoco; yo tengo que decir quiénes son los autores por el elemental principio de autoría intelectual. En ese estudio, ellos dijeron a nuestra Comisión Política que la primera reflexión es la responsabilidad que se debería asumir. Y su respuesta fue que el PPC no solamente no tenía responsabilidad que asumir sino tampoco culpa que reconocer. No solamente la existencia del partido desde hace cerca de cuarenta años, sino sus antecedentes en la Democracia Cristiana, expresan que durante más de medio siglo, desde los fundadores del PPC, sus miembros fajaron por la democracia y eso significó, muchas veces, conflictos conyugales, familiares, personales, problemas laborales, sacrificios sin fin, por propender a la democracia y por buscar el bien común, que es lo que nos anima a los social-cristianos a estar en política. Entonces, en nuestra actuación política, nosotros no tenemos que reconocer responsabilidades, lo que tenemos que reconocer son los sacrificios que hemos hecho; el haber tenido el coraje de estar por la democracia en un país difícil, que está en permanentes transiciones y en el que se han sucedido infinidad de golpes de estado; ser partido político y apostar por el bien común que es nuestro norte en la acción política. En consecuencia, no nos consideramos responsables y, menos aún, culpables; pero sí, con humildad, tenemos que decir que nos hemos fajado por un sistema en un país difícil de estar en el sistema.
Tenemos también que decir que hay que recordar lo sucedido en el país. Si bien en 1980 se inicia con toda gravedad el fenómeno subversivo terrorista, ya antes habíamos tenido violencia originada también, según el análisis que hace esta comisión que he mencionado, en las inequidades que ya se habían visto en el gobierno anterior al de1980, que fue el mal llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, y que sabemos perfectamente que no fue de toda la Fuerza Armada. Este Gobierno generó frustraciones y también fracaso, por las reformas que se habían anunciado y que, lamentablemente, o se hicieron pésimo o se hicieron mal; pero no hubo ni siquiera una regular y eso estimuló el sentido de frustración de la gente.
A ello se agrega la prédica que hubo en aquel entonces, como por ejemplo: “Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza”. Había incluso un contenido ideológico subversivo y había un contenido de enfrentamiento entre la gente, el enfrentamiento entre peruanos. Cómo no queríamos, entonces, que pudiera surgir violencia si desde el propio Estado, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, se fomentaron en aquel entonces, esas inequidades y esos enfrentamientos. De 1970 a 1976, agrega este análisis, el Perú fue convertido en laboratorio de diversos gobiernos de corte totalitario y comunista. Así por ejemplo, el sector industrial se entregó a los yugoslavos para que practicaran sus teorías autogestionarias; el sector pesquero tuvo una presencia importante en sus flotas de técnicos rusos y cubanos. El país se convirtió, muchas veces, en refugio de ciudadanos de Chile, de Uruguay y de Argentina que, teniendo doctrinas y concepciones diferentes a las de los peruanos, fugaron al Perú para aquí, también, tratar de imponer su pensamiento diferente al tradicional peruano. Se propició una campaña de hostilidad permanente contra el empresario; no me refiero al empresario extranjero que fue, qué les podría decir, indemnizado con creces respecto al peruano, que fue económicamente flagelado. Mientras al extranjero le entregaron el precio de las acciones que les eran expropiadas, eléctricas por ejemplo, a los peruanos no les pagaban nada y a los peruanos empresarios se les enfrentaba con teorías y acciones totalmente contraproducentes que le quitaron ese sentido que tiene el empresario siempre, de empuje, de desarrollo, de esfuerzos por crear fuentes de trabajo con un lucro que es perfectamente lícito y legítimo. Se soliviantaron también los ánimos del sector laboral y del sector campesino; no nos olvidemos que a través del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) quisieron poner comités de vigilancia en los barrios; en fin, el Perú se convirtió en una nación ocupada militarmente.
En 1978 se dio el Congreso Constituyente, en el que el PPC tuvo una destacada actuación y pudo demostrarle al Perú que un partido de clarísima tendencia social-cristiana podía concertar con otro de tendencia social-demócrata, como fue el APRA, y que los partidos políticos podían hallar consenso, anteponer el interés del país al interés propio de los partidos o de sus militantes. Así, pudimos tener la Constitución de 1979, en que se formulan distintos aportes que no quisiera volver a repetir porque ya son conocidos.
En 1980, el PPC no hizo otra cosa que hacer honor a su compromiso de ayudar a quien ganase la elección y aceptó la invitación, que nos enorgullece, de AP de colaborar con él, no de hacer una alianza con el Gobierno sino de colaborar en su gobierno con sus postulados, con sus propuestas, que muchas veces no eran ni coincidían con las del PPC; pero nos fajamos por esa recuperación de la democracia y por hacer un país mejor del que se había recibido. Sabemos perfectamente qué pasó toda la década del ochenta, llegamos a 1990 y, como bien ha dicho Salomón, tuvimos una presencia importante en las Cámaras Legislativas. Y llegó el 5 de abril, un 5 de abril con violencia: nuestros presidentes de ambas Cámaras Legislativas fueron sometidos a arresto domiciliario; nuestros parlamentarios perseguidos; algunos con dificultades hasta para regresar al país pues se encontraban en un evento internacional. El terrorismo recrudeció, pero comprendimos desde 1990, y no después del 5 de abril de 1992, que había que buscar fórmulas imaginativas y recordábamos las que planteaba, por ejemplo Enrique Elías Laroza cuando era Ministro de Justicia, o la que planteaban luego sus sucesores: Ernesto Alayza Grundy, Armando Buendía; porque en 1980, durante el ejercicio del mandato ministerial de Felipe Osterling, también del PPC, todavía la situación no había llegado al clímax que después conocimos. Y allí, Enrique Elías trajo propuestas: propuesta alemana, propuesta israelí, inclusive ayudas; y en ese momento no se entendió. Dijimos desde aquel entonces que para enfrentar el fenómeno se requería, por ser un fenómeno de excepción, normas también de excepción; una situación anómala no podía de modo alguno ser enfrentada con reglas hechas para tiempos de paz. No fuimos entendidos. En 1991, Javier Bedoya, que era diputado del PPC, planteó la delegación de facultades para que el propio Gobierno de aquel entonces cediera las reglas de juego necesarias para enfrentar el fenómeno; pero tampoco fuimos escuchados. Después del 5 de abril, en 1993, en el CCD, recién se nos entendió. Antes se establecieron, y con nuestro voto a favor, los “tribunales sin rostro”. Acuérdense, hay que ponerse en la situación que se vivió en el Perú; es muy fácil ver hoy día lo que sucedió antes sin ponerse en el lugar, en el tiempo, en las circunstancias. Los jueces y los fiscales se morían de miedo, liberaban absolutamente a todos porque estaban amenazados, ellos o sus familias, y el Estado estaba inerme y el Estado no les podía dar protección ni siquiera a los magistrados, menos a sus familias; hubo que lograr imponer en el país normatividad de urgencia, de emergencia. Lógicamente, cuando las cosas cambian, cuando ya no tenemos el clímax que hubo de terrorismo y comienza a haber más paz, aunque no se haya aún logrado; prudente y paulatinamente, tiene que irse normalizando la legislación de excepción que se dio en su momento, y con la cual nosotros estuvimos de acuerdo.
Pero en esos tiempos de terror, también tenemos que decir que notábamos, y lo tenemos que decir con absoluta claridad, que los organismos internacionales de defensa de derechos humanos no veían la conculcación de los derechos a los ciudadanos que querían la paz en el Perú. Se ocupaban y veían sobre todo, dónde el Estado podía no estar aplicando acciones respecto a derechos humanos, dónde el Estado podía haberse excedido, pero el tema de SL, el tema del MRTA, y otros menores, ni siquiera los tocaban. Los malos eran los defensores del orden; los buenos, prácticamente, eran los que querían que sucumba el Estado, los que querían no más nación peruana, los que se llamaban partidos políticos sin serlo.
Y aquí hago un paréntesis, y tengo que hacerlo, porque nos ha causado estupor, y lo digo con toda claridad; que se puede entender que estos asesinos se llamen ellos partido, pero que lo llame la CVR, francamente, a los que somos demócratas, a los que nos fajamos por la democracia, a los que somos partido y estamos en esta tarea, llamarlos a ellos partido, francamente, lo consideramos un agravio y una afrenta. Y se lo decimos no a través de los periódicos, no a escondidas; se los decimos a la cara de todos ustedes porque igual como nos han llamado a nosotros a decirles cuáles son nuestras preocupaciones y cuál es nuestra visión, tenemos que decirles que nos sentimos agraviados, por decir lo menos, por estas expresiones.
En esos años de gran violencia, nosotros también hemos tenido nuestros mártires: Javier Puiggrós; la esposa de Arnulfo Mendoza, nuestro alcalde de Huánuco; Próspero Delfo, nuestro dirigente de Cerro de Pasco; nos atacaron locales, trataron de destruir nuestro local de Miraflores; destruyeron el de Comas; León Bernuy sufrió atentados, le envenenaron sus piscigranjas en Cerro de Pasco; sufrieron atentados en su domicilio Rafael Benavides y Emma Vargas de Benavides, hoy parlamentaria, Rafael antes de serlo. Y, así, no les digo decenas, centenares de casos podríamos decirles; pero, el mundo estaba al revés, el mundo veía que la defensa del Estado a través de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, en que realmente hubo excesos, nadie lo puede negar, pero, un poco, que el mundo está al revés.
Hoy día se dan, por ejemplo, indemnizaciones, reparaciones a quienes sufrieron desde la parte de la sociedad civil. Yo me pregunto qué reparaciones se han dado a esos militares o a la oficina del General López Albújar; qué reparación, por ejemplo, se puede haber dado a policías como el Coronel Manuel Tumba Ortega; el Comandante Félix Martiniano Roca López; los policías Mario Rivas Aedo o a William Dioses Ángulo, o a Wilson Menéndez Vargas. O qué les puedo decir a los familiares de Gerónimo Cafferata, o de Carlos Ponce Canessa, o del Contralmirante Vega Llona; por decir algunos de los cientos que ha habido. Hemos visto la óptica desde el otro lado, pero no hemos visto la óptica de otros que también sufrieron. No nos podemos olvidar de una serie de agresiones, de quienes sufrieron realmente muchas acciones que atentaron contra su integridad y su vida. Las guerras, y este tipo de guerras fratricidas, nunca son limpias; la gente está a ver por donde viene la agresión, por donde viene la emboscada, por donde viene el tiro artero. Fueron momentos muy difíciles para toda la sociedad; por eso buscamos nosotros como partido, comprender, que se comprenda, pues daría la impresión de que hay un factor de confusión en todo esto; de que solamente se ve una parte y no se ve la otra.
Estamos convencidos de que hay que preservar y resaltar a quienes, desde la sociedad civil, han sufrido, pero también no nos olvidemos de que la Policía y las Fuerzas Armadas, a que a quienes nosotros tocamos las puertas para que salvaran las vidas de veintitantos millones de peruanos, también han sufrido, también sus familias han sido agraviadas, también ellos han sido lesionados y de ellos poco se ha dicho.
Yo creo, queridos amigos de la CVR, que para tener verdad van a tener que decirla completa, y estoy convencido de que lo van a hacer, pero, también, con un norte: la reconciliación. Les hacemos una invocación: que sepan buscar la oportunidad de hacerlo. Nosotros no estamos convencidos de que los momentos actuales, en que aún tenemos violencia, sean los mejores para decir la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad. Mil gracias.

Salomón Lerner Febres:
Gracias. Sobre el mismo tema, entonces, y antes de pasar a las perspectivas, la intervención del doctor Carlos Chipoco.

Carlos Chipoco:
Cuando discutíamos en la Comisión Política del PPC, qué decir ante la CVR una primera idea fundamental que salió, y en la que concordamos todos, es que nosotros no venimos a defender acá ninguna política antisubversiva; nosotros no venimos acá a defender ninguna violación a los derechos humanos. Nosotros venimos a hablarle a la CVR para decirle que nuestro partido es un partido de derechos humanos. No es casual que algunos de los fundadores de la Democracia Cristiana Internacional, hayan sido, al mismo tiempo, los que hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestro partido, originado en la doctrina social-cristiana, tiene como idea fundamental la noción de que el hombre es la motivación; y la protección de sus derechos y de su bienestar y de su felicidad, es la motivación fundamental de la política. Por lo tanto, tiene un compromiso fundamental con proteger la vida del hombre, del ser humano, hombre o mujer, asunto esencial en la doctrina social-cristiana. Quiero decirles que un ejemplo de eso, fue la lucha por los derechos humanos en la Vicaría de la Solidaridad en Chile porque quienes la dirigieron, algunos de los que murieron en la dictadura de Augusto Pinochet y los que dirigieron la política de defensa de los derechos humanos eran militantes demócrata-cristianos; de manera que hay acá una tradición. Javier Bedoya, Parlamentario, firmó en minoría, el dictamen de la Comisión sobre la investigación de la matanza de los penales. Nosotros, y en ese sentido quisiéramos hacer una corrección, nunca dirigimos la política antisubversiva, y en eso hay una autocrítica, no pudimos darle a la sociedad la idea fundamental de que la vida humana es el objeto trascendental de la política; no pudimos decirle con claridad a la sociedad peruana que no existe razón alguna, política, filosófica, racional, que permita el asesinato de un ser humano. Por tanto, con esa ideología, jamás defenderíamos un homicidio, una desaparición forzada, una masacre; y por esa misma ideología, pensamos que la verdad es fundamental, el Evangelio lo dice: “La verdad nos hará libres”, pero toda la verdad. De allí, nosotros pensamos, de repente ilusamente, y en eso también nos autocriticamos porque de repente no lo logramos, por nuestra pequeñez, por nuestras limitaciones políticas, decirle y convencer al Perú de nuestra ideología, de que no existe razón alguna para asesinar a un ser humano. Y pensamos que lo que motiva las acciones de los hombres, y en eso nos diferenciamos de todo el resto de seres vivientes, son la razón, las ideas. Y, acá, pensamos, y eso lo discutimos en la Comisión Política, que la muerte, el que un senderista mate a una mujer como María Elena Moyano y la vuele en pedazos o que un militar mate a un niño, no es un impulso irracional, tiene una idea detrás que surgió y se difundió en la década del sesenta con mucha fuerza en América Latina, y debo decirlo pidiendo perdón y en un acto de autocrítica, que en mi juventud también lo pensé, la idea de que la política era una guerra y que al rival político se le podía matar. Casi un tercio de los votantes en la década de los setenta votó por personajes políticos que decían que había que hacer lucha armada para obtener el poder en el Perú y nosotros, desde nuestros inicios, hemos dicho que eso está absolutamente prohibido por la moral y por el objeto mismo de la política. La política se gana no matando sino convenciendo, difundiendo ideas; entonces, una de las cosas que nos parece trascendental que estudie la CVR es la idea que generó la muerte en el Perú. La idea fue muy simple: para Abimael Guzmán, para el MRTA y para muchos otros, que no lo pusieron en práctica, pero que lo pensaban y lo difundían, al enemigo político había que matarlo, sino recordemos los aplausos a los paredones.
Les voy a contar una anécdota que para mí fue crucial. Yo había hablado maravillas a mi hija mayor sobre el Che Guevara y una vez estábamos viendo un documental sobre el Che y le dije que era una persona que dio su vida por los demás, comprometido, digno; y, de repente, en la historia se recordó que presidió los tribunales contrarrevolucionarios que mataron a cientos de personas sin el debido proceso y mi hija volteó la cara y me dijo: “Papá, ¿no era que nosotros estábamos en contra de la pena de muerte?, `papá, ¿no era que nosotros pensábamos que las personas tienen derecho a que un abogado las defienda?”. Esa idea, la idea de que hay que matar para hacer política, es la que generó la violencia en el Perú y esa idea es la que hay que combatir porque si contamos muertos, si abrimos fosas, si decimos lo que pasó habremos hecho mucho, pero si no destruimos la idea de que la política se hace matando no habremos hecho nada porque esto se va a repetir. Tan se va a repetir, que un SL derrotado es capaz de secuestrar gente, es capaz de poner bombas, es aún capaz de matar autoridades y es aún capaz de combatir al Ejército. Y yo quiero decir que nosotros, también lo discutimos, no justificamos, para nada, los excesos cometidos por la Fuerza Armada, pero quién iba a salir a combatir a un grupo fanático, no político –porque yo considero que la política justamente no es matar– a un grupo obsesionado con obtener el poder a través de las armas. No íbamos a salir nosotros, no iban a salir los profesores universitarios, no iban a salir las amas de casa, no iban a salir los partidos políticos desarmados; tenían que salir el Ejército y la Policía. Y, ¿qué ejército y que policía salieron? En primer lugar, una policía no preparada para combatir la subversión; y, en segundo lugar, un ejército preparado, ¿para qué? ¿Para qué se hace un ejército? Para la guerra, para matar y, entonces, se enfrentaron dos rivales que pensaban lo mismo pero que estaban en escenarios distintos. Uno pensaba que había guerra y entonces mataba; el otro pensaba que hacía política y, equivocada y frustradamente, mataba.
Para nosotros, hubo una gran confrontación en el Perú. Evidentemente, las desigualdades sociales que se quisieron combatir en la Constitución de 1979, la histórica falta de derechos humanos que se quiso combatir en el año 1979. Es cierto que eso generó, evidentemente, una fricción entre personas, entre ciudadanos y una confrontación lógica, pero lo que había que saber era enseñarle al Perú que las confrontaciones, las divergencias se resuelven primero hablando y después en las urnas; no en las balas, no en los combates. Acá hubo una gran confrontación entre una “cultura de la muerte”, cultura lógica de un ejército porque un ejército está preparado para matar, –lo que estuvo mal es que no respetaran ni siquiera las reglas de la guerra, las reglas del Derecho Internacional Humanitario–, y un grupo que pensaba que matando podía conseguir el poder político; y una “cultura de la vida”, una cultura de la vida desarmada, de la vida de partidos que querían, como nosotros, transformar el Perú, con una tarea enorme y que no tenía justamente los instrumentos físicos para combatir esa guerra; por eso tuvimos tantos mártires.
Ahora, ¿qué cosa hay que exigir frente a esto? Creo que, y con estas dos ideas concluyo. En primer lugar, todos los que pensaron que la política se resolvía matando, tienen que criticarse porque es la única manera que matemos esa cultura de la muerte. SL no es el único responsable, creo que también son responsables todos los que pensaron, inculcaron y defendieron la idea de que era legítimo matar a un ser humano. Por eso dije que pedía perdón por lo que pensé cuando era joven porque pensé en algún momento, yo, que, sí, que la lucha armada podía ser una vía, sí, se podía matar al rival político y era un gravísimo error. Para nosotros eso es ilegítimo siempre, salvo cuando hay que autoprotegerse, pero no es la forma de resolver la política.
En segundo y último lugar, queremos decir, y ratifico esto, que nosotros condenamos siempre, y lo dijimos en la última reunión, y vamos a estar respaldando el trabajo de la CVR, la actuación del Estado sin límites porque, justamente, nuestra idea es que el Estado es un defensor de la vida y, entonces, no puede matar como política de estado; justamente porque es distinto que SL tiene que ser ideológica y moralmente superior y distinto y por eso hay que decir, con mucha claridad, que hay que condenar esa política.
Quiero terminar con la siguiente reflexión que han hecho algunas Comisiones de la Verdad en el mundo. Es cierto lo que decía Ántero. Yo tuve el privilegio de trabajar en la Comisión de la Verdad de El Salvador, la de Honduras, de asesorar a la de Guatemala, la de Sudáfrica: siempre los informes de la Comisión de la Verdad se han emitido cuando hay paz, cuando terminó la violencia. Y nosotros no estamos seguros de que eso haya ocurrido y, en consecuencia, hay que evaluar el efecto político, ideológico y en vidas que puede causar lo que tenemos que decir, y es toda la verdad.
Finalmente, hay un tema crucial que es que, y sinceramente no los envidio en su posición, no hay reconciliación sin perdón; es imposible. Y al que se arrepiente, al que pide perdón, hay que perdonarlo; ése es justamente el corazón del pensamiento cristiano. Entonces, una cosa que la CVR tiene que hacer es decir al Perú cuándo, a quiénes, en qué momento, de qué forma y sobre qué delitos y quién tiene la autoridad moral para perdonar; sin eso no hay reconciliación posible. Si seguimos marcando el dedo a los que se arrepienten, no hay reconciliación; pero es indudable que quienes, ilusamente, por ideales nobles, creyeron que era posible matar para gobernar tienen, todos, que autocriticarse, no sólo SL; porque algunos o no pudieron o no tuvieron el valor o no pensaron que las condiciones estaban dadas para hacerlo, pero pensaban que había que matar para hacer política.
La conclusión de nuestro partido es, y lo que tenemos que decirle al Perú, con relación a este tema, es que la vida es un derecho fundamental y que el objeto de la política, para nosotros, es proteger la vida y, no sólo protegerla, sino mejorarla porque lo dramático de todo esto, y lo dijimos en la Comisión Política del PPC, es que los que más murieron no fueron los políticos –aunque también porque eran alcaldes, regidores, etc.–, sino campesinos pobres porque, justamente, en el Perú no había la idea de que la vida de todos es igual y que la vida de todos debe protegerse. Entonces, los pobres indios eran fácilmente asesinados por los dos bandos, porque el Ejército tenía la lógica, en algún momento, de que había que matar a cinco para conseguir un terrorista; y cuando Abimael Guzmán ordenó el motín de los penales, sabía que iban a morir sus correligionarios y no le importó. Esa lógica de “no me importa la vida del otro” es contraria a nuestra ideología, a nuestro pensamiento, a nuestra historia, a las razones por las que este partido se fundó, y por las que la Democracia Cristiana se fundó en el mundo. Por eso, pensamos que el gran aporte que la CVR puede hacer es exigir una autocrítica de quienes, en algunos momentos, fueron cultores de esta cultura de la muerte y plantearles que el futuro del Perú sólo está en afirmar, con mucha fuerza, la cultura de la vida. El hombre es el objeto principal de la preocupación de todo hombre: “¿Cómo puedo amar a Dios, a quien no veo, si no amo a mi hermano, a quien si veo?” todos los días. Eso me lleva a proteger su vida y a luchar contra su pobreza. Ése es uno de los resúmenes de nuestra Comisión Política y el humilde aporte que queríamos darle, señor Lerner.

Salomón Lerner Febres:
Gracias, señor Chipoco. Intervendrá ahora el doctor Antonino Espinoza. Luego hay una parte de Perspectivas que haremos muy breve puesto que se están adelantando ya algunos temas, ¿no es cierto? La palabra para usted, doctor Espinoza.

Antonio Espinoza:
Gracias. Yo quiero, en primer lugar, acoger la invitación del doctor Lerner para que hagamos un balance institucional del comportamiento y acoger, también, esa especie de emplazamiento que nos hacía anoche Carlos Tapia a los partidos para que nos situemos ante la realidad del Perú y reconsideremos nuestra posición ante esa realidad ¿Qué hemos hecho por el Perú? ¿Qué hemos hecho en este Perú donde se ha matado tanto en los últimos años? ¿Qué hicimos para evitarlo? Y, ¿qué hacemos hoy para que las circunstancias sean diferentes?
Rápidamente, porque el tiempo es estrechísimo, antes de hablar del PPC, no puedo dejar de referirme a nuestra prehistoria cuando, –desde los iniciadores del movimiento social-cristiano en el Perú, el caso de Víctor Andrés Belaúnde, el caso de José Luis Bustamante y Rivero–, se ve que se quiere tener una respuesta política diferente a la de quienes vienen postulando la lucha de clases. Cuando surge la interpretación marxista de la realidad peruana, en los “Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana” de José Carlos Mariátegui, resurge simultáneamente, paso a paso, inmediatamente, con artículos de respuesta, la interpretación social-cristiana de Víctor Andrés Belaúnde, recogida luego en “La Realidad Nacional” en 1931. Frente a una imagen la otra: ¿cuál es la más comprensiva? ¿Cuál es la más ideologizada? Esto es interesante porque, desde el principio, nos pone en la realidad política de lo que ha sido mi corriente política, el social-cristianismo. La visión marxista, podríamos decir, acogía todas las categorías de análisis del marxismo clásico europeo y, entonces, distorsionaba la realidad a través de esas categorías; veía lo que esas categorías le decían que debía ver con prioridad y en segundo lugar, etc. El enfoque social-cristiano se quita las máscaras, va directamente a la realidad y la juzga desde un punto de vista ético, profundísima diferencia, porque entonces el problema no es si hay de hecho, una acumulación de riqueza o una acumulación de poder político sino la motivación o la decadencia moral que lleva a ese tipo de acumulación de poder. Esto da a lugar a que el enfrentamiento de la realidad por Víctor Andrés Belaúnde, sea mucho más rico, auténtico, serio, decidido y comprometedor que el enfoque marxista. Luego, en José Luis Bustamante y Rivero encontramos la misma actitud. Cuando el año 1955, escribe en el destierro el “Mensaje al Perú”, repite un poco el esquema de los Siete Ensayos, de los grandes temas de la sociedad peruana, pero ¿cómo? También de una manera realista y directa; ahora es la realidad de los años cincuenta la que está examinando, ya no la de los años veinte y treinta; y en esta actualización de su preocupación por el Perú, dice Bustamante: “Ambos extremos abusivos ha de sofrenar el Gobierno para que la obra de estructuración nacional no se frustre pues, si la subversión y el privilegio la perturban o desnaturalizan, ningún programa de progreso democrático puede cumplirse en el país”. O sea que la democracia, la posibilidad de que hubiera vida de convivencia política racional, decisiones previas, planes y programas humanistas, todo esto, dependía de que no nos tentaran, o tuvieran poder sobre nosotros, ni el privilegio ni la subversión.
Con estos planteamientos, nacimos a la vida política como Partido Demócrata Cristiano que, en 1956, postula su ideario, en el cual remata con unos repudios definidos, una identificación, un recorte de su propio perfil, de su propia identidad, en el cual rechazaba al individualismo que desconoce las obligaciones del hombre para con la comunidad social; al capitalismo cuando concentra la riqueza en una minoría excluyente, sin tener en cuenta la dignidad humana de los trabajadores y el carácter social de la actividad económica, intensificando las oposiciones sociales y generando el proletariado. Esto hace necesaria una política severa y eficaz que reprima toda forma de prepotencia económica, monopolios, acaparamientos, latifundios absorbentes, etc. Igualmente, se rechazan el imperialismo y el colonialismo como instrumentos capitalistas de agresión y sometimiento internacionales. A estos repudios añadía, con la misma fuerza y con la misma franqueza, al totalitarismo y a todo tipo de dictadura que ponga obstáculos a la libre voluntad del pueblo; y al marxismo. ¿Por qué? ¿Qué tipo de afán? ¿Qué tipo de oposición había? De contraste. Al marxismo por su concepción materialista en desmedro de la dignidad espiritual del hombre, por su exaltación de lo social con prescindencia de los derechos de la persona, por la concentración del poder económico en la autoridad política y por su dinámica de promoción de la lucha de clases como instrumento de una revolución social. Esto nos llevó entonces, ya desde los años iniciales de esa década, a la lucha por la libertad y la justicia social al mismo tiempo; solamente creíamos posible una solidaridad entre peruanos si es que se alcanzaban la libertad política y la justicia social en lo económico. Y así, dimos el pecho frente al dictador cuando los fundadores arequipeños se enfrentaron en los años 1950 y 1955 a la dictadura de Manuel Odría y, luego, cuando Bedoya sostenía el Hábeas Corpus del doctor Bustamante en 1955.
Inmediatamente, aprobamos nuestro ideario, fundamos el Partido y ¿cuáles fueron las primeras expresiones de nuestro acceso al poder? Mario Polar denuncia la corrupción de la dictadura de Odría que no fue seguida por otros grupos democráticos. En el Parlamento, el Parlamento de la llamada “Convivencia”, no se acogieron las denuncias de la corrupción en el poder que se habían vivido en los ocho años de Odría. Y Polar mismo, presentó los primeros proyectos de Reforma de la Empresa para darle acceso al trabajador en la propiedad, en la utilidad y en la gestión de la empresa. Éstos eran los hombres de la Democracia Cristiana, luego fundadores del PPC. Ésa era la actitud nuestra frente a esta realidad de país donde se soportaban, se sufrían dolores, injusticias, propiamente inaguantables, que propiamente debían merecer corrección. En 1959, si no me equivoco, en un aniversario de la Democracia Cristiana, en un discurso en Radio El Sol, Bedoya denunció la estructura oligárquica del poder en el Perú; cómo los exportadores, de productos agrícolas, de productos mineros, controlaban el Banco de Reserva, la recaudación de impuestos a través de la Caja de Depósitos y Consignaciones, y los mismos Bancos de Fomento que sólo beneficiaban a los grandes señores, dueños de la economía nacional. El poder político y el poder económico estaban en una sola mano, en la mano del gran capital y del gran poder político aliado a él. Éste era el perfil que traíamos y cuando ese perfil se malogra, no quiero entrar ahora en detalles, hacemos nacer al PPC, reivindicando el pensamiento social-cristiano, lo cual nos lleva- en el año 1966- a esta declaración en el ideario: “Nuestra aceptación del término “revolución”, 1966, si designa una acción en pos de cambios sociales, estructurales y rápidos; si define que no puede haber componendas con los males nacionales; si afirma que hay un gesto de ruptura en el cambio de rumbo fundamental, que supone aplicar todos los recursos disponibles para obtener las mayores transformaciones en el plazo más corto y con el menor costo humano y económico”. Nuestro desacuerdo total, continuábamos, “si con la palabra revolución se predica violencia, se empuja a unas clases contra otras y se pretende un cambio súbito. La violencia malogra el proceso de cambio, la obra de todas las clases es imprescindible y todas son respetables en sus derechos fundamentales”.
Establecíamos que “la economía debe estar al servicio del hombre y de todos los hombres. Debe poner al lucro por debajo de la satisfacción de las necesidades y afirmar su prosperidad en el encuentro fraterno de todos los productores, en la exaltación del trabajo y en la comunicación y difusión de todos los medios de producción hasta la superación de la condición proletaria”. Ése es el perfil auténtico del PPC. Por eso, frente a la falsificación de las reformas que inició el Gobierno Militar en 1968, dijimos reiteradamente –está toda la historia de nuestro comunicado–. Yo voy a alcanzar copia de estos textos completa a la Comisión para que se vea realmente cuál era la posición del PPC frente a la realidad de poderes concentrados en el Perú que luego se complica con el Gobierno Militar, que suma a la concentración económica y a la concentración política, la concentración de poder en las manos de la Fuerza Armada. Por eso, entonces, cuando se produce la llamada Reforma Agraria del gobierno militar, el PPC expresó su coincidencia doctrinaria y programática con las metas y motivaciones de la Ley 17716 que amplía y profundiza el proceso de la Reforma Agraria en nuestra Patria, en el entendimiento de que es contrario al derecho natural un sentido ilimitado de la propiedad; y por su rechazo a la dictadura de cualquier grupo cerrado, privado o estatal, que disponga, como clase dominante, de los medios de producción, sustancialmente de la tierra. Por eso señaló cómo las irrealidades de la reforma que comparte no son alcanzadas con la claridad y la eficacia debidas por los medios que la ley establece; al contrario, algunos aspectos de dichos medios, por su ambigüedad, de no ser corregidos, darán lugar a graves frustraciones, etc. En el comunicado sobre la Reforma de la Empresa, lo mismo, decíamos: “Es una institución típicamente social-cristiana pero el planteamiento que trae la Ley 18350 no responde a un planteamiento social-cristiano porque no valoriza a la persona humana, al diluirla en entes colectivos”.
En el comunicado sobre la llamada Reforma Educativa, luego de analizar su inspiración marxista y las grandes contradicciones entre los fines que se dice perseguir y los medios con los que se le debe alcanzar, concluye: “Ante tan grave necesidad nacional, el PPC reitera afirmaciones anteriores de que no le asusta el cambio radical, que el Perú ciertamente exige, sino que le preocupa hondamente que ese cambio se oriente defectuosamente y se ejecute con desacierto”, etc. Por eso, en la Constitución de 1979 dejamos al país el mayor aporte que el PPC ha dado a la vida política del Perú en sus treinta y siete años de existencia: el preámbulo, escrito por Roberto Ramírez del Villar, y que diseña la Nueva República, en el que se declara que estábamos decididos a crear una sociedad libre, justa, culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Una sociedad abierta a formas superiores de convivencia, etc.
En el capítulo de derechos sociales, que postula y propone a la Asamblea Mario Polar, se propone una larga lista de derechos en los cuales ya no sólo estábamos limitados a los derechos del individuo libre, heredados de la Revolución Francesa, sino que aquí se hablaba de los derechos a contar con una vivienda decorosa, a alcanzar un nivel de vida determinado, al derecho a la protección de la salud, al derecho a la seguridad social, al derecho a la educación, curioso, desaparecido de la Constitución de 1993. El trabajo es un derecho y un deber social, el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar de la gestión de utilidad de la empresa, todos tienen el derecho a habitar en un ambiente saludable, etc. Todo un panorama extenso de realidades de libertad y vida fraternal.
Sé que he cumplido mi tiempo hace rato, pero creo indispensable me habiliten cinco minutos más para poder completar esta perspectiva, porque esta perspectiva es donde los partidos nos la hemos jugado realmente; la actuación de un partido, sobre todo cuando le dice no a los que postulan la lucha de clases y a los que postulan la muerte como programa político, tiene que ser juzgada únicamente sobre la base de la respuesta que da a esos problemas reales. Vamos viendo cuáles eran las respuestas.
Gabriela Porto de Power escribe y propone el capítulo de Educación de la Constitución de 1979, en la que leemos los universitarios este enunciado, luego tan llevado y traído: “Cada universidad es autónoma en lo académico, económico, normativo y administrativo, dentro de la ley.” El rescate de la libertad universitaria, de la libertad académica, tan maltratada por el gobierno militar en los años anteriores, tan violentada por los gobiernos sucesivos recientes.
Y la economía social de mercado es obra, en la Constitución de 1979, de Ernesto Alayza Grundy: “La iniciativa privada es libre y se ejerce con una economía social de mercado”. El concepto de planificación democrática, la prohibición de los monopolios, los oligopolios y la reforma de la empresa ya mencionada. Y, luego, simple mención, todo el título cuarto de la “Estructura del Estado” es concepción de Roberto Ramírez del Villar. Entonces, se hizo posible, en 1980, una de estas reconstrucciones democráticas, que coincide, qué curioso, con el estallido del terrorismo, de la subversión marxista.
El timing, el tema decisivo para los distintos grupos marxistas de la oportunidad para tomar las armas, para algunos llegaba ya, se daba ya; ése era el momento, escogían ese momento, aunque el gobierno democrático era estructuralmente más débil, recién se había acudido a las urnas después de 12 años, etc. Y al llamado formulado por Fernando Belaúnde a las distintas fuerzas políticas para sumarse a ese gran esfuerzo de reconstrucción democrática, sólo acudió el PPC, con voluntad declarada de contribuir a hacer posible un gobierno representativo estable. Esa contribución duró cuatro años, pero no fue obstáculo para expresar, en diversas oportunidades, discrepancias- sobretodo en lo referente a la política económica seguida. Recojo dos párrafos de pronunciamientos nuestros de 1981: “Seguir por los cauces adoptados anteriormente por el régimen militar o sugerir medidas dictadas por la fuerza, la prepotencia o la demagogia, como lo expresan los grupos políticos marxistas, sería impedir la reactivación de la producción, hipotecar al Perú y condenarlo a la miseria; en otras palabras, empujar nuevamente al país al totalitarismo de derecha o de izquierda”. Y decíamos también, recordábamos, “que el Gobierno Revolucionario descuidó el desarrollo de las áreas sociales, generando una enorme brecha entre los requerimientos de salud, educación, vivienda e infraestructura social para la creciente población y los niveles de oferta existente”.
En el gobierno de Alan García, de 1985 a 1990; recordemos sólo dos hechos fundamentales: el 14 de agosto de 1987, el PPC reunió una multitudinaria manifestación para expresar su repudio a la estatización de la banca; no queríamos, nunca quisimos, la concentración del poder económico, y menos en una sola mano; y, el 1º de diciembre de 1987, se presentó a la Presidencia del Congreso el informe de seis congresistas sobre la masacre de los penales, suscrito por el diputado del PPC, Javier Bedoya de Vivanco, y que editó el senador Rolando Ames en febrero de 1988.
La oposición a Fujimori, de 1990 al 2000, fue expresada elocuentemente, por ejemplo, en la Moción de Orden del día que, en defensa del Congreso, redactó y sustentó Roberto Ramírez del Villar, en sesión del 3 de diciembre de 1991. El golpe del 5 de abril de 1992 dispone la prisión domiciliaria de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; Felipe Osterling y Ramírez del Villar, respectivamente, ambos del PPC.
La crítica de la autocracia por representantes del Partido fue constante en foros nacionales e internacionales. La actuación de los representantes del Partido en el llamado Congreso Constituyente Democrático, la crítica de los voceros del PPC a todos los atentados a derechos humanos, y su exigencia de investigación y sanción. Y termino con esta referencia que me parece también fundamental; el rumbo del Partido, que, incorporado luego a un frente electoral, denominado Unidad Nacional (UN), fue ratificado y ostentado por la candidata Lourdes Flores en el proceso electoral del 2001. UN hizo del pensamiento social-cristiano el fundamento sólido, explícito de su mensaje político, de su concepto de gobierno: el respeto y la exaltación de la persona humana, la responsabilidad de todos en el logro del bien común, de nuestro pueblo, escarnecido por los atropellos de todos los extremismos, liberado por su propia lucha.
Termino con estas palabras: El PPC se fundó con la esperanza de que existiera la posibilidad de una política de razón y diálogo entre las entidades políticas o sociales encaminado a la obra conjunta. Las grandes metas nacionales no pueden ser empeños excluyentes; se necesita movilizar vastos sectores de opinión y trabajo, alentar sus luchas, orientar su marcha, con respeto a todas las convicciones ajenas, con cordialidad en la relación humana y civil, rechazando la intolerancia y el absolutismo de un hombre o de un partido, con afán de promover soluciones solidarias y, si no son posibles, en una pugna sin rencores ni resentimientos. Sólo así, podrán removerse las viejas raíces de las taras sociales y detenerse la oposición recalcitrante de los intereses creados. Frente a todas las adversidades, hizo siempre de esa esperanza, pauta fundamental de su actuación política como partido al servicio del Perú. Quiero terminar simplemente alcanzando a la CVR un artículo mío que se publicó en El Comercio con el título amputado, no sé por qué, por razones de espacio. El título completo decía “La Paz en el Perú: cómo merecerla” y se publicó el 13 de agosto de 1989. Esto puede contribuir a ahondar, quizá algo, las reflexiones que la propia CVR hace porque aquí este requerimiento de paz y reconciliación creía fundamentarlo en razones que no solamente son vigentes, sino que deben convencer.

Salomón Lerner Febres:
Gracias doctor Antonino Espinoza. Hemos escuchado todo lo relativo a la presentación del Balance. Nosotros habíamos planteado cinco temas y cinco preguntas por tanto. Hemos tomado nota de sus respuestas; el país también lo ha hecho. Yo quisiera decirles a ustedes lo que en cada ocasión me toca afirmar: que las conclusiones y recomendaciones que expresarán los puntos de vista de la CVR serán presentadas en el Informe Final, un informe que tratará de reflejar todos los esfuerzos desplegados con honestidad en búsqueda de una verdad lo más global posible, dentro de los límites de la perfectibilidad humana; y en el momento en que debe salir esa verdad porque creemos que no hay momento inoportuno para la verdad, si es que es cierto que la verdad nos hace libres.
Nos queda un segundo aspecto, aquél de las Perspectivas, sobre el cual ya se ha adelantado mucho. En verdad, en torno a este tema hay tres conceptos que son aquéllos que nosotros desearíamos proponer para una breve reflexión de parte de nuestros invitados.
El primero tiene que ver con la reparación de los daños de las secuelas. El segundo, con las alternativas de prevención frente a eventuales conflictos como el que padecimos. Y el tercero, ¿cómo concebir la reconciliación teniendo en cuenta los graves problemas sociales que afectan a nuestra patria? Son estos tres temas vinculados entre sí, que pueden ser enfrentados en una sola respuesta, para lo cual tendríamos entre cinco y diez minutos a lo sumo.

Ántero Flores Aráos:
Nosotros, en la exposición que hemos hecho, hemos querido ser lo más francos. Va dentro de ella nuestra concepción social-cristiana de la realidad y creemos que en el primer tema que plantean ustedes, de la reparación, ésta tiene que darse a todas las víctimas. No hay que verla solamente desde el criterio o desde el punto de vista de la indemnización sino, más que nada, desde el aspecto de reconocer lo que sufrieron, de expresarles el pesar del país, de ayudarlos a pasar los momentos difíciles con una [ininteligible] solidaria y con una incorporación a nuestras tareas y a las tareas propias del país. No mirarlo como exclusivo y excluyente desde el punto de vista de reparación económica; mucho tiene que ver el tema de reconocer lo que pasaron y la solidaridad de todo el país para con ellos.
El segundo tema es: ¿Qué hacer para el futuro? Nosotros creemos que la lucha que se enfrentó contra quienes se llamaron partido y no lo eran –pero si reconocemos que tenían una ideología previa de su concepción; de destrucción, muerte, etc.– fue de armas, pero en el Perú faltó el enfrentamiento en las ideas. Yo creo que eso es básico; yo creo que nos ha faltado, en el Perú, docencia política a todos; hacer entender que la paz es una tarea por lograr y que se va construyendo día a día. Y para que haya paz tiene que haber igualdad de oportunidades, hacerle entender a la gente que solamente con un país libre, con oportunidades, en el que todo el mundo tenga educación y en el que todo el mundo pueda acceder a su fuente de trabajo; se va a poder buscar el bien común. Para eso, se requiere que un país esté físicamente tranquilo, y que haya tranquilidad y estabilidad en lo jurídico y en lo tributario. No nos podemos engañar, los puestos de trabajo, para que haya bienestar, no se dan por decreto, eso es imposible; se dan con inversión y para que haya inversión tienen que darse las condiciones: seguridad física con tranquilidad física; seguridad jurídica y estabilidad de las reglas de juego jurídicas y tributarias. El inversor va donde es bien recibido; el inversor no va a otros lugares, tiene que ser bien recibido con reglas que sean claras y estables.
Tenemos que decir además, dentro de nuestro pensamiento, que todos los que tenemos el pensamiento social-cristiano, a través de nuestras reuniones, sea de la IDC, de... [ininteligible], etc., hemos ido afinando un planteamiento con una frase que creemos que es el punto neurálgico: “Desarrollo, pero con equidad”. No puede haber desarrollo solo, [tiene que haber] desarrollo con equidad, en que todo el mundo sienta que es parte de él y que recibe lo que es justo por su labor. Ésa es nuestra reflexión.

Salomón Lerner Febres:
Muchísimas gracias doctor Flores Aráoz. Señores invitados, señores periodistas... [Voces de requerimiento de intervención adicional de parte de los panelistas] Aceptamos una breve intervención, entonces...

Carlos Chipoco:
Nosotros pensamos también, lamentablemente el tema podría ser interminable, que hay una idea absolutamente equivocada, que ha sido generada y ha sido difundida; y es que la pobreza generó la violencia. Es mentira, la violencia fue generada por quienes creían que la pobreza se combatía con la violencia y la violencia sólo generó más pobreza; de manera que lo que hay que combatir es esa idea, equivocada de decir: “en el Perú hubo 50 mil muertos porque hay demasiados pobres”. No, hubo 50 mil muertos porque algunas personas creyeron que se combatía la pobreza matando y lo contrario es lo que hay que hacer para combatir la pobreza, dar vida.
Queremos hacer dos sugerencias y con esto termino Salomón. Pensamos que, primero, en realidad, no hay reparación posible. La madre que perdió a su hijo no lo va a encontrar porque le paguen; la mujer que fue torturada no va a dejar de recordar el dolor porque le den un cheque de ciento veinte mil dólares. La reparación de fondo está en que todos combatamos la idea de que es posible desaparecer, matar y torturar. No es posible decirles a las víctimas que su dolor terminó con la reparación, creo que es hasta insultante; sin embargo, creo que sí, en muchos casos, por ejemplo los huérfanos, tienen todo el derecho de tener una reparación Y queríamos hacer dos sugerencias, con respecto al trabajo de la CVR. Nosotros pensamos que este drama peruano, que quizás es el drama más grave que ha vivido la República, tiene que ser recordado para siempre, para que nunca vuelva a pasar y pensábamos, por ejemplo, que sería muy importante que el país, que el gobierno o que las entidades privadas o que los ciudadanos, financiaran una gran pared en el país- en algún lugar, en alguna ciudad del Perú- con los nombres de todos los muertos. Porque todos son nuestros muertos: los militares, los senderistas, los inocentes, los niños; todos fueron víctimas de un pensamiento y de personas que se trastornaron para ponerlo en práctica. Y, en segundo lugar, pensamos que el trabajo de la CVR, como lo hemos observado en las conversaciones que hemos tenido, ha sido y va a ser tan trascendental para el Perú que consideramos indispensable que los archivos de la CVR, los testimonios, queden en la Biblioteca Nacional del Perú para que cualquier estudiante dentro de cincuenta, o cinco o diez años; pueda leer lo que ocurrió y el país tenga una memoria de esto porque pensamos que todos tenemos el deber de que nunca más un peruano mate a otro peruano. Gracias.

Antonio Espinoza:
Con el perdón del Presidente, una yapa mínima para que a esta tarea, me atrevería a decir, sagrada, de la CVR –sagrada en la defensa de la dignidad humana, el valor fundamental en juego–, se añada una perspectiva histórica porque no tenemos una tradición de justicia respecto a las dictaduras terminadas. Nuestras transiciones democráticas, ¿no? Claro, cuando cayó Augusto Leguía se inventaron los “Tribunales de Sanción”, terriblemente cargados de espíritu de venganza, y que hacían poca justicia. Luego, vivimos las recuperaciones democráticas de 1945, de 1956, de 1963 y de 1980, donde, de un modo u otro, el dictador cesante alcanzó impunidad; pues, aunque dejaba recuerdos y huellas claras de sus atropellos, nadie tuvo el valor suficiente para corregir eso y aplicar la justicia. De manera que grava hoy a la CVR ésta, como digo, mínima tradición peruana de hacer justicia del pasado; entonces, aquí, hago un llamado especial también a la responsabilidad de que ese informe nos dé los elementos para decir “ahora sí, hemos hecho justicia del pasado”.

Salomón Lerner Febres:
Muchas gracias doctor Espinoza. En efecto, la satisfacción de las afrentas, la necesidad de recordar y la necesidad, también, de hacer justicia son elementos que, evidentemente, la CVR toma muy en consideración en sus estudios y en sus recomendaciones.
Señores invitados, señores periodistas, damas, caballeros; la CVR les agradece su presencia, agradece muy especialmente la participación del Congresista Ántero Flores Aráoz; así como la de los doctores Antonino Espinoza Lañas y Carlos Chipoco quienes, en representación del PPC, han presentado al país un balance de lo ocurrido y una reflexión sobre las perspectivas para el futuro de nuestra patria. Quisiéramos decir una vez más, que en el Informe Final, la CVR dará su punto de vista definitivo sobre esta intervención, y sobre los asuntos que a ella le ha tocado indagar. No obstante, quiere destacar la importancia de esta sesión y su confianza en que el proceso de verdad, justicia y reparación, que conducen a la reconciliación, encuentre en todos los sectores públicos y privados, en el Estado y en la sociedad, apoyo y participación plenos. Con lo dicho, declaro levantada esta Sesión Pública de Balance y Reflexión. Gracias

 

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