discursos
en sesiones institucionales de balance y perspectiva
Conferencia de prensa
Convocatoria
a sesiones públicas de balance y perspectivas
Señores periodistas,
amigos todos:
1. La Comisión de la Verdad y Reconciliación les agradece
su presencia en esta conferencia de prensa convocada para anunciar un nuevo
ciclo de actividades públicas de nuestra organización. Se
trata de las Sesiones Públicas de Balance y Perspectivas sobre el
periodo de violencia vivido por nuestro país, jornadas en las que
deseamos contar con la participación de los principales actores
de ese proceso. Hemos invitado a ellas entre los días 10 y 13 del
presente mes.
2. Esta convocatoria debe ser entendida como una invitación a los
responsables de las instituciones del Estado y a las dirigencias político
partidarias que tuvieron funciones o responsabilidades de gobierno a ofrecer
su palabra ante la ciudadanía. Esa invitación se extiende
también a sectores políticos que sin haber ejercido funciones
de gobierno tuvieron, sin embargo, importante participación en el
escenario oficial de la política nacional. Y desde luego, esta actividad
ha de abarcar, también, a las organizaciones subversivas que desencadenaron
el conflicto armado.
3. Siempre hemos insistido en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación
no es un tribunal que juzga y exculpa o condena a personas e instituciones.
No poseemos facultades jurisdiccionales, como lo hemos explicado en numerosas
oportunidades, y, así, no nos concebimos como jueces ni fiscales.
Nuestra fortaleza es moral y nuestros propósitos son de reconstrucción ética
del país. Esa reconstrucción requiere del concurso de todos
los peruanos, y en particular de aquellos que aspiran a ser dirigentes
o autoridades. Estas sesiones, por lo tanto, no son una conminación
a los actores que he mencionado, sino, en sentido estricto, una invitación
a sumarse a este esfuerzo de reflexión franca y abierta – reflexión
que incluye por fuerza un examen de nuestros propios actos – en bien
de la recuperación de la verdad, la restauración de la justicia
y el inicio de la reconciliación, objetivos nacionales que deben
ser colocados por encima de los intereses grupales o particulares.
4. Para la preparación de estas sesiones públicas hemos
sostenido en las últimas semanas diversas reuniones con los actores
institucionales y políticos que quisiéramos que nos acompañen
en esta reflexión. En general, podemos decir que hemos hallado en
ellos receptividad a nuestro mensaje y nuestros propósitos, sin
obviar, por cierto, las naturales diferencias de opinión, inevitables
si se tiene en cuenta la materia de nuestras conversaciones. En el curso
de esos diálogos con autoridades de las fuerzas armadas y de la
policía y con dirigentes de partidos políticos, se ha reforzado
nuestro convencimiento de que el diálogo y el examen crítico
es una vía aconsejable y necesaria para que el país supere
el difícil legado del conflicto interno. Superar, sin embargo, no
puede significar nunca el simple olvido, sino, más bien, cada vez
que corresponda, la aceptación valiente de nuestras conductas pasadas
y las responsabilidades de diversa índole que se deriven de ellas.
A partir de esa aceptación y de esa reflexión, será posible
ofrecer al país un proceso de reconciliación al que estamos
invitando también a los actores que convocamos a estas sesiones.
El trabajo con las víctimas
5. Como el país entero ha podido constatarlo, desde el inicio de
sus trabajos la CVR ha concedido particular atención a la realización
de audiencias públicas. Durante meses hemos escuchado muchos testimonios
desgarradores de compatriotas que, habiendo sufrido en carne propia las
atrocidades de la violencia, y habiendo intentado acaso vanamente recurrir
a alguna autoridad en busca de ayuda, no habían podido dar expresión
a su dolor, a su protesta, a sus justas demandas o simplemente a su necesidad
de reconocimiento. Por muchos años estuvieron sometidos, no sólo
al sufrimiento por la violencia padecida y por su recuerdo, sino además
a la experiencia del abandono por parte de su Estado, no menos que a la
humillación que representó para muchos de ellos el tener
que mendigar entre funcionarios displicentes una información mínima
sobre el destino del esposo desaparecido, del hijo torturado, del responsable
de un cruel homicidio. Para la CVR fue absolutamente esencial, desde el
primer momento, el sufrimiento de tantas y tantos compatriotas.
Sesiones institucionales, no audiencias
6. Las actividades que convocamos hoy no están dedicadas al trabajo
con esas víctimas, sino que se orientan a esclarecer los comportamientos
y las interpretaciones de los actores institucionales del periodo. Por
eso, no las llamamos audiencias públicas, sino sesiones institucionales
de balance y reflexión. La palabra que dimos a las víctimas
fue el elemento principal de nuestro trabajo, y es una palabra que hemos
respetado y valorado en el más alto grado. Queremos, ahora, que
el país escuche las razones, la versión de la historia, de
quienes tuvieron responsabilidades de gobierno y también de quienes
tuvieron participación en los hechos de violencia que todos lamentamos.
Al convocar estas sesiones, honramos también nuestro mandato, tal
como lo hemos interpretado. Buscamos reconstruir la historia, es cierto,
pero no imponiendo una visión unilateral de la misma, sino recuperándola
a partir de la escucha abierta y tolerante. Ofrecimos dar la palabra para
rescatar esa historia, y eso es lo que hacemos en estas sesiones públicas.
Por desgracia, en nuestro país la palabra se ha degradado sensiblemente
en la última década y ello ha generado una atmósfera
de incredulidad y cinismo que puede resultar letal para nuestra precaria
democracia. Consolidar la democracia significa también, por ello,
recuperar el uso de la palabra de buena fe, ajena al subterfugio y próxima
al ejercicio de las responsabilidades. Es esa palabra, así entendida,
la que ofrecemos a los actores institucionales y políticos que invitamos
a participar en estas sesiones.
El lugar de la CVR
7. Al hacer esta invocación, los miembros de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación reconocemos que es justo, también,
que ofrezcamos al país un balance, siquiera apresurado, de nuestra
propia ubicación ante este duro proceso vivido por el país.
Lo que los comisionados hemos visto y oído en estos meses de trabajo
ha sido sobrecogedor. La información de la que disponíamos
al momento de iniciar nuestras investigaciones se ha revelado, como muy
insuficiente, y hemos debido constatar, muy a nuestro pesar, que la tragedia
nacional ha sido de una magnitud insospechada. Las realidades dolorosas,
sobre las que el país tenía noticia en forma parcial, han
resultado ser mucho más graves de lo que habíamos inicialmente
imaginado. De esta terrible historia daremos cuenta en el Informe
Final que habremos de presentar.
8. Pero más allá de lo que ello representa para el esclarecimiento
de la verdad de los hechos, debemos manifestar que la experiencia del descubrimiento
paulatino de su gravedad nos ha marcado personalmente de un modo muy profundo,
y ha suscitado en el seno de la CVR una reflexión de carácter ético
y político sobre el sentido de la responsabilidad frente al pasado
proceso de violencia y frente al futuro de nuestra reconciliación
nacional.
9. Desde esta perspectiva, cuando reflexionamos sobre
el gravísimo
deterioro de nuestra vida social, cuando nos percatamos de los signos de
complicidad, desidia o inacción con que reaccionaron muchos peruanos,
y cuando además tenemos en cuenta el inmenso costo social que significó para
el país la historia de la violencia, tenemos que concluir que somos
muchos los que compartimos responsabilidad moral sobre lo ocurrido, con
tanta mayor intensidad cuanto más cercana haya sido nuestra relación
con el manejo directo de la situación política. Aun siendo
por su naturalez estrictamente personal, la responsabilidad moral abacar
a todos los peruanos y peruanas: cada uno de nosotros debe interrogarse
sobre el grado de responsabilidad que le alcancza por la violencia ocurridad
en el país. Y a partir de ello dar inicio al proceso de reparación
de las víctimas. Pero la responsabilidad ética no se restringe a nuestra relación
con los hechos del pasado. También con respecto al futuro del país,
a aquel futuro de reconciliación al que aspiramos, en el que se
rechace la violencia y se instauren relaciones más democráticas
entre los peruanos, tenemos todos una responsabilidad compartida. No se
trata de una responsabilidad genérica o difusa. Precisamente porque
ella se enraíza en el sentimiento y la convicción de que
no hicimos lo que debíamos en la hora de la tragedia, se trata de
una responsabilidad directa y urgente, de una obligación moral,
tanto en un sentido personal como institucional. Hemos de empeñarnos
todos en la tarea de la reconstrucción nacional, y hemos de hacerlo
con generosidad, pensando en los altos intereses del país y no en
menudos intereses personales. Por eso preguntaremos también en las
sesiones institucionales, por la visión de futuro, por las perspectivas
con que los actores institucionales ven el destino del país y el
manejo de sus graves conflictos irresueltos.
Nuestras responsabilidades
10. Es en el marco de estas reflexiones éticas y políticas
que los comisionados quisiéramos hacer al menos una breve alusión
a nuestra propia responsabilidad, como personas y como miembros de instituciones
diversas de la sociedad, con respecto al proceso de violencia vivido en
el país. Examinando ahora nuestra conducta frente a la insospechada
magnitud de la tragedia nacional, y a la luz del principio ético
de la responsabilidad ante el pasado y ante el futuro que acabamos de explicar,
nos preguntamos, cada una y cada uno en lo que le corresponde, si hicimos
realmente todo lo que podíamos o debíamos para denunciar
y combatir la violencia que lesionaba tan destructivamente a miles de seres
humanos, así como para lograr que los culpables de crímenes
fuesen debidamente castigados. Sin pretender dar una respuesta colectiva,
podríamos decir que, aún habiendo rechazado, al igual que
la inmensa mayoría de peruanos, la violencia, nos sentimos obligados
a reflexionar seriamente sobre la insuficiencia de nuestras iniciativas
para poner fin a dicha violencia y para contribuir a que se abriese paso
en el país un clima de concordia, paz y justicia.
11. Hacemos esta reflexión pública sobre la base del sentido
de la responsabilidad moral, y expresamos además que hemos sido ética
y emocionalmente interpelados por el terrible sufrimiento de tantos compatriotas
que han acudido a nosotros para dar su testimonio. Creemos firmemente que
todos los peruanos y peruanas debemos hacer una seria reflexión ética
y política y dejar atrás argucias justificatorias para emprender
una evaluación seria y responsable de nuestra conducta personal
e institucional.
¿Qué esperamos de las sesiones
institucionales?
12. Es con
este espíritu que la CVR convoca a las “sesiones
institucionales de balance y perspectivas.” A estas sesiones, lo
reiteramos, hemos invitado a dirigentes de partidos políticos y
a altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Les invocamos a que hagan una evaluación crítica de su actuación
en aquel período, que expliquen al país qué fue lo
que hicieron bien y lo que hicieron mal, qué fue lo que pudieron
hacer y no hicieron- y los convocamos también a que hagan una reflexión
personal e institucional sobre las causas de esta tragedia y sobre las
perspectivas de futuro del país. Esperamos así que contribuyan
al esfuerzo que nos corresponde a todos hacer para esclarecer
la verdad de los hechos.
Es un gesto de grandeza moral lo que
el país espera de sus líderes
políticos y militares. Si todos tenemos la obligación de
examinar nuestras conductas y de interrogarnos sobre la parte de responsabilidad
que nos tocó en la expansión de la violencia social, con
mayor razón la tendrán quienes condujeron al país
o tuvieron responsabilidades públicas importantes. Es claro que
al país no se le ofrecieron alternativas ideológicas y políticas,
democráticas con la fuerza necesaria para salir adelante. No se
puede aspirar a dirigir a los ciudadanos si no se muestra la entereza de
asumir críticamente el pasado. Es necesario labrarse la propia legitimidad
y dar así sentido a la pretensión de ejercer el liderazgo.
El gesto de grandeza moral tiene, en fin, una proyección hacia el
futuro, porque la reflexión que se espera de los convocados debe
tener presente la meta más alta que es la de contribuir al proceso
de reconciliación nacional.
13. Finalmente, es necesario precisar que, al convocar a las sesiones
institucionales de balance y perspectiva, la CVR cumple con su obligación
de dar la ocasión para que el país escuche y juzgue la palabra
de líderes de instituciones públicas de la mayor importancia
y que escuche también lo que hoy manifiestan, los líderes
subversivos. Por razón de su mandato, la CVR está obligada
a no excluir a nadie y quiere cumplir con esa obligación fundamental.
Dar cuenta franca de la verdad.
Ofrecemos la palabra y el escenario
públicos, con estos fines,
y esperamos que sean usado para ellos y no para ningún otro propósito.
Estamos convencidos de que nuestros invitados saben ciertamente que no
acuden a protagonizar ningún espectáculo, sino más
bien a someterse, luego de su dicho, al juicio crítico del país
y de la historia.
Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación
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