Inauguración de las Audiencias Públicas en Tingo María

Palabras de Salomón Lerner Febres, Presidente de la CVR

Sean mis primeras palabras para saludar de modo respetuoso y solidario al pueblo tingalez. La Comisión de la Verdad y Reconciliación que me honro en presidir se apresta a iniciar su Séptima Audiencia Pública. Antes de proceder a declarar formalmente su comienzo, permítanme algunas reflexiones. La primera tiene que ver con la misma comisión. Con la verdad acerca de la verdad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Creada por Decreto Supremo en julio del año dos mil uno, replanteado su mandato el tres de septiembre del mismo año, ella se compone de doce miembros que acceden a asumir una grave responsabilidad frente al país y frente a la historia. Se trata de doce personas de buena voluntad que no son ni sabios, ni iluminados. Sí, gente honesta que se ha comprometido con el país y que desea convocar para el cumplimiento de su misión a todo el pueblo peruano.
No es una organización No Gubernamental dirigida a proteger los Derechos Humanos. Aunque no desconoce la gran importancia que han jugado estas instituciones en los años de la violencia y en los reclamos que condujeron a la creación de la Comisión. Tenemos asimismo la esperanza de que estas asociaciones serán celosas vigilantes de aquello que la Comisión pueda recomendar una vez que haya concluido su mandato.
Nuestra tarea se halla enunciada en el nombre mismo que llevamos, verdad y reconciliación. En efecto, encontrar la verdad, posibilitar a partir de allí la justicia, procurar que aunque sea parcialmente se enmienden despojos y violaciones a través de medidas de reparación, iniciar un proceso histórico de reconciliación, es decir un nuevo acuerdo social entre los peruanos. Esa es la tarea de la Comisión de la Verdad. Eso es aquello que la define. Esa es su razón de ser.
Para cumplir con este mandato, nosotros debemos investigar las graves violaciones contra los Derechos Humanos ocurridas en nuestro Perú, en el período comprendido entre mil novecientos ochenta y el año dos mil. Y frente a tales hechos debemos tratar de responder a muchas preguntas, ¿por qué pasó esto?, ¿cómo es así que ocurrió esta tragedia?, ¿qué consecuencias han nacido de estos hechos? Ello por supuesto, además de determinar cuando ello sea posible, responsabilidades, formular recomendaciones de reparación y sugerir nuevas políticas que conduzcan a la concordia nacional.
Pero dicho esto, es fundamental que la nación sepa también, que nosotros somos fundamentalmente una entidad moral. Que nosotros no tenemos capacidad jurisdiccional, que nosotros no juzgamos, no sentenciamos, no condenamos. Que nosotros no somos los encargados de hacer las reparaciones. Simplemente, de recomendarlas. Y que en ese sentido es desde esa fibra moral y desde esa perspectiva que se tiene que juzgar nuestra actuación.
No es simple pues, nuestro trabajo. Nos sentimos delegados por toda la nación peruana para un grave encargo y lejos de efectuar turismo en el país, más bien lo recorremos para mostrar nuestro profundo respeto y solidaridad con las personas y los hermanos peruanos que sufrieron.
Este es el sentido justamente de las audiencias públicas, instrumento ante todo de dignificación de quiénes fueron atropellados.
Esta presencia que significan las audiencias públicas en distintas regiones, ciudades, pueblos y aldeas del territorio nacional, es por cierto necesaria para el cabal cumplimiento de nuestra labor de investigación de los hechos de violencia. De los innumerables abusos y violaciones de los Derechos Humanos que debemos descubrir y exponer públicamente. Pero eso no es todo. Nosotros consideramos que nuestra misión es acompañar a las víctimas, propiciar que por nuestro intermedio la sociedad peruana entera, las escuche, sepa de sus sufrimientos y se identifique con ellas.
Para que esos ea posible, la Comisión de la Verdad considera un deber moral suyo ir hacia las víctimas, no hacer turismo. Sino ir hacia las víctimas. Dónde quiera que ellas se encuentren. Y es por eso que en nuestro trabajo ocupa un lugar central, cómo les decía, la tarea de recorrer el país para realizar encuentros como el que hoy sostenemos en Tingo María.
Debemos precisar que según el decreto que nos crea y al cual ya aludí antes, nosotros nos hallamos legalmente autorizados, pero no obligados a realizar estas sesiones. Es pues una potestad de los comisionados organizarlas y llevarlas a cabo. Y hemos asumido esa facultad legal, como una verdadera obligación moral. Y así se refleja en nuestro plan de trabajo por una razón muy clara. Estamos convencidos, como les decía antes, que debemos dar atención principal a las víctimas y entendemos que ellas no solamente han sufrido atropellos físicos, sino también el despojo de su dignidad. Muchos factores han intervenido en ese despojo. Y no se nos escapa que uno de ellos es la indiferencia que la sociedad mostró durante décadas ante el sufrimiento de las víctimas.
Entendemos por tanto que prestarles oído ahora, darles la palabra que les fue negada durante tanto tiempo, permitirles exponer públicamente los hechos de que fueron víctimas. Es una forma de darles reconocimiento social y así en cierto modo, devolverles la dignidad.
El sentido estas audiencias pues, sólo se comprende en relación con las víctimas, son actos de reconocimiento social y de devolución de la palabra y de la dignidad y así queremos que ustedes lo asuman.
Las audiencias públicas, esta audiencia pública, los casos que serán presentados en ella, no son instrumentos, ni datos para ponderar culpas mayores o menores de los regímenes o gobiernos, no son datos estadísticos, no son herramientas para la discusión política. Para nosotros y para ustedes también ha de ser así. Son casos radicalmente humanos. Y cada uno de ellos debe ser entendido como la realidad absoluta que es: una vida perdida, una familia destrozada, una comunidad destruida.
Quisiera decirles que estas audiencias son, desde un principio, así lo queremos, sesiones solemnes, formales, en las cuales es fundamental el respeto a los testimoniantes. De modo que no se permitirá y espero que eso no suceda, como no ha sucedido en las seis audiencias anteriores, ninguna intervención del público que pueda disturbar la solemnidad y el respeto que debe acompañar a la declaración de la víctima.
A propósito de ellas, de parte de los testimoniantes se espera el fiel cumplimiento de la promesa a la que se obligan públicamente, la narración honesta y veraz de los hechos que les afectaron. No ha de confundirse a las audiencias públicas como tribuna apropiada para expresión de simpatías políticas. Legítimas por cierto, pero que en estas circunstancias, no hayan lugar y no contribuyen a brindar objetividad a los relatos.
De parte nuestra, los comisionados queremos decirles que continuamos con nuestra actitud de atenta escucha, evitando intervenir en el curso de los testimonios para así otorgarles la mayor fluidez y libertad.
Bien señores, dicho esto y conscientes de la importancia que tiene esta audiencia pública en un lugar como es Tingo María y toda esta región del Huallaga que ha sufrido muchísimo y de la cual en sus padecimientos se sabe muy poco en el país. Con la esperanza de que aquello que vaya a ser dicho aquí, sea escuchado, comprendido, aceptado por todos los pobladores del país, que descubrirán así la enormidad de la tragedia que ha vivido nuestra patria y se aprestarán a superarla. Con ese espíritu declaro iniciada esta Séptima Audiencia Pública de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en la ciudad de Tingo María, hoy día ocho de agosto del año dos mil dos.

Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación