Conferencia de prensa sobre audiencia pública de Lima

Palabras del presidente de la CVR

Señores periodistas:

Este viernes, 21 de junio, la Comisión de la Verdad y Reconciliación inaugurará en la capital de la República su quinta audiencia pública. Como las ya realizadas en las ciudades de Huamanga, Huanta, Huancayo y Huancavelica, y al igual que los encuentros con la población sostenidos en la ciudad de Cusco, la audiencia pública de Lima se halla inspirada por ciertos principios fundamentales: atención preferencial a las víctimas, tratamiento imparcial y equitativo de los casos, y espíritu de dignificación humana y reconciliación nacional.
Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación es una obligación moral realizar estos encuentros con los afectados por la violencia y propiciar que, con ayuda de los medios de comunicación, todo el país sepa de las injusticias y verdaderos horrores que se abatieron sobre miles de peruanos en las dos décadas pasadas. Las audiencias se hallan animadas por un espíritu de justicia y de solidaridad que sólo un observador de mala fe podría desconocer. Nadie que posea sentimientos humanitarios elementales y que haya tenido noticia de las audiencias ya realizadas podría ver en ellas un simple afán morboso de desenterrar penas y ultrajes para recrearse en ellos; nadie que abrigue un sentimiento mínimo de respeto y compasión por los que sufren -- emoción cardinal de quienes nos reconocemos cristianos -- puede pretender que se niegue a las víctimas — es decir, a personas que lo han perdido todo — incluso esa forma mínima de compensación que es el brindarles atención y respeto y reconocer su dignidad de personas.
Las experiencias tenidas hasta el momento nos muestran, por fortuna, que la población peruana es mayoritariamente receptiva hacia este empeño en que nos hallamos embarcados. Gracias a ustedes, representantes de los medios de comunicación, miles de peruanos nos han acompañado ya en este acercamiento a las víctimas y, al hacerlo, han empezado a comprender en toda su complejidad y profundidad la tragedia vivida en nuestra patria. Estamos convencidos de que esa comprensión de los hechos hará posible que, en un futuro no lejano, arribemos a una reconciliación genuina, es decir, no fundada en el olvido interesado y egoísta y en la ignorancia mutua, sino en el conocimiento de lo ocurrido y, sobre todo, en el reconocimiento del valor de las personas.

Una tarea moral, no política
Deseo reafirmar el sentido principal que tendrá la audiencia pública de Lima. Ella consistirá, como las anteriores, en un medio de dar la voz a personas que fueron afectadas por la violencia, ya sea de manera directa o por su condición de familiares de las víctimas. Como hemos afirmado en otras ocasiones, concebimos estos actos como una forma de reparar uno de los más grandes daños que ocasionan las violaciones de los derechos humanos: el despojo de la dignidad, arrebato agravado, si cabe, por la indiferencia de la sociedad y por el silencio al que se vieron condenados los afectados durante largo tiempo. Dar la palabra es una forma de devolver dignidad, de otorgar reconocimiento social, y eso es lo que haremos también en esta ceremonia.
Ahora bien, es inevitable que los relatos que se nos ofrecerán involucren referencias muy concretas a nombres, fechas y lugares. Es comprensible, por ello mismo, que algunos de los testimonios susciten reacciones y polémicas. Siendo así, es indispensable en esta ocasión invocar a la sociedad en general, y a quienes tienen voz pública en particular, a que respeten el derecho de los testimoniantes a dar a conocer a la sociedad sus tragedias.
La reivindicación de las víctimas a través de un acto público — tarea en que está empeñada la Comisión — no se encuentra guiada por otra intención que no sea el propiciar el reconocimiento de la verdad en el país y, por ese medio, sentar las bases de una próxima reconciliación. Nadie podrá hallar en esta audiencia, como tampoco pudo encontrarla en las anteriores, intención política alguna, por más que los asuntos que tratemos se refieran a temas que están presentes en la controversia diaria. Es imperativo que todos los actores políticos, que han asumido el deber de servir a los ciudadanos, comprendan y reconozcan que la presencia de la Comisión de la Verdad en la cosa pública tiene la única finalidad de propiciar la recuperación moral de la Nación.

Todo caso es importante
En la audiencia de Lima tendremos ocasión de oír testimonios sobre casos que han sido ya materia de debate e investigación. Se presentarán en ella, en efecto, algunos casos de violencia ampliamente conocidos por la ciudadanía. Al respecto, es importante hacer dos observaciones. En primer lugar, la gravedad de un acto de violación de derechos humanos no puede medirse por un equivocado criterio de novedad. El atropello de un derecho básico es siempre un escándalo, sin importar cuán conocido sea. En segundo lugar, debe tenerse presente que todos los casos tienen la misma importancia, en tanto involucran desgracias humanas. Hay, es cierto, hechos que en el pasado han tenido mayor repercusión que otros, y algunos de ellos serán recogidos en esta audiencia. Sin embargo, todos los testimonios oídos hasta ahora — en Huamanga, Huanta, Huancayo, Huancavelica o Cusco — merecen la misma atención de nosotros y deben suscitar por igual nuestra compasión y nuestra indignación.

No emitimos juicio
La presencia de la prensa es de primera importancia para que esta audiencia cumpla sus objetivos, pues esa reivindicación de las víctimas que buscamos sólo es posible si sus dramas son acogidos por la conciencia de la ciudadanía. Confiamos en que los medios de comunicación sabrán valorar y transmitir la dimensión íntima y personal de esas tragedias.
La fidelidad a los hechos es una de nuestras principales preocupaciones. Los testimonios que escucharemos son parte de un proceso de investigación y provienen de personas que acreditan haber sido víctimas de actos de violencia. Dicho esto, debe entenderse que en última instancia el testimonio pertenece a la víctima y que ella se hace cargo responsablemente de su relato. El hecho de que un caso sea presentado en audiencia pública no implica una toma de posición de la Comisión; no emitimos un juicio al respecto. Lo que hacemos es presentar, para conocimiento y reflexión de la ciudadanía, una porción de la enorme tragedia que nos envolvió a todos los peruanos.

Audiencia y diálogo
Organizar una audiencia, preparar un escenario para oírnos respetuosamente y para hablar con lealtad, es — reparemos en ello— asumir una práctica muy necesaria en nuestro país: la práctica del diálogo tolerante y razonable, de la escucha respetuosa y la conversación de buena fe. Es pertinente llamar la atención sobre ello en estos momentos, cuando el sur del país se encuentra convulsionado por violentos reclamos y el país parece encerrarse una vez más en el círculo vicioso de la sordera y la protesta exaltada.
Para conquistar una convivencia pacífica y para construir un futuro mejor para todos, es necesario aprender a escucharnos y a dialogar. Saber escuchar no es solamente dejar que alguien hable, negando de antemano toda validez o relevancia a las palabras que se nos digan. Hacerse oír, de otro lado, no consiste en proclamar demandas sin preocuparnos de que ellas, y nuestros medios de protesta, sean razonables. La situación presente nos debe hacer más sensibles a la importancia del diálogo sincero y de buena fe, a la necesidad de abrir no sólo nuestros oídos, sino también nuestro corazón, a los otros. Las audiencias públicas quieren ser, también, un paso adelante en ese proceso de edificación de un nuevo entendimiento nacional.
Agradecemos, pues, de antemano la presencia de los medios de comunicación y los invocamos a que, como lo han hecho ya en las anteriores ocasiones, hagan suyo el espíritu con que la Comisión ofrece estas ceremonias al país. Estamos seguros de que también ahora nos ayudarán ustedes ¾ con su seriedad, con su ponderación, con su respeto al sufrimiento ajeno ¾ a transmitir a todo el país el mensaje de compasión, tolerancia y dignificación que es la razón de ser de estas audiencias.

Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación