Entre 1980 y el año 2000, el Perú vivió una situación de violencia política sin precedentes que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Las consecuencias del proceso de violencia se tradujeron en cifras que alarman por su dramatismo. Se estima en más de 30,000 las muertes producidas tanto por acciones terroristas, como por enfrentamientos armados, arrasamiento de pueblos y masacres colectivas. De conformidad con las cifras elaboradas por la Defensoría del Pueblo, 4,236 personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas, presumiblemente por elementos de las fuerzas del orden. Los casos de tortura y maltrato crecieron geométricamente. Cerca de 600 mil personas fueron afectadas directamente a tal punto que se vieron forzadas a abandonar sus hogares, generando un fenómeno de desplazamiento interno que afectó sensiblemente las redes sociales originarias así como los lugares de recepción. Los daños materiales causados por el conflicto son igualmente enormes, aún cuando sólo se tome en cuenta el impacto de la violencia en la infraestructura nacional, pública y privada. Los cálculos conservadores consignan un monto similar a la deuda externa nacional: más de 26 mil millones de dólares.
El Gobierno Transitorio presidido por el Dr. Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad el 4 de junio del 2001 mediante Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, la misma que fue ratificada y complementada por el Dr. Alejandro Toledo el 4 de septiembre del mismo año, denominándose finalmente Comisión de la Verdad y Reconciliación (Decreto Supremo N°101-2001-PCM).
La Comisión de la Verdad y Reconciliación se crea como la instancia encargada de esclarecer el proceso, los hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes, no sólo de quienes los ejecutaron sino también de quienes los ordenaron o toleraron, y a su vez proponer iniciativas que afirmen la paz y la reconciliación entre todos los peruanos.
Es importante notar que esta búsqueda de la verdad y deslinde de responsabilidades incluye tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado. El período de investigación que trabajará la Comisión de la Verdad y Reconciliación de acuerdo a su mandato, es desde mayo del año 1980 a noviembre del año 2000. Ello implica que no investigarán hechos ocurridos antes o después de dichas fechas.

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