SESIONES
PÚBLICAS DE BALANCE Y PERSPECTIVAS
partido popular cristiano
Sesión 11 de junio de 2003
Salomón Lerner Febres:
Muy buenas tardes señoras,
señores invitados, periodistas, amigas, amigos.
Damos inicio formal a esta Sesión Pública
de Balance y Perspectivas que cuenta con la presencia
del doctor Ántero Flores Aráoz, Congresista
de la República y presidente del Partido Popular
Cristiano (PPC); y también con la de los doctores
Antonino Espinoza Lañas y Carlos Chipoco, miembros
de la Comisión Política del PPC. Me permito
recordarles a todos que durante la sesión deberemos
observar el contenido del reglamento aplicable a esta
reunión, que les ha sido distribuido a la entrada
a este local. Antes de ir directamente al tema que nos
convoca en esta reunión, permítanme dar
pública lectura y expresión a un comunicado
que la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR) ha redactado y va a difundir entre los distintos
medios.
La CVR se dirige a la opinión pública
nacional e internacional para expresar lo siguiente:
- Lamenta que sus declaraciones en relación
de la naturaleza política del autodenominado
Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso
(PCP-SL) se hayan interpretado distorsionadamente
como un reconocimiento
de igualdad o similitud de este grupo subversivo
con organizaciones y partidos políticos que
existen bajo las reglas del juego democrático.
- Entiende, como lo ha expresado siempre, que no
existe argumento ideológico o político
que pueda eximir a Sendero Luminoso de gravísimas
responsabilidades por los crímenes cometidos
a través del
uso del terrorismo. La práctica de estos crímenes
y esa estrategia descalifica al grupo que los comete
como parte del sistema democrático.
- Señala que, según su mandato y sus
más íntimas convicciones, su compromiso
es fundamentalmente ético y se halla vinculado
con la búsqueda honesta y desprejuiciada de
la verdad. Los miembros de la CVR somos plenamente
conscientes
de que uno de nuestros objetivos mayores es fortalecer
el régimen democrático.
- Reiteramos, al mismo tiempo, que una desacertada
calificación de los grupos subversivos, considerándolos
sólo como bandas o gavillas de delincuentes,
conduce al trágico error de enfrentarnos únicamente
en el campo policial y militar, dejando de lado la
indispensable respuesta política e ideológica
de parte de quienes están llamados a combatirlos.
Fue precisamente esa clase de simplificación,
la que llevó a
la expansión de la violencia indiscriminada
que la Comisión investiga.
Lima, 11 de Junio del 2003, Comisión de la Verdad
y Reconciliación
Salomón Lerner Febres:
Iniciando la Sesión
Pública de Balance y Perspectivas de esta tarde,
yo quisiera recordar algunas ideas de carácter
general que presiden nuestra actuación como Comisionados
en estos dos años y, más específicamente,
en estos momentos.
Al iniciarse esta sesión, me permito recordarles
el contenido del reglamento aplicable y que obra en su
poder. El mandato conferido a la CVR incluye un cuidadoso
escrutinio de los hechos acaecidos durante los veinte
años de violencia. En el desarrollo de este mandato,
la CVR escucha las voces de aquellos que han sido víctimas
de graves crímenes y violaciones a los derechos
humanos, voces como las escuchadas en el video que ustedes
han podido observar; pero también, las voces de
instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado
en el proceso que le ha correspondido estudiar.
En este
caso, la CVR ha convocado a partidos políticos
y a instituciones públicas a fin de que realicen,
de cara al país, un balance histórico del
papel que jugaron, así como una reflexión
sobre su visión de las perspectivas que tienen
del Perú hacia el futuro y con relación
a la creación de una cultura de respeto a los
derechos humanos. Éste es el sentido profundo
de estas sesiones que no buscan ser eventos de juicio
público, ni de polémica, sino permitir
al país escuchar la versión de cada uno
de los actuales invitados.
La CVR pide a los dirigentes
presentes hoy, ofrecer un balance institucional de su
comportamiento; la sesión
no se refiere a hechos de conducta individual. Los vamos
a escuchar con atención y las conclusiones y recomendaciones
de esta CVR serán presentadas en el informe final
en el próximo mes de agosto.
A modo de síntesis de introducción,
la CVR quisiera dejar sentadas algunas premisas:
Ante todo, ratificar que el conflicto armado fue provocado
por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso
(PCP-SL), pese a que había entonces condiciones
democráticas abiertas. En el contexto del conflicto
armado interno que se desarrolló mediante un uso
creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático
tenía la obligación de defenderse y de
recurrir a las fuerzas del orden. Esto debía hacerlo,
sin embargo, dentro del estricto respeto a los derechos
humanos. Los hechos que le ha tocado analizar a la CVR
muestran que ello no ocurrió así. Son precisamente
esos graves hechos producidos en estos veinte años,
los que han dado sentido a la creación de la CVR;
y son estos hechos, finalmente, los que brindarán
sentido a sus conclusiones y recomendaciones.
Asimismo, la CVR reitera que su perspectiva de análisis
será fundamentalmente ética, con particular
atención a aquellos que fueron víctimas
de este conflicto y sin discriminación alguna.
Es, a partir de estas premisas y dentro de este marco
general, que se ubica la sesión que tendrá lugar
el día de hoy y aquéllas que se sucederán
en los días siguientes.
En la segunda mitad del
siglo XX, grandes planes modernizadores fueron diseñados para lograr un Perú moderno.
Las ricas pero mal irrigadas tierras de la costa debían
ser polos agroindustriales de alto desarrollo e intensificación
de la producción agrícola y, para ello,
se planificaron grandes irrigaciones a lo largo del eje
costero cuya construcción en los últimos
cuarenta años ha transformado el paisaje social,
económico y demográfico de esa región.
Las riquezas de la selva debían integrarse a la
economía nacional y, por ello, se planificó la
Carretera Marginal, proyecto que empezó a ejecutarse
en los años sesenta y ha seguido hasta hoy. En
la sierra, la promesa de modernización no tuvo
inversión y las pocas propuestas del Estado en
ese espacio nos remiten a la Reforma Agraria; la ampliación
de la cobertura educativa básica y superior; y
a cierta inversión urbana en algunas de las capitales
departamentales. En suma, es posible afirmar que el Perú que
se modernizaba desde los años cincuenta no tuvo
un gran proyecto ni una gran visión para la sierra
de nuestro país. En el campo serrano, la masiva
migración rural, principalmente hacia la ciudad
de Lima; y las movilizaciones campesinas contra el régimen
latifundista, transformaron la demografía y las
estructuras de poder.
En los estudios realizados por
la CVR, se observa que los conflictos entre sectores
de la población
o entre pobladores y el Estado, en los cuales se sustentaron
los grupos subversivos, se asocian en forma particular
a los procesos parciales e inacabados de modernización.
Las transformaciones diferencialmente vividas tuvieron
también efectos en el surgimiento y deterioro
de una sociedad civil organizada, lo que incidió a
su turno en las formas y los niveles de la violencia.
Sin ningún recurso atractivo para el capital extranjero
o nacional, ni polo económico dinámico,
y mal integrado por una escasa y pésima infraestructura
vial; el departamento de Ayacucho mostraba signos visibles
de depresión económica, con uno de los
Producto Bruto Interno (PBI) más bajos del país
y altas tasas de migración de sus diferentes provincias
hacia las zonas dinámicas de la costa o de la
selva. En el entorno regional de pobreza y depresión,
los movimientos campesinos y procesos de compras de hacienda
por sus feudatarios; y finalmente, la implementación
de la Reforma [Agraria] sobre los restos del sistema
tradicional de hacienda, habían restado poder,
influencia y peso determinantes en la ciudad y la región
a los grupos de poder tradicionales.
La reapertura en
Ayacucho, de la Universidad San Cristóbal
de Huamanga en 1959, fue un proyecto educativo que renovó la
ciudad y la conectó con el movimiento de modernización
y progreso del país. Ésta se convirtió en
el foco de dinamización cultural, política
y económica de la región. Difusora de ideas
progresistas y distancias de sectores tradicionales,
la Universidad de Huamanga acogió, como el resto
de universidades del país, las ideas radicales
de los años sesenta y setenta. Desde su alta legitimidad
regional, la Universidad irradió estas ideas hacia
la ciudad y la región, ejerció casi un
monopolio sobre la opinión pública modelando
el sentido común local. Éste fue el espacio
de surgimiento del PCP-SL cuya fuerte presencia en la
Facultad de Educación le permitió ejercer
una influencia importante en los maestros, y estuvo asociada
al paulatino crecimiento de la cobertura educativa en
las aéreas rurales crecientemente copadas por
sus militantes que desarrollaron así su presencia
en el campo.
El sector de la sociedad rural donde se
inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde a
los márgenes
sociales del país, irrelevantes para la economía
nacional y los planes de desarrollo, donde el Estado
no estuvo presente garantizando el acceso a infraestructura
y servicios públicos básicos, ni cumplió su
rol de garante de la tranquilidad, la seguridad y la
propiedad de las personas. En términos generales,
se trata de contextos rurales muy pobres donde la mayoría
de población era quechua hablante y analfabeta – como
lo vamos a ver en los gráficos posteriores- el
espacio que se llamó despectivamente la “mancha
india”, en el cual se incluye la sierra sur central,
los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
En estos espacios de pobreza rural, las únicas
expectativas de progreso fueron individuales y no fueron
otras que la emigración y el acceso a la educación.
Hasta aquí tenemos un resumen de los antecedentes
que explican el inicio del ciclo de la violencia.
Ahora
resumiremos algunos datos estadísticos
que nos dan un grueso perfil del itinerario y los resultados
del conflicto, que podrán servir a sus organizaciones,
señores invitados, para realizar el balance que
nosotros les solicitamos.
En el primer gráfico, observamos cuando ocurrieron
los hechos que condujeron a la muerte y desaparición
de personas entre 1980 y el 2000; en él resaltan
dos picos; el primero, entre 1983 y 1985; y el segundo,
entre 1989 y 1991.
El segundo gráfico se refiere al lugar donde
ocurrieron las muertes y desapariciones. En él
se evidencia que el departamento de Ayacucho fue el principal
escenario de muertes y desapariciones.
El tercer gráfico muestra una mayor incidencia
de la violencia en el ámbito rural, si bien los
espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre
los años 1989 y 1993. El 55% de las víctimas
eran campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias.
El
cuarto gráfico expone con claridad un rasgo
fundamental sobre el tema de quiénes fueron la
mayoría de las víctimas. De acuerdo a las
investigaciones realizadas por la CVR, el 75% de las
víctimas era quechua hablante. Por otra parte,
hasta el momento, la CVR ha contabilizado 1 224 autoridades
locales muertas o desaparecidas como consecuencia del
conflicto armado interno. SL sería responsable
de más del 70% de estos casos.
El quinto gráfico expone: ¿quiénes
serían los grupos responsables de los muertos
y desaparecidos? Las cifras de la CVR muestran que aproximadamente
la mitad de las víctimas fueron causadas por SL
y un tercio por agentes del Estado.
El sexto gráfico muestra el número de
víctimas ocasionado por los principales actores
durante el ciclo de violencia. En él, resalta
la disminución de muertos causadas por agentes
del Estado durante los años 1989 y 1999.
Finalmente,
el sétimo gráfico reúne
las cifras de la muerte de civiles, miembros de las fuerzas
del orden y de presuntos subversivos.
Presentados estos
antecedentes, y los datos estadísticos
más importantes, escucharemos en esta ocasión,
la opinión de los representantes del Partido Popular
Cristiano (PPC). El PPC surgió en 1967 y, luego
de los años del gobierno militar, tuvo una importante
participación en la Asamblea Constituyente de
1978. Posteriormente, fue aliado de AP, compartiendo
dos carteras dentro del gobierno, entre los años
1980 y 1985. Mantuvo también presencia parlamentaria,
incluida la presidencia de ambas cámaras, hasta
que en 1992 se da el autogolpe que, enérgicamente
rechazado por ellos, cierra el Parlamento, autogolpe.
Su gravitación ideológica y programática
hizo relevante su actuación sobre los modos de
presentar el conflicto armado interno. Vamos a invitar
a los representantes presentes del PPC a exponer su reflexión
en esta primera parte de nuestra sesión, que es
una sesión de balance, teniendo en cuenta los
siguientes temas o preguntas que me voy a permitir plantear:
¿Cuál fue la percepción que el
PPC tenía de la subversión armada, en general,
y de Sendero, en especial, al inicio de la década
de los ochenta?
¿ Qué balance han realizado de la opción
por el ingreso de las Fuerzas Armadas para hacerse cargo
de enfrentar la subversión al finalizar 1982? ¿Cómo
se plantearon los términos de la relación
entre gobierno civil, poder militar y la población
de las zonas afectadas?
¿ Qué iniciativas se implementaron en relación
con el enfrentamiento del conflicto armado? ¿Qué balance
tuvieron, y tienen hoy, de cómo se supervisó la
constitucionalidad de los comandos político-militares
y el respeto a los derechos humanos en las zonas de emergencia?
¿ Qué balance han realizado de la forma
en la que, durante los noventa, se combinó la
política antisubversiva con el afianzamiento del
autoritarismo del régimen de entonces y de su
actuación institucional frente a este fenómeno?
Teniendo
en cuenta el conjunto de datos que anteriormente presentados, ¿Cuál es el balance global
del ciclo de violencia interna y, dentro de él,
cuál es la revisión franca que hace su
organización de ese conflicto?
Disponemos de 30 minutos y cedo gustoso la palabra al
doctor Ántero Flores Aráoz.
Ántero Flores Aráoz:
Gracias, Salomón.
Primeramente, quisiera expresar nuestro agradecimiento
a la CVR, no solamente por habernos invitado a participar
en esta sesión y dar nuestra opinión, balance
y propia visión; sino por haber asumido una responsabilidad
difícil y que, lógicamente, tiene sus bemoles
y que requiere mucho coraje, sobretodo para buscar la
verdad en un momento en que aún no ha terminado
la violencia. Quiero expresar también la solidaridad
del PPC con todas las personas que han sufrido la violencia
durante lustros, que han sufrido postración e
inequidad y que, sin lugar a dudas, no han tenido la
posibilidad de tener un acceso al trabajo, a fuentes
de sostenimiento, a igualdad en la sociedad y que esto
ha determinado también frustraciones, rencores,
que hay que tratar de superar.
Nosotros, para cuando hemos
sido citados a esta reunión,
habíamos ya conversado con Betsy Alva, con Salomón,
con Rolando Ames; incluso antes, privadamente, con Rolando.
Nuestra Comisión Política se había
reunido y había hecho un análisis en el
que se preguntaba: ¿ha terminado la violencia?
Y esta semana nos han dado con grandes titulares, la
respuesta que ya conocíamos desde hace tiempo:
se redujo, se ha hecho muchísimo contra ella,
pero la violencia subversiva aún persiste. En
consecuencia, nos tenemos que hacer otra pregunta, no
solamente por lo sucedido esta semana; antes hemos tenido
lo de El Polo, algunos rebrotes más reducidos
en la zona del Huallaga, etcétera. Y nos preguntamos: ¿es
el momento de afrontar la verdad? ¿Queremos la
verdad? No nos cabe la menor duda, no solamente la queremos
sino que la propiciamos. Somos un partido que se basa
en la doctrina social de la Iglesia, no somos confesionales,
pero somos un partido con hondo contenido cristiano y
ya Su Santidad Juan Pablo II, cuando en su Encíclica
del Esplendor de la Verdad trataba el tema, nos llamaba
a no desviarnos de la verdad sobre el bien del hombre
sino a alcanzar con seguridad, especialmente en las cuestiones
más difíciles, la verdad y a mantenerse
en ella. Creo que difícilmente hay otro tema más
problemático que el de la verdad respecto a la
violencia en el Perú. Nosotros apostamos por la
verdad, pero apostamos por una verdad que nos lleve a
la reconciliación; no a ampliar más heridas,
no de modo alguno a reanimar rencores y antagonismos,
sino a una reconciliación entre todos los actores
sociales.
Cuando nuestra comisión vio el tema, encargó el
estudio del tema a una subcomisión, que presidió Javier
Bedoya e integraron Antonino Espinoza, Juan Fisher y
Carlos Chipoco; yo tengo que decir quiénes son
los autores por el elemental principio de autoría
intelectual. En ese estudio, ellos dijeron a nuestra
Comisión Política que la primera reflexión
es la responsabilidad que se debería asumir. Y
su respuesta fue que el PPC no solamente no tenía
responsabilidad que asumir sino tampoco culpa que reconocer.
No solamente la existencia del partido desde hace cerca
de cuarenta años, sino sus antecedentes en la
Democracia Cristiana, expresan que durante más
de medio siglo, desde los fundadores del PPC, sus miembros
fajaron por la democracia y eso significó, muchas
veces, conflictos conyugales, familiares, personales,
problemas laborales, sacrificios sin fin, por propender
a la democracia y por buscar el bien común, que
es lo que nos anima a los social-cristianos a estar en
política. Entonces, en nuestra actuación
política, nosotros no tenemos que reconocer responsabilidades,
lo que tenemos que reconocer son los sacrificios que
hemos hecho; el haber tenido el coraje de estar por la
democracia en un país difícil, que está en
permanentes transiciones y en el que se han sucedido
infinidad de golpes de estado; ser partido político
y apostar por el bien común que es nuestro norte
en la acción política. En consecuencia,
no nos consideramos responsables y, menos aún,
culpables; pero sí, con humildad, tenemos que
decir que nos hemos fajado por un sistema en un país
difícil de estar en el sistema.
Tenemos también que decir que hay que recordar
lo sucedido en el país. Si bien en 1980 se inicia
con toda gravedad el fenómeno subversivo terrorista,
ya antes habíamos tenido violencia originada también,
según el análisis que hace esta comisión
que he mencionado, en las inequidades que ya se habían
visto en el gobierno anterior al de1980, que fue el mal
llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada,
y que sabemos perfectamente que no fue de toda la Fuerza
Armada. Este Gobierno generó frustraciones y también
fracaso, por las reformas que se habían anunciado
y que, lamentablemente, o se hicieron pésimo o
se hicieron mal; pero no hubo ni siquiera una regular
y eso estimuló el sentido de frustración
de la gente.
A ello se agrega la prédica que hubo en aquel
entonces, como por ejemplo: “Campesino, el patrón
no comerá más de tu pobreza”. Había
incluso un contenido ideológico subversivo y había
un contenido de enfrentamiento entre la gente, el enfrentamiento
entre peruanos. Cómo no queríamos, entonces,
que pudiera surgir violencia si desde el propio Estado,
el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, se fomentaron
en aquel entonces, esas inequidades y esos enfrentamientos.
De 1970 a 1976, agrega este análisis, el Perú fue
convertido en laboratorio de diversos gobiernos de corte
totalitario y comunista. Así por ejemplo, el sector
industrial se entregó a los yugoslavos para que
practicaran sus teorías autogestionarias; el sector
pesquero tuvo una presencia importante en sus flotas
de técnicos rusos y cubanos. El país se
convirtió, muchas veces, en refugio de ciudadanos
de Chile, de Uruguay y de Argentina que, teniendo doctrinas
y concepciones diferentes a las de los peruanos, fugaron
al Perú para aquí, también, tratar
de imponer su pensamiento diferente al tradicional peruano.
Se propició una campaña de hostilidad permanente
contra el empresario; no me refiero al empresario extranjero
que fue, qué les podría decir, indemnizado
con creces respecto al peruano, que fue económicamente
flagelado. Mientras al extranjero le entregaron el precio
de las acciones que les eran expropiadas, eléctricas
por ejemplo, a los peruanos no les pagaban nada y a los
peruanos empresarios se les enfrentaba con teorías
y acciones totalmente contraproducentes que le quitaron
ese sentido que tiene el empresario siempre, de empuje,
de desarrollo, de esfuerzos por crear fuentes de trabajo
con un lucro que es perfectamente lícito y legítimo.
Se soliviantaron también los ánimos del
sector laboral y del sector campesino; no nos olvidemos
que a través del Sistema Nacional de Movilización
Social (SINAMOS) quisieron poner comités de vigilancia
en los barrios; en fin, el Perú se convirtió en
una nación ocupada militarmente.
En 1978 se dio
el Congreso Constituyente, en el que el PPC tuvo una
destacada actuación y pudo demostrarle
al Perú que un partido de clarísima tendencia
social-cristiana podía concertar con otro de tendencia
social-demócrata, como fue el APRA, y que los
partidos políticos podían hallar consenso,
anteponer el interés del país al interés
propio de los partidos o de sus militantes. Así,
pudimos tener la Constitución de 1979, en que
se formulan distintos aportes que no quisiera volver
a repetir porque ya son conocidos.
En 1980, el PPC no
hizo otra cosa que hacer honor a su compromiso de ayudar
a quien ganase la elección
y aceptó la invitación, que nos enorgullece,
de AP de colaborar con él, no de hacer una alianza
con el Gobierno sino de colaborar en su gobierno con
sus postulados, con sus propuestas, que muchas veces
no eran ni coincidían con las del PPC; pero nos
fajamos por esa recuperación de la democracia
y por hacer un país mejor del que se había
recibido. Sabemos perfectamente qué pasó toda
la década del ochenta, llegamos a 1990 y, como
bien ha dicho Salomón, tuvimos una presencia importante
en las Cámaras Legislativas. Y llegó el
5 de abril, un 5 de abril con violencia: nuestros presidentes
de ambas Cámaras Legislativas fueron sometidos
a arresto domiciliario; nuestros parlamentarios perseguidos;
algunos con dificultades hasta para regresar al país
pues se encontraban en un evento internacional. El terrorismo
recrudeció, pero comprendimos desde 1990, y no
después del 5 de abril de 1992, que había
que buscar fórmulas imaginativas y recordábamos
las que planteaba, por ejemplo Enrique Elías Laroza
cuando era Ministro de Justicia, o la que planteaban
luego sus sucesores: Ernesto Alayza Grundy, Armando Buendía;
porque en 1980, durante el ejercicio del mandato ministerial
de Felipe Osterling, también del PPC, todavía
la situación no había llegado al clímax
que después conocimos. Y allí, Enrique
Elías trajo propuestas: propuesta alemana, propuesta
israelí, inclusive ayudas; y en ese momento no
se entendió. Dijimos desde aquel entonces que
para enfrentar el fenómeno se requería,
por ser un fenómeno de excepción, normas
también de excepción; una situación
anómala no podía de modo alguno ser enfrentada
con reglas hechas para tiempos de paz. No fuimos entendidos.
En 1991, Javier Bedoya, que era diputado del PPC, planteó la
delegación de facultades para que el propio Gobierno
de aquel entonces cediera las reglas de juego necesarias
para enfrentar el fenómeno; pero tampoco fuimos
escuchados. Después del 5 de abril, en 1993, en
el CCD, recién se nos entendió. Antes se
establecieron, y con nuestro voto a favor, los “tribunales
sin rostro”. Acuérdense, hay que ponerse
en la situación que se vivió en el Perú;
es muy fácil ver hoy día lo que sucedió antes
sin ponerse en el lugar, en el tiempo, en las circunstancias.
Los jueces y los fiscales se morían de miedo,
liberaban absolutamente a todos porque estaban amenazados,
ellos o sus familias, y el Estado estaba inerme y el
Estado no les podía dar protección ni siquiera
a los magistrados, menos a sus familias; hubo que lograr
imponer en el país normatividad de urgencia, de
emergencia. Lógicamente, cuando las cosas cambian,
cuando ya no tenemos el clímax que hubo de terrorismo
y comienza a haber más paz, aunque no se haya
aún logrado; prudente y paulatinamente, tiene
que irse normalizando la legislación de excepción
que se dio en su momento, y con la cual nosotros estuvimos
de acuerdo.
Pero en esos tiempos de terror, también tenemos
que decir que notábamos, y lo tenemos que decir
con absoluta claridad, que los organismos internacionales
de defensa de derechos humanos no veían la conculcación
de los derechos a los ciudadanos que querían la
paz en el Perú. Se ocupaban y veían sobre
todo, dónde el Estado podía no estar aplicando
acciones respecto a derechos humanos, dónde el
Estado podía haberse excedido, pero el tema de
SL, el tema del MRTA, y otros menores, ni siquiera los
tocaban. Los malos eran los defensores del orden; los
buenos, prácticamente, eran los que querían
que sucumba el Estado, los que querían no más
nación peruana, los que se llamaban partidos políticos
sin serlo.
Y aquí hago un paréntesis, y tengo que
hacerlo, porque nos ha causado estupor, y lo digo con
toda claridad; que se puede entender que estos asesinos
se llamen ellos partido, pero que lo llame la CVR, francamente,
a los que somos demócratas, a los que nos fajamos
por la democracia, a los que somos partido y estamos
en esta tarea, llamarlos a ellos partido, francamente,
lo consideramos un agravio y una afrenta. Y se lo decimos
no a través de los periódicos, no a escondidas;
se los decimos a la cara de todos ustedes porque igual
como nos han llamado a nosotros a decirles cuáles
son nuestras preocupaciones y cuál es nuestra
visión, tenemos que decirles que nos sentimos
agraviados, por decir lo menos, por estas expresiones.
En
esos años de gran violencia, nosotros también
hemos tenido nuestros mártires: Javier Puiggrós;
la esposa de Arnulfo Mendoza, nuestro alcalde de Huánuco;
Próspero Delfo, nuestro dirigente de Cerro de
Pasco; nos atacaron locales, trataron de destruir nuestro
local de Miraflores; destruyeron el de Comas; León
Bernuy sufrió atentados, le envenenaron sus piscigranjas
en Cerro de Pasco; sufrieron atentados en su domicilio
Rafael Benavides y Emma Vargas de Benavides, hoy parlamentaria,
Rafael antes de serlo. Y, así, no les digo decenas,
centenares de casos podríamos decirles; pero,
el mundo estaba al revés, el mundo veía
que la defensa del Estado a través de las Fuerzas
Armadas y las fuerzas policiales, en que realmente hubo
excesos, nadie lo puede negar, pero, un poco, que el
mundo está al revés.
Hoy día se dan, por ejemplo, indemnizaciones,
reparaciones a quienes sufrieron desde la parte de la
sociedad civil. Yo me pregunto qué reparaciones
se han dado a esos militares o a la oficina del General
López Albújar; qué reparación,
por ejemplo, se puede haber dado a policías como
el Coronel Manuel Tumba Ortega; el Comandante Félix
Martiniano Roca López; los policías Mario
Rivas Aedo o a William Dioses Ángulo, o a Wilson
Menéndez Vargas. O qué les puedo decir
a los familiares de Gerónimo Cafferata, o de Carlos
Ponce Canessa, o del Contralmirante Vega Llona; por decir
algunos de los cientos que ha habido. Hemos visto la óptica
desde el otro lado, pero no hemos visto la óptica
de otros que también sufrieron. No nos podemos
olvidar de una serie de agresiones, de quienes sufrieron
realmente muchas acciones que atentaron contra su integridad
y su vida. Las guerras, y este tipo de guerras fratricidas,
nunca son limpias; la gente está a ver por donde
viene la agresión, por donde viene la emboscada,
por donde viene el tiro artero. Fueron momentos muy difíciles
para toda la sociedad; por eso buscamos nosotros como
partido, comprender, que se comprenda, pues daría
la impresión de que hay un factor de confusión
en todo esto; de que solamente se ve una parte y no se
ve la otra.
Estamos convencidos de que hay que preservar
y resaltar a quienes, desde la sociedad civil, han sufrido,
pero
también no nos olvidemos de que la Policía
y las Fuerzas Armadas, a que a quienes nosotros tocamos
las puertas para que salvaran las vidas de veintitantos
millones de peruanos, también han sufrido, también
sus familias han sido agraviadas, también ellos
han sido lesionados y de ellos poco se ha dicho.
Yo creo,
queridos amigos de la CVR, que para tener verdad van
a tener que decirla completa, y estoy convencido
de que lo van a hacer, pero, también, con un norte:
la reconciliación. Les hacemos una invocación:
que sepan buscar la oportunidad de hacerlo. Nosotros
no estamos convencidos de que los momentos actuales,
en que aún tenemos violencia, sean los mejores
para decir la verdad, sólo la verdad y nada más
que la verdad. Mil gracias.
Salomón Lerner Febres:
Gracias. Sobre el mismo
tema, entonces, y antes de pasar a las perspectivas,
la intervención del doctor Carlos Chipoco.
Carlos Chipoco:
Cuando discutíamos en la Comisión
Política del PPC, qué decir ante la CVR
una primera idea fundamental que salió, y en la
que concordamos todos, es que nosotros no venimos a defender
acá ninguna política antisubversiva; nosotros
no venimos acá a defender ninguna violación
a los derechos humanos. Nosotros venimos a hablarle a
la CVR para decirle que nuestro partido es un partido
de derechos humanos. No es casual que algunos de los
fundadores de la Democracia Cristiana Internacional,
hayan sido, al mismo tiempo, los que hicieron la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Nuestro partido, originado
en la doctrina social-cristiana, tiene como idea fundamental
la noción de que el hombre es la motivación;
y la protección de sus derechos y de su bienestar
y de su felicidad, es la motivación fundamental
de la política. Por lo tanto, tiene un compromiso
fundamental con proteger la vida del hombre, del ser
humano, hombre o mujer, asunto esencial en la doctrina
social-cristiana. Quiero decirles que un ejemplo de eso,
fue la lucha por los derechos humanos en la Vicaría
de la Solidaridad en Chile porque quienes la dirigieron,
algunos de los que murieron en la dictadura de Augusto
Pinochet y los que dirigieron la política de defensa
de los derechos humanos eran militantes demócrata-cristianos;
de manera que hay acá una tradición. Javier
Bedoya, Parlamentario, firmó en minoría,
el dictamen de la Comisión sobre la investigación
de la matanza de los penales. Nosotros, y en ese sentido
quisiéramos hacer una corrección, nunca
dirigimos la política antisubversiva, y en eso
hay una autocrítica, no pudimos darle a la sociedad
la idea fundamental de que la vida humana es el objeto
trascendental de la política; no pudimos decirle
con claridad a la sociedad peruana que no existe razón
alguna, política, filosófica, racional,
que permita el asesinato de un ser humano. Por tanto,
con esa ideología, jamás defenderíamos
un homicidio, una desaparición forzada, una masacre;
y por esa misma ideología, pensamos que la verdad
es fundamental, el Evangelio lo dice: “La verdad
nos hará libres”, pero toda la verdad. De
allí, nosotros pensamos, de repente ilusamente,
y en eso también nos autocriticamos porque de
repente no lo logramos, por nuestra pequeñez,
por nuestras limitaciones políticas, decirle y
convencer al Perú de nuestra ideología,
de que no existe razón alguna para asesinar a
un ser humano. Y pensamos que lo que motiva las acciones
de los hombres, y en eso nos diferenciamos de todo el
resto de seres vivientes, son la razón, las ideas.
Y, acá, pensamos, y eso lo discutimos en la Comisión
Política, que la muerte, el que un senderista
mate a una mujer como María Elena Moyano y la
vuele en pedazos o que un militar mate a un niño,
no es un impulso irracional, tiene una idea detrás
que surgió y se difundió en la década
del sesenta con mucha fuerza en América Latina,
y debo decirlo pidiendo perdón y en un acto de
autocrítica, que en mi juventud también
lo pensé, la idea de que la política era
una guerra y que al rival político se le podía
matar. Casi un tercio de los votantes en la década
de los setenta votó por personajes políticos
que decían que había que hacer lucha armada
para obtener el poder en el Perú y nosotros, desde
nuestros inicios, hemos dicho que eso está absolutamente
prohibido por la moral y por el objeto mismo de la política.
La política se gana no matando sino convenciendo,
difundiendo ideas; entonces, una de las cosas que nos
parece trascendental que estudie la CVR es la idea que
generó la muerte en el Perú. La idea fue
muy simple: para Abimael Guzmán, para el MRTA
y para muchos otros, que no lo pusieron en práctica,
pero que lo pensaban y lo difundían, al enemigo
político había que matarlo, sino recordemos
los aplausos a los paredones.
Les voy a contar una anécdota que para mí fue
crucial. Yo había hablado maravillas a mi hija
mayor sobre el Che Guevara y una vez estábamos
viendo un documental sobre el Che y le dije que era una
persona que dio su vida por los demás, comprometido,
digno; y, de repente, en la historia se recordó que
presidió los tribunales contrarrevolucionarios
que mataron a cientos de personas sin el debido proceso
y mi hija volteó la cara y me dijo: “Papá, ¿no
era que nosotros estábamos en contra de la pena
de muerte?, `papá, ¿no era que nosotros
pensábamos que las personas tienen derecho a que
un abogado las defienda?”. Esa idea, la idea de
que hay que matar para hacer política, es la que
generó la violencia en el Perú y esa idea
es la que hay que combatir porque si contamos muertos,
si abrimos fosas, si decimos lo que pasó habremos
hecho mucho, pero si no destruimos la idea de que la
política se hace matando no habremos hecho nada
porque esto se va a repetir. Tan se va a repetir, que
un SL derrotado es capaz de secuestrar gente, es capaz
de poner bombas, es aún capaz de matar autoridades
y es aún capaz de combatir al Ejército.
Y yo quiero decir que nosotros, también lo discutimos,
no justificamos, para nada, los excesos cometidos por
la Fuerza Armada, pero quién iba a salir a combatir
a un grupo fanático, no político –porque
yo considero que la política justamente no es
matar– a un grupo obsesionado con obtener el poder
a través de las armas. No íbamos a salir
nosotros, no iban a salir los profesores universitarios,
no iban a salir las amas de casa, no iban a salir los
partidos políticos desarmados; tenían que
salir el Ejército y la Policía. Y, ¿qué ejército
y que policía salieron? En primer lugar, una policía
no preparada para combatir la subversión; y, en
segundo lugar, un ejército preparado, ¿para
qué? ¿Para qué se hace un ejército?
Para la guerra, para matar y, entonces, se enfrentaron
dos rivales que pensaban lo mismo pero que estaban en
escenarios distintos. Uno pensaba que había guerra
y entonces mataba; el otro pensaba que hacía política
y, equivocada y frustradamente, mataba.
Para nosotros,
hubo una gran confrontación en
el Perú. Evidentemente, las desigualdades sociales
que se quisieron combatir en la Constitución de
1979, la histórica falta de derechos humanos que
se quiso combatir en el año 1979. Es cierto que
eso generó, evidentemente, una fricción
entre personas, entre ciudadanos y una confrontación
lógica, pero lo que había que saber era
enseñarle al Perú que las confrontaciones,
las divergencias se resuelven primero hablando y después
en las urnas; no en las balas, no en los combates. Acá hubo
una gran confrontación entre una “cultura
de la muerte”, cultura lógica de un ejército
porque un ejército está preparado para
matar, –lo que estuvo mal es que no respetaran
ni siquiera las reglas de la guerra, las reglas del Derecho
Internacional Humanitario–, y un grupo que pensaba
que matando podía conseguir el poder político;
y una “cultura de la vida”, una cultura de
la vida desarmada, de la vida de partidos que querían,
como nosotros, transformar el Perú, con una tarea
enorme y que no tenía justamente los instrumentos
físicos para combatir esa guerra; por eso tuvimos
tantos mártires.
Ahora, ¿qué cosa hay que exigir frente
a esto? Creo que, y con estas dos ideas concluyo. En
primer lugar, todos los que pensaron que la política
se resolvía matando, tienen que criticarse porque
es la única manera que matemos esa cultura de
la muerte. SL no es el único responsable, creo
que también son responsables todos los que pensaron,
inculcaron y defendieron la idea de que era legítimo
matar a un ser humano. Por eso dije que pedía
perdón por lo que pensé cuando era joven
porque pensé en algún momento, yo, que,
sí, que la lucha armada podía ser una vía,
sí, se podía matar al rival político
y era un gravísimo error. Para nosotros eso es
ilegítimo siempre, salvo cuando hay que autoprotegerse,
pero no es la forma de resolver la política.
En
segundo y último lugar, queremos decir, y
ratifico esto, que nosotros condenamos siempre, y lo
dijimos en la última reunión, y vamos a
estar respaldando el trabajo de la CVR, la actuación
del Estado sin límites porque, justamente, nuestra
idea es que el Estado es un defensor de la vida y, entonces,
no puede matar como política de estado; justamente
porque es distinto que SL tiene que ser ideológica
y moralmente superior y distinto y por eso hay que decir,
con mucha claridad, que hay que condenar esa política.
Quiero
terminar con la siguiente reflexión que
han hecho algunas Comisiones de la Verdad en el mundo.
Es cierto lo que decía Ántero. Yo tuve
el privilegio de trabajar en la Comisión de la
Verdad de El Salvador, la de Honduras, de asesorar a
la de Guatemala, la de Sudáfrica: siempre los
informes de la Comisión de la Verdad se han emitido
cuando hay paz, cuando terminó la violencia. Y
nosotros no estamos seguros de que eso haya ocurrido
y, en consecuencia, hay que evaluar el efecto político,
ideológico y en vidas que puede causar lo que
tenemos que decir, y es toda la verdad.
Finalmente, hay
un tema crucial que es que, y sinceramente no los envidio
en su posición, no hay reconciliación
sin perdón; es imposible. Y al que se arrepiente,
al que pide perdón, hay que perdonarlo; ése
es justamente el corazón del pensamiento cristiano.
Entonces, una cosa que la CVR tiene que hacer es decir
al Perú cuándo, a quiénes, en qué momento,
de qué forma y sobre qué delitos y quién
tiene la autoridad moral para perdonar; sin eso no hay
reconciliación posible. Si seguimos marcando el
dedo a los que se arrepienten, no hay reconciliación;
pero es indudable que quienes, ilusamente, por ideales
nobles, creyeron que era posible matar para gobernar
tienen, todos, que autocriticarse, no sólo SL;
porque algunos o no pudieron o no tuvieron el valor o
no pensaron que las condiciones estaban dadas para hacerlo,
pero pensaban que había que matar para hacer política.
La conclusión de nuestro partido es, y lo que
tenemos que decirle al Perú, con relación
a este tema, es que la vida es un derecho fundamental
y que el objeto de la política, para nosotros,
es proteger la vida y, no sólo protegerla, sino
mejorarla porque lo dramático de todo esto, y
lo dijimos en la Comisión Política del
PPC, es que los que más murieron no fueron los
políticos –aunque también porque
eran alcaldes, regidores, etc.–, sino campesinos
pobres porque, justamente, en el Perú no había
la idea de que la vida de todos es igual y que la vida
de todos debe protegerse. Entonces, los pobres indios
eran fácilmente asesinados por los dos bandos,
porque el Ejército tenía la lógica,
en algún momento, de que había que matar
a cinco para conseguir un terrorista; y cuando Abimael
Guzmán ordenó el motín de los penales,
sabía que iban a morir sus correligionarios y
no le importó. Esa lógica de “no
me importa la vida del otro” es contraria a nuestra
ideología, a nuestro pensamiento, a nuestra historia,
a las razones por las que este partido se fundó,
y por las que la Democracia Cristiana se fundó en
el mundo. Por eso, pensamos que el gran aporte que la
CVR puede hacer es exigir una autocrítica de quienes,
en algunos momentos, fueron cultores de esta cultura
de la muerte y plantearles que el futuro del Perú sólo
está en afirmar, con mucha fuerza, la cultura
de la vida. El hombre es el objeto principal de la preocupación
de todo hombre: “¿Cómo puedo amar
a Dios, a quien no veo, si no amo a mi hermano, a quien
si veo?” todos los días. Eso me lleva a
proteger su vida y a luchar contra su pobreza. Ése
es uno de los resúmenes de nuestra Comisión
Política y el humilde aporte que queríamos
darle, señor Lerner.
Salomón Lerner Febres:
Gracias, señor
Chipoco. Intervendrá ahora el doctor Antonino
Espinoza. Luego hay una parte de Perspectivas que haremos
muy breve puesto que se están adelantando ya algunos
temas, ¿no es cierto? La palabra para usted, doctor
Espinoza.
Antonio Espinoza:
Gracias. Yo quiero, en primer lugar,
acoger la invitación del doctor Lerner para que
hagamos un balance institucional del comportamiento y
acoger, también, esa especie de emplazamiento
que nos hacía anoche Carlos Tapia a los partidos
para que nos situemos ante la realidad del Perú y
reconsideremos nuestra posición ante esa realidad ¿Qué hemos
hecho por el Perú? ¿Qué hemos hecho
en este Perú donde se ha matado tanto en los últimos
años? ¿Qué hicimos para evitarlo?
Y, ¿qué hacemos hoy para que las circunstancias
sean diferentes?
Rápidamente, porque el tiempo es estrechísimo,
antes de hablar del PPC, no puedo dejar de referirme
a nuestra prehistoria cuando, –desde los iniciadores
del movimiento social-cristiano en el Perú, el
caso de Víctor Andrés Belaúnde,
el caso de José Luis Bustamante y Rivero–,
se ve que se quiere tener una respuesta política
diferente a la de quienes vienen postulando la lucha
de clases. Cuando surge la interpretación marxista
de la realidad peruana, en los “Siete Ensayos de
Interpretación de la Realidad Peruana” de
José Carlos Mariátegui, resurge simultáneamente,
paso a paso, inmediatamente, con artículos de
respuesta, la interpretación social-cristiana
de Víctor Andrés Belaúnde, recogida
luego en “La Realidad Nacional” en 1931.
Frente a una imagen la otra: ¿cuál es la
más comprensiva? ¿Cuál es la más
ideologizada? Esto es interesante porque, desde el principio,
nos pone en la realidad política de lo que ha
sido mi corriente política, el social-cristianismo.
La visión marxista, podríamos decir, acogía
todas las categorías de análisis del marxismo
clásico europeo y, entonces, distorsionaba la
realidad a través de esas categorías; veía
lo que esas categorías le decían que debía
ver con prioridad y en segundo lugar, etc. El enfoque
social-cristiano se quita las máscaras, va directamente
a la realidad y la juzga desde un punto de vista ético,
profundísima diferencia, porque entonces el problema
no es si hay de hecho, una acumulación de riqueza
o una acumulación de poder político sino
la motivación o la decadencia moral que lleva
a ese tipo de acumulación de poder. Esto da a
lugar a que el enfrentamiento de la realidad por Víctor
Andrés Belaúnde, sea mucho más rico,
auténtico, serio, decidido y comprometedor que
el enfoque marxista. Luego, en José Luis Bustamante
y Rivero encontramos la misma actitud. Cuando el año
1955, escribe en el destierro el “Mensaje al Perú”,
repite un poco el esquema de los Siete Ensayos, de los
grandes temas de la sociedad peruana, pero ¿cómo?
También de una manera realista y directa; ahora
es la realidad de los años cincuenta la que está examinando,
ya no la de los años veinte y treinta; y en esta
actualización de su preocupación por el
Perú, dice Bustamante: “Ambos extremos abusivos
ha de sofrenar el Gobierno para que la obra de estructuración
nacional no se frustre pues, si la subversión
y el privilegio la perturban o desnaturalizan, ningún
programa de progreso democrático puede cumplirse
en el país”. O sea que la democracia, la
posibilidad de que hubiera vida de convivencia política
racional, decisiones previas, planes y programas humanistas,
todo esto, dependía de que no nos tentaran, o
tuvieran poder sobre nosotros, ni el privilegio ni la
subversión.
Con estos planteamientos, nacimos
a la vida política
como Partido Demócrata Cristiano que, en 1956,
postula su ideario, en el cual remata con unos repudios
definidos, una identificación, un recorte de su
propio perfil, de su propia identidad, en el cual rechazaba
al individualismo que desconoce las obligaciones del
hombre para con la comunidad social; al capitalismo cuando
concentra la riqueza en una minoría excluyente,
sin tener en cuenta la dignidad humana de los trabajadores
y el carácter social de la actividad económica,
intensificando las oposiciones sociales y generando el
proletariado. Esto hace necesaria una política
severa y eficaz que reprima toda forma de prepotencia
económica, monopolios, acaparamientos, latifundios
absorbentes, etc. Igualmente, se rechazan el imperialismo
y el colonialismo como instrumentos capitalistas de agresión
y sometimiento internacionales. A estos repudios añadía,
con la misma fuerza y con la misma franqueza, al totalitarismo
y a todo tipo de dictadura que ponga obstáculos
a la libre voluntad del pueblo; y al marxismo. ¿Por
qué? ¿Qué tipo de afán? ¿Qué tipo
de oposición había? De contraste. Al marxismo
por su concepción materialista en desmedro de
la dignidad espiritual del hombre, por su exaltación
de lo social con prescindencia de los derechos de la
persona, por la concentración del poder económico
en la autoridad política y por su dinámica
de promoción de la lucha de clases como instrumento
de una revolución social. Esto nos llevó entonces,
ya desde los años iniciales de esa década,
a la lucha por la libertad y la justicia social al mismo
tiempo; solamente creíamos posible una solidaridad
entre peruanos si es que se alcanzaban la libertad política
y la justicia social en lo económico. Y así,
dimos el pecho frente al dictador cuando los fundadores
arequipeños se enfrentaron en los años
1950 y 1955 a la dictadura de Manuel Odría y,
luego, cuando Bedoya sostenía el Hábeas
Corpus del doctor Bustamante en 1955.
Inmediatamente,
aprobamos nuestro ideario, fundamos el Partido y ¿cuáles fueron las primeras
expresiones de nuestro acceso al poder? Mario Polar denuncia
la corrupción de la dictadura de Odría
que no fue seguida por otros grupos democráticos.
En el Parlamento, el Parlamento de la llamada “Convivencia”,
no se acogieron las denuncias de la corrupción
en el poder que se habían vivido en los ocho años
de Odría. Y Polar mismo, presentó los primeros
proyectos de Reforma de la Empresa para darle acceso
al trabajador en la propiedad, en la utilidad y en la
gestión de la empresa. Éstos eran los hombres
de la Democracia Cristiana, luego fundadores del PPC. Ésa
era la actitud nuestra frente a esta realidad de país
donde se soportaban, se sufrían dolores, injusticias,
propiamente inaguantables, que propiamente debían
merecer corrección. En 1959, si no me equivoco,
en un aniversario de la Democracia Cristiana, en un discurso
en Radio El Sol, Bedoya denunció la estructura
oligárquica del poder en el Perú; cómo
los exportadores, de productos agrícolas, de productos
mineros, controlaban el Banco de Reserva, la recaudación
de impuestos a través de la Caja de Depósitos
y Consignaciones, y los mismos Bancos de Fomento que
sólo beneficiaban a los grandes señores,
dueños de la economía nacional. El poder
político y el poder económico estaban en
una sola mano, en la mano del gran capital y del gran
poder político aliado a él. Éste
era el perfil que traíamos y cuando ese perfil
se malogra, no quiero entrar ahora en detalles, hacemos
nacer al PPC, reivindicando el pensamiento social-cristiano,
lo cual nos lleva- en el año 1966- a esta declaración
en el ideario: “Nuestra aceptación del término “revolución”,
1966, si designa una acción en pos de cambios
sociales, estructurales y rápidos; si define que
no puede haber componendas con los males nacionales;
si afirma que hay un gesto de ruptura en el cambio de
rumbo fundamental, que supone aplicar todos los recursos
disponibles para obtener las mayores transformaciones
en el plazo más corto y con el menor costo humano
y económico”. Nuestro desacuerdo total,
continuábamos, “si con la palabra revolución
se predica violencia, se empuja a unas clases contra
otras y se pretende un cambio súbito. La violencia
malogra el proceso de cambio, la obra de todas las clases
es imprescindible y todas son respetables en sus derechos
fundamentales”.
Establecíamos que “la economía debe
estar al servicio del hombre y de todos los hombres.
Debe poner al lucro por debajo de la satisfacción
de las necesidades y afirmar su prosperidad en el encuentro
fraterno de todos los productores, en la exaltación
del trabajo y en la comunicación y difusión
de todos los medios de producción hasta la superación
de la condición proletaria”. Ése
es el perfil auténtico del PPC. Por eso, frente
a la falsificación de las reformas que inició el
Gobierno Militar en 1968, dijimos reiteradamente –está toda
la historia de nuestro comunicado–. Yo voy a alcanzar
copia de estos textos completa a la Comisión para
que se vea realmente cuál era la posición
del PPC frente a la realidad de poderes concentrados
en el Perú que luego se complica con el Gobierno
Militar, que suma a la concentración económica
y a la concentración política, la concentración
de poder en las manos de la Fuerza Armada. Por eso, entonces,
cuando se produce la llamada Reforma Agraria del gobierno
militar, el PPC expresó su coincidencia doctrinaria
y programática con las metas y motivaciones de
la Ley 17716 que amplía y profundiza el proceso
de la Reforma Agraria en nuestra Patria, en el entendimiento
de que es contrario al derecho natural un sentido ilimitado
de la propiedad; y por su rechazo a la dictadura de cualquier
grupo cerrado, privado o estatal, que disponga, como
clase dominante, de los medios de producción,
sustancialmente de la tierra. Por eso señaló cómo
las irrealidades de la reforma que comparte no son alcanzadas
con la claridad y la eficacia debidas por los medios
que la ley establece; al contrario, algunos aspectos
de dichos medios, por su ambigüedad, de no ser corregidos,
darán lugar a graves frustraciones, etc. En el
comunicado sobre la Reforma de la Empresa, lo mismo,
decíamos: “Es una institución típicamente
social-cristiana pero el planteamiento que trae la Ley
18350 no responde a un planteamiento social-cristiano
porque no valoriza a la persona humana, al diluirla en
entes colectivos”.
En el comunicado sobre la llamada
Reforma Educativa, luego de analizar su inspiración marxista y las
grandes contradicciones entre los fines que se dice perseguir
y los medios con los que se le debe alcanzar, concluye: “Ante
tan grave necesidad nacional, el PPC reitera afirmaciones
anteriores de que no le asusta el cambio radical, que
el Perú ciertamente exige, sino que le preocupa
hondamente que ese cambio se oriente defectuosamente
y se ejecute con desacierto”, etc. Por eso, en
la Constitución de 1979 dejamos al país
el mayor aporte que el PPC ha dado a la vida política
del Perú en sus treinta y siete años de
existencia: el preámbulo, escrito por Roberto
Ramírez del Villar, y que diseña la Nueva
República, en el que se declara que estábamos
decididos a crear una sociedad libre, justa, culta, sin
explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación
por razones de sexo, raza, credo o condición social,
donde la economía esté al servicio del
hombre y no el hombre al servicio de la economía.
Una sociedad abierta a formas superiores de convivencia,
etc.
En el capítulo de derechos sociales, que postula
y propone a la Asamblea Mario Polar, se propone una larga
lista de derechos en los cuales ya no sólo estábamos
limitados a los derechos del individuo libre, heredados
de la Revolución Francesa, sino que aquí se
hablaba de los derechos a contar con una vivienda decorosa,
a alcanzar un nivel de vida determinado, al derecho a
la protección de la salud, al derecho a la seguridad
social, al derecho a la educación, curioso, desaparecido
de la Constitución de 1993. El trabajo es un derecho
y un deber social, el Estado reconoce el derecho de los
trabajadores a participar de la gestión de utilidad
de la empresa, todos tienen el derecho a habitar en un
ambiente saludable, etc. Todo un panorama extenso de
realidades de libertad y vida fraternal.
Sé que he cumplido mi tiempo hace rato, pero
creo indispensable me habiliten cinco minutos más
para poder completar esta perspectiva, porque esta perspectiva
es donde los partidos nos la hemos jugado realmente;
la actuación de un partido, sobre todo cuando
le dice no a los que postulan la lucha de clases y a
los que postulan la muerte como programa político,
tiene que ser juzgada únicamente sobre la base
de la respuesta que da a esos problemas reales. Vamos
viendo cuáles eran las respuestas.
Gabriela Porto
de Power escribe y propone el capítulo
de Educación de la Constitución de 1979,
en la que leemos los universitarios este enunciado, luego
tan llevado y traído: “Cada universidad
es autónoma en lo académico, económico,
normativo y administrativo, dentro de la ley.” El
rescate de la libertad universitaria, de la libertad
académica, tan maltratada por el gobierno militar
en los años anteriores, tan violentada por los
gobiernos sucesivos recientes.
Y la economía social de mercado es obra, en la
Constitución de 1979, de Ernesto Alayza Grundy: “La
iniciativa privada es libre y se ejerce con una economía
social de mercado”. El concepto de planificación
democrática, la prohibición de los monopolios,
los oligopolios y la reforma de la empresa ya mencionada.
Y, luego, simple mención, todo el título
cuarto de la “Estructura del Estado” es concepción
de Roberto Ramírez del Villar. Entonces, se hizo
posible, en 1980, una de estas reconstrucciones democráticas,
que coincide, qué curioso, con el estallido del
terrorismo, de la subversión marxista.
El timing,
el tema decisivo para los distintos grupos marxistas
de la oportunidad para tomar las armas, para
algunos llegaba ya, se daba ya; ése era el momento,
escogían ese momento, aunque el gobierno democrático
era estructuralmente más débil, recién
se había acudido a las urnas después de
12 años, etc. Y al llamado formulado por Fernando
Belaúnde a las distintas fuerzas políticas
para sumarse a ese gran esfuerzo de reconstrucción
democrática, sólo acudió el PPC,
con voluntad declarada de contribuir a hacer posible
un gobierno representativo estable. Esa contribución
duró cuatro años, pero no fue obstáculo
para expresar, en diversas oportunidades, discrepancias-
sobretodo en lo referente a la política económica
seguida. Recojo dos párrafos de pronunciamientos
nuestros de 1981: “Seguir por los cauces adoptados
anteriormente por el régimen militar o sugerir
medidas dictadas por la fuerza, la prepotencia o la demagogia,
como lo expresan los grupos políticos marxistas,
sería impedir la reactivación de la producción,
hipotecar al Perú y condenarlo a la miseria; en
otras palabras, empujar nuevamente al país al
totalitarismo de derecha o de izquierda”. Y decíamos
también, recordábamos, “que el Gobierno
Revolucionario descuidó el desarrollo de las áreas
sociales, generando una enorme brecha entre los requerimientos
de salud, educación, vivienda e infraestructura
social para la creciente población y los niveles
de oferta existente”.
En el gobierno de Alan García, de 1985 a 1990;
recordemos sólo dos hechos fundamentales: el 14
de agosto de 1987, el PPC reunió una multitudinaria
manifestación para expresar su repudio a la estatización
de la banca; no queríamos, nunca quisimos, la
concentración del poder económico, y menos
en una sola mano; y, el 1º de diciembre de 1987,
se presentó a la Presidencia del Congreso el informe
de seis congresistas sobre la masacre de los penales,
suscrito por el diputado del PPC, Javier Bedoya de Vivanco,
y que editó el senador Rolando Ames en febrero
de 1988.
La oposición a Fujimori, de 1990 al 2000, fue
expresada elocuentemente, por ejemplo, en la Moción
de Orden del día que, en defensa del Congreso,
redactó y sustentó Roberto Ramírez
del Villar, en sesión del 3 de diciembre de 1991.
El golpe del 5 de abril de 1992 dispone la prisión
domiciliaria de los presidentes del Senado y de la Cámara
de Diputados; Felipe Osterling y Ramírez del Villar,
respectivamente, ambos del PPC.
La crítica de la autocracia por representantes
del Partido fue constante en foros nacionales e internacionales.
La actuación de los representantes del Partido
en el llamado Congreso Constituyente Democrático,
la crítica de los voceros del PPC a todos los
atentados a derechos humanos, y su exigencia de investigación
y sanción. Y termino con esta referencia que me
parece también fundamental; el rumbo del Partido,
que, incorporado luego a un frente electoral, denominado
Unidad Nacional (UN), fue ratificado y ostentado por
la candidata Lourdes Flores en el proceso electoral del
2001. UN hizo del pensamiento social-cristiano el fundamento
sólido, explícito de su mensaje político,
de su concepto de gobierno: el respeto y la exaltación
de la persona humana, la responsabilidad de todos en
el logro del bien común, de nuestro pueblo, escarnecido
por los atropellos de todos los extremismos, liberado
por su propia lucha.
Termino con estas palabras: El PPC
se fundó con
la esperanza de que existiera la posibilidad de una política
de razón y diálogo entre las entidades
políticas o sociales encaminado a la obra conjunta.
Las grandes metas nacionales no pueden ser empeños
excluyentes; se necesita movilizar vastos sectores de
opinión y trabajo, alentar sus luchas, orientar
su marcha, con respeto a todas las convicciones ajenas,
con cordialidad en la relación humana y civil,
rechazando la intolerancia y el absolutismo de un hombre
o de un partido, con afán de promover soluciones
solidarias y, si no son posibles, en una pugna sin rencores
ni resentimientos. Sólo así, podrán
removerse las viejas raíces de las taras sociales
y detenerse la oposición recalcitrante de los
intereses creados. Frente a todas las adversidades, hizo
siempre de esa esperanza, pauta fundamental de su actuación
política como partido al servicio del Perú.
Quiero terminar simplemente alcanzando a la CVR un artículo
mío que se publicó en El Comercio con el
título amputado, no sé por qué,
por razones de espacio. El título completo decía “La
Paz en el Perú: cómo merecerla” y
se publicó el 13 de agosto de 1989. Esto puede
contribuir a ahondar, quizá algo, las reflexiones
que la propia CVR hace porque aquí este requerimiento
de paz y reconciliación creía fundamentarlo
en razones que no solamente son vigentes, sino que deben
convencer.
Salomón Lerner Febres:
Gracias doctor Antonino
Espinoza. Hemos escuchado todo lo relativo a la presentación
del Balance. Nosotros habíamos planteado cinco
temas y cinco preguntas por tanto. Hemos tomado nota
de sus respuestas; el país también lo ha
hecho. Yo quisiera decirles a ustedes lo que en cada
ocasión me toca afirmar: que las conclusiones
y recomendaciones que expresarán los puntos de
vista de la CVR serán presentadas en el Informe
Final, un informe que tratará de reflejar todos
los esfuerzos desplegados con honestidad en búsqueda
de una verdad lo más global posible, dentro de
los límites de la perfectibilidad humana; y en
el momento en que debe salir esa verdad porque creemos
que no hay momento inoportuno para la verdad, si es que
es cierto que la verdad nos hace libres.
Nos queda un
segundo aspecto, aquél de las Perspectivas,
sobre el cual ya se ha adelantado mucho. En verdad, en
torno a este tema hay tres conceptos que son aquéllos
que nosotros desearíamos proponer para una breve
reflexión de parte de nuestros invitados.
El primero
tiene que ver con la reparación de
los daños de las secuelas. El segundo, con las
alternativas de prevención frente a eventuales
conflictos como el que padecimos. Y el tercero, ¿cómo
concebir la reconciliación teniendo en cuenta
los graves problemas sociales que afectan a nuestra patria?
Son estos tres temas vinculados entre sí, que
pueden ser enfrentados en una sola respuesta, para lo
cual tendríamos entre cinco y diez minutos a lo
sumo.
Ántero Flores Aráos:
Nosotros, en la exposición
que hemos hecho, hemos querido ser lo más francos.
Va dentro de ella nuestra concepción social-cristiana
de la realidad y creemos que en el primer tema que plantean
ustedes, de la reparación, ésta tiene que
darse a todas las víctimas. No hay que verla solamente
desde el criterio o desde el punto de vista de la indemnización
sino, más que nada, desde el aspecto de reconocer
lo que sufrieron, de expresarles el pesar del país,
de ayudarlos a pasar los momentos difíciles con
una [ininteligible] solidaria y con una incorporación
a nuestras tareas y a las tareas propias del país.
No mirarlo como exclusivo y excluyente desde el punto
de vista de reparación económica; mucho
tiene que ver el tema de reconocer lo que pasaron y la
solidaridad de todo el país para con ellos.
El
segundo tema es: ¿Qué hacer para el
futuro? Nosotros creemos que la lucha que se enfrentó contra
quienes se llamaron partido y no lo eran –pero
si reconocemos que tenían una ideología
previa de su concepción; de destrucción,
muerte, etc.– fue de armas, pero en el Perú faltó el
enfrentamiento en las ideas. Yo creo que eso es básico;
yo creo que nos ha faltado, en el Perú, docencia
política a todos; hacer entender que la paz es
una tarea por lograr y que se va construyendo día
a día. Y para que haya paz tiene que haber igualdad
de oportunidades, hacerle entender a la gente que solamente
con un país libre, con oportunidades, en el que
todo el mundo tenga educación y en el que todo
el mundo pueda acceder a su fuente de trabajo; se va
a poder buscar el bien común. Para eso, se requiere
que un país esté físicamente tranquilo,
y que haya tranquilidad y estabilidad en lo jurídico
y en lo tributario. No nos podemos engañar, los
puestos de trabajo, para que haya bienestar, no se dan
por decreto, eso es imposible; se dan con inversión
y para que haya inversión tienen que darse las
condiciones: seguridad física con tranquilidad
física; seguridad jurídica y estabilidad
de las reglas de juego jurídicas y tributarias.
El inversor va donde es bien recibido; el inversor no
va a otros lugares, tiene que ser bien recibido con reglas
que sean claras y estables.
Tenemos que decir además, dentro de nuestro pensamiento,
que todos los que tenemos el pensamiento social-cristiano,
a través de nuestras reuniones, sea de la IDC,
de... [ininteligible], etc., hemos ido afinando un planteamiento
con una frase que creemos que es el punto neurálgico: “Desarrollo,
pero con equidad”. No puede haber desarrollo solo,
[tiene que haber] desarrollo con equidad, en que todo
el mundo sienta que es parte de él y que recibe
lo que es justo por su labor. Ésa es nuestra reflexión.
Salomón Lerner Febres:
Muchísimas gracias
doctor Flores Aráoz. Señores invitados,
señores periodistas... [Voces de requerimiento
de intervención adicional de parte de los panelistas]
Aceptamos una breve intervención, entonces...
Carlos Chipoco:
Nosotros pensamos también, lamentablemente
el tema podría ser interminable, que hay una idea
absolutamente equivocada, que ha sido generada y ha sido
difundida; y es que la pobreza generó la violencia.
Es mentira, la violencia fue generada por quienes creían
que la pobreza se combatía con la violencia y
la violencia sólo generó más pobreza;
de manera que lo que hay que combatir es esa idea, equivocada
de decir: “en el Perú hubo 50 mil muertos
porque hay demasiados pobres”. No, hubo 50 mil
muertos porque algunas personas creyeron que se combatía
la pobreza matando y lo contrario es lo que hay que hacer
para combatir la pobreza, dar vida.
Queremos hacer dos
sugerencias y con esto termino Salomón.
Pensamos que, primero, en realidad, no hay reparación
posible. La madre que perdió a su hijo no lo va
a encontrar porque le paguen; la mujer que fue torturada
no va a dejar de recordar el dolor porque le den un cheque
de ciento veinte mil dólares. La reparación
de fondo está en que todos combatamos la idea
de que es posible desaparecer, matar y torturar. No es
posible decirles a las víctimas que su dolor terminó con
la reparación, creo que es hasta insultante; sin
embargo, creo que sí, en muchos casos, por ejemplo
los huérfanos, tienen todo el derecho de tener
una reparación Y queríamos hacer dos sugerencias,
con respecto al trabajo de la CVR. Nosotros pensamos
que este drama peruano, que quizás es el drama
más grave que ha vivido la República, tiene
que ser recordado para siempre, para que nunca vuelva
a pasar y pensábamos, por ejemplo, que sería
muy importante que el país, que el gobierno o
que las entidades privadas o que los ciudadanos, financiaran
una gran pared en el país- en algún lugar,
en alguna ciudad del Perú- con los nombres de
todos los muertos. Porque todos son nuestros muertos:
los militares, los senderistas, los inocentes, los niños;
todos fueron víctimas de un pensamiento y de personas
que se trastornaron para ponerlo en práctica.
Y, en segundo lugar, pensamos que el trabajo de la CVR,
como lo hemos observado en las conversaciones que hemos
tenido, ha sido y va a ser tan trascendental para el
Perú que consideramos indispensable que los archivos
de la CVR, los testimonios, queden en la Biblioteca Nacional
del Perú para que cualquier estudiante dentro
de cincuenta, o cinco o diez años; pueda leer
lo que ocurrió y el país tenga una memoria
de esto porque pensamos que todos tenemos el deber de
que nunca más un peruano mate a otro peruano.
Gracias.
Antonio Espinoza:
Con el perdón del Presidente,
una yapa mínima para que a esta tarea, me atrevería
a decir, sagrada, de la CVR –sagrada en la defensa
de la dignidad humana, el valor fundamental en juego–,
se añada una perspectiva histórica porque
no tenemos una tradición de justicia respecto
a las dictaduras terminadas. Nuestras transiciones democráticas, ¿no?
Claro, cuando cayó Augusto Leguía se inventaron
los “Tribunales de Sanción”, terriblemente
cargados de espíritu de venganza, y que hacían
poca justicia. Luego, vivimos las recuperaciones democráticas
de 1945, de 1956, de 1963 y de 1980, donde, de un modo
u otro, el dictador cesante alcanzó impunidad;
pues, aunque dejaba recuerdos y huellas claras de sus
atropellos, nadie tuvo el valor suficiente para corregir
eso y aplicar la justicia. De manera que grava hoy a
la CVR ésta, como digo, mínima tradición
peruana de hacer justicia del pasado; entonces, aquí,
hago un llamado especial también a la responsabilidad
de que ese informe nos dé los elementos para decir “ahora
sí, hemos hecho justicia del pasado”.
Salomón Lerner Febres:
Muchas gracias doctor
Espinoza. En efecto, la satisfacción de las afrentas,
la necesidad de recordar y la necesidad, también,
de hacer justicia son elementos que, evidentemente, la
CVR toma muy en consideración en sus estudios
y en sus recomendaciones.
Señores invitados, señores periodistas,
damas, caballeros; la CVR les agradece su presencia,
agradece muy especialmente la participación del
Congresista Ántero Flores Aráoz; así como
la de los doctores Antonino Espinoza Lañas y Carlos
Chipoco quienes, en representación del PPC, han
presentado al país un balance de lo ocurrido y
una reflexión sobre las perspectivas para el futuro
de nuestra patria. Quisiéramos decir una vez más,
que en el Informe Final, la CVR dará su punto
de vista definitivo sobre esta intervención, y
sobre los asuntos que a ella le ha tocado indagar. No
obstante, quiere destacar la importancia de esta sesión
y su confianza en que el proceso de verdad, justicia
y reparación, que conducen a la reconciliación,
encuentre en todos los sectores públicos y privados,
en el Estado y en la sociedad, apoyo y participación
plenos. Con lo dicho, declaro levantada esta Sesión
Pública de Balance y Reflexión. Gracias
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