SESIONES
PÚBLICAS DE BALANCE Y PERSPECTIVAS
partido acción popular
Sesión 11 de junio de 2003
Iris Jave (conductora):
Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la
Segunda Sesión Institucional de Balance y Perspectivas
que organiza la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR), para lo cual damos la bienvenida a los dirigentes
del Partido Acción Popular (AP), encabezados
por el doctor Valentín Paniagua, ex-Presidente
de la República. Les pedimos, por favor, como
en el transcurso de todas las sesiones, guardar silencio
y no mostrar muestras ni a favor ni en contra de los
expositores. Es una sesión donde se les pide
respeto, como se indica en el reglamento que han obtenido.
Va a tomar el uso de la palabra, el Presidente de la
CVR, doctor Salomón Lerner Febres.
Salomón Lerner Febres:
Muy buenos días
señoras y señores invitados, señores
periodistas, amigas, amigos. Doy formalmente inicio a
esta Sesión Pública de Balance y Perspectivas
que cuenta con la presencia del doctor Valentín
Paniagua Corazao, ex-Presidente de la República
durante el Gobierno de Transición y actual Presidente
de AP; del doctor Luis Percovich Roca, ex-Ministro del
Interior durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando
Belaúnde Terry, entre los años 1983 y 1984
y, posteriormente, Primer Ministro y Ministro de Relaciones
Exteriores durante el mismo gobierno; del señor
Edmundo del Águila, ex-Diputado y ex-Secretario
General del Partido. Nuestro saludo, también Luis
Enrique Gálvez, Secretario General Nacional de
AP. Me permito recordarles que durante la sesión,
deberemos observar el contenido del reglamento aplicable
a estas reuniones, y que les ha sido distribuido a la
entrada a este local.
Al iniciarse esta sesión, me permito recordarles
el contenido del reglamento aplicable y que obra en su
poder. El mandato conferido a la CVR incluye un cuidadoso
escrutinio de los hechos acaecidos durante los veinte
años de violencia. En el desarrollo de este mandato,
la CVR escucha las voces de aquellos que han sido víctimas
de graves crímenes y violaciones a los derechos
humanos, voces como las escuchadas en el video que ustedes
han podido observar; pero también, las voces de
instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado
en el proceso que le ha correspondido estudiar.
En este
caso, la CVR ha convocado a partidos políticos
y a instituciones públicas a fin de que realicen,
de cara al país, un balance histórico del
papel que jugaron, así como una reflexión
sobre su visión de las perspectivas que tienen
del Perú hacia el futuro y con relación
a la creación de una cultura de respeto a los
derechos humanos. Éste es el sentido profundo
de estas sesiones que no buscan ser eventos de juicio
público, ni de polémica, sino permitir
al país escuchar la versión de cada uno
de los actuales invitados.
La CVR pide a los dirigentes
presentes hoy, ofrecer un balance institucional de su
comportamiento; la sesión
no se refiere a hechos de conducta individual. Los vamos
a escuchar con atención y las conclusiones y recomendaciones
de esta CVR serán presentadas en el informe final
en el próximo mes de agosto.
A modo de síntesis de introducción,
la CVR quisiera dejar sentadas algunas premisas:
Ante todo, ratificar que el conflicto armado fue provocado
por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso
(PCP-SL), pese a que había entonces condiciones
democráticas abiertas. En el contexto del conflicto
armado interno que se desarrolló mediante un uso
creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático
tenía la obligación de defenderse y de
recurrir a las fuerzas del orden. Esto debía hacerlo,
sin embargo, dentro del estricto respeto a los derechos
humanos. Los hechos que le ha tocado analizar a la CVR
muestran que ello no ocurrió así. Son precisamente
esos graves hechos producidos en estos veinte años,
los que han dado sentido a la creación de la CVR;
y son estos hechos, finalmente, los que brindarán
sentido a sus conclusiones y recomendaciones.
Asimismo, la CVR reitera que su perspectiva de análisis
será fundamentalmente ética, con particular
atención a aquellos que fueron víctimas
de este conflicto y sin discriminación alguna.
Es, a partir de estas premisas y dentro de este marco
general, que se ubica la sesión que tendrá lugar
el día de hoy y aquéllas que se sucederán
en los días siguientes.
En la segunda mitad del
siglo XX, grandes planes modernizadores fueron diseñados para lograr un Perú moderno.
Las ricas pero mal irrigadas tierras de la costa debían
ser polos agroindustriales de alto desarrollo e intensificación
de la producción agrícola y, para ello,
se planificaron grandes irrigaciones a lo largo del eje
costero cuya construcción en los últimos
cuarenta años ha transformado el paisaje social,
económico y demográfico de esa región.
Las riquezas de la selva debían integrarse a la
economía nacional y, por ello, se planificó la
Carretera Marginal, proyecto que empezó a ejecutarse
en los años sesenta y ha seguido hasta hoy. En
la sierra, la promesa de modernización no tuvo
inversión y las pocas propuestas del Estado en
ese espacio nos remiten a la Reforma Agraria; la ampliación
de la cobertura educativa básica y superior; y
a cierta inversión urbana en algunas de las capitales
departamentales. En suma, es posible afirmar que el Perú que
se modernizaba desde los años cincuenta no tuvo
un gran proyecto ni una gran visión para la sierra
de nuestro país. En el campo serrano, la masiva
migración rural, principalmente hacia la ciudad
de Lima; y las movilizaciones campesinas contra el régimen
latifundista, transformaron la demografía y las
estructuras de poder.
En los estudios realizados por
la CVR, se observa que los conflictos entre sectores
de la población
o entre pobladores y el Estado, en los cuales se sustentaron
los grupos subversivos, se asocian en forma particular
a los procesos parciales e inacabados de modernización.
Las transformaciones diferencialmente vividas tuvieron
también efectos en el surgimiento y deterioro
de una sociedad civil organizada, lo que incidió a
su turno en las formas y los niveles de la violencia.
Sin ningún recurso atractivo para el capital extranjero
o nacional, ni polo económico dinámico,
y mal integrado por una escasa y pésima infraestructura
vial; el departamento de Ayacucho mostraba signos visibles
de depresión económica, con uno de los
Producto Bruto Interno (PBI) más bajos del país
y altas tasas de migración de sus diferentes provincias
hacia las zonas dinámicas de la costa o de la
selva. En el entorno regional de pobreza y depresión,
los movimientos campesinos y procesos de compras de hacienda
por sus feudatarios; y finalmente, la implementación
de la Reforma [Agraria] sobre los restos del sistema
tradicional de hacienda, habían restado poder,
influencia y peso determinantes en la ciudad y la región
a los grupos de poder tradicionales.
La reapertura en
Ayacucho, de la Universidad San Cristóbal
de Huamanga en 1959, fue un proyecto educativo que renovó la
ciudad y la conectó con el movimiento de modernización
y progreso del país. Ésta se convirtió en
el foco de dinamización cultural, política
y económica de la región. Difusora de ideas
progresistas y distancias de sectores tradicionales,
la Universidad de Huamanga acogió, como el resto
de universidades del país, las ideas radicales
de los años sesenta y setenta. Desde su alta legitimidad
regional, la Universidad irradió estas ideas hacia
la ciudad y la región, ejerció casi un
monopolio sobre la opinión pública modelando
el sentido común local. Éste fue el espacio
de surgimiento del PCP-SL cuya fuerte presencia en la
Facultad de Educación le permitió ejercer
una influencia importante en los maestros, y estuvo asociada
al paulatino crecimiento de la cobertura educativa en
las aéreas rurales crecientemente copadas por
sus militantes que desarrollaron así su presencia
en el campo.
El sector de la sociedad rural donde se
inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde a
los márgenes
sociales del país, irrelevantes para la economía
nacional y los planes de desarrollo, donde el Estado
no estuvo presente garantizando el acceso a infraestructura
y servicios públicos básicos, ni cumplió su
rol de garante de la tranquilidad, la seguridad y la
propiedad de las personas. En términos generales,
se trata de contextos rurales muy pobres donde la mayoría
de población era quechua hablante y analfabeta – como
lo vamos a ver en los gráficos posteriores- el
espacio que se llamó despectivamente la “mancha
india”, en el cual se incluye la sierra sur central,
los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
En estos espacios de pobreza rural, las únicas
expectativas de progreso fueron individuales y no fueron
otras que la emigración y el acceso a la educación.
Hasta aquí tenemos un resumen de los antecedentes
que explican el inicio del ciclo de la violencia.
Ahora
resumiremos algunos datos estadísticos
que nos dan un grueso perfil del itinerario y los resultados
del conflicto, que podrán servir a sus organizaciones,
señores invitados, para realizar el balance que
nosotros les solicitamos.
En el primer gráfico, observamos cuando ocurrieron
los hechos que condujeron a la muerte y desaparición
de personas entre 1980 y el 2000; en él resaltan
dos picos; el primero, entre 1983 y 1985; y el segundo,
entre 1989 y 1991.
El segundo gráfico se refiere al lugar donde
ocurrieron las muertes y desapariciones. En él
se evidencia que el departamento de Ayacucho fue el principal
escenario de muertes y desapariciones.
El tercer gráfico muestra una mayor incidencia
de la violencia en el ámbito rural, si bien los
espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre
los años 1989 y 1993. El 55% de las víctimas
eran campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias.
El
cuarto gráfico expone con claridad un rasgo
fundamental sobre el tema de quiénes fueron la
mayoría de las víctimas. De acuerdo a las
investigaciones realizadas por la CVR, el 75% de las
víctimas era quechua hablante. Por otra parte,
hasta el momento, la CVR ha contabilizado 1 224 autoridades
locales muertas o desaparecidas como consecuencia del
conflicto armado interno. SL sería responsable
de más del 70% de estos casos.
El quinto gráfico expone: ¿quiénes
serían los grupos responsables de los muertos
y desaparecidos? Las cifras de la CVR muestran que aproximadamente
la mitad de las víctimas fueron causadas por SL
y un tercio por agentes del Estado.
El sexto gráfico muestra el número de
víctimas ocasionado por los principales actores
durante el ciclo de violencia. En él, resalta
la disminución de muertos causadas por agentes
del Estado durante los años 1989 y 1999.
Finalmente,
el sétimo gráfico reúne
las cifras de la muerte de civiles, miembros de las fuerzas
del orden y de presuntos subversivos.
Presentados los
antecedentes y estos datos estadísticos
más importantes, escucharemos la opinión
de los distinguidos representantes del Partido Acción
Popular (AP).
Me permito aprovechar este momento para
saludar, de manera muy especial, al doctor Valentín Paniagua
Coraçao quien en su condición de Presidente
del Gobierno de Transición, dio inicio a la existencia
de esta CVR. Puedo decirle, señor Presidente,
que sus miembros estamos trabajando con esfuerzo y honestidad
para cumplir tan difícil como honroso encargo.
AP
aparece en la política peruana en 1956 bajo
el liderazgo del arquitecto Fernando Belaúnde
Terry. Ganó las elecciones de 1963 y gobernó hasta
octubre de 1968, cuando su gobierno fue interrumpido
por un golpe militar institucional comandado por el General
Juan Velasco Alvarado. Después de doce años
de gobierno militar y de haberse mantenido al margen
para las elecciones para la Asamblea Constituyente de
1978, en 1980 Belaúnde Terry se presentó a
las elecciones presidenciales y obtuvo la victoria con
AP. El país había cambiado profundamente:
el Estado era mucho mayor y más complejo; y pocos
meses antes de recibir el poder, bajo el gobierno del
General Morales Bermúdez, había comenzado
el proceso subversivo con la acción del PCP-SL.
Reconocemos que no era fácil para ningún
gobierno el manejo exitoso de una situación tan
compleja como imprevista.
En tal contexto, creemos que
es nuestro deber, expresar un reconocimiento respetuoso
a la memoria de los muchos
militantes que el Partido AP perdió a manos de
la rebelión subversiva; así como saludar
a aquellos que sobrevivieron a crueles atentados; entre éstos últimos,
quizás el símbolo que resuma este saludo
sea el nombre de aquel que fue Alcalde de Huamanga, dirigente
regional de AP, Jorge Jáuregui, primer alcalde
provincial atacado por Sendero Luminoso. El señor
Jáuregui, según recordamos todos, incluso
enfermo, estuvo presente en la Audiencia Pública
que la CVR realizó en Huamanga y en la cual sus
hijos nos proporcionaron emocionado testimonio. Al concluir
su último informe, la CVR confía en poder
entregar una lista de las decenas de autoridades locales
y militantes de AP que murieron durante este conflicto.
Invitamos
ahora a los representantes presentes de AP a exponer
su reflexión, teniendo en cuenta con
libertad, en la forma de tratarlas, las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es la percepción que
el gobierno de AP tuvo de SL, que condujo a adoptar
medidas
en el primer período de conflicto entre los
años
1980 y 1982?
- ¿Cómo se gestó la decisión
de disponer el ingreso de las Fuerzas Armadas para hacerse
cargo de enfrentar a la subversión?
- ¿Cómo se diseñó la estrategia
de intervención de las Fuerzas Armadas y cuáles
fueron las formas de coordinación establecidas
con el Gobierno y con las autoridades civiles?
- ¿Cuáles fueron los mecanismos de supervisión
de la constitucionalidad de los comandos político-militares
y su pertinencia en aquellas circunstancias, reconociendo
la obligación del Estado de defender los derechos
fundamentales de las personas?
- Teniendo en cuenta el conjunto de datos anteriormente
presentados, ¿cuál es el balance global
del ciclo de violencia interna y, dentro de él,
cuál es la revisión franca que hace su
organización de ese conflicto armado interno?
Vamos a dar treinta minutos a nuestros invitados para
que puedan contestar a estos temas, y con ello concluiría
la primera parte de esta sesión orientada al balance
sobre lo vivido en el país. Luego pasaríamos
a una segunda parte, donde trataremos el tema de las
perspectivas. Gracias.
Luis Enrique Gálvez:
Señor Presidente,
señores Comisionados. En mi calidad de Secretario
General Nacional de AP, me veo en la necesidad de señalar
que nuestra presentación en esta sesión
pública no responde a que aceptemos los términos
en que hemos sido invitados. Con todo respeto no aceptamos
estos términos, pues no es verdad que hayamos
sido actores institucionales que tuviéramos que
ver directamente con un conflicto armado como se indica
en el documento que nos cursaran con tal propósito.
Nuestra presencia responde al deseo de honrar la memoria
de nuestro Jefe y fundador, el arquitecto Fernando Belaúnde
Terry; y de ser fieles al principio de veracidad que
inspira nuestra ideología. Es fácil dejar
constancia de que no participamos en ningún conflicto
armado por el sólo hecho de que, a diferencia
de otras organizaciones, nosotros los de AP jamás
nos armamos para combatir a nuestros adversarios políticos,
siempre primó en nosotros la razón antes
de la fuerza. Tanto es así, como habrán
podido ustedes constatar señores Comisionados,
que las dos veces que el terrorismo atacó nuestro
local central de Paseo Colón, nuestros militantes
cayeron sin poder ofrecer resistencia alguna, precisamente,
porque se encontraban inermes.
Por eso, tampoco aceptamos
lo que sería una conclusión
adelantada por la CVR al haber emitido un pronunciamiento
público en el que, refiriéndose a la organización
a la que pertenecen estos terroristas, dice que para
conocer a profundidad el proceso de violencia que vivió el
país y prevenir su reaparición es necesario
reconocer que SL es un partido político. ¿Qué tiene
que ver lo político con el crimen? Si ustedes,
señores Comisionados, se cuidan tanto de usar
el término violencia política por considerarlo
un contrasentido, más deberían hacerlo
de usar el término partido político para
referirse a quienes se organizan para destruir el sistema
democrático y asesinan para tomar el poder. Permítasenos
discrepar sustancialmente de la conceptualización
que viene realizando vuestra Comisión de los hechos
cuyo esclarecimiento se les ha encomendado. Una cosa
es exponer los hechos constatados y otra muy distinta
es pretender interpretar tales hechos dentro de un marco
ideológico, que democráticamente respetamos
pero que no compartimos ni se nos puede obligar a hacerlo.
Señor Presidente, como dijimos en la primera
reunión privada que sostuvimos, los de AP hemos
sido victimas y no victimarios en esa ola de violencia
que produjeron quienes importaron al Perú la tesis
apocalíptica de la violencia como partera de la
historia. Venimos pues a sostener la verdad, que no es
otra cosa que la coincidencia entre lo que decimos y
lo que sabemos o pensamos.
“ El poder nace del fusil”. Esa frase se
encontraba en las aulas cuando ingresé a la universidad
a inicios de 1976 en plena dictadura militar cuando tenía
aún dieciséis años de edad. Era
común por aquella época, ver los enfrentamientos
de quienes se acusaban mutuamente de revisionistas o
infantilistas. Argumentando cada uno a su modo, si estaban
o no dadas las condiciones para iniciar la lucha armada,
para lo cual había que acentuar las contradicciones
del sistema democrático burgués. Paradójicamente,
era un gobierno militar el que parecía no saber
qué hacer frente a quienes manifiestamente se
preparaban para iniciar su guerra popular. Se hacía
gala de la fuerza pero todo seguía igual. Algunos
sostenían en muchas esferas que debido a la pobreza
era justificable hacer uso de la violencia para instaurar
un nuevo orden, pero estas ideas a veces primaban en
los pareceres incluso académicos de los claustros
universitarios: “Salvo el poder todo es ilusión”.
Era grande la tentación de llevar esas teorías
a la practica, se admiraba a quienes durante el anterior
régimen democrático de los años
sesenta, habían tomado las armas y muerto en combate.
Eran mártires que debían ser emulados.
Para ellos, en las serranías, el campesino empobrecido
estaba dispuesto a inmolarse por su causa y sólo
faltaba la decisión de una vanguardia que le señale
el camino.
No perdimos por suerte la ilusión de que las
cosas podían ser distintas, y recorriendo las
serranías encontramos un pueblo pobre pero generoso.
Ahí conocimos a Belaúnde en su campaña
presidencial, escuchamos el mensaje de fe en nuestra
patria; su historia, su gente, su geografía, sus
tradiciones milenarias así lo demostraban. Recusaba
Belaúnde con firmeza a quienes habían importado
ideologías en un país rico en ideas, a
quienes querían enfrentar a unos contra otros
cuando el pueblo peruano era el ejemplo de trabajo por
el bien común; negaba toda posibilidad de recurrir
a la violencia cuando lo que se requería era trabajo,
sudor, mas no sangre.
Abrazamos pues con fervor esa tesis
que hoy, tras una larga militancia, me lleva a presentarme
aquí en
representación de AP para decir la verdad. Jamás
hemos practicado la violencia ni alentado el uso de ella
para agredir a nadie. Si algo ha practicado AP es la
ley de hermandad, aquella tradición milenaria
que recogió Belaúnde al ver la importancia
del trabajo comunitario en las serranías, en Chincheros
cuando iba camino a Ayacucho. Por eso, en su gobierno
se preocupó tanto por aquellos pueblos que habían
sido olvidados, y en las innumerables obras que se hicieron
por cooperación popular se consigno siempre la
frase: “El pueblo lo hizo”. Sería
largo enumerar las obras de desarrollo que durante los
dos gobiernos de AP se hicieron en las zonas donde iniciaron
sus acciones los terroristas. Y sin dudarlo hubiéramos
querido hacer muchas más, baste con mencionar
la Vía de los Libertadores y las innumerables
carreteras que se hicieron para mejorar la infraestructura
vial y acercar a los productores agrícolas a los
mercados. A pesar de la destrucción subversiva,
el Perú siguió construyendo. “Trabajar
y dejar trabajar” fue el mensaje en nuestra campaña;
sin embargo, en 1980 la sociedad peruana en su conjunto
fue agredida por el terrorismo que se había venido
incubando desde años atrás. Le cupo entonces
a nuestro gobierno defenderla constitucionalmente con
el uso de la fuerza pública.
Lamentamos profundamente
las secuelas de ese enfrentamiento que tanto dolor ha
causado y que ha enlutado a tantas
familias y, por supuesto, a muchos de nuestros militantes.
Es deber de todos reflexionar sobre los hechos, no pretendamos
imponernos unos a otros nuestra propia visión
sobre sus causas, nuestros diferentes modos de pensar
pueden llevarnos a tener apreciaciones distintas en su
aspecto sociológico. Lo concreto, lo que reclama
el país es que aquí y ahora, nos hagamos
la firme promesa de impedir que eso se repita, renunciando
para siempre a la violencia. AP asume ese compromiso.
Salomón Lerner Febres:
Agradecemos su intervención
al señor Luis Enrique Gálvez y sedemos
la palabra al señor Edmundo del Águila.
Edmundo del Águila:
Señor Presidente,
señores miembros de la CVR. Se ha relacionado
la pobreza de la sierra con el primer escenario en el
cual actuó SL. Permítasenos hacer algunas
reflexiones al respecto. Históricamente, la región
de la sierra ha concentrado las zonas más pobres
y menos atendidas por los gobiernos que sólo concibieron
el desarrollo en función a la costa.
En este sentido,
la visión y el pensamiento de
Fernando Belaúnde Terry fueron diferentes. A manera
de denuncia, habló de los pueblos olvidados para
referirse de forma especial a las provincias, distritos,
caseríos y villorrios de la sierra peruana que
no recibían atención del Estado; pueblos
que no tenían integración vial, comercial,
económica, ni social, que estaban aislados de
la capital de la República. El estado de abandono
en que se encontraban los mostraba como peruanos de menor
categoría: el índice de analfabetismo era
el más alto del país; los servicios de
salud y educación estatal estaban ausentes; los
niveles de desnutrición eran los más altos;
la tecnología agrícola moderna no existía;
y, con el crecimiento de la población, se producía
el deterioro progresivo entre el hombre y la tierra que
sólo contribuía a aumentar la pobreza.
A pesar de todas las limitaciones y ausencias, Belaúnde
encontró en ellos la expresión más
sublime del humanismo sustentado en la solidaridad. La
solidaridad y el bien común eran las respuestas
a tan dramática situación y les permitían
construir sus escuelas, sus canales de riego, sus caminos,
y levantar sus templos. La solidaridad y el bien común
les permitieron alejarse de todo resentimiento y odio
y vencer a la subversión y al terrorismo. Antes
de ser Presidente, Fernando Belaúnde en su primer
gobierno dijo: “el mensaje del antiguo Perú se
basa en un concepto de solidaridad y no de lucha de clases,
que tantas controversias ha causado; en una ética
del abastecimiento y en una exaltación del trabajo,
que consagra como suprema virtud el esfuerzo por el bien
común como base fundamental de la economía
y el bienestar”.
Por ello, los de AP discrepamos
de las afirmaciones que pretenden encontrar en la pobreza
existente en los
pueblos olvidados, la justificación del terrorismo.
Aceptar ello es una muestra de desconocimiento del humanismo
tradicional de los pueblos andinos, es confundir causa
con pretexto y es justificar subliminalmente los actos
de terrorismo que se iniciaron en esas zonas pobres y
abandonadas del país y que terminaron mostrándose
de la manera más cruel en los centros más
exclusivos de la capital. SL fue vencido por la gente
más pobre de los pueblos olvidados y fue expulsado
por ellos, no gracias a un conflicto armado que nunca
existió, porque en todo caso hubiera sido desigual;
sino mediante el rechazo a la ideología del odio
y de la sangre que les era ajeno y que se les quería
imponer. La ley de hermandad que AP recogió se
opuso a la lucha de clases, y sirvió de filtro
a la posición ideológica foránea
en las comunidades campesinas
Belaúnde interpretó en su real dimensión
el problema andino y al juramentar en su primer gobierno
dijo, refiriéndose a los pueblos más olvidados
del Perú: “los últimos serán
los primeros”; y en ese acto de reivindicación,
convocó a elecciones electorales, a cabildos abiertos.
Y él personalmente, en un gesto histórico,
se dirigió a Pacaritambo para estar presente en
la primera elección de un alcalde de un pueblo
olvidado. Sentía pues que las comunidades andinas
actuales, en contraposición con las prehispánicas,
tenían linderos rígidos y que el crecimiento
de la población sobrepoblaba la tierra y pauperizaba
y destruía al campesino. Belaúnde sostenía
que para que el espíritu de asociación
que está en la sangre del aborigen produzca resultados
satisfactorios, hay que encontrar un camino hacia la
expansión de las áreas agrícolas.
Por ello, en su primer y segundo gobierno, hizo obras
a favor de la sierra, las pequeñas y medianas
irrigaciones y la colonización vial de la selva,
cuya expresión máxima es la Carretera Marginal
de la Selva. La Marginal de la Selva fue construida para
habilitar nuevas tierras a hombres sin tierras de la
zona andina, fue construida para producir alimentos que
deberían permitir superar la situación
de desnutrición. Belaúnde postuló la
necesidad de llevar la educación al encuentro
del educando, postuló y construyó miles
de aulas en las comunidades más alejadas; desde
su primer gobierno puso en marcha un vasto plan de alfabetización,
con los resultados que todos conocemos, que permitió bajar
el nivel de analfabetismo de 48%, cifra que encontró al
asumir su primer gobierno, al 7% de hoy. Belaúnde
sostenía con convicción que la mejor manera
de distribuir la riqueza es distribuyendo el saber y
para ello trabajo con acciones y obras concretas en los
pueblos olvidados en sus dos gobiernos.
En 1960 el 20
% de las capitales serranas no tenía
comunicación con la capital de su departamento
y menos con la capital de la República; al finalizar
el primer gobierno de Belaúnde todas, excepto
dos, estaban integradas a la red vial nacional. Con la
cooperación popular llevó a los pueblos
más abandonados y alejados de nuestra serranía
la participación del Estado que apoyó y
desarrolló obras comunales como aulas, postas
médicas, canales de riego, caminos y muchos más.
En las que, como se ha dicho acá, como justo homenaje
de testimonio recordatorio sólo reza la frase “El
pueblo lo hizo”. La creación de los parques
industriales en las ciudades permitieron dar origen a
lo que hoy son las pequeñas y medianas microempresas.
Muchas cosas quedaron por hacerse, no tenemos duda de
que las obras hechas en la sierra durante nuestros dos
gobiernos resultan insuficientes frente a la dimensión
de las necesidades existentes acumuladas durante siglos.
Hemos querido reseñar en una síntesis apretada
nuestra visión y los objetivo que guiaron nuestra
tarea de gobierno en un escenario inicial de la acción
terrorista de SL.
Salomón Lerner Febres:
Gracias señor Edmundo
Del Águila por su intervención. La siguiente
exposición corresponde al doctor Luis Percovich.
Luis Percovich Roca:
Señor Presidente de la CVR,
señoras y señores integrantes de la misma,
señores y señoras. AP se presenta a esta
convocatoria de Audiencia Pública de la CVR para
rendir un testimonio veraz de los luctuosos sucesos generados
por la demencial acción de grupos terroristas.
Consideramos que al hacer un examen de esta situación
no debemos referirnos única y exclusivamente a
las acciones subversivas y contra subversivas, sino que
debemos iniciar nuestro examen analizando qué significa
el terrorismo y qué peligros entraña; para
que estemos prevenidos frente a una repetición
de hechos como los que tuvimos que soportar durante los
años pasados.
Por eso, dentro de este análisis debo decir que,
si bien es cierto que a AP le correspondió combatir
el terrorismo, debemos recordar, vehemente y permanentemente,
que el terrorismo generó muerte, destrucción,
lágrimas y dolor en el pueblo peruano. El terrorismo
es considerado como la más peligrosa y devastadora
amenaza contra la humanidad. La pobreza y los desequilibrios
sociales no son patrimonio exclusivo de las comunidades
andinas, ni de los centros rurales y urbanos donde se
inició y desarrolló el terrorismo en el
Perú. En Latinoamérica y en otros continentes
existen similares condiciones de miseria y marginación
social y no son escenario de acciones terroristas. El
estudio del fenómeno terrorista en Latinoamérica
y particularmente en el Perú, nos lleva a la siguiente
conclusión: además de a condiciones económico
sociales, el terrorismo obedece a ideologías y
políticas, sin que por ello signifique que el
terrorismo como tal obedezca a una ideología.
El terrorismo es una estrategia insurreccional. Mortimer
Zuckerman, analista político internacional, en
su artículo titulado “Libertad versus terrorismo” sostiene
que “es una confusión inaceptable sostener
que un terrorista es un luchador por la libertad. Los
que luchan por la libertad no secuestran, no destruyen,
no asesinan. El terrorismo es el "gangsterismo" de
la política, el terrorismo al servicio de cualquier
causa es enemigo de la libertad” Los grupos terroristas
que han actuado y actúan en nuestro continente
casi invariablemente han afirmado, y afirman, que su
objetivo es erradicar la miseria y superar las desigualdades
sociales. La realidad es que tal afirmación no
es veraz. El propósito que los motiva es el de
profundizar las contradicciones sociales acrecentando
la miseria y el caos para romper el orden democrático
y abrir el camino que propicie la ascensión al
poder de regímenes políticos de extrema
izquierda. Las apreciaciones que he formulado se identifican
con el análisis que resume la siguiente frase: “El
terrorismo tomado como un símbolo, herramienta,
método o proceso de fuerza, origina intimidación
sistemática, coerción, represión,
destrucción, muerte y pobreza con el propósito
de alcanzar metas imaginarias”.
A continuación quisiera referirme al tema de
cuándo nace el terrorismo en el Perú. Para
ello, voy a tomar breves minutos porque el análisis
de este punto es dilatado. AP está preparando
un documento que se llama “Génesis y desarrollo
del terrorismo en el Perú” que próximamente
lo pondrá en circulación con toda la información
que la ciudadanía debe conocer. Por lo pronto,
me limitaré a señalar cuándo nace
Sendero Luminoso. A raíz de la cuarta conferencia
anual del Partido Comunista (PC) de 1964, se produce
la escisión de este partido que da nacimiento
a Bandera Roja (BR). El año siguiente BR se fracciona
y surgen Patria Roja (PR) y SL. Este último tuvo
la particularidad de fijar su sede central en Ayacucho,
que más adelante se convertirá en el centro
de operaciones con Abimael Guzmán, profesor de
la Universidad San Cristóbal de Huamanga, a la
cabeza. Desde dicho centro superior se inicia la infiltración
de las universidades, los centros educativos y las comunidades
campesinas. La infiltración de SL en esta etapa
no sólo comprendió a los centros educativos
de Ayacucho; sino también a las bases universitarias
de la FER de Cusco, Ica, Arequipa, Cajamarca, parte de
las universidades de Lima, la Escuela Superior Enrique
Guzmán y Valle (La Cantuta); y similar acción
desplegó en las federaciones campesinas de Ayacucho,
Andahuaylas y Huancavelica.
En 1978, SL pasó a la clandestinidad y como resultado
de esta decisión, sus cuadros más importantes
desaparecieron de la Universidad San Cristóbal
de Huamanga y se integraron a la base campesina de Ayacucho
en la que se convirtieron líderes. Más
adelante, organizaciones de izquierda como el Partido
Comunista Pukallaqta, Huacaicholo, Túpac Amaru,
Vanguardia Revolucionaria Político Militar y Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR-Perú) brindaron
apoyo abierto o encubierto a SL.
Cuando AP llega al poder
en 1980, se encuentra con un proceso subversivo no inicial
sino ya desarrollado como
se ha señalado hace unos minutos, un proceso que
se había gestado en los años previos. Esto
a tal extremo que el Gobierno Militar de ese entonces
recibió de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, el testimonio de que en la sierra central del
país se estaba gestando un movimiento subversivo
sumamente peligroso y que había de actuar de inmediato.
Lamentablemente las autoridades de ese entonces no tomaron
la decisión de hacerlo; ocultaron estos hechos
y, lo que es más grave, desaparecieron toda la
información de inteligencia que obraba en las
oficinas de la Dirección de Inteligencia del Ministerio
del Interior (DIMIN). Frente a esta situación,
AP tuvo que iniciar la recopilación de la información
y sistematizarla. Cuando llegué al Ministerio
del Interior en abril de 1983, esta información
todavía no se había completado, pero finalmente
logramos culminar el trabajo que nos permitió no
solamente identificar a los mandos políticos,
militares, a la organización, a los líderes;
sino los sistemas de acción, propaganda y logística
de esta organización diabólica. Ello a
través, fundamentalmente, de la División
Contra el Terrorismo (DIRCOTE) que creamos en julio de
1983, responsable de la captura de más del 95%
de los líderes de SL, comenzando por Abimael Guzmán;
y del MRTA, como de Víctor Polay Campos. De manera
que éste es un mérito innegable de la policía
de investigaciones y de la DIRCOTE; el haber permitido
desplegar esta acción para lograr la captura de
los elementos que dirigían esta organización
siniestra.
Pero esta fue la única acción que desplegó AP
para lograr vencer los designios de SL, ya en 1981 había
dado el Decreto Legislativo 046 para sancionar las acciones
terroristas. Poco tiempo después de habernos dado
cuenta de la magnitud del problema, nos encontrábamos
implementando los dispositivos legales que nos permitirían
actuar dentro de un ordenamiento legal y con respeto
a los derechos humanos. A continuación no solamente
nos quedamos con estas medidas pues sabíamos que
la policía que habíamos recibido no estaba
preparada para realizar acciones contra subversivas.
Era una policía preparada para la defensa de la
ciudadanía, para tomar acciones preventivas mas
no acciones contra grupos que no solamente actuaban armados,
sino que actuaban ocultos, agazapados y dando sorpresas
en los lugares más inesperados. Esto nos llevó a
crear las Escuelas Regionales de las Fuerzas Oficiales
para preparar adecuadamente a la policía para
asumir esta nueva responsabilidad, que sabíamos
iba ser dilatada por la dimensión que había
tomado la subversión en el Perú. Ahí no
quedaron los esfuerzos por que percibimos que SL no actuaba
solo sino que actuaba en conexión con el narcotráfico.
Era necesario destruir este vínculo, destruyendo
los más de cien aeropuertos clandestinos habían
construido en la sierra y en la zona del Huallaga fundamentalmente.
Ahora se reconoce la importancia de la Policía
Aérea por los beneficios y las acciones que despliega
en diferentes acciones en servicio de la comunidad.
La
lucha contra subversiva tiene dos etapas: la etapa policial
que va de 1980 a diciembre de 1982, y la etapa
en la que ingresan las Fuerzas Armadas. Algunos han criticado
la participación de la Fuerzas Armadas. AP y,
fundamentalmente, el Presidente Fernando Belaúnde
no eran partidarios de dar participación a las
Fuerzas Armadas en la lucha contra subversiva; pero,
la virulencia de los ataques y el temor de la ciudadanía
de que estos hechos fueran creciendo; las demandas que
produjeron en el Congreso de la República las
instituciones empresariales y gremiales y la ciudadanía
en su conjunto, hicieron que su demanda fuera atendida
por el Gobierno a pesar de las reticencias que había
para dar participación a las Fuerzas Armadas.
Así, el 1 de enero de 1983 ingresaron las Fuerzas
Armadas para combatir conjuntamente con la Fuerzas Policiales
las acciones de SL.
Se ha mencionado, y también mi correligionario
Edmundo del Águila ha dado respuesta a esta afirmación,
que los partidos políticos han permanecido de
espaladas a la realidad de los pueblos del interior del
país, de espaladas a la masa campesina. Nosotros
no podemos defender la acción de otros gobiernos,
pero sí defendemos vehementemente la acción
de nuestro partido, porque si algo nos identifica es
que nos hemos preocupado desde el primer gobierno de
Belaúnde en resolver o tratar de resolver los
problemas de los pueblos del interior. Yo he acompañado
a Belaúnde, como muchos populistas, a caballo
desde 1963, desde antes, desde 1956, a recorre la serranía
de mi departamento. He estado con él en los caminos;
desde Chacas a Pomabamba, de Pomabamba a Luzuriaga, de
Luzuriaga a Sihuas, de Corongo a Pallasca, en infinidad
de lugares, no buscando las grandes masas ni las grandes
concentraciones populares, sino buscando conocer la situación
de cada uno de estos pueblos pequeños, de los
villorrios, de las pequeñas comunidades para saber
personalmente de sus necesidades. Por eso es que AP en
sus dos gobiernos volcó lo más importante
de su acción a los pueblos de la sierra.
Ya se
ha relatado en gran medida qué es lo que
comprendió esta acción de gobierno, pero
quisiera hacer algunas adiciones. La fundamental y que
se ha mencionado también: las elecciones municipales
que permitieron la participación política
e inmediata de los que nunca habían tenido la
posibilidad de elegir a sus autoridades en los distritos
del país; las obras de irrigación en la
sierra; la interconexión de todas las capitales
de provincia y de la mayor parte de los distritos del
país en la sierra; las gigantescas obras de irrigaciones
y de electrificación. Así podría
seguir mencionando muchas como la inversión más
alta en el sector educación, las inversiones de
postas médicas y postas sanitarias en los pueblos
más olvidados; pero creo que se podría
interpretar como un aprovechamiento de esta audiencia
para hacer propaganda política a mi partido y
esa no es la intención. La intención, es
decir nuestra verdad, esclarecer los hechos; y demostrar,
sobre todo a los jóvenes, que no pertenecemos
al círculo de los partidos que les dieron la espalda
a los pueblos del Perú.
Cuando llegamos al poder
en 1980, encontramos una economía
devastada. Se había producido la migración
del campo a la ciudad por una reforma agraria implantada
con rencor y sin sustento económico y sin base
técnica; encontramos un sector financiero en ruinas
por haberse decuplicado en doce años el monto
de la deuda externa; los gastos del Estado en un nivel
altísimo porque se habían decuplicado también
el número de empresas publicas; y así,
una serie de problemas que generaron el empobrecimiento
de amplios sectores de la población. Adicionalmente,
como si no fuera suficiente, tuvimos la desgracia de
soportar en 1983, el Fenómeno del Niño,
considerado como el fenómeno climatológico
más grave del siglo XX. Además, tuvimos
que soportar las acciones de SL. Pero toda esta tragedia
no nos impidió seguir realizando obra constructiva
en favor de las comunidades.
En cuanto a la acción contra subversiva debo
señalar y recordar la preocupación permanente
del Presidente de AP, Fernando Belaúnde; su recomendación
fundamental era siempre proceder dentro del marco de
la ley y con respeto a los derechos humanos. No recuerdo
yo en los treinta meses que ejercí la cartera
del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros
que en una sola sesión del Consejo de Ministros
o en una sola sesión del Consejo Nacional se hubiera
presentado una denuncia de violación de los derechos
humanos. Si los responsables de presentar estas denuncias
y estos informes los ocultaron, deberán ser investigados
y sancionados si cabe la sanción por hechos que
cometieron al margen de la política de estado,
respetuosa de la ley y de los derechos humanos, que se
había implementado. En los casos en los que llegó a
nuestras manos información de algún hecho
de violación de los derechos humanos, y me refiero
concretamente a los casos del Hospital de Ayacucho donde
elementos de la Guardia Republicana penetraron y cometieron
asesinatos en este hospital; o al caso de Socos donde
los campesinos fueron victimados cobardemente por elementos
de la Policía; ó el caso de Jesús
Oropesa Chonta que fue asesinado; no titubeamos en denunciarlos
ante el fuero judicial correspondiente para que recibieran
la sanción por esos crímenes. Igualmente,
puedo señalar el caso Uchuraccay cuando llegó a
nuestro conocimiento este hecho que despertó una
polémica fuerte y extensa en el país, el
Presidente convocó a respetables personalidades
para que investigaran estos hechos. Esto demuestra que
AP creó comisión de la verdad para el esclarecimiento
de todo lo que ocurrió en estos años de
barbarie; segura de que su trayectoria es limpia, de
que no tiene nada que ocultar al país.
Finalmente,
quisiera que tuvieran la bondad de pasar unos gráficos
que he preparado con el propósito
de que, sobre todos los jóvenes o los que no conocen
de cerca la realidad de la subversión, vean la
magnitud de cifras de muertos que en todos los niveles
produjo SL.
La primera gráfica muestra el número
de senderistas o presuntos senderistas que fallecieron
en las acciones contra subversivas: de 1980 a 1985
fueron 4 990; de 1985 a 1990, 3 989; y de 1990 a 1995,
3 393. El siguiente gráfico muestra los fallecidos
civiles: de 1980 a 1985 fueron 2 896; de 1985 a 1990,
4 474; de 1990 a 1995, 3 506. El siguiente grafico
muestra las muertes de miembros de las fuerzas del
orden: de 1980 a 1985, 270; de 1985 a 1990, 1 078;
y de 1990 a 1995, 1 007.
É ste es un cuadro general sobre el costo de la
subversión en el ámbito nacional. Lo que
está marcado con azul es lo que correspondió al
periodo de AP, y llega incluso hasta diciembre de 1985
que no nos correspondió. Lo que está marcado
en rojo corresponde a los gobiernos que nos sucedieron
en la conducción del país.
El siguiente
cuadro es similar al anterior pero con la diferencia
de que hemos separado lo que nos correspondió a
nosotros hasta julio de 1985 donde se ve la cifra de
791 víctimas y en el año anterior de 3
471. ¿Qué significa este cuadro? Que entre
1983 y 1984 se desplegó lo que se llama el periodo
del enfrentamiento con SL. Este enfrentamiento produjo
ese número de víctimas, pero el resultado
del accionar determinó que las cifras bajaran
sustancialmente para julio del año siguiente a
791; menos de la tercera parte de lo que significó el
semestre equivalente del año anterior. Este decrecimiento
siguió a 580. Luego comenzó a subir hasta
llegar a 3 384 víctimas en los años siguientes.
Esto demuestra que si bien es cierto que la acción
contra subversiva fue dura, intensa y dolorosa; rindió sus
frutos porque logramos doblegar al terrorismo. Abimael
Guzmán una vez capturado declaró que en
1984 estuvo a punto de ser derrotado. Este gráfico
demuestra la veracidad de sus afirmaciones.
El siguiente
cuadro muestra el conjunto de civiles, de miembros de
las fuerzas del orden y de senderistas
que fallecieron en los tres periodos de gobierno que
van de 1980 a 1995. En el de AP, 6 489; en el del APRA,
9 554; y en el de Fujimori, sólo hasta 1995, 7
391.
El siguiente cuadro relata muy brevemente lo que sosteníamos
hace unos momentos: que AP a pesar de la estreches
de los recursos económicos desarrolló siempre
su labor constructiva. Y en el departamento de Ayacucho,
en sólo tres años, invirtió más
que lo invertido en los doce años de la dictadura
militar y realizó 148 obras; a pesar de la acción
demencial de SL, que mataba a nuestros funcionarios
de Cooperación Popular, de Cooperaciones Departamentales
de Desarrollo, y a los que estaban en este trabajo
constructivo.
Hablando de un tema de estadística de desaparecidos,
quiero mostrarles este cuadro que se refiere a la denuncia
de Amnistía Internacional (AI). En julio de 1985,
AI presentó una denuncia de la supuesta desaparición
de 1 005 personas. Este cuadro demuestra que los supuestos
desaparecidos fueron sólo 27 si consideramos textualmente
las cifras mostradas en el mismo: ciudadanos no inscritos
en el Registro Electoral, 579; fechas verificadas en
el Registro Electoral de ciudadanos inscritos en el nuevo
registro después de su supuesta desaparición,
348; nombres repetidos en la denuncia, 9; nombres que
figuran con dos o más libretas electorales, 35;
personas que se presentaron después de conocer
la denuncia de su presunta desaparición, 7. Dan
un total de 978 de los 1 005, quedaba por esclarecer
la situación de los 27. Pero no soy ingenuo para
pensar que los 579 existieron, pudieron haber existido,
pudieron no haber estado en los registros electorales,
pudieron haber sido victimados. Pero por lo menos las
cifras que pudieron ser verificadas fehacientemente demuestran
que la denuncia de AI fue falsa y, cuando se les encaró,
dijeron que ellos no estaban en la obligación
de corroborar las denuncias que recogían, sólo
las presentaban. Hemos querido sustentar este cuadro
para que se tenga muy presente que las denuncias deben
ser verificadas escrupulosamente para tomarlas como ciertas.
Estoy seguro que un organismo de la seriedad de la CVR
cumplirá con este requisito.
Finalmente, quiero
expresar mi publico reconocimiento y mi pesar a los familiares
de mis correligionarios que
murieron en esta contienda fraticida, de los dirigentes
de AP que fueron asesinados en nuestro local, de nuestras
autoridades políticas y municipales, nombradas
y designadas en las comunidades. Quiero rendir también
mi testimonio a los miembros de la Guardia Civil que
en esta estadística conjuntamente con los miembros
de las Fuerzas Armadas murieron enfrentando a SL. Se
pueden tener objeciones a la conducta de algunos policías,
o de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, pero lo
que no se puede desconocer es que hubo, a la par de ellos,
cientos y miles de policías y militares que ofrendaron
sus vidas en defensa de la patria para combatir el terrorismo.
Y finalmente, a las personas de Guillermo Percovich Cisneros,
Mayor PNP que murió en el pueblo joven Villa El
Salvador; mi testimonio a la Policía Nacional,
en la persona de Marco Miyashiro; a Benedicto Jiménez
por el trabajo esforzado que realizó la DIRCOTE
para desarmar y desarticular a SL. Gracias
Salomón Lerner Febres:
Gracias ingeniero Percovich.
Con su intervención finalizamos la primera parte
referida al balance. Como habrán podido apreciar
nos hemos ido más allá del tiempo que originalmente
se había pactado pero no hemos querido de ninguna
manera limitar a los expositores en aquello que nos tenían
que transmitir. Quisiera decir que hemos prestado atención
a todo lo expresado, creo que toda la nación también
lo ha hecho.
Quisiera decir, sin embargo, como también lo
dije ayer cuando se presentaron los representantes de
izquierda, y como sucederá en las otras sesiones,
que la CVR expresará su punto de vista definitivo
sobre estos temas y, en general, sobre los años
de violencia en su informe final. Nosotros hemos tomado
debida nota de las cosas que se han dicho. Tenemos nuestra
propia investigación, nuestras cifras trabajadas
con esmero buscando la verdad con honestidad, sin prejuicios
y sin sesgos y a la luz de esa intención honesta
y de ese trabajo esforzado daremos nuestra última
palabra cuando entreguemos el informe final.
Pasamos a
la última y más breve parte
de esta sesión, la referida a las Perspectivas.
Aquí, igual que en la primera parte, vamos a plantear
algunas preguntas y vamos a pedir a nuestros invitados
que, si lo tienen a bien, las absuelvan. Estas preguntas
tienen relación con la visión y las perspectivas
que nuestros invitados encuentran en nuestro país
en el marco del balance efectuado y teniendo presentes
los siguientes puntos:
- Las responsabilidades que deben asumir el Estado
y la sociedad frente a la atención y reparación
de las secuelas y las víctimas del terrorismo
del conflicto.
- El considerar las posibilidades eventuales de
que se repita un conflicto parecido, teniendo en cuenta
la época
en que nosotros estamos viviendo. Y refiriéndose
especialmente a las alternativas de prevención.
- Finalmente, les pedimos hacer una reflexión
sobre los problemas sociales pendientes de solución
en nuestro país y cuál seria el espacio
más adecuado para que comience un proceso
de reconciliación
nacional. Además, quisiéramos preguntarles
si este proceso de reconciliación les parece
relevante y cómo se vincula él con
la democracia constitucional e institucional a la
cual nuestro país
aspira. Vamos a tener menos tiempo para esa parte.
Yo dejo en el uso de la palabra al doctor Valentín
Paniagua Coraçao.
Valentín Paniagua:
Señores Comisionados,
señoras, señores. El domingo 18 de mayo
de 1980, en el momento mismo en que el terrorismo senderista
declaraba la guerra a muerte al Perú, a su democracia
y a sus valores éticos fundamentales, el pueblo
peruano, en gesto justiciero, reparaba en las ánforas
el agravio que la autocracia militar infirió al
Presidente Fernando Belaúnde diez años
antes. Pocas horas más tarde, cuando ya se había
consumado el primer crimen senderista contra el derecho
de sufragio, AP, por voz del Presidente Belaúnde,
vencedor inobjetable de los comicios de aquel día;
convocó a todas las fuerzas políticas del
país, sin excepción alguna, a un gobierno
de concertación nacional para enfrentar la tarea
de la reconstrucción democrática sobre
la base de la reconciliación entre todos los peruanos.
Con la autoridad moral que confiere el ejemplo, Belaúnde,
que había olvidado los agravios de sus perseguidores
de la década precedente, demandó al país
un esfuerzo nacional de búsqueda de reconciliación
y unión nacional.
Ese día quedaron definidos los rasgos de dos
estrategias que respondían a dos diferentes concepciones
ideológicas y a dos formas históricas de
actuar frente al país. Una estaba fundada en el
odio y en el crimen, vieja prédica de violencia
como supuesta dinámica social que sembró la
muerte, destruyó e impidió los esfuerzos
del desarrollo nacional, particularmente en las áreas
más deprimidas del país, y llenó de
luto y dolor al Perú. La otra, que buscaba trabajar
y dejar trabajar, inspirada en la libertad, en el respeto
a la vida y a los derechos de todos; pretendía
resolver los problemas de nuestra patria por el camino
del diálogo y del debate democrático; ensanchando
las oportunidades de educación del pueblo del
Perú; articulando el territorio nacional con vías
de comunicación absolutamente indispensables;
y fomentando de modo especial el desarrollo de las comunidades
andinas y selváticas más deprimidas por
el camino de la cooperación popular, la solidaridad
y la afirmación de los valores ancestrales de
la identidad nacional. Todo ello en un clima irrestricto
a la Constitución y a la Ley.
Así nació esta etapa sombría, culminación
de una vieja prédica confrontacional y violentista
que envenenó el alma de la juventud, extravió sus
mejores ideales y fomentó el odio, el culto a
la muerte y a la violencia. Ese nefasto sembrío
que fructificó en la muerte y en la desolación
que ahora nos aflige y conmueve; era la respuesta irracional
frente a la insensibilidad, irracional también,
de quienes, desde un Estado centralista y excluyente,
nunca quisieron entender la necesidad de cambio, de una
genuina revolución en libertad, de una transformación
pacífica y democrática para construir el
bienestar y la paz, sin los que jamás habrá ni
justicia, ni libertad, ni dignidad en el Perú.
Una y otra se nutren del mismo menosprecio autocrático
de la libertad y, por eso, ambas reniegan y riñen
con las concepciones democráticas que animaron
e inspiraron la obra fecunda de AP.
Hay, el día de hoy, preocupaciones que, por cierto,
no pueden hacernos perder de vista la perspectiva de
la historia. Por eso, comparecemos en este acto ante
al país, expresando en primer término,
tal como lo ha hecho el doctor Percovich Roca, nuestra
solidaridad, nuestro pesar y aflicción por las
víctimas del terror senderista y por las víctimas
de los excesos cometidos por los agentes del Estado.
Expresamos nuestra solidaridad, particularmente, con
los esforzados servidores de la patria que empeñaron
sus desvelos por defender al pueblo del Perú y
por brindarle seguridad. Sin embargo, queremos dejar
clara constancia de que nunca conocimos los excesos que
quisieron guardar en reserva o en secreto quienes tenían
la responsabilidad directa de la lucha frente al senderismo,
excesos que lamentamos profundamente y con enorme sinceridad.
Luis Percovich ha señalado con toda claridad como,
en todos los casos en que llegó a conocimiento
del gobierno cualquier acto que hubiere lastimado los
derechos humanos, se adoptaron las providencias indispensables
para castigar con severidad los excesos cometidos. Con
la sinceridad con que pueden y deben hacerlo, precisamente,
las víctimas, expresamos nuestra solidaridad a
los que sufrieron tanto en esta etapa.
Y, nosotros, y
me refiero a AP, como a la democracia y al pueblo del
Perú, fuimos víctimas.
Más de un centenar de humildes militantes del
Partido fueron asesinados, decenas de modestos alcaldes
distritales, gobernadores y tenientes gobernadores pagaron
con su vida el pecado de militar bajo las banderas de
AP; lo mismo que prefectos, subprefectos y alcaldes provinciales
que sufrieron igualmente la persecución inmisericorde
de la violencia. Aquí están algunas de
las víctimas que sobrevivieron al ataque criminal
que el senderismo, con audacia inaudita, perpetró hasta
en nuestro propio local central del Paseo Colón.
Junto a ellas debería estar Jorge Jáuregui,
nuestro ex-Alcalde Provincial de Ayacucho, que vive sufriendo
-desde hace casi un cuarto de siglo- terribles incapacidades
y aflicciones, fruto del ataque perverso de la delincuencia
terrorista.
El país entero sabe que este partido, y que Fernando
Belaúnde Terry, nacieron y vivieron luchando siempre
por la libertad y la democracia. Eso hicimos en nuestras
dos administraciones, con un devoto respeto por la Constitución
y la Ley. Seguramente cometimos errores y ciertamente
hubo y hay, como en todas las administraciones, deficiencias,
pero jamás traicionamos nuestro ideal libertario;
no caímos ni en la tentación totalitaria
y violentista de las autocracias, no permitimos que nuestro
talante pacífico fuera ganado por la indignación
que la violencia suscita en los hombres de bien; ni dejamos
que el miedo menoscabara nuestro ideal democrático
de libertad. Eso seguiremos haciendo con pasión,
sabiendo que la pasión por la libertad jamás
pierde de vista ni el imperio de la ley ni el respeto
por la dignidad humana. Siguiendo precisamente esa inspiración,
el Gobierno Transitorio, que me honré en presidir,
designó la CVR. Designamos esta Comisión
para esclarecer, según dice el decreto respectivo,
el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia
terrorista y de la violación de los derechos humanos,
imputables tanto a las organizaciones terroristas como
a los agentes del Estado; así como para proponer
iniciativas para afirmar la paz y la concordia entre
los peruanos. Esperamos que la CVR ofrezca al país
esa información y, en su momento, debatiremos
sus conclusiones y sus iniciativas, y respaldaremos todas
las propuestas destinadas a reparar los daños
ocasionados a las víctimas o a sus deudos.
Ahora
nos hemos limitado a dejar parte de nuestro testimonio
histórico. Hay, sin embargo, algunos hechos preocupantes
que nublan las perspectivas del porvenir y que no podemos
silenciar. Unos tienen relación con el contexto
histórico y político en que se produjeron
los hechos; y otros, con los conceptos que se manejan
para calificar los sucesos del pasado. Es preciso esclarecerlos
para beneficio de las nuevas generaciones que no presenciaron
el drama que aún nos aflige y que, ojalá,
no siga enfrentándonos.
Se ha dicho que los excesos
y delitos cometidos por los agentes del orden del Perú tienen la singularidad
de haberse producido bajo regímenes democráticos
y de partidos caracterizados por sentimientos anti-militares.
Debe señalarse con toda claridad que el Perú presenta,
en efecto, un caso singular en la década de 1980,
distinto al de otros países latinoamericanos,
en que movimientos políticos o de otra índole
se enfrentaron a autocracias militares que utilizaron
el terror para coactar la libertad de sus pueblos. En
el Perú, en contraste, las democracias no enfrentaron
a combatientes en franco proceso bélico sino a
delincuentes que, asociados incluso al narcotráfico,
usaron del terror para imponer autocráticamente
y por el crimen, ideologías fundadas en el odio
y en la confrontación. Aquí no hubo ninguna
guerra interna ni un conflicto armado. Tampoco es verdad
que los excesos que pudieran haberse producido respondieran
a políticas explícitas y patrones de conducta
destinados a desconocer sistemáticamente los derechos
humanos y, menos aún, a negar los espacios democráticos
para asegurar el imperio de una autocracia que, bajo
AP, jamás existió. Fueron tal vez los excesos
inevitables de una democracia desconcertada y asediada,
no sólo por una pesada demanda social y política
sino por la soledad de una lucha en la que muchos callaron
por miedo, por cálculo o por interés, cuando
no intentaron, aún entonces, capitalizar o acumular
fuerzas. AP no ha sido, ni es, un partido anti-militarista;
ha buscado, y es postulado en sus bases programáticas,
lograr la cooperación de la acción cívico-militar
para el desarrollo nacional y hemos demostrado en los
hechos su eficacia. Devotos del Perú y de su historia,
hemos hecho de los héroes de nuestras Fuerzas
Armadas, signo y símbolo de la unión nacional,
lo que no nos ha impedido combatir todas las autocracias
militares y las corruptelas que se generaron a su sombra.
En
una hora en que es importante pensar en el futuro del
país, es igualmente trascendente hacer algunos
deslindes conceptuales para impedir que, en el futuro,
la falta de claridad y precisión [ininteligible]
el crimen. Hay que evitar, de una vez y para siempre,
toda vacilación, silencio complaciente, concesión
de circunstancia o eufemismo que termine legitimando
fuerzas, movimientos y conductas franca y claramente
violatorios de la democracia y de los derechos humanos.
Por eso, hemos dejado aquí constancia clara de
nuestras discrepancias en relación con algunos
temas.
SL no fue, no es, ni podría ser jamás,
un partido político, cualquiera que sea la noción
de partido que se maneje. No podría serlo ni bajo
imperio de la Constitución de 1979 ni con arreglo
a las previsiones de la Carta actualmente vigente que
impone formalidades que jamás cumplió y
que, además, jamás, se habría propuesto
cumplir. No puede, pues, considerársele dentro
del más elemental concepto de partido político
en el mundo occidental, que supone una estructura democrática
y el respeto a normas de diálogo civilizado. Decimos
con franqueza, y con claridad, que equiparar, jurídica
y políticamente, a una organización criminal
como SL con los partidos políticos, revela absoluto
menosprecio por las únicas instituciones que se
enfrentaron, ahora y en el pasado reciente, a esa organización
y a todas las que atentaron contra la libertad; y que,
por cierto, lucharon y seguirán luchando resuelta
y decididamente por el imperio de la democracia en este
país. Dejamos constancia de que no es a esta Comisión
a quien compete extender un reconocimiento, que es función
de otros organismos del Estado; y que, consiguientemente,
ese concepto debe ser revisado, recogiendo una preocupación
que se ha suscitado en todos los sectores del país.
Errar es humano y es indispensable rectificarse cuando
se incurre en error.
Es plausible, en cambio, que en los últimos tiempos,
quienes pretendían que la violación de
los derechos humanos sólo podía provenir
de los agentes del orden del Estado hayan admitido por
fin que las fuerzas antidemocráticas, políticas
sociales o económicas, son factores reales o potenciales
de violación de los derechos humanos.
Para nosotros,
la defensa de los derechos humanos implica la defensa
de la libertad y de la democracia; y presupone
el imperio de la justicia, no solamente en las relaciones
políticas y sociales sino, sobretodo, en el plano
económico y cultural y, desde luego, en la conducta
de un Estado y de una sociedad capaces de crear ciudadanías
reales que permitan a todos acceder a los beneficios
de la economía de bienestar, de la paz y la seguridad.
Han transcurrido más de veinte años y,
aún hoy, la sombra siniestra del terror turba
la paz del Perú; pese a ello, es preciso construir
la paz y buscar la reconciliación. Estamos en
ese camino, plenamente conscientes de que una cosa es
recuperar la democracia y otra, muy distinta, ganar la
paz. Bajo esa convicción, muchos, sino todos los
actores y víctimas de aquellos sucesos, hace ya
más de una década que emprendimos el largo
y esforzado camino de la recuperación y reconstrucción
de nuestra democracia, y también, de la búsqueda
de la reconciliación, por cierto, sobre la base
de la justicia y de la verdad. Para ello, es necesario
restablecer el imperio de la constitucionalidad y el
libre juego de las instituciones democráticas;
lograr un verdadero saneamiento ético que castigue
la corrupción y la injusticia social y económica,
promoviendo un desarrollo socialmente incluyente que
elimine las causas de la pobreza y enfrente el porvenir
a partir de la definición de un proyecto sugestivo
de vida en común, fruto, naturalmente, de la concertación
y el consenso.
Hay que reconocer que el esfuerzo que
se ha materializado en el Acuerdo Nacional es un primer
paso que, aunque
insuficiente, marcha en la dirección de la historia
y sigue la huella del viejo y no alcanzado sueño
de lograr un proyecto de quehacer histórico nacional
en el que todos los peruanos podamos encontrarnos y concordar,
más allá de nuestras legítimas diferencias
y distancias.
Recuperada la libertad, hay que emprender
ahora, el áspero
y largo camino de la transición o construcción
de la democracia. Esta es la tarea del futuro y ella
implica, como mínimo y en primer término,
la reinstitucionalización constitucional del Perú para
asegurar el imperio de la constitucionalidad y el funcionamiento
fluido y eficaz de las instituciones previstas en el
cuadro de la Carta Fundamental-
En segundo lugar, [hay
que emprender] la transformación,
modernización y relegitimación del Estado
mediante procesos de descentralización; racionalización;
tecnificación y elevación de la eficiencia
de los servicios públicos en general y; de manera
especial, de la administración de la legislación
y, sobretodo, de la administración de la justicia.
En
tercer lugar, es absolutamente fundamental afirmar un
sólido sentimiento constitucional que dé estabilidad,
firmeza y consistencias sociales y éticas a las
instituciones constitucionales y contribuya a crear una
cultura de la libertad, sin la cual no es posible asentar
sólida ni duraderamente la Constitución
y sus instituciones. Es preciso acometer seguramente
en este aspecto, en alguna proporción, la reforma
constitucional para ajustar las previsiones de la Carta
ahora vigente a los requerimientos del mundo nuevo nacido
con este milenio, y del mundo que debe construir, o deben
construir, las generaciones futuras que nos sucedan;
un mundo distinto y distante de aquel que hemos tenido
que vivir, soportar y sufrir.
Es preciso, en segundo
término, redemocratizar
a la sociedad peruana. Hay que crear una democracia gobernante
abierta, no sólo a la participación política;
una democracia que garantice a la sociedad civil y a
sus instituciones una participación permanente
en el quehacer público y económico; en
la planificación; gestión y control de
las actividades estatales; y en la construcción,
por cierto, del bienestar del país. Es preciso
crear una cultura democrática que, fundada en
la tolerancia y el respeto a la diversidad, garantice
la convivencia y la solución pacífica de
los conflictos mediante el diálogo y la búsqueda
permanente de la concertación entre todos los
actores políticos y sociales, en el afán
de asegurar la paz. Es preciso también, crear,
como fruto del empeño transformador de una sociedad
deseosa de justicia y anhelante de paz, ciudadanías
reales que se traduzcan en elevados niveles de vida y
de satisfacción de las necesidades fundamentales
del pueblo, bajo la convicción de que la libertad
no es un prerrequisito del bienestar, sino a la inversa;
esto es, que no hay libertad posible sin un mínimo
de bienestar y de justicia que reconozca la dignidad
de la persona humana. Es preciso, por cierto, garantizar,
y crear si fuera indispensable, un sistema de partidos
que permita una relación fluida, dinámica,
civilizada y elevada entre los actores políticos
y entre los responsables del quehacer estatal y que haga
que las relaciones entre gobernantes y gobernados enriquezcan
permanentemente la vida de nuestra sociedad.
Tan importante
como estos procesos es, por cierto, la modernización, la transformación tecnológica
y elevación de la competitividad de nuestros sistemas
productivos en función de la globalización.
No podremos lograr la paz mientras en el Perú campeen
la miseria, el atraso y el subdesarrollo. El desarrollo
es requisito y condición básica para asegurar
la justicia y la reconciliación entre los peruanos;
y es que el logro de un genuino desarrollo humano que
elimine la pobreza y brinde a todos los peruanos igualdad
de oportunidades para acceder a los beneficios de la
modernidad y cree ciudadanías reales, resulta
una exigencia impostergable que debe comprometer los
esfuerzos generosos de todos los sectores del país.
Finalmente, dentro de este cuadro, es preciso esforzarnos
por reivindicar los ricos legados de la cultura ancestral
del Perú y la afirmación de la identidad
nacional. Para nosotros, los miembros de AP, es fundamental
recordarle a la Nación que la solidaridad que
presidió el desenvolvimiento de nuestra historia
milenaria debe seguir encausando e inspirando la vida
de la sociedad actual y futura de nuestra patria. Piénsese
lo que se quiera de este planteamiento; lo cierto del
caso es que la historia ha probado que sólo la
solidaridad es fecunda y que el odio sólo destruye
y siembra la muerte.
No es, por cierto, este el momento
ni el escenario para establecer o diseñar integralmente el programa
específico del futuro del Perú o de las
reformas del Estado, tal como las concebimos en el Estado
o en Acción Popular. Ese es un tema que debe ventilarse
ante el país en el curso de los próximos
años, con miras a la creación de una democracia
consensuada que busque articular a todas las fuerzas
sociales y productivas de la sociedad peruana sin exclusión
de nadie; pero, en todo caso, con arreglo a unas normas
mínimas que es preciso recordar:
Primero, [la necesidad
de] el retorno de políticas
de estado que, como las del Acuerdo Nacional, disciplinen
el quehacer estatal y político en lapsos de larga
duración.
Segundo, [la necesidad de] el retorno
de políticas
de estado que permitan el mínimo de estabilidad
y de tranquilidad que los gobernantes requieren para
llevar a cabo la gestión pública en medio
de un clima, en lo posible, armonioso; resultado de un
serio pacto y compromiso de las fuerzas económicas
y sociales en torno de ciertos objetivos nacionales de
corto, mediano y largo plazo.
Tercero, todo ello presupone
un empeño nacional,
inserto dentro de un gran propósito o quehacer
histórico que tenga por objeto transformar radical
y profundamente la realidad del Perú y que busque
como objetivo final un genuino desarrollo humano y que,
por ende, destierre la pobreza, robustezca los lazos
de solidaridad; y cree, como hemos dicho, ciudadanías
reales expresadas en términos de educación,
empleo, acceso a la información, modernización,
inserción competitiva en el mundo globalizado
y que se asiente en una sociedad que goce de seguridad
y de paz y en la que se respeten los derechos humanos.
Esa posibilidad, que parece un sueño inalcanzable,
existe. Depende de quienes, como nosotros, y también
como los miembros de la CVR, tenemos la responsabilidad
de aquietar las pasiones que agitaron nuestros espíritus
en el pasado; de sellar un pacto de concordia nacional
en nombre de la libertad y en defensa de la dignidad
de la persona humana. Depende de todos cuantos seguimos
creyendo en que el Perú sobrevivirá, no
por obra de su destino providencial sino como consecuencia
de la voluntad irreductible de un pueblo que ha sufrido
en exceso y que tiene derecho a vivir en paz y con solidaridad.
Ojalá, como queremos los miembros de AP, cumpliendo
con la ley de la hermandad.
Salomón Lerner Febres:
Muchas gracias. La CVR,
continuando con su tarea de buscar la verdad sin prejuicios,
de modo libre y honesto, en un clima de equidad, ha ofrecido
a los representantes de AP la oportunidad de expresar
sus puntos de vista y explicarse ante el país.
Hemos planteado para ello temas muy concretos, ocho para
ser exactos, para su reflexión y comentario. Hemos
prestado atenta escucha, el país también
lo ha hecho, a las respuestas que han sido dadas y nos
pronunciaremos sobre ellas en el Informe Final.
Señores invitados, señores periodistas,
damas y caballeros, la CVR agradece la participación
del doctor Valentín Paniagua, así como
la de los señores Luis Percovich, Edmundo del Águila,
Luis Enrique Gálvez y Alberto Velarde, representación
de AP; ya que con ellos hemos podido ofrecer al país
un balance de lo ocurrido, desde su perspectiva, así como
una reflexión sobre las perspectivas de futuro
que se ofrecen al Perú. En su Informe Final, como
ya he dicho, la CVR presentará sus conclusiones
y recomendaciones. No obstante, quiere destacar la importancia
de esta sesión y de todas las sesiones que estamos
realizando, y su confianza en que el proceso de verdad,
justicia, reparación y reconciliación va
a encontrar en todos los actores, tanto en los públicos
como en los privados, en el Estado y en la sociedad,
apoyo y participación activa. Con lo dicho, declaro
levantada esta Sesión Pública de Balance
y Reflexión. Muchas gracias.
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